Zona zombi

Fuente: Denise Dresser | Reforma

16 Ene. 2017. Muertos en vida. Cuerpos caminantes que parecen seres vivientes pero no lo son. Así actúa el Presidente, así se comporta su gabinete. Como si hubieran sido víctimas de un evento catastrófico, un dosis de radiación, un virus. Como si hubieran padecido un fenómeno surreal que los ha transformado de seres sensibles en autómatas ininteligibles. Caminando por los pasillos del poder, anonadados; dando conferencias de prensa, catatónicos; proveyendo explicaciones que ni ellos mismos creen. Que el gasolinazo traerá beneficios a las familias y sin él los programas sociales se acabarían. Que la gallina de los huevos de oro se secó y ni modo. Que la medida es dolorosa pero impostergable por la irresponsabilidad de gobiernos pasados. Palabras y acciones que no parecen producto del razonamiento sino del vudú. Posicionamientos de una administración que no gobierna. Delira.

Una y otra vez, como los personajes de La Isla Mágica, o The Walking Dead, o La Noche de los Muertos en Vida. Zombis presentados en la página o la pantalla como descerebrados, desalmados, letárgicos, en coma, actuando bajo la consigna de una fuerza maligna, superior. Y en este caso, aquello que los impulsa a comportarse así es la corrupción. Los miembros del equipo de Peña Nieto resultaron ser más corruptos que inteligentes. Más acostumbrados a esconder que a rendir cuentas. Más inhumanos que mexicanos. Argumentando que “mantener el subsidio a la gasolina hubiera implicado recortes a programas sociales”, cuando el análisis de Animal Político ha demostrado que no es así.

El supuesto recorte -equivalente a 200 mil millones de pesos- no necesariamente involucraría a programas sociales; hay muchos otros gastos que eliminar antes. 126 mil millones de pesos en publicidad y comunicación social. “Remuneraciones extraordinarias”. Compensaciones por “vida cara” y operaciones encubiertas o confidenciales. Los 8 mil 447 millones de financiamiento público a los partidos. Los 4 millones 400 mil pesos a una licitación para el mantenimiento y reparación a 121 vehículos que la Cámara de Diputados tiene a su disposición. Gastos superfluos. Gastos innecesarios. Gastos que ya de cualquier manera reducen lo que debería ir a escuelas y hospitales pero acaba en moches o bonos. Argumentos tramposos que solo evidencian a zombis insultando nuestra inteligencia, engullendo nuestro cerebro. Porque la gallina de los huevos de oro no se secó; la secaron. La gallina no murió de causas naturales; la devoraron. Gobiernos panistas y priistas. Corporativos y clientelares. Petrolizados y populistas. Pasándonos la cuenta por los excesos del gasto, avalados por una SHCP que hoy regaña a los ciudadanos por la irresponsabilidad de los políticos.

@DeniseDresserG

 

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El urgente rescate de la democracia

Fuente: Mario Luis Fuentes | Excelsior

16 de Enero de 2017. El enojo social, la descomposición institucional, el estancamiento económico, la pobreza, la desigualdad y la violencia, son todos problemas que no podrán resolverse sin fortalecer nuestra democracia, la cual no sólo se encuentra amenazada, sino que está francamente en crisis.

Ésta es una hipótesis de trabajo que debemos asumir con seriedad, porque hay un conjunto de factores que permiten asumir que nuestra democracia ha entrado en una espiral descendente debido a una acelerada y profunda erosión de los tres pilares fundamentales sobre los que se cimienta: 1) La confianza ciudadana. 2) La vigencia plena del Estado de derecho. 3) La legitimidad de las instituciones y sus dirigentes.

Con respecto al primero de los elementos señalados, hay un extendido y generalizado malestar social relacionado con la prácticamente nula representatividad ciudadana de los partidos políticos y de los funcionarios de las instituciones del Estado. Los estudios al respecto no dejan lugar a dudas: muy pocas personas se sienten representadas por gobernantes y representantes populares, y ya no se diga por los integrantes del Poder Judicial o, incluso, de los órganos autónomos.

Con respecto a la ruptura generalizada del Estado de derecho, los estudios que existen acerca de la presencia de la corrupción en prácticamente todas las instancias gubernamentales y legislativas del país y de los estados de la República muestran uno de los principales síntomas de la ruptura del orden constitucional y legal del país.

