Una política de seguridad a contrapelo

Fuente: Ernesto López Portillo Vargas / Milenio

gendmexA México no le sobra la función policial municipal, más bien le falta la voluntad política necesaria para sanear a fondo a la policía en los tres órdenes de gobierno.

Algo anda muy mal cuando un país se coloca exactamente en contra de las recomendaciones aceptadas en el orden internacional.

Quienes hoy promueven la desaparición de las policías municipales, al parecer ni siquiera se dan cuenta de que configuran una especie de anomalía de la historia.

No me extraña que no lo sepan; los tomadores de decisiones en materia de seguridad pública no suelen estar informados por el conocimiento y la experiencia internacional.

He probado infinidad de veces esta afirmación. Por ejemplo, justo cuando escucho a algún político u operador institucional proponer la reforma constitucional que termine con las competencias municipales en seguridad pública, pregunto a esa persona o a sus asesores si conoce un influyente documento que desde múltiples enfoques se posiciona de manera contundente por el fortalecimiento de las autoridades y competencias locales en materia de seguridad.

Me refiero al Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuesta para América Latina, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Jamás la respuesta ha sido afirmativa. Es como si un decisor en política fiscal no conociera el más reciente reporte de hallazgos y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

O bien, sería lo mismo si quien decide en política social no estuviera enterado del último diagnóstico y las nuevas propuestas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La calidad de las políticas públicas, afirma la teoría, es una función directa del conocimiento teórico y empírico que la soporta. En la seguridad pública en México esto generalmente se queda justo en la teoría. Cualquier persona, posea o no la más mínima noción en la materia, accede a altos cargos desde donde se toman decisiones que nos afectan a todos.

Recuerdo que hace un par de años, al terminar de impartir una conferencia, una persona se aproximó a mí con la siguiente frase: “Me acaban de designar responsable de la política contra la violencia en el estado. Por favor dime qué leo. No se nada al respecto, yo soy empresario”.

Pero nada de esto es nuevo; quien quiera comprobarlo, acuda al capítulo diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.

Muchos de los graves problemas en la materia en México fueron reconocidos por primera vez de manera oficial en ese documento; lo dramático es que, luego de un simple ejercicio de contraste, cualquier lector podrá comprobar que el país lleva 20 años estacionado en déficits institucionales y problemáticas sociales iguales o peores.

Va un breve recordatorio de algunos de los principales problemas en materia policial ya señalados en 1995: carencia de criterios racionales de planeación que faciliten la administración y operación de los servicios policiales; presupuestos precarios; asignación de recursos sin criterios específicos; inexistencia de criterios adecuados en la asignación de salarios; escasa remuneración salarial; inestabilidad laboral que no permite la racionalización de los recursos a mediano y largo plazos, ni el diagnóstico sobre necesidades de actualización y ceses o destituciones injustificadas o arbitrarias.

También sufren recambio constante del personal entre unas y otras instituciones a lo largo del país; disparidad y desproporción en la tasa de policía por habitante; ingreso de los anteriores policías al mercado de trabajo criminal; carencia de sistemas de coordinación adecuados; que la estructura escolar, salarial y laboral no corresponde a las características constitucionales, sociales, profesionales y funcionales mínimas para nuestra sociedad, y que se observa una distorsión de tipo estructural en el modelo de seguridad pública. Sostengo sin asomo de duda que estos problemas aplican más o menos de igual manera, dos décadas después.

En la administración del presidente Ernesto Zedillo se documentó de manera oficial la crisis nacional en seguridad pública y policía y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuatro sexenios después, la evidencia empírica en manos del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y de muchas otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas apunta hacia un estado de descomposición aún mayor en las instituciones policiales, asociado a la combinación de su condición estructural de debilidad y la expansión del crimen organizado.

El uso de la policía como brazo operativo armado de la delincuencia organizada es una práctica presente en los tres órdenes de gobierno, fenómeno a su vez cobijado por una atmósfera de impunidad en la que se encuentra el 96% de los delitos, según reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014.

Veinte años de colapso policial documentado en la mayor parte del país se van a resolver con la desaparición de la policía municipal, nos ofrecen. Estamos en realidad frente a una declaración política, no ante una propuesta de política pública fundada en el conocimiento.

Cuando se va a fondo en el estudio del comportamiento policial, existen casos donde la policía estatal es mucho más conflictiva y perniciosa que la municipal; así lo pudimos demostrar, por ejemplo, en La Montaña de Guerrero.

Es crítico entender que, en las esferas estatal y federal, las violaciones a la ley y a los derechos humanos, muchas veces graves, por parte de la policía, forman parte de las prácticas regulares en el desempeño, dada la debilidad crónica y extrema de los esquemas internos y externos de control, los cuales operan lejos, muy lejos de las recomendaciones avaladas por la Organización de las Naciones Unidas.

Sí: a México no le sobra la función policial municipal, más bien le falta la voluntad política necesaria para sanear a fondo a la policía en los tres órdenes de gobierno. Pero además le falta vincular las decisiones al conocimiento disponible.

Nadie entre quienes proponen la supresión de las policía municipal sabe explicar por qué, mientras aquí disminuimos al municipio, en el mundo se acepta y recomienda profusamente hacer justamente lo contrario, es decir, empoderar a la autoridad más próxima al ciudadano, precisamente para construir soluciones locales, integrales y operadas desde plataformas altamente participativas.

