¿Unidad?

Fuente: María Amparo Casar | Excelsior

18 de Enero de 2017. La unidad no se decreta, se construye.Desde diciembre del año pasado, pero con más énfasis en los varios mensajes dirigidos a la nación a raíz del gasolinazo, el presidente Peña Nieto ha mencionado la necesidad de la unidad.

“Es un momento… que nos convoca a todas y a todos los mexicanos a actuar en unidad”; “si actuamos de manera solidaria y en unidad, habremos de superar cualquier escenario”; “2017 será un año de importantes retos… para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos”; “la unidad es el valor supremo que ha permitido a México… afrontar con éxito los mayores desafíos de nuestra historia”; “tengo plena confianza en que, inspirados en nuestra unidad, México y los mexicanos estamos preparados para hacer frente a cualquier reto”; “la unidad está hecha de compartir valores profundos… de mantener y desplegar los sentimientos de solidaridad que nos brindamos unos a otros, sobre todo en momentos difíciles”; “la solución está en nosotros… en nuestra unidad”; “en unidad, estoy seguro… podremos superar y vencer cualquier desafío”.

Desde luego que la unidad nacional es un ingrediente indispensable para la gobernabilidad, tanto en circunstancias rutinarias como en aquellas que son excepcionales. Pero la unidad nunca es abstracta. Busca articular valores, convicciones u objetivos comunes, pero se convoca y materializa en torno a algo concreto: a una amenaza exterior, a un anhelo de independencia, a la amenaza de dispersión territorial de una nación o ante una emergencia de tipo económico o político que requiere del consenso y apoyo de la sociedad.

El llamado a la unidad del Presidente es etéreo. ¿A quién se convoca y para qué?, no lo sabemos. Además, es ficticio. No se puede convocar a la unidad sin tener un mínimo de legitimidad, credibilidad o, cuando menos, de confianza.

En el único momento en que el llamado a la unidad se dotó de algún contenido fue en la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Entonces se dijo que “el acuerdo que hoy suscribimos surge de un intenso y constructivo diálogo, con un objetivo que nos une: el de proteger la economía nacional y… la economía de las familias mexicanas” y que el acuerdo firmado es “reflejo de esa unidad”. ¿De verdad?

Una unidad artificiosa, aunque los que firmaron lo hicieron libremente. Una unidad con la estructura de representación de los años 60, en los que la ciudadanía era de baja intensidad y la prensa no era libre. Una unidad del viejo corporativismo que no incluye a las organizaciones de la sociedad civil organizada ya sean think tanks, academias o asociaciones de profesionistas. No sé cuántos obreros, campesinos y pequeños y medianos empresarios se sientan representados por las organizaciones firmantes, pero sospecho que no muchos. De lo que sí estoy segura es de que las medidas ahí propuestas no tendrán la capacidad de paliar el descontento ni, tampoco, de aliviar la economía familiar.

No sé si en la Oficina de la Presidencia leyeron las encuestas del periódico Reforma o las de Ulises Beltrán (BGC) en este periódico, pero lo que ambas encuestas muestran es que la única y verdadera unidad que logró generarse fue aquella contra el alza de los precios en la gasolina. BGC señala que 70% de los encuestados se siente muy enojado y que 95% juzga la medida como “mala” o muy “mala” (advierto que si no en la forma sí en el fondo estoy de acuerdo con terminar con el subsidio a la gasolina y que el impuesto a las gasolinas es eficiente porque no hay manera de evadirlo).

Esta unidad va acompañada por otra: aquella que genera el rechazo al gobierno (alrededor de 80%) y, en general, a toda la clase política. Peor aún. La falta de unidad se agrava si volteamos a ver la división interna que reina en la mayoría de los partidos, incluido el partido gobernante o la que se acaba de manifestar al interior de las cúpulas empresariales con la negativa de la Coparmex a firmar el Acuerdo propuesto por el gobierno o la que priva entre los gobernadores.

