#DenunciarSirve para combatir el delito de Violación

Fuente: Octavio Arroyo | Mexican Times

7 marzo 2017. #DenunciarSirve es una campaña digital de MUCD que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2017), recordando que hay mucho camino por recorrer para lograr una verdadera justicia, enfocándose principalmente en el delito de Violación.

Pretende recordarle a las mujeres, a las víctimas de una violación, a las sobrevivientes de una violación, a sus familiares y a la sociedad, que hay maneras de lograr que exista justicia para quién pasó por esta terrible situación. Sugiere que el camino es la denuncia, como un canal que sí puede funcionar si se cuenta con agentes sociales de apoyo y que puede evitar que los delincuentes que cometen este delito continúen en las calles. Para ello, pone a la disposición de la ciudadanía el servicio de atención y orientación a víctimas de este delito, en el teléfono (0155) 46020461, las 24 horas los 7 días de la semana y además se puede accesar a la página http://denunciarsirve.org/ y al Chat en www.mucd.org.mx

Datos sobre el delito de violación en México

  • En México, cada año se cometen 600,000 delitos sexuales.
  • En 9 de cada 10 casos, la víctima es una mujer y el victimario es un hombre.
  • De enero de 2015 a septiembre de 2016 se registraron 21,902 denuncias.

Además,

  • 4 de cada 10 mujeres agredidas tiene menos de 15 años.
  • 216,000 niñas sufren un delito sexual cada año en México.
  • La mitad de los casos se da en el hogar y en el 60% de los casos el responsable es un familiar o una persona conocida.

En 2015 fueron denunciados 12,156 casos según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El delito de violación en México en los últimos 10 años

FUENTE: Observatorio Nacional Ciudadano. Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. Diciembre 2016, p. 76. http://ow.ly/myoL309D8b4
FUENTE: Observatorio Nacional Ciudadano. Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. Diciembre 2016, p. 76. ow.ly/myoL309D8b4

“Las autoridades mexicanas examinan los casos de violencia sexual centrándose en el historial y vida sexual de las mujeres, en la supuesta provocación de los hechos por parte de la víctima y en su no virginidad, dando cabida a estereotipos de género que legitiman el acto”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Incidencia delictiva y denuncia

De acuerdo con las última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en México, realizada por el INEGI (ENVIPE 2016), la tasa de incidencia delictiva se ubica entre los 35 y los 40 mil delitos por cada 100, 000 habitantes.

Los tres delitos más frecuentes en los últimos años son: asalto en la calle o en el transporte público, robo a casa habitación y extorsión (principalmente telefónica). Asimismo, otros delitos de alto impacto (además de la extorsión) como secuestro, homicidio o violación han tenido variaciones en los últimos años pero se mantienen en un promedio, lo que resulta alarmante, pues se han incrementado las cifras de recursos destinadas a seguridad pública en más del 300% en los últimos 10 años y uno pensaría que la incidencia delictiva tendría que ir a la baja, pero no es así.

Por otro lado, el gasto de las familias en medidas para protegerse de la delincuencia de 2014 a 2016 se incrementó casi 20% y entre las principales medidas tomadas estuvieron: cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas. Se estima que las familias mexicanas invierten alrededor de $2,500 al año, en medidas para la protección de su patrimonio.

En cuanto a la denuncia se refiere, se estima que entre el 92 y el 94 de los delitos cometidos en los últimos años no se han denunciado o no derivaron en averiguación previa. A esto se le llama la cifra negra de la denuncia y es un dato muy importante, en tanto que las autoridades se enfocan en tomar medidas sobre los “delitos denunciados”, es decir, se pretende resolver un problema con un diagnóstico de sólo el 10% de la realidad.

La ENVIPE 2016 estima que los principales motivos para no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad: 33%, pérdida de tiempo y 17%, desconfianza en la autoridad. Mientras que el otro 50% se atribuye a otras causas: miedo al agresor, delito de poca importancia o no tenía pruebas.

Por causas atribuibles a la autoridad se entienden: miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por actitud hostil de la misma.

ENVIPE 2016.

La misma ENVIPE, estima que del promedio de 10.5% del total de los delitos que se denunciaron, el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en 59.6% de los casos. Es decir, se inicia averiguación previa en el 6% del total de los delitos sucedidos en México. Además, del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público (6% de todos los delitos), en el 45.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

¿Por qué #DenunciarSirve?

Tomando los datos anteriores, el panorama resulta desolador y todo apuntaría a que bajemos la guardia y decidamos que no sirve de nada denunciar, sin embargo, seguiré creyendo que a todos nos toca cambiar la realidad, pues de otra manera, el panorama empeorará y la poca tranquilidad de la que gozamos (sólo 3 de cada 10 personas se siente más o menos segura en su comunidad) se anulará.

En un país como México, donde la corrupción y la impunidad son de los males más urgentes de erradicar cuesta mucho trabajo creer que Denunciar Sirve de algo. Sin embargo, trataré de argumentar por qué creo que denunciar es más positivo, que decidir no hacerlo.