A lo anterior debe agregarse el nivel que ha alcanzado la impunidad, hecho que se expresa paradigmáticamente en la “concesión” que se ha hecho de las prisiones a los grupos delincuenciales en todo el país, así como de la sanción penal de sólo alrededor de 5% de los delitos que se cometen en el país.

La consecuencia es precisamente la pérdida de legitimidad de todas las autoridades. Pues si bien llegan al poder por vías legales, hoy enfrentan la paradoja de que, en democracia, lo legal ha dejado de ser necesariamente legítimo: permitir la permanencia en el poder de personas y grupos que tienen, claramente, conflictos de interés, gozar de amplias prerrogativas y privilegios, pero, sobre todo, gobernar y legislar no sólo de forma incompetente sino, ante todo, de espaldas al interés nacional, representa una severa crisis de legitimidad.

Hay, entonces, una cuestión de fondo: ¿cómo es que llegamos a este nivel de descomposición? Es decir, ¿cuáles son las causas profundas que nos llevaron a una crisis democrática de la magnitud que hoy enfrentamos?

Desde esta perspectiva, es necesario comenzar a construir nuevos horizontes explicativos que permitan plantear la posibilidad de la existencia de procesos de usurpación del poder legítimo, por vías legales, de las principales instituciones del Estado.

Es decir, lo que no se ha construido es una explicación de alcance nacional en torno a los niveles de vinculación y complicidad de grupos legalmente instalados en los poderes públicos, con grupos empresariales, pero también con grupos delincuenciales que se han hecho del control, como ya se dijo, incluso de aparatos públicos clave para la seguridad nacional, la seguridad pública, pero también para el desarrollo y la inclusión social, como lo son las cárceles.

 

@mariolfuentes1

 

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Saqueos e Internet

Fuente: Octavio Islas | El Universal

13 enero 2017. En el diseño de los objetivos y las metas que fundamentaron la creación de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, la ciberseguridad de la nación ni siquiera fue contemplada. Posiblemente en el gobierno consideraron la ciberseguridad del país como tema secundario, confiando en la eficacia de las instituciones que practican el espionaje cibernético en México. De acuerdo con lo asentado en el reciente reporte de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el espionaje cibernético que practica el gobierno está fuera de control.

Asimismo, la torpe instrumentación del retiro al subsidio a la gasolina, agravado por el previo desabasto del combustible, enardecieron a una gran parte de la sociedad. Desde el primer día de 2017, en la Ciudad de México se registraron las primeras marchas ciudadanas para expresar indignación por “el gasolinazo”.

En las redes sociales —territorio complejo— fue desplegada una operación perfectamente diseñada para estimular el vandalismo. El objetivo de la campaña fue imponer el miedo para desplazar el descontento que generó el gasolinazo y apartar la mirada ciudadana de la paridad que observa el peso frente al dólar.

Como señala atinadamente Adelaida Calleja en su columna semanal en La Silla Rota, el miércoles 4 de enero, empezaron a circular en Twitter llamados para saquear determinados establecimientos comerciales, y grabaciones en audio, vía WhatsApp con voces de supuestos policías, quienes alertaban de órdenes recibidas para disparar indiscriminadamente a quienes protestaban. Ello, por supuesto, generó gran temor en las redes sociales.

Al respecto, la organización Lo Que Sigue identificó 485 cuentas (bots) y más de mil mensajes en Twitter que consiguieron convertir los rumores y llamados al saqueo de establecimientos en tendencias.

Según voceros de Lo Que Sigue, mensajes como #SaqueaUnWalmart fueron generados en Huixquilucan, Interlomas y Naucalpan, en el Estado de México. Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno en la Ciudad de México, destacó que fueron usados 1,500 bots para generar violencia.

Esta semana El Financiero publicó una entrevista a Benito Rodríguez [@Benito100cia2], quien se atribuye ser creador en redes sociales de la tendencia #SaqueaUnWalmart. El líder de 100tifikos afirmó que reciben paga por crear tendencias en Twitter y admitió que han trabajado para gobiernos y partidos políticos.

Sin embargo, resulta fundamental tener presente que, de acuerdo con declaraciones de voceros de la organización Lo que Sigue, los bots que fueron empleados en la campaña del terror también han sido utilizados para amenazar en Twitter a periodistas y activistas como Andrea Noel, Sanjuana Martínez o John Ackerman. Además, como destaca atinadamente Adelaida Calleja, es revelador que la mayor parte de los mensajes fueron emitidos desde el Estado de México.

