Cara de what

Fuente: Sergio Sarmiento | Reforma

“Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo”. Platón

13 Ene. 2017. Un diplomático mexicano que lleva muchos años fuera de nuestro país me comentaba hace algunos días que no entendía por qué el gobierno de México está gastando tanto dinero en comprar tiempos de radio y televisión para anuncios que son además muy malos. No es el primero que me hace un comentario similar. Una de las primeras cosas que sorprenden a cualquier visitante a nuestro país es la enorme cantidad de tiempo de medios que se utiliza para difundir propaganda política, tanto del gobierno y los organismos autónomos como de los partidos políticos.

También sorprende lo absurdo o lo ineficaz de los mensajes. Desperdiciar valiosos tiempos de medios para que los diputados nos digan que protegen a los migrantes, para que los senadores presuman que legislan para el futuro, para que los partidos políticos afirmen que están en contra de la corrupción o para que el gobierno federal señale que “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” sólo nos muestra que esos espacios no les cuestan a los políticos.

El diplomático se sorprendió cuando le dije que esos tiempos no son comprados, sino que han sido confiscados a los medios de comunicación. Éste es un impuesto especial que sólo se cobra a la televisión abierta y a la radio, pero no a los canales que se difunden en sistemas de paga y que a menudo son extranjeros. Incluso las radiodifusoras en la frontera que difunden programación en inglés y compiten en el mercado del sur de Estados Unidos tienen que transmitir esa propaganda que deja a los radioescuchas con “cara de what” (aclaración de interés, yo tengo programas en televisión abierta y en radio).

El gobierno tiene a su disposición una enorme cantidad de tiempo de radio y televisión, pero simplemente no está logrando comunicar sus mensajes. Esta incapacidad se nota hoy en la falta de éxito para explicar el gasolinazo. En buena medida la baja aprobación del presidente Enrique Peña Nieto es producto de las fallas en su política de comunicación.

Es verdad que vivimos en tiempos de una gran desconfianza, de un rechazo a todas las instituciones gubernamentales. El problema no se registra nada más en México. Por eso vimos el voto a favor del Brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en la Unión Americana. Por eso Marine Le Pen del Frente Nacional puede triunfar en las elecciones de Francia de este 2017. Hay un rechazo generalizado a todo lo que represente el sistema político establecido.

Las formas de la comunicación han cambiado, pero en Los Pinos no se han dado por enterados. Los discursos del Presidente, que todas las emisoras de radio y televisión difunden cotidianamente, no comunican sino saturan e irritan, como lo hace la avalancha de propaganda en los tiempos oficiales.

 

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México, estado eficaz

Fuente: Hernán Mejía | Milenio

10 enero 2017. Para ningún mexicano en “edad de la razón” pasa desapercibido el clima de “malestar social” imperante en la mayor parte del país, causado fundamentalmente por los fenómenos de la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad que padecen millones de connacionales a lo largo y ancho del país; ello ha contribuido a la descomposición del tejido social y a la fuerte crítica ciudadana hacia la clase política. El gobierno integrado en su totalidad por Poderes Públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), Niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y Organismos Constitucionalmente Autónomos (Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humamos, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, etc.) es el responsable del nivel de satisfacción y aprobación que tiene su población con base en los resultados de desarrollo sustentable y calidad de vida que éste le provee.

Los recientes fenómenos criminales (vandalismo y saqueos) difundidos por los medios de comunicación muy particularmente por las “redes sociales” y suscitados en diversas regiones del país -independientemente de su origen- son una tarea pendiente de todos: sociedad y gobierno; es un llamado urgente a fortalecer nuestro estado de derecho constitucional y democrático. No debemos ser omisos y “darnos cuenta”, reconocer pero sobre todo trabajar en que el 51.6% de los inculpados por presuntos delitos cometidos en México son hombres; 12% mujeres; 0.2% personas jurídico-colectivas, el estado-gobierno; y en 36.2% de los casos no se identificó al inculpado (Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016).