En marzo pasado, Insyde fue uno de los convocantes a los Diálogos por la Seguridad Ciudadana en Brasil, donde decenas de expertos de múltiples países confirmaron que invertir en capacidades municipales por la seguridad es prioritario, dado que ahí están las autoridades más cercanas al terreno y los fenómenos a enfrentar ocurren en los hogares, los vecindarios, el trabajo, etcétera.

En noviembre será el segundo Diálogo, esta vez en México; será la oportunidad para invitar a alguien que nos pueda explicar la justificación para colocar a México a contrapelo de las tendencias dominantes a favor de la seguridad.

 

http://www.milenio.com/tribunamilenio/es_hora_de_que_desaparezcan_las_policias_municipales/policia_municipal-seguridad-caso_Iguala-normalistas_Ayotzinapa-Insyde_13_389491051.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral&utm_term=TribunaMilenio&utm_campaign=Milenio

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario

Esta corrupción sí se ve

Fuente: El Universal / Agustín Basave

corrLos mexicanos nos hemos acostumbrado a la corrupción. ¿Dónde está la indignación ciudadana por la mordida nuestra de cada día, o las quejas contra los coyotes que pululan en las márgenes de las oficinas públicas, prestos a agilizar los trámites burocráticos? Esas corruptelas “inofensivas” no nos quitan el sueño. Así funciona México desde hace muchos años -siglos, de hecho- y sin esos mecanismos informales la vida cotidiana en este país se volvería una pesadilla de lentitud e ineficacia. Nuestro diseño legal e institucional es alambicado porque está hecho para incentivar a la ciudadanía a evadirlo por el atajo de las reglas no escritas, y por eso es racional para el mexicano corromperse. Y, como he dicho muchas veces, no nos percatamos de que la suma de esas racionalidades individuales da como resultado una irracionalidad colectiva, una disfuncionalidad social.

Pero ahora estamos experimentando otro tipo de corrupción. En esencia es igual a la de antes, pero sus expresiones son mucho más salvajes. Detrás de ella está la misma simbiosis de autoridades y pillos, ciertos beneficios para algunos ciudadanos y la aquiescencia tácita de los demás, sólo que en este caso no se trata de pagar un soborno, sino de traficar o vender droga, de extorsionar, secuestrar o asesinar. Los nuevos delincuentes no suelen usar traje y corbata; están armados, tienen más dinero y menos escrúpulos. En tanto que los paleocorruptos provocaban perjuicios tolerables -nuestros impuestos no iban a donde debían ir y nosotros acabábamos pagando de más- los neocorruptos causan muerte y desasosiego.

En suma, esta corrupción sí se ve… y se siente. Está impregnada de violencia y eso la vuelve más visible y más dolorosa. El paisaje ha cambiado y ya no puede pasar desapercibido: el mordelón/burócrata, el contratista/transa y Mr. Ten Percent siguen ahí, pero frente a ellos aparecen el sicario/policía, el capo/lavador y el funcionario gánster. Y el ciudadano inercial es eclipsado por el que se vuelve halcón o narcomenudista. De ese tamaño es el envilecimiento del tejido social. Y al gobierno eso le genera costos adicionales, porque semejante panorama ahuyenta inversiones y turistas. Su imagen, además, es dañada por actores que no puede controlar: organismos internacionales que ventilan las violaciones a los derechos humanos cometidas en México, medios extranjeros que reportan lo que yo llamo la segunda transición del MeMo al MeMe (del Mexican Moment al Mexican Mess). Ahí sí le duele a nuestros actuales gobernantes.

El crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa nos restriega en la cara una descomposición moral que pretendíamos soslayar. Se han borrado las tenues fronteras que separaban al Estado de la banda de ladrones, y no sirve de nada voltear hacia otro lado porque el estiércol nos cae encima y nos ensucia. Iguala somos todos. Iguala se repite a lo largo y ancho del país con otros nombres; ¿quién es el alcalde de Cocula, quién lo apadrinó, quién lo protege? ¿Quiénes son los presidentes de cientos de Ayuntamientos penetrados por la criminalidad? No sólo los gobiernos y los partidos todos están embarrados, también lo está -hay que decirlo aunque nos duela- una sociedad que por conveniencia, por apatía o por miedo es parte del entramado delincuencial. Sí, la responsabilidad principal es de los gobernantes, pero nos faltan manos para arrojar primeras piedras.

Nuestro país se está convirtiendo en un inmenso cementerio. Insomnes y extraviados, los vivos deambulamos sobre las tumbas y las fosas de los muertos, y nos abrimos paso hacia ningún lado entre la bruma de los desaparecidos. Hoy son esos muchachos guerrerenses, mañana pueden ser cualquiera de nosotros. La crisis de corrupción violenta que sufrimos es una gran oportunidad para renacer. Si nos abre los ojos, si nos obliga a darnos cuenta de que no hay corruptelas benignas y de que hay que rechazarlas a todas, chicas o grandes, podremos iniciar el camino a la redención. La tolerancia se ha vuelto intolerable. Y es que ya no se muerde para arrebatar un moche: se muerde para arrancar la vida. Antes el corrupto salpicaba dinero, ahora salpica sangre. Ya no podemos ser eslabones en esa cadena de podredumbre.

@abasave

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20977.html

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario

Salida de emergencia

Fuente: Ximena Peredo / Reforma

salidadLa crisis humanitaria que atraviesa México, otrora vivida por sus víctimas como una realidad alterna, difícil de comunicar, hoy está siendo acreditada por millones de personas.

La desaparición de 43 estudiantes normalistas ha terminado de correr el velo. Detrás de él estamos nosotros mismos llorando de rabia, decididos a gritar: ¡Fue el Estado!