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Cara de what

Fuente: Sergio Sarmiento | Reforma

“Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo”. Platón

13 Ene. 2017. Un diplomático mexicano que lleva muchos años fuera de nuestro país me comentaba hace algunos días que no entendía por qué el gobierno de México está gastando tanto dinero en comprar tiempos de radio y televisión para anuncios que son además muy malos. No es el primero que me hace un comentario similar. Una de las primeras cosas que sorprenden a cualquier visitante a nuestro país es la enorme cantidad de tiempo de medios que se utiliza para difundir propaganda política, tanto del gobierno y los organismos autónomos como de los partidos políticos.

También sorprende lo absurdo o lo ineficaz de los mensajes. Desperdiciar valiosos tiempos de medios para que los diputados nos digan que protegen a los migrantes, para que los senadores presuman que legislan para el futuro, para que los partidos políticos afirmen que están en contra de la corrupción o para que el gobierno federal señale que “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” sólo nos muestra que esos espacios no les cuestan a los políticos.

El diplomático se sorprendió cuando le dije que esos tiempos no son comprados, sino que han sido confiscados a los medios de comunicación. Éste es un impuesto especial que sólo se cobra a la televisión abierta y a la radio, pero no a los canales que se difunden en sistemas de paga y que a menudo son extranjeros. Incluso las radiodifusoras en la frontera que difunden programación en inglés y compiten en el mercado del sur de Estados Unidos tienen que transmitir esa propaganda que deja a los radioescuchas con “cara de what” (aclaración de interés, yo tengo programas en televisión abierta y en radio).

El gobierno tiene a su disposición una enorme cantidad de tiempo de radio y televisión, pero simplemente no está logrando comunicar sus mensajes. Esta incapacidad se nota hoy en la falta de éxito para explicar el gasolinazo. En buena medida la baja aprobación del presidente Enrique Peña Nieto es producto de las fallas en su política de comunicación.

Es verdad que vivimos en tiempos de una gran desconfianza, de un rechazo a todas las instituciones gubernamentales. El problema no se registra nada más en México. Por eso vimos el voto a favor del Brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en la Unión Americana. Por eso Marine Le Pen del Frente Nacional puede triunfar en las elecciones de Francia de este 2017. Hay un rechazo generalizado a todo lo que represente el sistema político establecido.

Las formas de la comunicación han cambiado, pero en Los Pinos no se han dado por enterados. Los discursos del Presidente, que todas las emisoras de radio y televisión difunden cotidianamente, no comunican sino saturan e irritan, como lo hace la avalancha de propaganda en los tiempos oficiales.

 

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México, estado eficaz

Fuente: Hernán Mejía | Milenio

10 enero 2017. Para ningún mexicano en “edad de la razón” pasa desapercibido el clima de “malestar social” imperante en la mayor parte del país, causado fundamentalmente por los fenómenos de la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad que padecen millones de connacionales a lo largo y ancho del país; ello ha contribuido a la descomposición del tejido social y a la fuerte crítica ciudadana hacia la clase política. El gobierno integrado en su totalidad por Poderes Públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), Niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y Organismos Constitucionalmente Autónomos (Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humamos, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, etc.) es el responsable del nivel de satisfacción y aprobación que tiene su población con base en los resultados de desarrollo sustentable y calidad de vida que éste le provee.

Los recientes fenómenos criminales (vandalismo y saqueos) difundidos por los medios de comunicación muy particularmente por las “redes sociales” y suscitados en diversas regiones del país -independientemente de su origen- son una tarea pendiente de todos: sociedad y gobierno; es un llamado urgente a fortalecer nuestro estado de derecho constitucional y democrático. No debemos ser omisos y “darnos cuenta”, reconocer pero sobre todo trabajar en que el 51.6% de los inculpados por presuntos delitos cometidos en México son hombres; 12% mujeres; 0.2% personas jurídico-colectivas, el estado-gobierno; y en 36.2% de los casos no se identificó al inculpado (Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016).