Los delitos que menos denunciamos son: Extorsión 96.5%, Robo o asalto en calle o transporte público 92.1%, robo parcial de vehículo 90.6%, fraude 89.8%, robo en forma distinta a los mencionados 87.4%, amenazas verbales 83.3%, robo en casa habitación 81.0%, lesiones 79.3% y robo total del vehículo 19.9% (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016). Y cuáles y cuántos delitos se cometen por cada 10 mil unidades económicas son: robo hormiga (1,352); robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes (1,105); fraude (715); extorsión (666); actos de corrupción (486); robo total o parcial del vehículo (463); robo de mercancía en tránsito (375); daño a instalaciones, maquinaria o equipo (131) y; delito informático o secuestro de algún propietario (89) (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2015).

 

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La gasolina reveló el desastre

Fuente: Eduardo R. Huchim | Reforma

11 Ene. 2017. La conducción política y económica de México en este sexenio ha sido torpe y errática, y el alza en el precio de la gasolina es la punta del iceberg del desastre y un despojar de sus últimas prendas de sensibilidad y de talento al Rey que, arrumbada la ética, no se ha percatado de que desfila desnudo.

El desastre, que tiene en su centro la corrupción, no puede ser resuelto con paliativos inútiles como los firmados el lunes 9 de enero y de los que, en buena hora, se deslindó Coparmex. Como acertadamente señaló Mexicanos Contra la Corrupción, “firmar acuerdos ausentes de contenido real y acciones concretas no abona a la construcción democrática de soluciones reales”. Y, agrego, exacerba la indignación social.

El gasolinazo está siendo el detonante que revela el fracaso de una conducción económica basada en frivolidad, corrupción, dispendio y también mentiras. Cito una reciente en palabras presidenciales: “Lo primero que hicimos antes de tomar esta medida, fue recortar el gasto del propio Gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos”. Mentira: pese a haber anunciado un recorte para 2015, el gobierno ¡aumentó su gasto en 4.2%! (México Evalúa). ¿Y 2016? De acuerdo con el politólogo Leonardo Núñez González (Animal Político), hasta septiembre el gobierno había gastado 220,262 millones más de lo previsto (Presupuesto: 3.54 billones; gasto: 3.76 billones). ¿Dónde está el recorte?

Una rectificación genuina y necesaria en la actual crisis pasa por tres reducciones urgentes: 1) La primera, que facilita las otras, es la inmediata baja del gasto público; 2) la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y 3) devolver la gasolina a sus precios de diciembre.

En sus tres primeros años, este gobierno irresponsable y dilapidador aumentó su gasto en 19% (597 mil millones), porcentaje que rebasó el crecimiento de la población (3.4%) y el de la economía (6.3%). El ritmo de crecimiento del gasto de Peña (6% anual) ha sido mayor al de Fox (4.5%) y de Calderón (4.1%), como lo documenta el estudio “Las dos caras de TU moneda. Una mirada a la expansión del gasto público”, realizado por Mariana Campos, Esther Ongay y Daniela Balbino, de México Evalúa, el centro de análisis dirigido por Edna Jaime.

Otro rubro preocupante, por su monto y opacidad, es la deuda pública, que en 2016 rebasó el 50% del PIB y cuyo costo financiero fue de 313 mil mdp en 2015. La pregunta obvia es a dónde se fueron todos esos dineros del gasto y del endeudamiento. ¿Dónde están los nuevos hospitales para mejorar los servicios de IMSS e ISSSTE?, ¿dónde, las autopistas sin peaje (las pillerías en SCT son todo un tema, cuyo caso más reciente es el revelado por Rivada Networks)?, ¿dónde están las refinerías que hubieran atenuado los precios de gasolinas?, ¿dónde, las nuevas universidades públicas y las escuelas sin carencias inmobiliarias y mobiliarias?

Es urgente e imprescindible la disminución del gasto y es mentira que se deban afectar rubros sociales o de salud. Es tal su obesidad que existen muchas áreas para el recorte. Ejemplos:

a) En el plano federal y en los estados, el gasto electoral de 2017 será superior a 35 mil millones, incluido el financiamiento público a partidos. Si ese presupuesto se reduce a la mitad, no pasará nada irreparable. Eso sí: los partidos tendrán menos dinero para dilapidar en burocracia y en comprar votos, y los consejeros y otros funcionarios del INE no podrán adjudicarse bonos y prestaciones de ensueño.

b) Los excesos de diputados y senadores han sido profusamente documentados. Una reducción del 50% en el presupuesto del Congreso de la Unión tampoco produciría resultados irreparables pero, eso sí, ya no habría recursos para moches ni para cientos de aviadores.

c) Devolver a las arcas públicas los dineros y bienes sustraídos por ex gobernadores corruptos como los Duartes, Padrés, Borge y Moreira. Recuperar esos recursos, mediante la extinción de dominio y otros medios legales, es un clamor nacional.