No constato la falta de unidad con gozo o satisfacción. Pero hay que reconocerla y actuar en consecuencia. México está viviendo un proceso de desinstitucionalización y escepticismo conducente o cercano a la ingobernabilidad que no debe alegrar a nadie. El año 2012 y el Pacto por México eran superiores al año 2017 y el Acuerdo.

@amparocasar

 

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Armados hasta los dientes

Fuente: Javier Solórzano Zinser | La Razón

17 enero 2017.  Si a un tema no le ha entrado Donald Trump en la relación de EU con nuestro país es al de las armas. Ha hablado de todo y nos ha dado con todo, pero este muy sensible y riesgoso asunto no lo ha hecho parte de su agenda. Le preocupa más construir un muro para que no pasen migrantes que un muro para que no pasen armas.

El fin de semana de nuevo el país se sacudió por hechos violentos en los cuales si algo queda claro es que las armas están entre nosotros y no se ve cómo pueda frenarse esta tendencia. El 90% de las armas que hay en el país proviene de EU, en donde se hace poco o nada para frenar su tránsito.

Cuando han tratado de hacer algo han quedado en ridículo. La operación Rápido y Furioso es una prueba de ello. Se pretendía a través de la introducción supuestamente vigilada de armas a nuestro país tratar de saber quiénes eran los compradores y dónde estaba el mercado, incluso no se le informó a las autoridades mexicanas de la estrategia.

Todo terminó en el ridículo y es bueno no olvidarlo. Las armas se perdieron en el camino en medio de la más absoluta irresponsabilidad, algunas de ellas fueron usadas por la gente de El Chapo Guzmán y otras fueron utilizadas en un atentado que le costó la vida a un agente de EU acreditado en el país en una carretera de SLP.

La introducción de armas a México es una de las causas por las cuales vivimos bajo el imperio de la violencia. Cualquier persona puede conseguir un arma a bajo costo sin que medie otra cosa que el dinero.

El nuevo fin de semana violento confirmó que la sociedad mexicana está armada y que bajo cualquier pretexto se puede presentar una balacera. Cada vez estamos teniendo más miedo entre nosotros mismos, lo cual en buena medida se debe a que ya nos sabemos violentos.

La expresión que hemos acuñado cuando estamos en medio de una dificultad, por menor que sea, de que “mejor no hagas nada no vaya a ser que el tipo esté armado” inhibe la posibilidad de convivencia y de arreglar incidentes civilizadamente, particularmente los de tránsito.

El miedo y la violencia nos acompañan desde hace tiempo en nuestra cotidianeidad, son parte de nuestra vida a grado tal que nos llegan a parecer “normales” cuando debieran ser parte de lo excepcional.

Sumemos a esto que la sociedad se ha vuelto brutalmente violenta debido a problemas económicos, políticos y sociales que nos han llevado al hartazgo cerca del extremo. El saqueo de estos días si bien son actos vandálicos a todas luces repudiables que no se deben permitir, también tienen otra manera de verse.

No se trata de justificarlos, sino de entenderlos como parte de una reacción social que mucho tiene qué ver con la forma de vida que tenemos desde hace mucho tiempo.

Donald Trump no se ha metido hasta ahora a profundidad en dos asuntos clave: narcotráfico, lo que incluye el consumo de drogas en su país, y el tráfico de armas de EU a México. Para Barack Obama esto último fue un tema que atendió y al cual se refería con regularidad, con todo y los absurdos del tipo de operación Rápido y Furioso.

Los cárteles del narcotráfico están armados hasta los dientes, pero no son los únicos. Los ciudadanos están cada vez más armados y les es cada vez más fácil conseguir armas.

La vida cotidiana del país es cada vez más violenta. Insistimos, son diversas las razones de esto, pero coloquemos como una de las principales el hecho de que la gente se pueda armar con relativa facilidad. Si no ponemos nosotros en la mesa el tema menos lo va a hacer Trump. Las consecuencias de esto provocan fines de semana como el pasado.