Hoy el reclamo popular ya no es hacia un gobierno en particular, ni contra un partido. La denuncia generalizada es contra todas las redes criminales que nos gobiernan y que tienen licencia para saquear el territorio nacional.

Este clamor nos convierte en un foco rojo que amenaza la estabilidad del sistema político global: la columna vertebral de un Estado moderno, que se sostiene de la fe de su pueblo, se desploma.

La razón es fundamental: no se puede acusar de criminal al mismo gobierno del cual se espera justicia.

O (hacemos como que) creemos sus discursos y entonces les seguimos reclamando que nos cumplan, o los desobedecemos como gobiernos. El “momento mexicano” reclama de nosotros un ejercicio de lógica crítica.

La realidad está construida de explicaciones. Así, por ejemplo, las versiones oficiales sobre la desaparición de los normalistas siguen apostando -es el caso del procurador general Murillo Karam- a responsabilizar de la tragedia a grupos delincuenciales, en este caso, a Guerreros Unidos.

En la misma línea, el lunes el Presidente hizo un llamado para evitar que en las instituciones se infiltrara el crimen organizado.

Sus declaraciones, es de obviarse, no están dirigidas hacia nosotros, que conocemos de primera mano la realidad del país y que somos rehenes de las sociedades corporativas entre cárteles y grupos políticos.

Están dirigidas a “los mercados” y a la comunidad internacional que se contenta con los discursos democráticos del corte buenos contra malos.

Bajo la misma tónica, ayer, por ejemplo, los alcaldes de Nuevo León y el gobierno estatal anunciaron un convenio para, en colaboración con la iniciativa privada -¿quiénes, con qué legitimidad?-, crear una Policía Militar en ese estado.

Así, en medio de protestas y movilizaciones contra el terrorismo de Estado, se impone otro nuevo modelo policiaco. Raya en lo ridículo sentirnos presos en una jaula invisible.

Los 100 mil mexicanos asesinados y los 30 mil desaparecidos contabilizados a finales del sexenio de Felipe Calderón ya eran razones inequívocas para dar por agotado el contrato con nuestros gobiernos. Hoy estamos pagando la factura de una parálisis que tiene mucho que ver con nuestra identidad de “ciudadanos”.

El papel de “sociedad civil” fue diseñado para obedecer con temor a su creador, representado en 1651 por el Leviatán, de Thomas Hobbes.

Fuera del amparo del Estado sólo habría muerte y rechinar de dientes. Inspirados en esta ficción, los sistemas políticos modernos no contemplan salidas de emergencia. Sólo un loco querría volver al “estado natural”, a la barbarie. Hoy ésa parece nuestra gran alternativa.

Si bien las instituciones siguen siendo indispensables para que se sostenga cualquier proyecto de organización, éstas deben ser capaces de responder a los problemas que las sociedades van encarando, cuando no responden o peor aún, cuando se convierten en la principal fuente del problema, más vale desobedecerlas.

¿De qué tipo de desobediencia estoy hablando? En principio de una desobediencia informada que ponga en duda las explicaciones que no explican.

Pero demostrar cuán ridículo y decadente es el espectáculo democrático también obliga a decisiones: suspender el voto, movilizarnos y hacer públicas nuestras razones es una forma de comenzar a reconstruir un nuevo marco de credibilidades.

Sin pánico, pero aprisa, si no existen salidas de emergencia, las inventaremos.

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=38911#ixzz3H5CMqJAV

@reformacom

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario

Blindaje

Antes se podía argumentar que el control de las bandas estaba radicado en ciertas áreas de algunas entidades. Después recurrimos a la explicación del “efecto cucaracha”, pero ahora el escenario es el inverso: son pocas las entidades donde no ha habido o hay penetración…

Fuente: Federico Reyes Heroles  / Excélsior

escudoEl desfile de horror no acaba. Sacude a México y al mundo. Entre los muertos y los desaparecidos, la tragedia rebasa ya en cantidad al 68. El presidente Peña lo dijo con toda claridad: las instituciones están a prueba. Persecuciones, fosas, detenciones y un doloroso misterio que desde hace semanas invade y se resume en dos palabras: ¿por qué? Pero también es momento de pensar qué se puede hacer para evitar que este horror se repita. Paradojas de la vida ahora son los gobernantes de la izquierda los señalados.

Guillermo Valdés nos recuerda en su libro La historia del narcotráfico en México las múltiples penetraciones o capturas, como se les suele llamar, que han sufrido todos los partidos. Qué hacer es la pregunta.

Antes se podía argumentar que el control de las bandas estaba radicado en ciertas áreas de algunas entidades. Después recurrimos a la explicación del “efecto cucaracha”, pero ahora el escenario es el inverso: son pocas las entidades donde no ha habido o hay penetración, del orden municipal hasta arriba. No es metáfora. Varios lectores comentaron la propuesta planteada en este mismo espacio hace una semana: atajar la emergencia con un acuerdo público de los partidos políticos de acudir al Cisen, a la desaparecida, pero existente y actuante Secretaría de la Función Pública, a la PGR y a especialistas, para que las personas postuladas en 2015 a cargos de elección popular que renovarán la mitad de la República y la Cámara de Diputados no tengan antecedentes que los vinculen con el crimen organizado que acecha a todas las casas políticas.