@EduardoRHuchim

 

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Un barniz de legalidad a costa de la Constitución

Fuente: Catalina Pérez Correa | El Universal

10 enero 2017. Hoy comienzan las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión. Existen dos propuestas sobre la mesa: una del PRI en la Cámara de Diputados, otra del PAN en el Senado. Ambas incluyen un concepto nunca antes regulado —Seguridad Interior— a través del cual se busca facultar al Ejército —y otras fuerzas federales— para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito o peritajes penales), pero bajo una lógica de Seguridad Nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).

La Ley de Seguridad Interior, se repite una y otra vez en distintos foros, es indispensable para regular la presencia del Ejército en las calles. Ante la ausencia de autoridades civiles que realicen las tareas de seguridad pública, debemos —nos dicen— conceder al Ejército las facultades legales para hacer lo que los civiles no pueden ni quieren hacer. Así, esta ley representa el fracaso del poder civil y la renuncia de los civiles de cumplir con una de sus obligaciones constitucionales: proveer seguridad a los ciudadanos a través de instituciones civiles, no militares.

Las iniciativas preocupan porque facilitan el uso arbitrario de la fuerza pública, incluso la fuerza letal, sin exigir rendición de cuentas o permitir la investigación sobre ello. Ambas iniciativas, incluso, facultan el uso de la fuerza pública contra la protesta (incluida la pacífica). Ni el poder judicial ni el legislativo servirán como contrapesos, pues ambas leyes limitan fuertemente esa posibilidad, al grado de convertirla en mero gesto simbólico. La seguridad pública quedará así, para efectos prácticos, en manos del Ejército —y otras fuerzas armadas—, sin transparencia y sin rendir cuentas y podrá usarse discrecionalmente por el Poder Ejecutivo federal.

Los senadores y diputados promotores de la iniciativa olvidan que el Congreso no está facultado por la Constitución para legislar en materia de seguridad interior. Pretenden colgarse de un pasaje que habla de las obligaciones del Ejecutivo, pero obvian que el Congreso necesita estar expresamente facultado para legislar una materia. De aprobarse, se trataría de una ley inconstitucional que busca darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita: que los cuerpos militares no realicen labores de seguridad pública. Un barniz de legalidad para permitir lo prohibido. Olvidan también que los miembros del Ejército no están entrenados para ser policías, peritos o fiscales. Están preparados para combatir y eliminar un enemigo, una lógica muy ajena a la que rige las funciones de seguridad pública y ciudadana. Lo cierto es que las propuestas que hoy se empujan nos ponen a todos en riesgo, incluido a los miembros de las fuerzas armadas que, lejos de tener una protección legal, estarán más expuestos a excederse y a ser acusados, tanto en tribunales nacionales como internacionales.

@cataperezcorrea

 

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¿Qué hubiera hecho yo?

Fuente: Alejandro Hope | El Universal

9 enero 2017.El pasado jueves, cortés como ha sido siempre, el presidente Enrique Peña Nieto nos deseó un feliz y próspero 2017. Ya en el mismo vuelo y para no desperdiciar la cadena nacional, intentó calmar a la agitada nación mexicana con una explicación del gasolinazo. Según comentan los que comentan, no parece haber tenido mucho éxito en ese empeño.

Logró, en cambio, generar un momento extraordinario de interacción pueblo-gobierno. Con curiosidad sincera, con ganas evidentes de pulsar el sentir ciudadano, el titular del Ejecutivo Federal nos preguntó qué hubiéramos hecho en su lugar. No sé qué decidirán ustedes, pero a mí no me parece correcto ni educado desairar la consulta presidencial. Así que aquí vamos. Esto es lo que yo hubiera hecho:

A sabiendas de que esto venía, tal vez hubiera tratado de no hacer el ajuste entero de sopetón y menos en la cuesta de enero. Habría supuesto que la gente, aunque enfiestada y hasta cruda, sigue poniéndole atención a su cartera. Habría por tanto aplicado la receta tan gustada por las tiendas hoy víctimas de saqueo: el golpe entero, pero en pagos chiquitos.