@JavierSolorzano

 

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Tras bambalinas

Fuente: Manuel J. Jauregui | Reforma

17 Ene. 2017. Nosotros creemos que la verdad, en sí, no es un fin, sino un medio para arribar a algo más importante aún que la verdad: la justicia.

En México, como ustedes bien lo han vivido, estimados lectores, cada quien en diferente disfraz, reina la mentira: de ahí que sea un País de profundas injusticias, de desconfianza hacia los gobernantes y de lacerantes desigualdades.

Mucho de lo que nosotros creemos que es verdad, frecuentemente no lo es, porque además, agregada a la mentira, reina la simulación y la hipocresía, y predomina la defensa de intereses minoritarios sobre los mayoritarios.

Nosotros, por ejemplo, basados en datos “privilegiados” de los que disponemos, gracias a relaciones con diferentes autores de nuestro escenario nacional que valoran, al igual que su servidor, la insustituible contribución de la verdad a una sociedad democrática, sabemos que Don Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, no era el ÚNICO líder de cúpula empresarial que se negaba a firmar el “Pacto” del 9 de enero, y que, como ustedes han visto, no es otra cosa que una lista de buenas intenciones.

Al cinco para las doce, y cuando operadores del Gobierno se dieron cuenta de que nadie de la IP quería actuar en la PANTOMIMA que se montó ese día, se hicieron llamadas a ciertos líderes empresariales cercanos al sistema, o cuando menos a sus funcionarios, y éstos a su vez solicitaron con firmeza a las demás cúpulas que hicieran acto de presencia.

Quienes fueron, pues (algunos, no todos), lo hicieron por presiones gremiales de ciertos empresarios importantes que no quieren perder su “derecho a picaporte” con los “capo di tutti capi” del Gobierno actual.

No hay, pues, respaldo real para ese pacto mediático que el Presidente empleó como respuesta al gasolinazo, a la electrocutada y a la concatenación incremental en los eslabones de la cadena productiva que mermaron en este enero el poder adquisitivo del salario.

No ha descubierto aún gobernante alguno la forma de violar las leyes inmutables de la economía, no se pueden deshacer con declaraciones estos eslabones que forman las cadenas de la productividad económica nacional: si sube la gasolina y sube la electricidad, sube EL DÓLAR y suben las tasas de interés, necesariamente subirán los precios de casi todos los productos.

Quieran o no en Los Pinos.

Hubo un espectáculo en Palacio Nacional, sí, se prometieron muchas cosas, sí, mas todo es mentira, existe -no la negamos- una buena intención, mas ninguna buena intención puede contra las reglas de la economía y las que rigen los mercados.

El texto del Pacto es tan fantasioso como los cuentos de “Las Mil y Una Noches”.

Al igual que en el teatro, en estos cuentos de hadas hay un teatro, un escenario, hay actores y una historia: la historia en este caso es de que el Presidente, sus funcionarios y los líderes que representan los factores de la producción están unidos en la lucha contra el EMPOBRECIMIENTO de la población y que con este Pacto nulificarán los nocivos efectos de estos tremendos golpes a la economía hogareña de millones de mexicanos.

¡Pamplinas!

Hay más verdad en un cómic del Súper Ratón que en estos montajes gubernamentales, en los que además nadie cree, pues están más vistos que los episodios del “Teatro Fantástico”, con todo y “Cachirulo” y “Fanfarrón”.

 

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Zona zombi

Fuente: Denise Dresser | Reforma

16 Ene. 2017. Muertos en vida. Cuerpos caminantes que parecen seres vivientes pero no lo son. Así actúa el Presidente, así se comporta su gabinete. Como si hubieran sido víctimas de un evento catastrófico, un dosis de radiación, un virus. Como si hubieran padecido un fenómeno surreal que los ha transformado de seres sensibles en autómatas ininteligibles. Caminando por los pasillos del poder, anonadados; dando conferencias de prensa, catatónicos; proveyendo explicaciones que ni ellos mismos creen. Que el gasolinazo traerá beneficios a las familias y sin él los programas sociales se acabarían. Que la gallina de los huevos de oro se secó y ni modo. Que la medida es dolorosa pero impostergable por la irresponsabilidad de gobiernos pasados. Palabras y acciones que no parecen producto del razonamiento sino del vudú. Posicionamientos de una administración que no gobierna. Delira.