Por supuesto que la decisión última será de los partidos, pero resultaría difícil postular bajo advertencia. Lo que se hubiera ahorrado el PRD, hoy en el banquillo de los acusados por el caso Iguala, y el país, eso si hubieran indagado. Alberto Begné recordó, en las páginas de Excélsior, la experiencia del PSD en 2006. Llevamos casi una década perdida, facilitando la penetración. Hay buenas noticias. El sábado pasado el Consejo Nacional del PRD dio un paso muy importante, aprobó un resolutivo para evaluar el desempeño en seguridad de los 286 alcaldes con los que cuenta y también la actuación de dirigentes, legisladores y funcionarios públicos de ese partido. Mirar hacia adentro, al presente, con ojos críticos es, sin duda, un avance que los otros partidos deberían imitar. Pero hay más.

El PRD aprobó la utilización del polígrafo y una prueba de antidoping a los aspirantes. Subieron el rasero. Pero ese rastreo podría ser mucho más eficaz si los partidos acudieran a los sistemas de inteligencia donde se concentra la información sobre el movimiento de las bandas delictivas. A todos los partidos se les han “colado” muchos casos, por decirlo de manera coloquial. Pero postular a alguien con antecedentes en el fondo es complicidad, involuntaria si se quiere. Hay ciertos casos como el del alcalde fugitivo en que resulta imposible creer en la inocencia como premisa. El presidente del PRI anunció que están en la ruta de lograr un acuerdo interpartidario en el mismo sentido. Ahora falta el PAN, cuyo presidente fue el primero en lanzar la idea.

Se trata de blindar al país, en un esfuerzo coordinado, en que los sistemas de seguridad den su visto bueno a los postulados. Ello no demerita el ámbito de decisión partidaria, es un filtro mínimo que intentaría garantizar, si es que la palabra procede, que por lo menos hasta la fecha de la postulación no había registro de alguna irregularidad que funde la sospecha. La consulta debería ser hecha con toda discreción para que no haya usos políticos de los resultados. En la ley no hay una fracción que diga “no tener relación con el crimen organizado”, pero se desprende de la intención del legislador.

¿Qué pierden los partidos haciendo público el “visto bueno”? Nada. De hecho harían corresponsables a los aparatos de seguridad e inteligencia. Si allí no se tiene información para sustentar la sospecha, es imposible exigírsela a la los partidos. Los partidos ganarían en credibilidad, que buena falta les hace, y los dineros pagados por los mexicanos desembocarían en acciones de prevención de un problema que sacude a las instituciones. La cuestión está en el tiempo, pues para todo fin práctico el proceso electoral está en curso y los partidos necesitan hacer las postulaciones. El Cisen y otras instancias de seguridad tendrían que revisar miles de expedientes de los alrededor de dos mil 200 puestos en juego. Se puede hacer en un esfuerzo conjunto entre partidos que deberían acelerar sus listas previas para dar margen a la investigación. Es cuestión de voluntad política, expresión muy manoseada por todos.

Una buena.- Entre las muertes y el lodo de las últimas semanas pasó casi inadvertido el logro de la diputada panista de Oaxaca Eufrosina Cruz, quien consiguió el respaldo del pleno de la Cámara de Diputados para que los “usos y costumbres” no limiten el derecho al voto. Se trata de una discusión de principios: nada puede estar por encima de los derechos fundamentales plasmados en el Titulo Primero, por centenarias que sean las costumbres. Las democracias o son liberales en sus principios o no son democracias.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/2014/10/21/988050

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario

Las Proezas de Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi

Fuente: Mauricio Farah / La Razón

malalaHa sido magnífica la decisión tomada por el comité del Premio Nobel de otorgar este importantísimo galardón a dos personajes de enorme relevancia en lo que concierne a la defensa de los derechos de las niñas y niños a lo largo de todo el planeta: Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi.

Malala se hizo famosa internacionalmente cuando hace poco más de dos años, en octubre de 2012, fundamentalistas musulmanes armados irrumpieron en el autobús escolar en la ciudad de Mingora, norte de Paquistán, y uno de ellos preguntó: “¿Quién es Malala?”, para de inmediato dispararle a la niña a quemarropa en la cabeza.

Increíble y afortunadamente el proyectil no acabó con la vida de Malala, pero si la puso en estado de coma. Ella fue trasladada a un hospital en Birmingham, Inglaterra donde recuperó el conocimiento seis días después. Nació así una leyenda de dignidad, valor y gallardía. Kailash Satyarthi es un activista por los derechos humanos que tras cumplir 26 años abandonó de carrera como ingeniería en electrónica para avocarse de lleno a luchar contra el trabajo infantil. Fundó en 1983 la ONG llamada Bachpan Bachao Andolan (BBA, Movimiento para Salvar la Infancia) y desde entonces ha logró la liberación de más de 83.000 chicos indios de la esclavitud. Un verdadero ejército de niños esclavos es el que ha logrado salvar este hombre sencillo, algo tímido y esquivo ante la fama que en diciembre de 2011 dio a conocer un estudio donde revelaba que solamente en la India desaparecen 11 chicos por hora víctimas del inicuo tráfico de seres humanos. ¡Esto en pleno siglo XXI! “Serían suficientes tres días de gasto militar mundial, equivalente a 11,000 millones de dólares, para acabar con la plaga del trabajo de los menores de edad mediante la educación dada a 246 millones de chicos trabajadores”, declaró este gran hombre en alguna ocasión.