Los delitos que menos denunciamos son: Extorsión 96.5%, Robo o asalto en calle o transporte público 92.1%, robo parcial de vehículo 90.6%, fraude 89.8%, robo en forma distinta a los mencionados 87.4%, amenazas verbales 83.3%, robo en casa habitación 81.0%, lesiones 79.3% y robo total del vehículo 19.9% (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016). Y cuáles y cuántos delitos se cometen por cada 10 mil unidades económicas son: robo hormiga (1,352); robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes (1,105); fraude (715); extorsión (666); actos de corrupción (486); robo total o parcial del vehículo (463); robo de mercancía en tránsito (375); daño a instalaciones, maquinaria o equipo (131) y; delito informático o secuestro de algún propietario (89) (Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2015).

 

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La gasolina reveló el desastre

Fuente: Eduardo R. Huchim | Reforma

11 Ene. 2017. La conducción política y económica de México en este sexenio ha sido torpe y errática, y el alza en el precio de la gasolina es la punta del iceberg del desastre y un despojar de sus últimas prendas de sensibilidad y de talento al Rey que, arrumbada la ética, no se ha percatado de que desfila desnudo.

El desastre, que tiene en su centro la corrupción, no puede ser resuelto con paliativos inútiles como los firmados el lunes 9 de enero y de los que, en buena hora, se deslindó Coparmex. Como acertadamente señaló Mexicanos Contra la Corrupción, “firmar acuerdos ausentes de contenido real y acciones concretas no abona a la construcción democrática de soluciones reales”. Y, agrego, exacerba la indignación social.

El gasolinazo está siendo el detonante que revela el fracaso de una conducción económica basada en frivolidad, corrupción, dispendio y también mentiras. Cito una reciente en palabras presidenciales: “Lo primero que hicimos antes de tomar esta medida, fue recortar el gasto del propio Gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos”. Mentira: pese a haber anunciado un recorte para 2015, el gobierno ¡aumentó su gasto en 4.2%! (México Evalúa). ¿Y 2016? De acuerdo con el politólogo Leonardo Núñez González (Animal Político), hasta septiembre el gobierno había gastado 220,262 millones más de lo previsto (Presupuesto: 3.54 billones; gasto: 3.76 billones). ¿Dónde está el recorte?

Una rectificación genuina y necesaria en la actual crisis pasa por tres reducciones urgentes: 1) La primera, que facilita las otras, es la inmediata baja del gasto público; 2) la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y 3) devolver la gasolina a sus precios de diciembre.

En sus tres primeros años, este gobierno irresponsable y dilapidador aumentó su gasto en 19% (597 mil millones), porcentaje que rebasó el crecimiento de la población (3.4%) y el de la economía (6.3%). El ritmo de crecimiento del gasto de Peña (6% anual) ha sido mayor al de Fox (4.5%) y de Calderón (4.1%), como lo documenta el estudio “Las dos caras de TU moneda. Una mirada a la expansión del gasto público”, realizado por Mariana Campos, Esther Ongay y Daniela Balbino, de México Evalúa, el centro de análisis dirigido por Edna Jaime.

Otro rubro preocupante, por su monto y opacidad, es la deuda pública, que en 2016 rebasó el 50% del PIB y cuyo costo financiero fue de 313 mil mdp en 2015. La pregunta obvia es a dónde se fueron todos esos dineros del gasto y del endeudamiento. ¿Dónde están los nuevos hospitales para mejorar los servicios de IMSS e ISSSTE?, ¿dónde, las autopistas sin peaje (las pillerías en SCT son todo un tema, cuyo caso más reciente es el revelado por Rivada Networks)?, ¿dónde están las refinerías que hubieran atenuado los precios de gasolinas?, ¿dónde, las nuevas universidades públicas y las escuelas sin carencias inmobiliarias y mobiliarias?

Es urgente e imprescindible la disminución del gasto y es mentira que se deban afectar rubros sociales o de salud. Es tal su obesidad que existen muchas áreas para el recorte. Ejemplos:

a) En el plano federal y en los estados, el gasto electoral de 2017 será superior a 35 mil millones, incluido el financiamiento público a partidos. Si ese presupuesto se reduce a la mitad, no pasará nada irreparable. Eso sí: los partidos tendrán menos dinero para dilapidar en burocracia y en comprar votos, y los consejeros y otros funcionarios del INE no podrán adjudicarse bonos y prestaciones de ensueño.

b) Los excesos de diputados y senadores han sido profusamente documentados. Una reducción del 50% en el presupuesto del Congreso de la Unión tampoco produciría resultados irreparables pero, eso sí, ya no habría recursos para moches ni para cientos de aviadores.

c) Devolver a las arcas públicas los dineros y bienes sustraídos por ex gobernadores corruptos como los Duartes, Padrés, Borge y Moreira. Recuperar esos recursos, mediante la extinción de dominio y otros medios legales, es un clamor nacional.