Una y otra vez, como los personajes de La Isla Mágica, o The Walking Dead, o La Noche de los Muertos en Vida. Zombis presentados en la página o la pantalla como descerebrados, desalmados, letárgicos, en coma, actuando bajo la consigna de una fuerza maligna, superior. Y en este caso, aquello que los impulsa a comportarse así es la corrupción. Los miembros del equipo de Peña Nieto resultaron ser más corruptos que inteligentes. Más acostumbrados a esconder que a rendir cuentas. Más inhumanos que mexicanos. Argumentando que “mantener el subsidio a la gasolina hubiera implicado recortes a programas sociales”, cuando el análisis de Animal Político ha demostrado que no es así.

El supuesto recorte -equivalente a 200 mil millones de pesos- no necesariamente involucraría a programas sociales; hay muchos otros gastos que eliminar antes. 126 mil millones de pesos en publicidad y comunicación social. “Remuneraciones extraordinarias”. Compensaciones por “vida cara” y operaciones encubiertas o confidenciales. Los 8 mil 447 millones de financiamiento público a los partidos. Los 4 millones 400 mil pesos a una licitación para el mantenimiento y reparación a 121 vehículos que la Cámara de Diputados tiene a su disposición. Gastos superfluos. Gastos innecesarios. Gastos que ya de cualquier manera reducen lo que debería ir a escuelas y hospitales pero acaba en moches o bonos. Argumentos tramposos que solo evidencian a zombis insultando nuestra inteligencia, engullendo nuestro cerebro. Porque la gallina de los huevos de oro no se secó; la secaron. La gallina no murió de causas naturales; la devoraron. Gobiernos panistas y priistas. Corporativos y clientelares. Petrolizados y populistas. Pasándonos la cuenta por los excesos del gasto, avalados por una SHCP que hoy regaña a los ciudadanos por la irresponsabilidad de los políticos.

@DeniseDresserG

 

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El urgente rescate de la democracia

Fuente: Mario Luis Fuentes | Excelsior

16 de Enero de 2017. El enojo social, la descomposición institucional, el estancamiento económico, la pobreza, la desigualdad y la violencia, son todos problemas que no podrán resolverse sin fortalecer nuestra democracia, la cual no sólo se encuentra amenazada, sino que está francamente en crisis.

Ésta es una hipótesis de trabajo que debemos asumir con seriedad, porque hay un conjunto de factores que permiten asumir que nuestra democracia ha entrado en una espiral descendente debido a una acelerada y profunda erosión de los tres pilares fundamentales sobre los que se cimienta: 1) La confianza ciudadana. 2) La vigencia plena del Estado de derecho. 3) La legitimidad de las instituciones y sus dirigentes.

Con respecto al primero de los elementos señalados, hay un extendido y generalizado malestar social relacionado con la prácticamente nula representatividad ciudadana de los partidos políticos y de los funcionarios de las instituciones del Estado. Los estudios al respecto no dejan lugar a dudas: muy pocas personas se sienten representadas por gobernantes y representantes populares, y ya no se diga por los integrantes del Poder Judicial o, incluso, de los órganos autónomos.

Con respecto a la ruptura generalizada del Estado de derecho, los estudios que existen acerca de la presencia de la corrupción en prácticamente todas las instancias gubernamentales y legislativas del país y de los estados de la República muestran uno de los principales síntomas de la ruptura del orden constitucional y legal del país.

A lo anterior debe agregarse el nivel que ha alcanzado la impunidad, hecho que se expresa paradigmáticamente en la “concesión” que se ha hecho de las prisiones a los grupos delincuenciales en todo el país, así como de la sanción penal de sólo alrededor de 5% de los delitos que se cometen en el país.