Por su parte, Malala comenzó su ejemplar lucha cuando apenas contaba con 11 años, luego de que los talibanes impusieron una ley que prohibía la asistencia a las escuelas de las niñas por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino. Hija de un director de escuela librepensador y de una madre analfabeta, Malala empezó a escribir un blog en la página de la BBC en idioma urdu donde denunciaba la imposibilidad de asistir a clase. Su nombre cobró entonces trascendencia nacional y recibió el Premio por la Paz otorgado por asociaciones defensoras de los derechos humanos en Pakistán. Los talibanes decidieron matarla, como consecuencia, pero el atentado tuvo exactamente el efecto inverso. Convirtió a esta valiente niña en una heroína a nivel planetario y le dio mayor visibilidad a la lucha de Malala y de todas las niñas que demandan educación en Afganistán. Hoy se ha convertido en la persona más joven en recibir un Premio Nobel. Su lema es uno de los más sencillos y a la vez uno de los más profundos del mundo: “Un bolígrafo puede cambiar el mundo”.

Volviendo a BBA, esta ONG tiene presencia en toda la India a través de comités de distrito, asociaciones de profesores, sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales. Es, en realidad, una red de redes dedicada a la nobilísima función de rescatar niños y en concientizar a la sociedad de este enorme país sobre el drama de la explotación del trabajo infantil. Pero como bien lo ha dicho Satyarthi “Este no es sólo un problema de India, es un crimen contra la humanidad si un niño es privado de su infancia, en mi país o en cualquier otro del mundo. Es la Humanidad lo que está en juego”. Esto bien lo debemos tener presente en México. Nuestro país sigue avanzando en materia de reformas legales para la defensa de nuestras niñas y niños, pero las espeluznantes cifras de tráfico y explotación infantil siguen siendo una vergüenza que debemos combatir con incansable constancia, con toda convicción, día a día hasta que esta infamia quede definitivamente desterrada.

@mfarahg

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=233112

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

Crimen sin Estado

Fuente: Sergio Sarmiento / Reforma

ayo“En lugar de solicitar la desaparición de poderes en Guerrero, mejor hay que pedir que aparezcan”. Roy Miranda

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre no puede calificarse de crimen de Estado, como algunos han afirmado. Se trata más bien de un crimen de falta de Estado.

Un crimen de Estado sería aquel en que el Estado en su conjunto -un concepto mucho más amplio que el de gobierno- planea y ordena la comisión de un crimen grave. En un crimen de Estado suelen participar desde el jefe del Ejecutivo hasta gobernantes locales con la connivencia de tribunales, órganos legislativos y otras instituciones. No es nada más un delito cometido por un funcionario público. El exterminio de judíos en la Alemania nazi es un ejemplo de crimen de Estado, al igual que el encarcelamiento y muerte de disidentes en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao o en los campos de reeducación de los jmer rouge de Camboya o Kampuchea.

En el secuestro y presunto homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa es cierto que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la detención de los normalistas que el 26 de septiembre habían secuestrado tres autobuses interurbanos y que la policía de Iguala disparó contra ellos causando varios muertos. Después la policía secuestró a algunos para entregarlos a la policía municipal de Cocula, que a su vez los entregó a Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado que los ejecutó. No hay indicios de que hayan participado en el crimen ni el gobierno del estado, ni el federal, ni los tribunales, ni el Poder Legislativo local o federal.

Lo que ocurrió en Iguala es un crimen execrable, un homicidio múltiple precedido al parecer de tortura, que debe ser investigado y sancionado severamente. Pero si a esto le llamamos un crimen de Estado, tendremos que inventar otro término para referirnos a un verdadero crimen cometido por el Estado.

La información disponible hasta este momento nos habla más bien de un crimen de falta de Estado. El gobierno estatal y el federal han fallado en la responsabilidad fundamental de garantizar la seguridad y la aplicación de la ley en Guerrero. Y el problema no se circunscribe a los hechos del 26 y el 27 de septiembre.

En esa fecha hubo un excesivo uso de la fuerza para combatir un delito como el robo de autobuses por parte de los normalistas. Hay también un secuestro masivo de jóvenes con presunción de homicidio. Pero la ausencia del Estado de derecho es mucho más generalizada. Las numerosas fosas clandestinas que se han encontrado en las inmediaciones de Iguala en la búsqueda de los normalistas desaparecidos son señal de que el homicidio se ha vuelto una ocurrencia cotidiana en el estado.

En 2013 Guerrero tuvo el mayor índice de homicidios dolosos del país, 63 por cada 100 mil habitantes, según el INEGI, tres veces más que una media nacional de 19. Acapulco es también el municipio con mayor número de secuestros en México, 135 entre diciembre de 2012 y septiembre de 2014 según la organización Alto al Secuestro. Bandas del crimen organizado como Guerreros Unidos, una escisión de los Beltrán Leyva, operan con absoluta impunidad en la entidad. El hecho de que quienes protestan por los crímenes contra los normalistas, como la CETEG o los mismos normalistas, violen también la ley al tomar casetas de peaje, secuestrar autobuses o robar mercancía de vehículos de reparto, ratifica la falta de capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Dudo que el gobierno de Guerrero tenga la capacidad para decidir y cometer un crimen de Estado. Tampoco veo qué beneficio podría obtener de él. Su pecado es más bien de ausencia o de incapacidad. Estamos viendo en Guerrero muchos crímenes de falta de Estado.

· PADRE SOLALINDE

El padre Alejandro Solalinde, que ha hecho un gran esfuerzo en la defensa de los migrantes, afirma que algunos testigos le han relatado que los normalistas desaparecidos fueron quemados vivos. Son declaraciones que en este momento no se pueden soslayar.

@SergioSarmiento

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=38675#ixzz3H5AdHSHF

@reformacom

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario

¿El que no transa..?

Seguimos en los últimos lugares de las listas de nivel educativo; pero en los primeros de aquellas que califican en donde mejor se ejerce la transa.