@EduardoRHuchim

 

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Un barniz de legalidad a costa de la Constitución

Fuente: Catalina Pérez Correa | El Universal

10 enero 2017. Hoy comienzan las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión. Existen dos propuestas sobre la mesa: una del PRI en la Cámara de Diputados, otra del PAN en el Senado. Ambas incluyen un concepto nunca antes regulado —Seguridad Interior— a través del cual se busca facultar al Ejército —y otras fuerzas federales— para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito o peritajes penales), pero bajo una lógica de Seguridad Nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).

La Ley de Seguridad Interior, se repite una y otra vez en distintos foros, es indispensable para regular la presencia del Ejército en las calles. Ante la ausencia de autoridades civiles que realicen las tareas de seguridad pública, debemos —nos dicen— conceder al Ejército las facultades legales para hacer lo que los civiles no pueden ni quieren hacer. Así, esta ley representa el fracaso del poder civil y la renuncia de los civiles de cumplir con una de sus obligaciones constitucionales: proveer seguridad a los ciudadanos a través de instituciones civiles, no militares.

Las iniciativas preocupan porque facilitan el uso arbitrario de la fuerza pública, incluso la fuerza letal, sin exigir rendición de cuentas o permitir la investigación sobre ello. Ambas iniciativas, incluso, facultan el uso de la fuerza pública contra la protesta (incluida la pacífica). Ni el poder judicial ni el legislativo servirán como contrapesos, pues ambas leyes limitan fuertemente esa posibilidad, al grado de convertirla en mero gesto simbólico. La seguridad pública quedará así, para efectos prácticos, en manos del Ejército —y otras fuerzas armadas—, sin transparencia y sin rendir cuentas y podrá usarse discrecionalmente por el Poder Ejecutivo federal.

Los senadores y diputados promotores de la iniciativa olvidan que el Congreso no está facultado por la Constitución para legislar en materia de seguridad interior. Pretenden colgarse de un pasaje que habla de las obligaciones del Ejecutivo, pero obvian que el Congreso necesita estar expresamente facultado para legislar una materia. De aprobarse, se trataría de una ley inconstitucional que busca darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita: que los cuerpos militares no realicen labores de seguridad pública. Un barniz de legalidad para permitir lo prohibido. Olvidan también que los miembros del Ejército no están entrenados para ser policías, peritos o fiscales. Están preparados para combatir y eliminar un enemigo, una lógica muy ajena a la que rige las funciones de seguridad pública y ciudadana. Lo cierto es que las propuestas que hoy se empujan nos ponen a todos en riesgo, incluido a los miembros de las fuerzas armadas que, lejos de tener una protección legal, estarán más expuestos a excederse y a ser acusados, tanto en tribunales nacionales como internacionales.

@cataperezcorrea

 

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¿Qué hubiera hecho yo?

Fuente: Alejandro Hope | El Universal

9 enero 2017.El pasado jueves, cortés como ha sido siempre, el presidente Enrique Peña Nieto nos deseó un feliz y próspero 2017. Ya en el mismo vuelo y para no desperdiciar la cadena nacional, intentó calmar a la agitada nación mexicana con una explicación del gasolinazo. Según comentan los que comentan, no parece haber tenido mucho éxito en ese empeño.

Logró, en cambio, generar un momento extraordinario de interacción pueblo-gobierno. Con curiosidad sincera, con ganas evidentes de pulsar el sentir ciudadano, el titular del Ejecutivo Federal nos preguntó qué hubiéramos hecho en su lugar. No sé qué decidirán ustedes, pero a mí no me parece correcto ni educado desairar la consulta presidencial. Así que aquí vamos. Esto es lo que yo hubiera hecho:

A sabiendas de que esto venía, tal vez hubiera tratado de no hacer el ajuste entero de sopetón y menos en la cuesta de enero. Habría supuesto que la gente, aunque enfiestada y hasta cruda, sigue poniéndole atención a su cartera. Habría por tanto aplicado la receta tan gustada por las tiendas hoy víctimas de saqueo: el golpe entero, pero en pagos chiquitos.