La consecuencia es precisamente la pérdida de legitimidad de todas las autoridades. Pues si bien llegan al poder por vías legales, hoy enfrentan la paradoja de que, en democracia, lo legal ha dejado de ser necesariamente legítimo: permitir la permanencia en el poder de personas y grupos que tienen, claramente, conflictos de interés, gozar de amplias prerrogativas y privilegios, pero, sobre todo, gobernar y legislar no sólo de forma incompetente sino, ante todo, de espaldas al interés nacional, representa una severa crisis de legitimidad.

Hay, entonces, una cuestión de fondo: ¿cómo es que llegamos a este nivel de descomposición? Es decir, ¿cuáles son las causas profundas que nos llevaron a una crisis democrática de la magnitud que hoy enfrentamos?

Desde esta perspectiva, es necesario comenzar a construir nuevos horizontes explicativos que permitan plantear la posibilidad de la existencia de procesos de usurpación del poder legítimo, por vías legales, de las principales instituciones del Estado.

Es decir, lo que no se ha construido es una explicación de alcance nacional en torno a los niveles de vinculación y complicidad de grupos legalmente instalados en los poderes públicos, con grupos empresariales, pero también con grupos delincuenciales que se han hecho del control, como ya se dijo, incluso de aparatos públicos clave para la seguridad nacional, la seguridad pública, pero también para el desarrollo y la inclusión social, como lo son las cárceles.

 

@mariolfuentes1

 

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Saqueos e Internet

Fuente: Octavio Islas | El Universal

13 enero 2017. En el diseño de los objetivos y las metas que fundamentaron la creación de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, la ciberseguridad de la nación ni siquiera fue contemplada. Posiblemente en el gobierno consideraron la ciberseguridad del país como tema secundario, confiando en la eficacia de las instituciones que practican el espionaje cibernético en México. De acuerdo con lo asentado en el reciente reporte de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el espionaje cibernético que practica el gobierno está fuera de control.

Asimismo, la torpe instrumentación del retiro al subsidio a la gasolina, agravado por el previo desabasto del combustible, enardecieron a una gran parte de la sociedad. Desde el primer día de 2017, en la Ciudad de México se registraron las primeras marchas ciudadanas para expresar indignación por “el gasolinazo”.

En las redes sociales —territorio complejo— fue desplegada una operación perfectamente diseñada para estimular el vandalismo. El objetivo de la campaña fue imponer el miedo para desplazar el descontento que generó el gasolinazo y apartar la mirada ciudadana de la paridad que observa el peso frente al dólar.

Como señala atinadamente Adelaida Calleja en su columna semanal en La Silla Rota, el miércoles 4 de enero, empezaron a circular en Twitter llamados para saquear determinados establecimientos comerciales, y grabaciones en audio, vía WhatsApp con voces de supuestos policías, quienes alertaban de órdenes recibidas para disparar indiscriminadamente a quienes protestaban. Ello, por supuesto, generó gran temor en las redes sociales.

Al respecto, la organización Lo Que Sigue identificó 485 cuentas (bots) y más de mil mensajes en Twitter que consiguieron convertir los rumores y llamados al saqueo de establecimientos en tendencias.

Según voceros de Lo Que Sigue, mensajes como #SaqueaUnWalmart fueron generados en Huixquilucan, Interlomas y Naucalpan, en el Estado de México. Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno en la Ciudad de México, destacó que fueron usados 1,500 bots para generar violencia.

Esta semana El Financiero publicó una entrevista a Benito Rodríguez [@Benito100cia2], quien se atribuye ser creador en redes sociales de la tendencia #SaqueaUnWalmart. El líder de 100tifikos afirmó que reciben paga por crear tendencias en Twitter y admitió que han trabajado para gobiernos y partidos políticos.