De acuerdo con las Evaluaciones del Programa de Monitoreo en Agencias del Ministerio Público, de México Unido Contra la Delincuencia A.C. https://goo.gl/y1WM1U, que se implementa desde 2011 en la Ciudad de México y en los años subsecuentes en el Estado de México, Morelos y próximamente en Michoacán (2017), una vez que la ciudadanía se empodera y con información sobre sus derechos y deberes, exige a las autoridades la mejora del servicio en Agencias del MP, las denuncias se incrementan y las cifras delictivas se actualizan de acuerdo con la realidad.

Sin embargo, en este proceso se detectan deficiencias atribuibles ya no a la autoridad sino ahora al ciudadano que denuncia. Por ejemplo, en México es necesaria la ratificación de la denuncia y de cada 10 casos, 6 no son ratificados; mientras que, de los 4 casos que sí se ratifican, en promedio, 2 se pierden con el tiempo pues el denunciante ya no da seguimiento y se quedan en el olvido. Es decir, de los 10 delitos que sí se denuncian, sólo 2 tienen posibilidades de llegar a una sentencia.

En este sentido, resulta importante mencionar que el proceso de ratificación se puede hacer enseguida de realizar la denuncia por primera vez para no dar una segunda vuelta y no “perder tiempo”, sin embargo, el agente del MP no lo hace saber al denunciante y/o éste no está informado. Por otro lado, es importante dar seguimiento a los procesos, pues la maquinaria de procuración de justicia se echa a andar por cada delito (grave o no) y eso implica tiempo y esfuerzo que debiera ser aprovechado de principio a fin.

Video: Procedimiento para denunciar

Video: ¿Cómo funciona una agencia del Ministerio Público? 

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La lucha anticorrupción debe comenzar por estas tres áreas

Fuente: Viridiana Ríos | Excelsior

26 de Febrero de 2017 ¿Por dónde empezar a reducir la corrupción? La respuesta no es nada fácil, porque los casos abundan y la decisión de quién (o qué institución) será la primera en “caer” se puede volver controversial y política. Basada en datos objetivos e investigación de auditoría, acá proveo las tres áreas por donde debemos comenzar.

El Comité Ciudadano de los Sistemas Nacionales Anticorrupción acaba de tomar posesión y se prepara para dar sus primeras batallas. La pregunta es por dónde comenzar. Y la respuesta es más fácil de lo que se cree.

Los datos que hace unos días dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación ASF) en su informe general de cuenta pública son contundentes en mostrar por dónde. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que comenzar por abanderar las tres batallas que más limpiarían el gasto público y éstas son:

Primero, gasto en infraestructura y obra pública. La Auditoría encontró duda del buen uso de al menos 46 mil millones de pesos que debieron haber sido utilizados en infraestructura y obra pública en 2015. Esto incluye obra que se pagó y no se entregó (o que se entregó con peores resultados de lo esperado) (32.6 mil millones) y afectaciones directas al erario (11.7 mil millones), por mencionar algunas.

Algunos proyectos específicos que hay que comenzar a traer a la luz pública son el Túnel Emisor Oriente del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, que se debió terminar en 2012, pero sigue al 70%, o el proyecto carretero Acayucan-La Ventosa en Veracruz y Oaxaca, que no se ha podido terminar por falta de liberación de derechos de paso. Urge resolver la razón por la cual la planta de tratamiento de ácido nítrico de Veracruz duplicó su costo y no se terminó a tiempo. Es también escandaloso que en Puebla la auditoría dude sobre el buen uso de mil 356 millones de pesos utilizados para la construcción del segundo piso de la autopista, principalmente porque hay diferencias en los volúmenes de concreto y acero, y por pagos al personal de seguridad y costos de peaje.

Segundo, universidades estatales. Las universidades típicamente fungen como proveedoras de servicios a otras entidades estatales, sin que se hagan investigaciones de mercado que garanticen las mejores condiciones de precio. La Auditoría detectó que todas las universidades que auditó en 2015 recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores al 49% de lo permitido por ley, en numerosos casos ni siquiera existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios contratados.

Algunos estados por los que sería relevante comenzar una lucha fuerte anticorrupción son aquellos que presentan peor desempeño en el uso del gasto federalizado, como son Veracruz, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, el Estado de México y Chiapas. De acuerdo con la Auditoría, todos estos estados tuvieron mal desempeño en su gasto público, lo que ocasionó un impacto económico de, al menos, 2.3 mil millones de pesos por entidad. Los tres casos más alarmantes son Veracruz con siete mil, Michoacán 4.4 mil y Guerrero 3.3 mil.

Tercero, los padrones de beneficiarios. A partir de 88 distintas auditorías realizadas en 2015, se ha podido concluir que existen múltiples duplicidades en la entrega de programas sociales debido a la falta de un padrón de beneficiarios tecnológicamente avanzado que permita identificar quién recibe qué y las razones por las que se recibe el beneficio. El uso de la CURP y el RFC es insuficiente, y no se tiene una herramienta de análisis concentrada que permita tomar decisiones con eficiencia.