Fuente: Yuriria Sierra / Excélsior

tranzaEl uso indiferenciado del poder. La toma de decisiones y la ejecución de éstas para favorecerse así con un concepto distorsionado de lo que debería ser la función pública. Total, ya se llegó al puesto, ahora se hace la santa voluntad. Y no precisamente puestos de alto nivel, sino desde el lugar más bajo del organigrama de la burocracia.

El que pide su moche para apartar un lugar en la fila del tedioso trámite. El que vuelve a pedir para que no se espere de dos a tres semanas por un resultado. El que guiña el ojo para evitar una engorrosa infracción. O el conocido que trabaja en la delegación y que anota en la lista de atención al vecino a cambio de un favor… y un largo etcétera. Ya si nos vamos a las grandes ligas, tenemos al que se hace de una casita en Las Lomas o el Pedregal de la noche a la mañana (o del inicio de su gestión al fin de ésta). O tal vez alguien no tan ambicioso (sic) prefiere un departamento —más bien penthouse— en la Del Valle o Polanco.  O qué tal una casa en San Diego y de paso convertirse en cliente fiel de exclusivas tiendas y galerías de arte. Comprar una posición que va más allá del poder, que va directo a un ego malentendido… o al menos eso —afortunada, triste y paradójicamente— como los más ligeritos ejemplos que podemos pensar…

Porque al dimensionar un problema como la corrupción, pensamos, hoy más que nunca, en los José Luis Abarca. Pensamos en todos aquellos —identificados o no— que son responsables de una coyuntura nacional como la nuestra. Quienes se dejaron seducir por la hipnosis que les provocó un maletín con fajos de dinero. Cantidades infames con las que compraron plazas, mandos y cuerpos policiacos. Y sabemos, no sólo en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Sinaloa o sindicatos, organismos, partidos políticos y de nuevo un largo etcétera.

Tantos problemas causados por la vanidad de unos que les distorsiona el concepto del poder. Con el que se debería servir, con el que se debería construir. Aquellos terminan utilizándolo para conseguir aquél otro que, finalmente, no pueden ni disfrutar: porque la vida no les alcanza o porque todo deben ejecutarlo en la oscuridad. Y así qué chiste, pero ni eso los detiene. Total, lo que cuenta es la capacidad de poder actuar de tal o cual forma, así nomás, porque pueden.

Y tanto daño y tantas muertes. Y tanto daño y tanto atraso. Y tanto daño y tanto, tanto… Seguimos en los últimos lugares de las listas de nivel educativo; pero en los primeros de aquellas que califican en donde mejor se ejerce la transa. Y tanto daño y aquellos responsables parecen no inmutarse. Qué importa que la infraestructura que se presume hoy, mañana se esté cayendo a pedazos porque se ahorraron unos pesos que jamás supimos a dónde fueron a parar…

En el Congreso está por discutirse una propuesta para integrar un Sistema Nacional Anticorrupción, la impulsa el grupo parlamentario de Acción Nacional, y ya la abrazaron el PRI y el PRD. Identificar y plantear estrategias para acabar con la corrupción, que podríamos calificar como el origen de muchos de nuestros males, suena maravilloso en la teoría, pero habrá que ver en la práctica, que es en donde todo suele descomponerse…

http://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/2014/10/22/988252

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

Recuperarnos

Fuente: Eduardo Caccia / Reforma

federal¿Tenía ante mí a un degollador en potencia? La pregunta me inquietó como un intruso en la noche. Me sentí paranoico en la sala de espera médica viendo al niño de 5 años, larga espada de plástico en mano, tumbar de la mesa, una y otra vez, a su pequeño Buzz Lightyear. En la televisión se daba cuenta de la crónica de sangre, el resumen noticioso de México. Y ahí, el pequeño gladiador llenando sus oídos y sus ojos de fosas clandestinas, desa- parecidos, nuevas ejecuciones, de políticos coludidos. Si además un virus mortal nos amenaza, yo también hubiera salido de casa con un sable.

Me temo que nos estamos perdiendo. Peor aún, estamos perdiendo a las generaciones del futuro inundando el espacio con notas trágicas que cada vez más saben a normalidad y menos a excepción. Urge una profunda reflexión para crear un balance, no para esconder la realidad sino para difundir las buenas acciones, los actos heroicos de hoy, decisiones que parecen no tener cabida ante la barbarie, pero que son un soplo de esperanza para volvernos a encontrar con el México de paz.

Hace poco caminé por el centro histórico de Querétaro, ciudad que me sabe a jamoncillo de leche y a árbol genealógico. Mis antepasados maternos caminaron las mismas calles cuyos nombres antiguos aún pueden leerse. Era domingo en la noche y yo esperaba escuchar el grito que necesita el país: “¡Las siete, y todo sereno!”. Y en cierta forma lo escuché en el Jardín Zenea. Al compás de una orquesta que desde el quiosco sonaba estupendamente, decenas de parejas bailaban danzón mientras una gran concurrencia miraba, embelesada, apaciguada, siguiendo la cadencia imposible de pisar mil veces una misma loseta.

Éste es el México que necesitamos, pensé. Y me acordé de mi amigo Agustín y de su iniciativa “Hoy di algo bueno de México”, en la que propone que nos rescatemos a través de cambiar el lenguaje de todos los días, reconocer nuestros valores en expresiones sencillas y positivas, frases que aluden a la cotidianidad y a esos momentos mágicos que van tejiendo lo que hace que valga la pena vivir. “Hoy di algo bueno de México: las piñatas” o “el pan dulce en la mesa” o “la SCJN frena los abusos de SKY” o “bailar danzón en una plaza” o “el policía que recuperó mi cartera”. Necesitamos voltear a ver al otro lado, saber que no todo es fango.