Sin embargo, resulta fundamental tener presente que, de acuerdo con declaraciones de voceros de la organización Lo que Sigue, los bots que fueron empleados en la campaña del terror también han sido utilizados para amenazar en Twitter a periodistas y activistas como Andrea Noel, Sanjuana Martínez o John Ackerman. Además, como destaca atinadamente Adelaida Calleja, es revelador que la mayor parte de los mensajes fueron emitidos desde el Estado de México.

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Cara de what

Fuente: Sergio Sarmiento | Reforma

“Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo”. Platón

13 Ene. 2017. Un diplomático mexicano que lleva muchos años fuera de nuestro país me comentaba hace algunos días que no entendía por qué el gobierno de México está gastando tanto dinero en comprar tiempos de radio y televisión para anuncios que son además muy malos. No es el primero que me hace un comentario similar. Una de las primeras cosas que sorprenden a cualquier visitante a nuestro país es la enorme cantidad de tiempo de medios que se utiliza para difundir propaganda política, tanto del gobierno y los organismos autónomos como de los partidos políticos.

También sorprende lo absurdo o lo ineficaz de los mensajes. Desperdiciar valiosos tiempos de medios para que los diputados nos digan que protegen a los migrantes, para que los senadores presuman que legislan para el futuro, para que los partidos políticos afirmen que están en contra de la corrupción o para que el gobierno federal señale que “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” sólo nos muestra que esos espacios no les cuestan a los políticos.

El diplomático se sorprendió cuando le dije que esos tiempos no son comprados, sino que han sido confiscados a los medios de comunicación. Éste es un impuesto especial que sólo se cobra a la televisión abierta y a la radio, pero no a los canales que se difunden en sistemas de paga y que a menudo son extranjeros. Incluso las radiodifusoras en la frontera que difunden programación en inglés y compiten en el mercado del sur de Estados Unidos tienen que transmitir esa propaganda que deja a los radioescuchas con “cara de what” (aclaración de interés, yo tengo programas en televisión abierta y en radio).

El gobierno tiene a su disposición una enorme cantidad de tiempo de radio y televisión, pero simplemente no está logrando comunicar sus mensajes. Esta incapacidad se nota hoy en la falta de éxito para explicar el gasolinazo. En buena medida la baja aprobación del presidente Enrique Peña Nieto es producto de las fallas en su política de comunicación.

Es verdad que vivimos en tiempos de una gran desconfianza, de un rechazo a todas las instituciones gubernamentales. El problema no se registra nada más en México. Por eso vimos el voto a favor del Brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en la Unión Americana. Por eso Marine Le Pen del Frente Nacional puede triunfar en las elecciones de Francia de este 2017. Hay un rechazo generalizado a todo lo que represente el sistema político establecido.

Las formas de la comunicación han cambiado, pero en Los Pinos no se han dado por enterados. Los discursos del Presidente, que todas las emisoras de radio y televisión difunden cotidianamente, no comunican sino saturan e irritan, como lo hace la avalancha de propaganda en los tiempos oficiales.

 

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México, estado eficaz

Fuente: Hernán Mejía | Milenio

10 enero 2017. Para ningún mexicano en “edad de la razón” pasa desapercibido el clima de “malestar social” imperante en la mayor parte del país, causado fundamentalmente por los fenómenos de la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad que padecen millones de connacionales a lo largo y ancho del país; ello ha contribuido a la descomposición del tejido social y a la fuerte crítica ciudadana hacia la clase política. El gobierno integrado en su totalidad por Poderes Públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), Niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y Organismos Constitucionalmente Autónomos (Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humamos, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, etc.) es el responsable del nivel de satisfacción y aprobación que tiene su población con base en los resultados de desarrollo sustentable y calidad de vida que éste le provee.

Los recientes fenómenos criminales (vandalismo y saqueos) difundidos por los medios de comunicación muy particularmente por las “redes sociales” y suscitados en diversas regiones del país -independientemente de su origen- son una tarea pendiente de todos: sociedad y gobierno; es un llamado urgente a fortalecer nuestro estado de derecho constitucional y democrático. No debemos ser omisos y “darnos cuenta”, reconocer pero sobre todo trabajar en que el 51.6% de los inculpados por presuntos delitos cometidos en México son hombres; 12% mujeres; 0.2% personas jurídico-colectivas, el estado-gobierno; y en 36.2% de los casos no se identificó al inculpado (Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016).