No habría contratado deuda pública a ritmo de ludópata durante cuatro años consecutivos. Tal vez así no me habría visto en la disyuntiva de llevar los precios de la gasolina hasta las cimas del Everest o rebajar el gasto hasta las profundidades del averno. Además, eso me hubiera ayudado a presumir de responsabilidad fiscal sin provocar una carcajada del respetable.

Como corolario del punto anterior, no hubiera traído de regreso a mi gabinete al responsable de la deuda señalada (y, además, causante de un ridículo nacional), sólo con el pretexto de que resulta ser conocido de un amigo del yerno del Hombre Naranja.

No habría afirmado que esto del gasolinazo no tiene nada que ver con mi reforma estrella, cuando hace menos de dos años, vendí mi reforma estrella como la fórmula para que ya no pasara esto del gasolinazo (o al menos así lo sugerí con coqueto guiño tuitero: http://bit.ly/2i3A9sI).

No le habría echado la culpa del problema a mi predecesor, cuando a) voy entrando al quinto año de mi mandato, y b) resulta que su secretario de Hacienda es ahora mi secretario de Hacienda.

Hubiera tratado de evitar que Duarte, Borge y otros de misma calaña hiciesen mutis por el foro unas semanas antes del gasolinazo. Digo, por aquello de guardar las apariencias.

Con el mismo objeto, le hubiera sugerido a los señores y señoras de la Cámara de Diputados no recetarse un bono secreto en pleno diciembre y menos rematar con un segundo bono (ultrasecreto), a horas apenas del trancazo gasolinero. Es que la gente interpreta mal esas cosas, les habría dicho.

De refilón, hubiera evitado irme a unas vacaciones golfísticas en días previos al mega incremento o, como mínimo, me hubiera puesto una peluca y unos lentes para evitar ser reconocido mientras practico mi swing.

 

@ahope71

 

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¿Vándalos? No, ciudadanos comunes

Fuente: Cecilia Soto | Excelsior

9 enero 2017. Hace unas semanas recibí una multa por una vuelta prohibida. Es  difícil identificar las ocasiones en que uno rebasa el límite de velocidad, pero las vueltas prohibidas son fáciles de recordar. Uno sigue un “protocolo” conocido: revisar si hay policías a la vista, verificar que no haya tráfico que interfiera, y hacerlo.

En estricto sentido, en mi ejemplo no hay más que una diferencia de grado con quienes protagonizaron los saqueos de los pasados días. El elemento común, aunque no único, es la percepción de que no habrá consecuencias, la impunidad. En mi caso, las fotomultas han resultado un disuasor efectivo, pero, hay que admitirlo, no absoluto.

Se engaña el PRI si insiste en ver un compló en los saqueos del Estado de México. Se engañan también los que quieren ver el inicio de una revolución o una situación que revele de manera única la vulnerabilidad excepcional de México. Las protestas sociales, que se salen de control y terminan en vandalismo y saqueo, son bastante comunes aquí en el sur pobre y en el mundo desarrollado. Recuerden los saqueos de Londres en 2011 y los de  Ferguson, Missouri, en agosto de 2014. Y quienes los protagonizan no necesariamente comparten un perfil de pobreza y exclusión social. Tampoco son exclusivamente delincuentes —aunque los hay— que se montan oportunistamente en una protesta para poder obtener mercancía que revender. La mayoría son ciudadanos comunes, bastantes parecidos a usted y a mí, a los que la situación hace perder inhibiciones sociales. Vuelva a ver los videos de los saqueos en Ecatepec: la gran mayoría no cubre su rostro ni oculta las placas de los vehículos usados para transportar mercancía robada y, aunque predominan los hombres, hay bastantes mujeres, probablemente buenas madres de familia, con carritos de supermercado llenos no precisamente de verduras y frutas o juguetes para el Día de Reyes, sino de objetos más codiciables.