Esa misma noche, en la ciudad que se volvió noticia porque un narcotraficante se infiltró en la sociedad queretana, ya con el quiosco vacío y sin las notas de Canela en Rama, en el Jardín Zenea se veían andadores limpios, como si nada hubiere sucedido hace unas horas. Un ejército de mujeres afanadoras hacía nueva música con el arrastrar de sus escobas. Al comentar el tema con Raúl, mi amable anfitrión, me contó una historia de ésas que necesita nuestro ánimo.

Resulta que la ciudad de Querétaro ganó un premio mundial de ciudades limpias, “La escoba de platino” (nada mal para un país que es noticia mundial en “barbarie de platino”), presea que se entregó en Madrid hace unos meses. ¿Quién creen que viajó con gastos pagados y fue a recoger el premio? Para quienes pensaron “el presidente municipal o algún diputado”, lamento decepcionarlos. Viajaron, por orden de Roberto Loyola, presidente municipal de Querétaro, Martha Hernández y Ma. de Lourdes Rivas, barrenderas de la ciudad.

¿No podríamos decirle al pequeño gladiador que en este país no sólo hay escoria como el prófugo munícipe de Iguala, sino que también hay ejemplos como el del edil queretano y sus barrenderas? ¿No podríamos decirle que el “¡tan, ta, ta, tan!” no sólo es de metralletas de uso exclusivo del Ejército, sino de un rítmico analgésico llamado danzón? ¿No podríamos decirle que además de políticos que mandan matar, también hay de los que mandan recoger un premio a quienes realmente lo ganaron?

Estamos llamados a desenterrar la esperanza. Recuperarnos equivale a reencontrarnos, reconocer un nuevo heroísmo, difundir y exaltar lo positivo, avivar la resistencia que nos dará futuro. Si no, la espada de plástico será de metal un día.

@eduardo_caccia

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=38520#ixzz3H59sifMg

@reformacom

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario

El voto de la mujer en México

Hoy nos parece normal, pero hubo épocas en que regímenes se resistieron a reconocer un derecho que nunca debió estar en duda.

Fuente: Mauricio Farah Gebara / Milenio

elegirLas mujeres empezaron a votar en el mundo en el siglo XX. Llevó 100 años para que pudieran hacerlo en todo el planeta, desde 1912 en Australia (restringido a las mujeres blancas) hasta 2011 en Arabia Saudita (que no podrán ejercerlo sino hasta 2015).

Hoy vivimos un contexto de visibilidad positiva e inspiradora para niñas y adultas. Ya sea en las páginas de la historia patria o en las de los periódicos, nos enteramos de historias de mujeres con vidas plenas de significado.

Hoy nos parece normal que las mujeres voten y sean votadas, pero no fue siempre así. Hubo épocas en las que los diversos regímenes democráticos en el mundo se resistieron a reconocer un derecho que nunca debió estar en duda.

La negación del derecho de la mujer al voto pasaba por oposiciones férreas hasta anec-dóticas: la reforma propuesta por Lázaro Cárdenas al artículo 34 de la Constitución para que las mujeres pudieran votar se quedó en el limbo de los entretelones del Congreso porque, se corrió lo voz, el voto de las mujeres podría ser “influido por los curas”.

En 1947, durante la administración de Miguel Alemán, se concedió el voto a las mujeres, pero solo en comicios municipales. La condición de ciudadanía secundaria revelaba la visión de los tiempos en México. Pioneros en el reconocimiento al voto femenino habían sido efímeramente Yucatán (1923), San Luis Potosí y Chiapas (1925).

Todos estos antecedentes cuajarían hasta 1953, apenas rebasada la primera mitad del siglo XX, cuando hacía décadas que las mujeres podían votar en Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Como muestra de los alcances de la acción femenina en todos los ámbitos sociales, hace apenas unos días nos enteramos de dos casos que vale la pena subrayar.

En primer término, la abogada mexicana Alejandra Ancheita se hizo merecedora al Premio Martin Ennals 2014 (considerado el Nobel de los derechos humanos), en reconocimiento a la labor valiente y entregada que desempeña, dando la cara por personas que sufren violencia e injusticias.

Por otro lado, la joven paquistaní Malala Yousafzai, cuyo nombre se ha alzado como símbolo de la lucha por la igualdad y la educación equitativa para las mujeres en todo el mundo, a sus 17 años se ha convertido en la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz.

Que Ancheita y Yousafzai estén en los principales titulares nos permite revalorar esta celebración del calendario cívico nacional. Podemos ver que hay avances, aunque todavía resulten insuficientes.

No es momento de detenernos. Hay que impulsar, con la ley en la mano, el reconocimiento de los derechos de la mujer en todos los ámbitos y en todas las circunstancias, respecto a todas las mujeres, sin importar su condición étnica, educativa, social y económica. Reconocer estos derechos es una cuestión de justicia elemental.

En su autobiografía, Malala escribió: “Nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces solo cuando nos obligan a guardar silencio”. Pues bien, gracias a su ejemplo, gracias al ejemplo de Ancheita, gracias a que vivimos en un país con voto para las mujeres es que sus voces pueden sonar fuerte en la opinión pública nacional y redefinir el rumbo de nuestra patria.