No habría contratado deuda pública a ritmo de ludópata durante cuatro años consecutivos. Tal vez así no me habría visto en la disyuntiva de llevar los precios de la gasolina hasta las cimas del Everest o rebajar el gasto hasta las profundidades del averno. Además, eso me hubiera ayudado a presumir de responsabilidad fiscal sin provocar una carcajada del respetable.

Como corolario del punto anterior, no hubiera traído de regreso a mi gabinete al responsable de la deuda señalada (y, además, causante de un ridículo nacional), sólo con el pretexto de que resulta ser conocido de un amigo del yerno del Hombre Naranja.

No habría afirmado que esto del gasolinazo no tiene nada que ver con mi reforma estrella, cuando hace menos de dos años, vendí mi reforma estrella como la fórmula para que ya no pasara esto del gasolinazo (o al menos así lo sugerí con coqueto guiño tuitero: http://bit.ly/2i3A9sI).

No le habría echado la culpa del problema a mi predecesor, cuando a) voy entrando al quinto año de mi mandato, y b) resulta que su secretario de Hacienda es ahora mi secretario de Hacienda.

Hubiera tratado de evitar que Duarte, Borge y otros de misma calaña hiciesen mutis por el foro unas semanas antes del gasolinazo. Digo, por aquello de guardar las apariencias.

Con el mismo objeto, le hubiera sugerido a los señores y señoras de la Cámara de Diputados no recetarse un bono secreto en pleno diciembre y menos rematar con un segundo bono (ultrasecreto), a horas apenas del trancazo gasolinero. Es que la gente interpreta mal esas cosas, les habría dicho.

De refilón, hubiera evitado irme a unas vacaciones golfísticas en días previos al mega incremento o, como mínimo, me hubiera puesto una peluca y unos lentes para evitar ser reconocido mientras practico mi swing.

 

@ahope71

 

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¿Vándalos? No, ciudadanos comunes

Fuente: Cecilia Soto | Excelsior

9 enero 2017. Hace unas semanas recibí una multa por una vuelta prohibida. Es  difícil identificar las ocasiones en que uno rebasa el límite de velocidad, pero las vueltas prohibidas son fáciles de recordar. Uno sigue un “protocolo” conocido: revisar si hay policías a la vista, verificar que no haya tráfico que interfiera, y hacerlo.

En estricto sentido, en mi ejemplo no hay más que una diferencia de grado con quienes protagonizaron los saqueos de los pasados días. El elemento común, aunque no único, es la percepción de que no habrá consecuencias, la impunidad. En mi caso, las fotomultas han resultado un disuasor efectivo, pero, hay que admitirlo, no absoluto.

Se engaña el PRI si insiste en ver un compló en los saqueos del Estado de México. Se engañan también los que quieren ver el inicio de una revolución o una situación que revele de manera única la vulnerabilidad excepcional de México. Las protestas sociales, que se salen de control y terminan en vandalismo y saqueo, son bastante comunes aquí en el sur pobre y en el mundo desarrollado. Recuerden los saqueos de Londres en 2011 y los de  Ferguson, Missouri, en agosto de 2014. Y quienes los protagonizan no necesariamente comparten un perfil de pobreza y exclusión social. Tampoco son exclusivamente delincuentes —aunque los hay— que se montan oportunistamente en una protesta para poder obtener mercancía que revender. La mayoría son ciudadanos comunes, bastantes parecidos a usted y a mí, a los que la situación hace perder inhibiciones sociales. Vuelva a ver los videos de los saqueos en Ecatepec: la gran mayoría no cubre su rostro ni oculta las placas de los vehículos usados para transportar mercancía robada y, aunque predominan los hombres, hay bastantes mujeres, probablemente buenas madres de familia, con carritos de supermercado llenos no precisamente de verduras y frutas o juguetes para el Día de Reyes, sino de objetos más codiciables.

En los saqueos que siguieron a los desórdenes que iniciaron en Londres, pero se extendieron en todo el Reino Unido en 2011, abundaron adolescentes tanto pobres como de clase media, por cierto, muchas jóvenes que acudían a los saqueos con maletas para llenar con ropa; y en las audiencias en las que se juzgaron a quienes pudieron ser detenidos, se encontraron desde la hija de un multimillonario, profesores de escuela, un entrenador deportivo y jóvenes pobres de comunidades de inmigrantes.