@Viri_Rios

 

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El rito anual

Fuente: Carlos Elizondo Mayer-Serra

23 de Febrero de 2017. Todos los días hay alguna noticia sobre un gasto del gobierno excesivo, inútil, mal hecho, o pagado a un sobreprecio. Todos los días hay alguna muestra de los excesos y lujos con los que viven los funcionarios públicos, y de las fortunas que amasan mientras tuvieron poder. En general, el escándalo no tiene consecuencias y es sustituido por otro al día siguiente.

Gracias a la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una vez al año tenemos cientos de escándalos para escoger. La semana pasada la ASF presentó su reporte de la Cuenta Pública del 2015. Los recursos presuntamente vinculados a actos de corrupción superan los 165 mil millones de pesos. Éstos son los detectados. Una auditoría es sólo una muestra del total gastado. En el caso de la Cuenta Pública del 2015 se fiscalizó el 24.3 por ciento del gasto total del sector público. Hay otro escándalo aún peor: en palabras de la propia ASF, “no fue posible comprobar el destino de 54.7% de los ingresos excedentes (134 mil 026.2 mdp)”. (https://goo.gl/DZZ4RM).

Algunos de estos problemas pueden ser de tipo formal, un mal registro o una factura traspapelada. Éstos se suelen solventar después de un tiempo. Hay otros que son abusos increíbles. Un ejemplo es una licitación de Sedesol en el 2015 para comprar baños ecológicos y sistemas de recolección de agua pluvial. No se puede objetar ayudar a los más pobres y proteger el medio ambiente. Pero todo gasto del gobierno puede ser una oportunidad para robar. BPG, una de las empresas ganadoras del contrato, gastó 342 millones de pesos para comprar los baños y desvió 237 millones de pesos a presuntas empresas fantasmas. Para hacer la historia más ofensiva, BPG no pagó un centavo de impuestos para el ejercicio de ese año. En los sistemas de recolección de agua pluvial, ganó el contrato Grupo Daxme por un monto de 580 millones de pesos. Rotoplas había cotizado el mismo servicio por 95.8 millones menos. El trabajo lo hizo Rotoplas. Daxme pareciera que fue un “coyote” que se embolsó la diferencia. (https://goo.gl/63VGhS).

Otra historia es del gobierno de Chihuahua. Gastó 107.2 millones de pesos de más por comprar a sobreprecio medicinas y material de curación. Más de un enfermo en aquel estado pudo haber hasta muerto porque no había medicinas, ya que el presupuesto no alcanza si se lo roban de esta manera. (https://goo.gl/Fr2ihq). Hay abusos de todos colores y sabores. El masoquista puede encontrar el informe general de la ASF, el link es el siguiente: https://goo.gl/f7ghYS. No olvide que luego hay cientos de reportes específicos en cada uno de los temas.

Hasta ahora este rito anual no ha tenido consecuencias importantes. De lo que la ASF puede presumir es de recuperar una parte de lo desviado, 5.2 miles de millones en el 2014. Es mucho dinero, pero una bicoca frente al tamaño del boquete. No hay acciones penales exitosas contra los responsables de los desfalcos. Ni siquiera hay presión política contra el responsable de la entidad donde se dio el robo. ¿No deberían los medios de comunicación, por ejemplo, estar buscando a la responsable de la Sedesol en el 2015 para que nos dé su opinión al respecto? Todavía es fácil encontrarla. Ahora encabeza la Sedatu.

Tampoco parece ayudar gran cosa el que, gracias a las confesiones de la empresa brasileña Odebrecht frente a la justicia de Estados Unidos, Suiza y Brasil, hoy sepamos que desarrolló una subsidiaria dedicada a sobornar funcionarios para obtener contratos en toda América Latina. En casi todos los países afectados hay acciones concretas de reacción a esa información. En México sólo se ha dado una denuncia de hechos ante la PGR por parte de Pemex, empresa de la que soy consejero independiente.

El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal en México. El jefe de todos ellos es el procurador General de la República. De los ministerios públicos depende se mueva o no la maquinaria judicial. No se suele activar en contra de funcionarios públicos, y cuando lo hace, como en el caso de Javier Duarte, sucede cuando ya se escapó. No lo han podido atrapar. El gobernador que lo sucedió si quiere actuar en su contra. Hasta parece que encontraron el diario de la esposa que documenta sus múltiples acciones corruptas. Veremos si resulta en algo.