Los delitos que menos denunciamos son: Extorsión 96.5%, Robo o asalto en calle o transporte público 92.1%, robo parcial de vehículo 90.6%, fraude 89.8%, robo en forma distinta a los mencionados 87.4%, amenazas verbales 83.3%, robo en casa habitación 81.0%, lesiones 79.3% y robo total del vehículo 19.9% (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016). Y cuáles y cuántos delitos se cometen por cada 10 mil unidades económicas son: robo hormiga (1,352); robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes (1,105); fraude (715); extorsión (666); actos de corrupción (486); robo total o parcial del vehículo (463); robo de mercancía en tránsito (375); daño a instalaciones, maquinaria o equipo (131) y; delito informático o secuestro de algún propietario (89) (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2015).

 

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La gasolina reveló el desastre

Fuente: Eduardo R. Huchim | Reforma

11 Ene. 2017. La conducción política y económica de México en este sexenio ha sido torpe y errática, y el alza en el precio de la gasolina es la punta del iceberg del desastre y un despojar de sus últimas prendas de sensibilidad y de talento al Rey que, arrumbada la ética, no se ha percatado de que desfila desnudo.

El desastre, que tiene en su centro la corrupción, no puede ser resuelto con paliativos inútiles como los firmados el lunes 9 de enero y de los que, en buena hora, se deslindó Coparmex. Como acertadamente señaló Mexicanos Contra la Corrupción, “firmar acuerdos ausentes de contenido real y acciones concretas no abona a la construcción democrática de soluciones reales”. Y, agrego, exacerba la indignación social.

El gasolinazo está siendo el detonante que revela el fracaso de una conducción económica basada en frivolidad, corrupción, dispendio y también mentiras. Cito una reciente en palabras presidenciales: “Lo primero que hicimos antes de tomar esta medida, fue recortar el gasto del propio Gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos”. Mentira: pese a haber anunciado un recorte para 2015, el gobierno ¡aumentó su gasto en 4.2%! (México Evalúa). ¿Y 2016? De acuerdo con el politólogo Leonardo Núñez González (Animal Político), hasta septiembre el gobierno había gastado 220,262 millones más de lo previsto (Presupuesto: 3.54 billones; gasto: 3.76 billones). ¿Dónde está el recorte?

Una rectificación genuina y necesaria en la actual crisis pasa por tres reducciones urgentes: 1) La primera, que facilita las otras, es la inmediata baja del gasto público; 2) la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y 3) devolver la gasolina a sus precios de diciembre.

En sus tres primeros años, este gobierno irresponsable y dilapidador aumentó su gasto en 19% (597 mil millones), porcentaje que rebasó el crecimiento de la población (3.4%) y el de la economía (6.3%). El ritmo de crecimiento del gasto de Peña (6% anual) ha sido mayor al de Fox (4.5%) y de Calderón (4.1%), como lo documenta el estudio “Las dos caras de TU moneda. Una mirada a la expansión del gasto público”, realizado por Mariana Campos, Esther Ongay y Daniela Balbino, de México Evalúa, el centro de análisis dirigido por Edna Jaime.

Otro rubro preocupante, por su monto y opacidad, es la deuda pública, que en 2016 rebasó el 50% del PIB y cuyo costo financiero fue de 313 mil mdp en 2015. La pregunta obvia es a dónde se fueron todos esos dineros del gasto y del endeudamiento. ¿Dónde están los nuevos hospitales para mejorar los servicios de IMSS e ISSSTE?, ¿dónde, las autopistas sin peaje (las pillerías en SCT son todo un tema, cuyo caso más reciente es el revelado por Rivada Networks)?, ¿dónde están las refinerías que hubieran atenuado los precios de gasolinas?, ¿dónde, las nuevas universidades públicas y las escuelas sin carencias inmobiliarias y mobiliarias?

