Extorsión

Fuente: Verónica Baz | Reforma

13 febero 2017. Hemos oído muchas veces que las cárceles son escuelas del crimen. Pero pocas veces se tiene información tan contundente como la del reportaje de El País e Imagen Televisión donde se muestra como, desde adentro del Reclusorio Norte, se llevan a acabo las llamadas telefónicas para extorsionar.

Una vez que salió el reportaje se le llamó a declarar al director de la prisión, Rafael Oñate Farfán, y algunos reos fueron reubicados. Como si, lo que se encontró y documentó, hubiera sido un caso de excepción. Una vez más, las medidas tomadas son una burla para la ciudadanía.

En este caso, el Gobierno federal y los gobiernos locales, se la pasa atendiendo los efectos, haciendo como que resuelven cuando en realidad no hacen mucho. Por ejemplo, prefiere invertir en campañas para que las personas denuncien casos de extorsión en lugar de erradicar el problema de origen. Cuando se ve que buena parte de las llamadas de extorsión vienen de los mismos números, se evidencia aún más las pocas ganas de todos para resolver el problema de raíz.

La solución más fácil para detener las llamadas de extorsión que vienen de los reclusorios sería que los reclusos no ingresen con teléfonos móviles. Pero esto parece ser mucho pedir. Por lo que la solución que se propuso hace años fue establecer bloqueadores de señal.

Lejos de funcionar, esta medida generó más corrupción y problemas a terceros. Primero, porque los bloqueadores se prenden y apagan a modo. Y segundo, porque cuando estos se prenden, el bloqueo no solo se da en un perímetro determinado sino que acaban afectando a las empresas que prestan servicios de telefonía mas allá del centro de readaptación social.

El año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció los cambios que se deberían llevar a cabo en los equipos de bloqueo con dos finalidades: que los equipos no cuenten con controles externos que permitan modificar la potencia, es decir, que no puedan ser manipulados, y que los sistemas de bloqueo no causen interferencias a otros equipos ni a las redes y servicios de telecomunicaciones.

Se estableció que los equipos deben adecuarse técnicamente a estos nuevos lineamientos en un plazo no mayor de 2 años, a partir de la entrada en vigor de la disposición técnica en agosto del 2016. El Gobierno en turno podría tomar el liderazgo y hacer este cambio, reduciendo las llamadas de extorsión, pero se dio 2 años para hacer el cambio de los equipos. Si bien esto podría ser poco, lo cierto es que en este tiempo saldrán cientos de miles de llamadas de extorsión de ahí. Y las víctimas serán familias que, en su mayoría, tienen bajos recursos, y/o que todos los días están decidiendo si invierten en México o no.

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