 

@carloselizondom

 

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El ejército en la calle: solución o riesgo

Fuente: Luis González Placencia | Animal Político

21 febrero 2017. El llamado de atención que el general Cienfuegos hizo a finales del año pasado al gobierno federal puede resumirse en lo siguiente: el ejército no está preparado para enfrentar delincuentes en el fuero civil. En apoyo a esta conclusión, tras su discurso se lee la preocupación que esa realidad supone a las y los miembros de las fuerzas armadas, que radica en la incertidumbre que su actuación les plantea frente al respeto a los derechos humanos, porque en efecto, para ellas y ellos la disyuntiva es obedecer una orden y arriesgarse a violar derechos, o respetarlos y arriesgarse a incurrir en una falta a la disciplina militar. El tema no es menor y el general lo sabe, por eso, en el fondo, la solución que plantea es razonable: o se les devuelve a los cuarteles o se les dota de un marco jurídico que les permita hacer lo que saben —para lo que sí están capacitados, se entiende— sin que la sombra de las y los defensores de derechos humanos, institucionales y de sociedad civil, les siga los pasos.

Como he dicho, el diagnóstico es correcto y el planteamiento razonable; sin embargo, lo que no es ni lo uno ni lo otro es la respuesta que ha ofrecido el poder civil, que es la de aprobar una ley de seguridad interior para el país. Mis argumentos son los siguientes:

  1. Todo el mundo reconoce que la presencia de las fuerzas armadas debe ser excepcional; así se planteó en principio y, no obstante, el ejército tiene ya una década haciendo labores de seguridad pública en el fuero civil. Una ley de seguridad interior, de prosperar, al legalizar la situación, la volverá permanente.
  2. Si bien el problema de la debilidad del estado de derecho en México es generalizada, la situación de violencia extrema que justifica una medida excepcional como la de tener al ejército en la calle, se ciñe solo a algunas regiones del país. La ley tendría, en cambio, efectos generales y vigencia en todo el país, con lo que se estaría pensando en una solución que tendrá efectos generales, cuando el problema que la origina tiene una dimensión local.
  3. La poca evidencia empírica que existe señala que el Ejercito es variable independiente de la violencia y no al revés. En otras palabras, la presencia del Ejercito en las calles ha incrementado la violencia, no la ha disminuido; como tampoco han disminuido el narcotráfico, los homicidios, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado, ni la tortura.
  4. Lo que las iniciativas que al respecto se han presentado denominan “seguridad interior” corresponden al ámbito de la seguridad pública; se trata de delincuencia y es asunto del poder civil. Que las instituciones del poder civil no hayan logrado capacitarse para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada, que se hayan corrompido al punto de que resultan indistinguibles respecto de aquéllos a los que se supone deben combatir, o que estén absolutamente debilitadas, al grado de quedar subordinadas a los grupos criminales, no se resuelve con una ley de seguridad interior. Hemos perdido décadas enarbolando este argumento sin abordarlo de fondo y por tanto, sin resolverlo.
  5. La delincuencia organizada no es un asunto de maldad intrínseca, es un mercado. Funciona, por tanto, bajo los mismos principios bajo los que funciona el mercado legal, salvo que la clandestinidad es la que le permite el recurso a la violencia abierta. Combatirlo con violencia no solo no lo resuelve, lo fortalece.
  6. Cualquier intento por crear una jurisdicción inexistente en la constitución, que en los hechos significa extender el fuero militar y reducir el ámbito de los derechos humanos de la población es, por definición, inconstitucional. Lo es porque no tiene asidero constitucional y lo es porque contraviene el marco constitucional de derechos humanos que desde 2011 rige en el país.

 

@LGlzPlacencia

 

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Expuestas, desgastadas y hartas

Fuente: Javier Solórzano Zinser | La Razón

21 febrero 2017, Desde que Felipe Calderón decidió sacar a las Fuerzas Armadas a las calles todo ha sido contracorriente para el Ejército y la Marina.

Han sido años en que se ha actuado sin protocolo porque no están en las funciones de las Fuerzas Armadas labores de seguridad. Han sido años en que se ha ido a tientas sin estar claro hasta dónde pueden llegar.

Fueron enviadas a las calles con una mano adelante y otra atrás bajo situaciones límite. A esto se suma que en algunos incidentes en que han estado involucradas las Fuerzas Armadas no ha quedado claro cuál ha sido su participación y cuál su responsabilidad. En los terrenos de las llamadas posverdades muchas cosas pueden terminar por ser “ciertas” sin que necesariamente lo sean.

Al Ejército y a la Marina no sólo se les mandó a un terreno desconocido, sino que también los terminaron por exponer informativamente. No estaban acostumbrados a comunicar lo que hacían y menos a dar explicaciones. Son instituciones cerradas debido a las funciones que cumplen y casi de la noche a la mañana tuvieron que cambiar algunos de sus esquemas del proceso de enseñanza-aprendizaje de soldados y marinos.

También tuvieron que modificar sus mecanismos de comunicación con la sociedad. Ahora la exigencia no sólo es que informen de todo lo que hacen, también deben ser transparentes y ofrecer explicación. En tiempos de la rendición de cuentas han entrado en los terrenos en que la sociedad tiene el derecho a saber qué es lo que hacen y por qué lo hacen.