En los saqueos que siguieron a los desórdenes que iniciaron en Londres, pero se extendieron en todo el Reino Unido en 2011, abundaron adolescentes tanto pobres como de clase media, por cierto, muchas jóvenes que acudían a los saqueos con maletas para llenar con ropa; y en las audiencias en las que se juzgaron a quienes pudieron ser detenidos, se encontraron desde la hija de un multimillonario, profesores de escuela, un entrenador deportivo y jóvenes pobres de comunidades de inmigrantes.

Se trata de ejemplos de lo que los especialistas llaman “el poder de la situación” y de la vida propia que adquieren las muchedumbres, por ejemplo, en partidos de futbol o en grandes conciertos de rock. A diferencia de estos casos en los que la energía de la multitud tiene un foco: el desarrollo del partido, su resultado y la confrontación con los fanáticos del equipo contrario o la actuación de los artistas admirados, en una protesta social no necesariamente hay un foco claro o, si lo hay (el asesinato de un joven negro, una sentencia que libera a un policía o el aumento en la gasolina), no hay manera asequible de expresarlo. Si tampoco hay una organización experimentada en este tipo de protestas, es fácil que una manifestación con fuertes dosis de espontaneidad se salga de cauce. Intervienen y se retroalimentan muchas conductas: desde la legítima protesta por la exclusión, el aprovechamiento oportunista para sustraer bienes símbolo de estatus hasta el contagio de conductas delictivas bajo el supuesto de que “el otro” está siendo más listo que yo, todo supeditado a la percepción de que la autoridad poco puede hacer lo que facilita que se evaporen inhibiciones sociales.

@ceciliasotog

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Cuando el gobierno roba

Fuente: Leo Zuckerman | Excelsior

09 de Enero de 2017. Los ciudadanos tenemos la obligación de pagar tributos, pero el gobierno de gastarlos eficaz y honestamente. Lo que a mí me indigna de las gasolinas es, como en todos los temas de finanzas públicas del país, los múltiples atropellos que se hacen del lado del gasto.

¿Cómo interpretar lo que está sucediendo en México a principios de este año? El fondo del problema, creo, tiene que ver con la corrupción gubernamental. Si el gobierno roba, los ciudadanos se enteran y no hay ningún tipo de consecuencias, el robo se legitima como práctica social. Si de repente el jefe del Estado se ve involucrado en la sospechosa “compra” de una mansión de lujo que queda impune por decreto, los funcionarios de menor rango toman nota y comienzan a abusar del poder para enriquecerse. Los empresarios empiezan a evadir impuestos con el argumento de que “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. Y pronto la sociedad se lanza a asaltar comercios. ¿Por qué no si la corrupción es “cultural”, desde bien arriba hasta bien abajo, y todos, a final del día, tienen el derecho de tomar para sí lo ajeno?

A principios de este año, el gobierno liberalizó el precio de las gasolinas. Es una política pública correcta desde un punto de vista técnico. Pero, como era de esperarse, se trata de una medida muy impopular en un momento donde el gobierno carece de credibilidad social. Resulta muy difícil que la sociedad deje de recibir un subsidio por parte de un gobierno que se percibe como corrupto.

Es cierto: el aumento en el precio de los combustibles se debe a un incremento en los precios del petróleo y del tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero también es cierto que el 36% del costo es de impuestos. La mayoría de los gobiernos del mundo gravan las gasolinas: es un tributo fácil de cobrar, que lo pagan los más ricos y que puede ayudar a preservar el medio ambiente. México, en este sentido, no es la excepción. Sin impuestos, un litro de gasolina Magna costaría $10.17 pesos en lugar de $15.99. Yo estoy dispuesto a pagar el costo de producción y distribución de la gasolina que consumo. La pregunta es por qué, además, tengo que pagar 36% de impuestos. ¿Cómo va a utilizar el gobierno estos recursos?

En la mayoría de los países europeos se paga una mayor tasa impositiva a la gasolina; también en el IVA e ISR. Sin embargo, los contribuyentes reciben a cambio seguridad, educación y salud de calidad más todo tipo de servicios de un Estado de bienestar. Hay un quid pro quo entre gobierno y contribuyentes. No así en México donde las autoridades se meten en nuestros bolsillos para luego gastar sin controles. Nadie puede negar que el gasto público está lleno de dispendios, abusos y hasta robos.