Es urgente e imprescindible la disminución del gasto y es mentira que se deban afectar rubros sociales o de salud. Es tal su obesidad que existen muchas áreas para el recorte. Ejemplos:

a) En el plano federal y en los estados, el gasto electoral de 2017 será superior a 35 mil millones, incluido el financiamiento público a partidos. Si ese presupuesto se reduce a la mitad, no pasará nada irreparable. Eso sí: los partidos tendrán menos dinero para dilapidar en burocracia y en comprar votos, y los consejeros y otros funcionarios del INE no podrán adjudicarse bonos y prestaciones de ensueño.

b) Los excesos de diputados y senadores han sido profusamente documentados. Una reducción del 50% en el presupuesto del Congreso de la Unión tampoco produciría resultados irreparables pero, eso sí, ya no habría recursos para moches ni para cientos de aviadores.

c) Devolver a las arcas públicas los dineros y bienes sustraídos por ex gobernadores corruptos como los Duartes, Padrés, Borge y Moreira. Recuperar esos recursos, mediante la extinción de dominio y otros medios legales, es un clamor nacional.

@EduardoRHuchim

 

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Un barniz de legalidad a costa de la Constitución

Fuente: Catalina Pérez Correa | El Universal

10 enero 2017. Hoy comienzan las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión. Existen dos propuestas sobre la mesa: una del PRI en la Cámara de Diputados, otra del PAN en el Senado. Ambas incluyen un concepto nunca antes regulado —Seguridad Interior— a través del cual se busca facultar al Ejército —y otras fuerzas federales— para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito o peritajes penales), pero bajo una lógica de Seguridad Nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).

La Ley de Seguridad Interior, se repite una y otra vez en distintos foros, es indispensable para regular la presencia del Ejército en las calles. Ante la ausencia de autoridades civiles que realicen las tareas de seguridad pública, debemos —nos dicen— conceder al Ejército las facultades legales para hacer lo que los civiles no pueden ni quieren hacer. Así, esta ley representa el fracaso del poder civil y la renuncia de los civiles de cumplir con una de sus obligaciones constitucionales: proveer seguridad a los ciudadanos a través de instituciones civiles, no militares.

Las iniciativas preocupan porque facilitan el uso arbitrario de la fuerza pública, incluso la fuerza letal, sin exigir rendición de cuentas o permitir la investigación sobre ello. Ambas iniciativas, incluso, facultan el uso de la fuerza pública contra la protesta (incluida la pacífica). Ni el poder judicial ni el legislativo servirán como contrapesos, pues ambas leyes limitan fuertemente esa posibilidad, al grado de convertirla en mero gesto simbólico. La seguridad pública quedará así, para efectos prácticos, en manos del Ejército —y otras fuerzas armadas—, sin transparencia y sin rendir cuentas y podrá usarse discrecionalmente por el Poder Ejecutivo federal.

Los senadores y diputados promotores de la iniciativa olvidan que el Congreso no está facultado por la Constitución para legislar en materia de seguridad interior. Pretenden colgarse de un pasaje que habla de las obligaciones del Ejecutivo, pero obvian que el Congreso necesita estar expresamente facultado para legislar una materia. De aprobarse, se trataría de una ley inconstitucional que busca darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita: que los cuerpos militares no realicen labores de seguridad pública. Un barniz de legalidad para permitir lo prohibido. Olvidan también que los miembros del Ejército no están entrenados para ser policías, peritos o fiscales. Están preparados para combatir y eliminar un enemigo, una lógica muy ajena a la que rige las funciones de seguridad pública y ciudadana. Lo cierto es que las propuestas que hoy se empujan nos ponen a todos en riesgo, incluido a los miembros de las fuerzas armadas que, lejos de tener una protección legal, estarán más expuestos a excederse y a ser acusados, tanto en tribunales nacionales como internacionales.

@cataperezcorrea

 

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