Las Fuerzas Armadas se habían movido bajo sus propios parámetros. Salir a las calles les cambió esquemas internos y su relación con la sociedad. Algunas cosas las han ido resolviendo, pero otras no ha sido posible por la falta de reglas que determinen hasta dónde pueden llegar y cómo deben actuar.

El Ejército y la Marina han insistido en que se creen reglas. Después de todo lo que han vivido y viven son los primeros en exigirlo. Son instituciones que se han ido desgastando y hartando como consecuencia de sacarlos a las calles sin un plan preciso en objetivos y plazos.

La imagen de las Fuerzas Armadas en el país se ha transformado. La calle las ha expuesto porque en muchas ocasiones por su actuar se han convertido en parte de problema.

Fueron la última solución que encontró el gobierno porque ni las policías ni los sistemas de seguridad resolvían nada. No pudieron ni con la inseguridad ni con la delincuencia organizada ni con los cárteles de la droga.

La incapacidad del gobierno es lo que tiene expuestas a las Fuerzas Armadas y las ha metido en un callejón sin salida. No hay cómo regresarlas a los cuarteles. Las consecuencias de ello podrían ser graves, además de que los habitantes de muchas ciudades si algo quieren y exigen es que se queden. Quienes piden el regreso no conocen lo que viven muchas comunidades del país.

La Ley de Seguridad se presume podría resolver algunos de estos graves problemas. La tardanza en aprobarla tiene su razón de ser. Si no se han puesto de acuerdo vale la pena alargar el tiempo para tomar una importante decisión en consenso.

 

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Por qué sí sirve la vía institucional

Fuente: Pascal Beltrán del Río | Excelsior

21 de Febrero de 2017. La semana pasada escribí sobre la experiencia rumana en el combate a la corrupción, y el importante papel que en éste ha jugado la fiscal Laura Kövesi.

Este lunes, argumenté a favor de la institucionalidad para hacer frente a los actos deshonestos en el servicio  público.

Dije que la institucionalidad es una mejor forma de enfrentar la corrupción que el voluntarismo.

Por desgracia, en México muchos siguen apostando por atacar el problema desde la cúpula del poder, esperando que llegue un Presidente impoluto para sacar de raíz ese mal.

El caso de Rumanía, donde la fiscal Kövesi ha metido a la cárcel a cerca de dos mil funcionarios públicos en tres años, es una muestra de ello.

Pero la institucionalidad necesita que uno de sus ingredientes sea la autonomía de la lucha anticorrupción frente al poder público.

Así ha sido en Rumanía y también lo es en Brasil, donde el juez Sérgio Moro –una figura casi desconocida en Brasil hasta hace tres años– ha logrado desnudar la trama del caso Lava Jato, cuya pieza central es Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que repartió millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina para hacerse de contratos gubernamentales.

La participación de Odebrecht en este escándalo de corrupción no ha sido sencilla de desenredar. Involucra negocios en 28 países, de los cuales en doce hay evidencias de sobornos, incluyendo México.

Conocer los hechos y señalar culpables no hubiera sido posible sin los esfuerzos heroicos del juez Sérgio Moro.

Desde la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, el juzgador de primera instancia lanzó órdenes de aprehensión y dictó sentencias que sacudieron la estructura gubernamental en Brasil.

A partir de un expediente menor, salido de una estación de servicio de autos (de ahí el nombre de Lava Jato), Moro y el fiscal Deltan Dallagnol jalaron la hebra de una red de sobornos en la paraestatal Petrobras y sus conexiones con varios países latinoamericanos.

Moro ordenó que se condujera a declarar al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y puso en prisión a Marcelo Odebrecht, heredero de la dinastía, y a José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula.

Y aunque la presidenta Dilma Rousseff cayó por manipular las cuentas públicas para facilitar su reelección, también es cierto que las investigaciones del caso Lava Jato debilitaron a su gobierno, mostrando lo poderoso que puede ser un pequeño funcionario decidido a hacer justicia.

En una grabación telefónica entre Lula y Rousseff, aquel dio cuenta de ello.

“Yo, sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba”, dijo Lula a su discípula, la presidenta Rousseff. “Porque a partir de un juez de primera instancia, todo puede ocurrir en este país”.

Aquello de la “República de Curitiba” fue una expresión peyorativa de Lula, que los habitantes de Curitiba, felices con la actuación de Moro, han convertido en un eslogan.

“República de Curitiba. Aqui se cumpre a lei”, dice un letrero frente a los tribunales de la ciudad.

El trabajo del juez Moro también tiene al borde de la cárcel al expresidente peruano Alejandro Toledo, quien podría ser extraditado a su país para enfrentar a la justicia por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

Los casos de Brasil y Rumanía, donde han sido encarcelados por corrupción importantes políticos, demuestran que no es necesaria una orden de arriba para atacar el problema.