Se trata de ejemplos de lo que los especialistas llaman “el poder de la situación” y de la vida propia que adquieren las muchedumbres, por ejemplo, en partidos de futbol o en grandes conciertos de rock. A diferencia de estos casos en los que la energía de la multitud tiene un foco: el desarrollo del partido, su resultado y la confrontación con los fanáticos del equipo contrario o la actuación de los artistas admirados, en una protesta social no necesariamente hay un foco claro o, si lo hay (el asesinato de un joven negro, una sentencia que libera a un policía o el aumento en la gasolina), no hay manera asequible de expresarlo. Si tampoco hay una organización experimentada en este tipo de protestas, es fácil que una manifestación con fuertes dosis de espontaneidad se salga de cauce. Intervienen y se retroalimentan muchas conductas: desde la legítima protesta por la exclusión, el aprovechamiento oportunista para sustraer bienes símbolo de estatus hasta el contagio de conductas delictivas bajo el supuesto de que “el otro” está siendo más listo que yo, todo supeditado a la percepción de que la autoridad poco puede hacer lo que facilita que se evaporen inhibiciones sociales.

@ceciliasotog

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Cuando el gobierno roba

Fuente: Leo Zuckerman | Excelsior

09 de Enero de 2017. Los ciudadanos tenemos la obligación de pagar tributos, pero el gobierno de gastarlos eficaz y honestamente. Lo que a mí me indigna de las gasolinas es, como en todos los temas de finanzas públicas del país, los múltiples atropellos que se hacen del lado del gasto.

¿Cómo interpretar lo que está sucediendo en México a principios de este año? El fondo del problema, creo, tiene que ver con la corrupción gubernamental. Si el gobierno roba, los ciudadanos se enteran y no hay ningún tipo de consecuencias, el robo se legitima como práctica social. Si de repente el jefe del Estado se ve involucrado en la sospechosa “compra” de una mansión de lujo que queda impune por decreto, los funcionarios de menor rango toman nota y comienzan a abusar del poder para enriquecerse. Los empresarios empiezan a evadir impuestos con el argumento de que “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. Y pronto la sociedad se lanza a asaltar comercios. ¿Por qué no si la corrupción es “cultural”, desde bien arriba hasta bien abajo, y todos, a final del día, tienen el derecho de tomar para sí lo ajeno?

A principios de este año, el gobierno liberalizó el precio de las gasolinas. Es una política pública correcta desde un punto de vista técnico. Pero, como era de esperarse, se trata de una medida muy impopular en un momento donde el gobierno carece de credibilidad social. Resulta muy difícil que la sociedad deje de recibir un subsidio por parte de un gobierno que se percibe como corrupto.

Es cierto: el aumento en el precio de los combustibles se debe a un incremento en los precios del petróleo y del tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero también es cierto que el 36% del costo es de impuestos. La mayoría de los gobiernos del mundo gravan las gasolinas: es un tributo fácil de cobrar, que lo pagan los más ricos y que puede ayudar a preservar el medio ambiente. México, en este sentido, no es la excepción. Sin impuestos, un litro de gasolina Magna costaría $10.17 pesos en lugar de $15.99. Yo estoy dispuesto a pagar el costo de producción y distribución de la gasolina que consumo. La pregunta es por qué, además, tengo que pagar 36% de impuestos. ¿Cómo va a utilizar el gobierno estos recursos?

En la mayoría de los países europeos se paga una mayor tasa impositiva a la gasolina; también en el IVA e ISR. Sin embargo, los contribuyentes reciben a cambio seguridad, educación y salud de calidad más todo tipo de servicios de un Estado de bienestar. Hay un quid pro quo entre gobierno y contribuyentes. No así en México donde las autoridades se meten en nuestros bolsillos para luego gastar sin controles. Nadie puede negar que el gasto público está lleno de dispendios, abusos y hasta robos.

En una democracia es incompatible cobrar muchos impuestos y al mismo tiempo forrarse con el dinero de los contribuyentes. Los ciudadanos tenemos la obligación de pagar tributos, pero el gobierno de gastarlos eficaz y honestamente. Lo que a mí me indigna de las gasolinas es, como en todos los temas de finanzas públicas del país, los múltiples atropellos que se hacen del lado del gasto.

@leozuckermann

 

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