En una democracia es incompatible cobrar muchos impuestos y al mismo tiempo forrarse con el dinero de los contribuyentes. Los ciudadanos tenemos la obligación de pagar tributos, pero el gobierno de gastarlos eficaz y honestamente. Lo que a mí me indigna de las gasolinas es, como en todos los temas de finanzas públicas del país, los múltiples atropellos que se hacen del lado del gasto.

@leozuckermann

 

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Totalmente Palacio

Fuente: Denise Dresser | Reforma

9 enero 2017. Como si vivieran en Buckingham. O en Versalles. O en Topkapi. O en la Alhambra. O en el Castillo de Windsor. Así se comporta nuestro Presidente, nuestro nuevo secretario de Relaciones Exteriores, nuestro gabinete, nuestros magistrados, nuestros diputados y senadores. Los nobles, por cuyas venas corre la sangre azul de una casta divina. Los aristócratas, aparcados en grandiosas residencias, rodeados de servidumbre atenta a cada deseo. Caminando por sus palacetes del privilegio donde nada los toca. Nada los perturba. Nada los inmuta. Lejos de la turba enojada que se manifiesta en las calles, molesta y con razón. Lejos de la irritación social que descalifican y sin empatía porque son totalmente insensibles. Totalmente mirreyes. Totalmente desconectados de la realidad de millones de mexicanos que miran el 2017 con aprensión.

Porque mientras la gasolina, el gas y la electricidad aumentan en hasta 20 por ciento, los consejeros del INE exigen iPhones 7 de 20 mil pesos para cada uno. Porque mientras la capacidad de compra disminuye, las prerrogativas para los partidos ascienden. Porque mientras el valor del peso cae, los bonos navideños en el Congreso crecen. Un trabajador que gana el salario mínimo solo podrá comprar el 33 por ciento de la canasta básica, pero un magistrado que gana más de 200 mil pesos recibirá 15 mil pesos en vales de gasolina. Un miembro de la clase media tendrá que trabajar más para llenar su tanque, pero los diputados acaban de gastar 6 millones de pesos para adquirir 27 autos nuevos. Y entretanto, Enrique Peña Nieto juega golf. Luis Videgaray anuncia que llega a la Cancillería para aprender. El PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y los demás recibirán 4 mil millones de pesos en 2017.

Unos expoliados, otros privilegiados. Unos sacrificados, otros beneficiados. Unos trabajando, otros gastando. 955 mil millones de pesos producto del excedente petrolero entre 2001 y 2012 destinados a prebendas electorales y transferencias presupuestales y prestaciones gubernamentales. 955 mil millones de pesos que nadie sabe a dónde fueron a parar, pero muchos lo suponen. A los gobernadores y las elecciones que compraron. A los líderes sindicales y las fortunas personales que acumularon. A las pensiones y la falta de productividad que taparon. Años de ineficiencias monopólicas en Pemex, años de subsidios injustificables a la gasolina, años de descontrol del gasto público, años de desperdiciar dinero en lugar de invertirlo. Había que mantener la paz social vía una estrategia clientelar, vendiendo petróleo para comprar votos. Había que perpetuar los privilegios de los príncipes mexicanos, usando al erario para asegurar prebendas. Casas Blancas y casas en Malinalco y aviones privados y sueldos desbordados y guaruras armados y iPhones garantizados.

@DeniseDresserG

 

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Retos y disturbios

Fuente: Raúl Contreras Bustamente | Excelsior

7 enero 2017. Sin menospreciar la legitimidad de la protesta, es necesario establecer un límite social a nuestra conducta colectiva.

Como se había vaticinado, el año 2017 ha comenzado con grandes retos para nuestro país. La pésima política de comunicación social del gobierno federal jamás explicó los alcances y consecuencias del inicio del programa de liberación de precios de los hidrocarburos y tampoco ha sido capaz de ofrecer información ni alternativas a la población para soportar las alzas de precios.

El descontento en la sociedad ha desencadenado múltiples manifestaciones, cierres carreteros en distintos estados de la República, así como saqueos a diferentes comercios por supuestos inconformes que han aprovechado la ocasión de una comprensible protesta para ir más allá y criminalizar las calles con reprobables actos de violencia.