 

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Seguridad interior o cómo normalizar el fracaso

Fuente: Fernando Belaunzarán | Mexican Times

20 febrero 2017. Diez años son suficientes para hacer corte de caja y revisar con evidencia lo logrado. Todas las política públicas deben medirse por sus resultados y las relacionadas al combate contra el narcotráfico no deben ser la excepción, así sean desastrosas. Pero las iniciativas que buscan legislar la “seguridad interior” para dar sustento legal a la creciente militarización del país establecen bases e incentivos para la continuidad de una estrategia fallida que ha repuntado la violencia y las violaciones a Derechos Humanos (DDHH) sin disminuir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.

Nadie puede ignorar la amenaza que significa una delincuencia organizada que cuenta con inmensos recursos económicos que le sirven para armar ejércitos privados de sicarios que enfrentan al Estado y a bandas rivales; infiltrar policías municipales, estatales y federales; corromper autoridades; penetrar partidos y gobiernos; financiar campañas; obligar a declinar a candidatos no afines, etc. Pero ya es tiempo de revisar si la estrategia militar para enfrentarla ha funcionado, si seguimos mejor, igual o peor. Tras diez años hay muchos datos que permiten evaluar y determinar si debemos mantenerla, corregirla o cambiarla.

FOTO: chihuahuanoticias.com
FOTO: chihuahuanoticias.com

Estoy consciente de que las fuerzas armadas han pagado una dolorosa cuota de sangre y de prestigio en esta guerra y sin duda se les debe reconocer que su presencia se hizo necesaria en zonas donde la violencia se desbordó y las policías fueron rebasadas y/o estaban coludidas con el crimen. Como lo dijo el General Secretario, Salvador Cienfuegos, en su conocido discurso del 9 de diciembre del año pasado, los militares no estudiaron para perseguir delincuentes y los llamaron a realizar esa tarea porque no había quien lo hiciera. El Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ellos han cumplido obedeciéndolo.

El citado discurso de Cienfuegos no fue una disertación académica sino un mensaje político que apremiaba al Congreso a dotar al ejército y la marina de un marco legal para las operaciones que de manera creciente han venido realizando, en virtud de que, según argumentó, la tropa puede preferir “desertar” que enfrentar juicios por violaciones a DDHH. Es verdad que de tiempo atrás las fuerzas armadas, desde los años setenta con la Operación Cóndor, han intervenido para combatir al narcotráfico, pero es innegable que el tamaño del despliegue aumentó ostensiblemente a partir del operativo en Michoacán del 11 de diciembre de 2006. Se apostó por resolver militarmente un problema de mercado: la demanda creciente de drogas ilegales.

De 2007 a 2011 se triplicó la tasa de homicidios (9 mil a 27 mil) y, si bien es cierto que decreció paulatinamente desde entonces, en 2016 volvió a repuntar a niveles similares. Con independencia de la polémica sobre si había algún diagnóstico que justificara la decisión del despliegue militar de tal envergadura, lo que es un hecho corroborable es que su presencia no sólo no disminuyó la violencia sino que la aumentó de manera dramática.

No es un asunto solo del gobierno de Felipe Calderón sino de una política que continuó Enrique Peña Nieto. De 75 bases mixtas destinadas a la seguridad pública en 2012 con 1680 militares asignados pasamos a 142 bases con 3,386 miembros castrenses en 2016. En estos diez años el presupuesto del Ejército creció en 115% y en 140% de la Marina. Hay pues una creciente militarización del país que se sostiene por la imposibilidad de las policías a hacer frente a la delincuencia organizada en diversas zonas del país, pero que no resuelven el problema y que han generado y agudizado una crisis de DDHH en el país.

FOTO: jorgevargas.com.mx
FOTO: jorgevargas.com.mx

Con más de 75 mil elementos desplegados es lógico que el general Cienfuegos quiera que los militares tengan certeza jurídica en sus operativos. Por otra parte, que queden claramente delimitadas las facultades de las fuerzas armadas en sus labores fuera de los cuarteles es algo que también da certidumbre a los ciudadanos. Pero el problema no es sólo que le den la vuelta a la Constitución recurriendo a la etiqueta de “seguridad interior” para que los militares puedan hacer legalmente las labores de policía que ya realizan sino que las iniciativas presentadas, sobre todo la del coordinador del PRI, Dip. César Camacho, la cual se anuncia como base de la dictaminación, abre la posibilidad de establecer estados de excepción con solo la declaratoria del presidente, ignorando al Congreso, e incluso sin ésta, en lo que llama acciones de orden interno con objetivos tan ambiguos como la normalización del orden interno que puede significar cualquier cosa.

El grupo parlamentario del PRI quiere dar tan amplias facultades a las fuerzas armadas en sus “acciones de orden interno” –que ni siquiera requieren declaratoria presidencial- que después de hablar, entre otras cosas, de la intercepción terrestre, aérea y marítima y de patrullajes y puestos de vigilancia a discreción, establece “las demás que consideren necesarias”, es decir, todas. Y, también muy grave, las faculta para poder intervenir con el “uso legítimo de la fuerza” en “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva…”. Con justa razón el investigador del CIDE, Alejandro Madrazo, denuncia los riesgos de darle al Estado la herramienta de la seguridad pública militarizada, la cual podría usarse para reprimir la legítima protesta social pacífica.