En este contexto de celebración, que no debe ser acrítica ni incondicional, estas mujeres, una paquistaní y otra mexicana, ambas con estatura universal, lanzan un mensaje poderoso a nuestras niñas y adolescentes, pues les hacen ver lo valiosas y productivas que pueden ser sus vidas, así como la profundidad que pueden llegar a alcanzar sus aspiraciones. Con el poder inspirador de tales ejemplos es como una sociedad comienza a cambiar; no por decreto, sino desde sus mismas raíces.

@mfarahg

http://www.milenio.com/firmas/mauricio_farah_gebara/voto-mujer-Mexico_18_392540763.html

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

Cuando la omisión se vuelve complicidad

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

impunidadEn todas las mediciones México ocupa un lugar vergonzoso en cuanto a la vigencia del Estado de derecho, la corrupción y la impunidad. Esta situación le cuesta al país en términos de su imagen en el exterior y en inversiones. Pero sobre todo le cuesta a los ciudadanos en su seguridad física y patrimonial. Según la última Encuesta Nacional de Victimización, en 2013 se cometieron 33 millones de delitos, el costo económico de la inseguridad fue de 213 mil millones de pesos y los hogares mexicanos invirtieron 14% de su ingreso en actos de corrupción. Le cuesta también en vidas: más de 18 mil homicidios dolosos en 2013 y miles de desaparecidos. No sabemos cuántos, las cifras van de 9 a 26 mil.

Normalmente esta cifra va aumentando de uno en uno y no nos damos cuenta hasta que año con año nos dan el gran total. Las víctimas suelen quedar en el anonimato y los responsables en la impunidad. Las cosas cambian cuando ocurren masacres, cuando las víctimas son muchas al mismo tiempo como en Villas de Salvárcar con el asesinato de 17 estudiantes, en San Fernando con el fusilamiento de 72 personas, en Tlatlaya con el ajusticiamiento de otras 22 o en Ayotzinapa, en donde hasta el momento hay tres estudiantes muertos y 43 “desaparecidos”. En estos casos las víctimas cobran relevancia, adquieren identidad y la indignación que se genera obliga a las autoridades a dar la cara.

En ambos, los masivos y los “individuales” que no reciben atención mediática, hay constantes: falta de prevención, participación o complicidad de las autoridades, acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad entre los órdenes de gobierno, discursos, muchos discursos e impunidad, mucha impunidad.

Por desgracia Ayotzinapa no es excepcional. En todo caso es el crisol en el que se funde la violencia e ilegalidad que reinan en el país.

En los códigos penales y las leyes de responsabilidad se configuran los delitos de servidores públicos “por acción”. Los ministerios públicos, los jueces, las policías municipales y estatales lo mismo que sus superiores, esto es, los procuradores, los secretarios de seguridad, los alcaldes y los gobernadores, han incurrido en los delitos de “ejercicio indebido del servicio público”, “abuso de autoridad”, “uso indebido de atribuciones y facultades”, “colusión”, “intimidación”, “ejercicio abusivo de funciones” y “encubrimiento”. Además, han cometido delitos “contra la administración de justicia”. Algunos de estos, muy pocos y casi siempre los de menor jerarquía, han sido procesados, juzgados y condenados.

Pero existe también el delito por omisión. En el caso de Ayotzinapa hay responsabilidad por incumplimiento de obligaciones que en cualquier régimen basado en el Estado de derecho son exigibles a los distintos servidores públicos. José Roldán lo deja en claro en su muy ilustrativo trabajo La rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión: la omisión se da cuando, fijado un supuesto que establece el deber actuar, no se da la acción estando el servidor público en la capacidad de actuar. En el delito por omisión acompañan a las autoridades estatales y locales, las federales. El procurador de Guerrero afirma que no puede actuar por rumores y el procurador general de la República que no le entregaron las pruebas o que el presunto delito de homicidio cometido por el alcalde de Ayotzinapa en 2013 era del orden común. El gobernador de Guerrero dice que ese mismo alcalde no aceptó incorporarse al Mando Único de la Policía Estatal y el gobierno federal no juzga necesario reforzar la seguridad como en Michoacám o Tamaulipas. Gobernación y el Cisen no tenían en el radar los vínculos entre el alcalde y el crimen organizado y si los tenían no hicieron nada. El PRD nomina a un narcocandidato a sabiendas y luego pide perdón. El ombudsman no actúa con prontitud y eficacia; perdón, simplemente no actúa.

Las autoridades de los tres ordenes de gobierno y sus ministerios y agencias lo mismo que el PRD y la CNDH han sido omisas y, como tales, cómplices. Cada una de estas instituciones tiene responsabilidad en el caso de Ayotzinapa como antes lo tuvieron otros en Villas de Salvárcar, San Fernando o Tlatlaya. Con un agravante. Si ocasionalmente algún funcionario cae por los delitos tipificados en el Código Penal, ninguno lo hace por el delito de omisión.

Ayotzinapa es un caso más en el que la omisión se convierte en complicidad. En el que se promete que se hará justicia. En el que se condenan los vacíos de poder, la debilidad institucional y los nexos con el crimen. En el que se forman comisiones legislativas y se envían visitadores. En el que se refuerza la seguridad y se justifica la intervención federal cuando casi todo está perdido. En el que se propone otro acuerdo nacional. En lugar de todo esto, ¿no podrían prometer algo más simple y más útil como comenzar a preparar un mapa de los narcoservidores para prevenir en lugar de condenar?

Por cierto, la quema de los edificios públicos así como la retención forzosa de las personas que ahí laboraban también son delitos cometidos por estudiantes y maestros que no deben quedar en la impunidad.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

Publicado en Cultura de la Legalidad, Gobierno | Deja un comentario