Las circunstancias en que se encuentra inmerso hoy nuestro país —cuyo origen tiene raíces históricas, económicas y geopolíticas— han propiciado indudablemente una reacción social atípica, posiblemente consecuencia de décadas de desesperanza y desencanto entre administraciones, que no han logrado satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

Sin menospreciar la legitimidad de la protesta, es necesario establecer un límite social a nuestra conducta colectiva; y es que —no debemos olvidarlo— existen medios legales para inconformarnos ante las decisiones que consideramos que nos afectan.

Cualquier acto de violencia o vandalismo debe ser condenado enérgicamente, pues se atenta contra derechos de otros ciudadanos que no son responsables de la situación que vive el país. El error más grande que como sociedad podemos cometer es enfrascarnos en una guerra, en la cual, ya nos advertía Hobbes hace cuatro siglos, una a todos contra todos.

Lo anterior no significa que el derecho a manifestarnos como sociedad sea ilegítimo; por el contrario, todo ciudadano puede y debe hacer notorio el acto que le resulte ilegalmente atentatorio de sus derechos fundamentales, pero dentro del marco de la propia ley.

A pesar de que las circunstancias puedan resultar un factor de desconfianza, el derecho es la única vía a través de la cual podemos asegurar la paz y la tranquilidad de nuestras familias, pues sólo éste es capaz de contener los abusos del poder para mantener la estabilidad social y una convivencia armónica, civilizada.

Existe además un punto más trascendente: el próximo día 20 de este mes, se verificará el arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Sus amenazas —que algunos pensaban que serían sólo estrategias electorales— han comenzado a cumplirse.

 

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El enojo social

Fuente: Ana Laura Magaloni Kerpel | Reforma

7 enero 2017 Es impresionante ver las imágenes y leer las noticias de las protestas sociales y de los saqueos de grandes almacenes en muchas partes del país. Se han visto episodios en el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Sonora, Ciudad de México, entre otros. No parece que se trate de delincuentes profesionales ni de grupos de porros. Más bien, mayoritariamente parece que son personas comunes y corrientes, que han decidido tomar las calles y las carreteras, protestar contra el “gasolinazo” y saquear las tiendas. Son muchos, están enojados y creo que el presidente Peña Nieto no ha entendido por qué.

Mi hipótesis es que el aumento en el precio de la gasolina fue la chispa que encendió la llama, pero que el enojo es más viejo y tiene que ver con otras muchas acciones y omisiones de quienes gobiernan. Creo que esos que vemos protestando en las calles y saqueando almacenes están cansados, por ejemplo, de no tener agua entubada y tener que comprar pipas. También están hartos de que el camión recolector de basura no pase con regularidad o que cuando se rompe el medidor de luz, la CFE tarde semanas en componerlo. Están enojados porque la policía de su barrio está asociada con los delincuentes o porque se droga en la caseta de vigilancia. Sienten rabia porque la ambulancia nunca llega cuando hay un herido de bala en la calle, porque el alumbrado está roto, porque no existen banquetas y porque las calles de su barrio están sin pavimento. Están hartos de sentirse inseguros, de ver cómo las pandillas de jóvenes se apoderan de los barrios a través de la violencia y la droga, de que el sistema de justicia les sea inaccesible, de que el más fuerte y el más violento sea el que mande. Pero quizá el hartazgo mayor es que trabajando 12 horas al día sólo les alcanza para lo básico: comer, pagar el celular y los servicios y poco más. No hay escaleras para prosperar y no ven salidas de futuro para sus hijos.

Ese es el México de los barrios marginados en donde habita por lo menos 50% de la población. No son los que viven en pobreza. Se trata de familias con un ingreso mensual promedio de entre 6 mil y 8 mil pesos. Todos ellos tienen muy claro de qué tamaño son las brechas que los separan de las élites. Es sencillo entender su enojo: mientras que los que gobiernan viven con lujos a costa del erario público (camionetas, viajes, bonos, fiestas, etcétera) y, además, amasan escandalosas fortunas personales producto de actos de corrupción, los habitantes de esos barrios padecen todos los días un aparato administrativo colapsado y corrupto y no ven posibilidades de prosperar con su talento y su esfuerzo. Desde esa experiencia cotidiana, el aumento a la gasolina me parece que fue la gota que derramó el vaso.

 

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