A los ciudadanos se les deben respetar plenamente sus derechos con independencia de que autoridad se trate, sea civil o militar. La evidencia nos dice que los DDHH han sido severamente afectados con la militarización del país, no sólo porque se han multiplicado las denuncias en la CNDH contra el ejército y la marina sino también porque en resoluciones y evaluaciones de instituciones y organizaciones prestigiadas en la materia se repiten invariablemente tres conceptos que mucho nos deben avergonzar y alarmar como sociedad: ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura generalizada.

 

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Sí hay crisis, y es ética

Fuente: Mario Luis Fuentes | Excelsior

20 de Febrero de 2017. Hay un profundo malestar con la democracia; en eso consiste nuestra crisis estructural y nos equivocaríamos si asumimos que es exclusivamente un problema de hoy.

En los últimos 30 años hemos dado pasos relevantes, pero a todas luces insuficientes. Se le dio autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le dio autonomía constitucional al entonces IFE y ahora INE. Se logró la alternancia política en todos los órdenes y niveles de gobierno, logramos construir un nuevo sistema penal acusatorio y un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otro lado, tenemos sólidos órganos generadores de información para el desarrollo: al Inegi se le otorgó autonomía constitucional y fueron creados el INEE, así como el Coneval.

Tenemos un nuevo marco constitucional de garantía y protección de los derechos humanos y contamos con leyes que, vistas desde fuera del país, son calificadas como ejemplares en su alcance y contenidos relativos a los derechos de grupos específicos de población.

A pesar de ello, los partidos políticos han perdido su representatividad; hoy muy pocas personas podrían decir que se sienten representadas por cualquiera de las opciones políticas que existen en el país. El sistema judicial se encuentra desacreditado, a decir de las encuestas en la materia, al menos ante 65% de la población.

Las procuradurías de justicia, las policías y otras estructuras institucionales son vistas con entera desconfianza por la población; los medios de comunicación han perdido buena parte de la confianza de la opinión pública, mientras que instituciones eclesiales y otras formas de organización comunitaria también enfrentan severos cuestionamientos.

Frente a ello, entre los años 2006 y 2015 el Inegi tiene un registro de 195 mil 600 homicidios cometidos en el país; se estima que hay 29 mil personas desaparecidas, se estima que anualmente se cometen más de 250 millones de actos de corrupción, se registran anualmente más de 450 mil nacimientos de madres menores de 19 años; las muertes evitables representan una de cada tres defunciones que se registran en el país y, para colmo, eventos macabros como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y las incontables fosas clandestinas que se han localizado por todo el país.

Para utilizar una analogía podría decirse que vivimos una especie de esquizofrenia estatal: contamos con un orden jurídico e institucional —formalmente hablando— ejemplares, pero en contraste sus operadores han conducido cada reforma, cada cambio y cada mejoría en un nuevo fracaso porque, como dice el dicho popular, “el que hace la ley hace la trampa”, dando como resultado un torcido y en constante contradicción sistema institucional.

Ante ello, la ausencia de liderazgos es evidente, y por ello también, ante el surgimiento de figuras que enarbolan “banderas de cambio”, revestidas de un pretendido carácter puramente ciudadano, surgen también nuevas “esperanzas” de transformación con desenlaces decepcionantes, como ya ocurrió en el caso de Nuevo León.

¿Qué nos pasó? ¿En qué momento se rompió el frágil equilibrio que existía entre los grupos y personas con plena convicción democrática, y los peores grupos de interés? ¿O debemos simplemente asumir que, invariablemente, toda persona dedicada a la política es rapaz, corrupta e incompetente?

 

@mariolfuentes1

 

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Preguntas civiles

Fuente: Denise Dresser | Reforma

20 Feb. 2017. Preguntas para el general Salvador Cienfuegos y los proponentes de la Ley de Seguridad Interior:

1) Si en realidad el Ejército quiere regresar a los cuarteles como se ha insistido, ¿por qué las iniciativas de ley propuestas por el PAN y el PRI no incorporan un retorno calendarizado con fechas específicas?

2) ¿Cómo responden al cúmulo de cifras y datos recientes sobre la “guerra” de los últimos diez años, que revelan causalidad entre operativos conjuntos y el aumento de la violencia en los lugares donde ocurren?

3) ¿Cómo responden a la evidencia en estudios hechos por el CIDE y el Instituto Belisario Domínguez, que resaltan la intensificación de la violencia desde que el Ejército salió a las calles ordenado por Felipe Calderón?

4) ¿Cómo explican que los índices de letalidad en México están fuera de toda norma?

5) ¿Por qué en los operativos en los que participa la Sedena, la letalidad producida por los enfrentamientos es mayor?

6) ¿Cómo explican que en 37% de los casos de los enfrentamientos entre civiles y militares, la letalidad es “perfecta”, o sea no hay un solo herido, sino todos los adversarios, o denominados “sicarios” acaban muertos?

7) Si hoy ninguna autoridad investiga o rinde cuentas sobre estos operativos, ¿por qué las iniciativas de ley presentadas no contemplan estos mecanismos democráticos básicos?

8) ¿Cómo justifican en el caso de Tepic el despliegue de un helicóptero artillado en una zona residencial? ¿No es un uso desproporcionado de la fuerza recurrir a una nave con armas que hacen 2000 a 4000 disparos por minuto? ¿Por qué el secretario de la Marina afirma que los disparos duraron solo 6-7 segundos cuando el video disponible demuestra que no es así? ¿Por qué no muestran las armas que los presuntos sicarios portaban? Al declarar “sicarios” y “criminales” a todos los muertos en el operativo, ¿no está la Marina abrogándose tareas que le tocan a los tribunales?

9) Si el operativo en Tepic fue producto de una labor de “inteligencia”, ¿por qué no confrontar a los presuntos culpables en una zona de menor riesgo para la población?

10) Aunque califican el operativo de “exitoso”, ¿cómo aseguran que no volverá a ocurrir lo que ha ocurrido durante la última década? ¿Cómo evitar que el descabezamiento de un cártel no lleve a más violencia, producto de la disputa por la plaza?

11) ¿Creen que con darle cobertura constitucional a las Fuerzas Armadas para que operen de manera indefinida mejorará la seguridad en el país o es solo un pretexto para hacer legal lo que actualmente hacen de manera extra-legal?

12) ¿Por qué se centran en darle más poder y margen de maniobra al Ejército en vez de darle más capacitación, entrenamiento y presupuesto a la Policía?

13) Si todos repiten que la prioridad es eventualmente ceder la protección de civiles a la Policía, ¿por qué la Ley de Seguridad Interior propuesta no toca el tema de cómo fortalecerla, limpiarla, entrenarla? ¿Por qué no se contemplan vías para que las Fuerzas Armadas sean accesorias a las fuerzas civiles y no al revés?

14) ¿Por qué el Ejército chantajea y amenaza con regresar de inmediato a los cuarteles si no recibe su ley a modo, cuando nadie está pidiendo su retiro inmediato sino gradual?

15) ¿Cómo justifican el proceso legislativo tan opaco y tan atropellado al que se ha recurrido para sacar adelante esta ley? ¿Cómo explican la participación intensa del llamado “senador 129” o el “diputado 501”, el consejero jurídico del Presidente, Humberto Castillejos?

16) ¿No demuestra su apresuramiento en aprobar la Ley de Seguridad Interior la gran ceguera y las múltiples complicidades que esta “guerra” mal librada contra las drogas está creando?

@DeniseDresserG

 

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Nuestra propia agenda

Fuente: Ana Laura Magaloni Kerpel | Reforma

18 Feb. 2017. La economía y la gobernabilidad están fuertemente asociadas y se retroalimentan. En este sentido, el impacto negativo que van a tener las políticas de Trump en la economía mexicana se verá reflejado, tarde o temprano, en un aumento de la conflictividad social y la violencia del país. En un contexto de recortes presupuestales, una economía estancada y una frontera cada vez más cerrada a los flujos migratorios, el deterioro social va a incrementarse. ¿Qué van a hacer los millones de jóvenes que hoy demandan empleos que no existen? ¿Cuántos más de ellos optarán por asociarse en pandillas violentas? ¿Qué van a hacer para salir adelante los cientos de muchachitas que quedan embarazadas cada año o los millones de familias que ya viven angustiadas por falta de dinero? Los ingredientes para una crisis de gobernabilidad están dados. Sin embargo, nadie habla de ello.

Quizá el silencio se debe a un reconocimiento tácito de que la narrativa sobre la violencia y sus causas está desgastada, como también lo están las políticas y acciones de gobierno para frenarla. Existe suficiente evidencia para saber que el uso de la fuerza pública no controla la violencia ni reduce la conflictividad social. Más bien, en determinados contextos, resulta contraproducente. También es claro que concentrar los esfuerzos del Estado en contener el mercado de la droga y los flujos de ésta a Estados Unidos no hace ningún sentido. Hoy sabemos que ésa es la agenda de seguridad de Estados Unidos, no la de México.

Si algo bueno puede traer consigo la redefinición de nuestra relación con Estados Unidos es que nos da la oportunidad para plantear nuestras prioridades en materia de seguridad. Es momento de centrar una parte importante de los esfuerzos del Estado en frenar el deterioro de la vida colectiva en los cientos de barrios urbanos marginados que existen en México. En muchas colonias de Ecatepec, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Acapulco, Ciudad Juárez, Guadalajara, Colima y un largo etcétera lo que existe es un conjunto de arreglos locales que normalizan las dinámicas violentas y frenan el potencial de las comunidades para resolver sus problemas comunes, cooperar y prosperar.

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