Corrupción y cultura

Fuente: Armando Román Zozaya / Excélsior

Hace unos días, en una entrevista, el presidente Peña comentó que la corrupción es un problema cultural, “que ha estado en la historia de la humanidad”. Muchas críticas le han llovido al Presidente por haber dicho esto. Por ejemplo, hay quienes creen que lo hizo para justificar la eterna corrupción del PRI.

Yo creo que el Presidente tiene algo de razón, pero, hay que matizar el planteamiento: lo que hay en todos lados es potencial de corrupción mas no necesariamente corrupción en sí. La diferencia entre si esa corrupción se materializa o no, y la frecuencia y grado con lo que lo hace, radica en cómo es encarado dicho potencial y qué se hace cuando pasa a lo real.

Por ejemplo, en China, los funcionarios corruptos pueden incluso encarar la muerte (una sanción draconiana, a mi parecer). En los países europeos, la cárcel suele ser el destino de quienes son atrapados “con las manos en la masa”. El lidiar de esta forma con la corrupción resulta en que, si bien el potencial de corrupción no desaparece, el fenómeno en sí, es decir, la incidencia de los actos corruptos, sí puede ser minimizada e, idealmente, eliminada.

Hipotéticamente, una sociedad en la que la corrupción desapareciera totalmente, por muchos años, podría convertirse en una colectividad cuya cultura, es decir, cuya relación con la realidad no tiene espacio para, precisamente, la corrupción. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando, por siglos, una colectividad no condena la corrupción?

Hay países en los que, si bien hay leyes para evitar y sancionar la corrupción, quienes se benefician de ésta usualmente gozan de impunidad, la cual obtienen, por si fuera poco, precisamente gracias a la propia corrupción. Luego entonces, ese potencial de corrupción que ya mencioné se concreta una y otra vez. Esto se debe, insisto, no a que la corrupción per se sea inevitable o constituya parte de cultura alguna inherentemente, sino porque la ley no se aplica adecuadamente, lo cual abre espacio a que la corrupción florezca.

En otras palabras, sí está en los humanos el ser corruptibles (potencial de corrupción). Sin embargo, algunas personas saben la diferencia entre el bien y el mal. Saben también elegir el bien, es decir, incluso ante la oportunidad y hasta la tentación de caer en corrupción, no optan por ser corruptos. Dicho eso, también hay quienes no sólo echan mano de cualquier ocasión en la que el corromperse les prestará beneficios sino que hacen de la corrupción una forma de vida, especialmente cuando, lo enfatizo, la “ley” se los permite.

Dado lo anterior, es decir, asumiendo que, efectivamente, el potencial de corrupción existe en toda sociedad, lo mejor que podemos hacer es estar listos para prevenir y sancionar toda corruptela. Para esto, es crucial que contemos con leyes bien hechas y que sí se apliquen. También es relevante que, desde el punto de vista social, la corrupción sea condenada y sancionada.

Si no sólo no evitamos que el potencial de corrupción se materialice sino que, cuando lo hace, los corruptos se salen con la suya y hasta son vistos como “chingones” que saben darle la vuelta a todo y a todos, la corrupción se convierte en parte de la cotidianidad, de nuestras vidas, de nuestra forma de entender e interactuar con nuestro medio, es decir, en parte de nuestra cultura. En ese sentido, la corrupción sí puede ser cultural.

Al decir que la corrupción puede ser cultural, no la estoy justificando sino todo lo contrario: si en verdad vivimos en una sociedad corrupta, esto es resultado de cómo hemos construido nuestra interacción social. Luego entonces, para cambiar las cosas y hacerlo pronto, tenemos que condenar la corrupción siempre (entre los políticos, los empresarios, los sindicatos, los ciudadanos) y exigir que, quienes son corruptos, encaren consecuencias. En cuanto esté claro que la corrupción sólo nos genera costos y no beneficios, la expulsaremos de nuestras vidas, de nuestra forma de entender la realidad: entre más pronto empecemos, mejor.

                Twitter: @aromanzozaya

http://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-roman-zozaya/2014/08/27/978436

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México Evalúa saca más ronchas a la SEP

Fuente: José Cárdenas / Excélsior

Cuando usted termine de leer estas líneas, unos 200 mil pesos del presupuesto educativo habrán sido desviados. El torrente de recursos públicos que termina en el despilfarro —o el robo—, asciende a 95 millones de pesos diarios, 35 mil millones al año, según Mexicanos Primero, organización que tuvo la creativa idea de hacer pública la velocidad del desfalco con su abusómetro —finalabuso.org.mx—, lanzado en la víspera del inicio del ciclo escolar.

En su momento, Claudio X. González calificó el abuso como “el robo del siglo”, aunque sus estimaciones podrían quedar cortas.

Las cifras tenebrosas de Mexicanos Primero engordan y se desbordan con el estudio “Censo Educativo. Radiografía del Dispendio Presupuestal”, elaborado por México Evalúa.

El documento, basado en el Censo Educativo del INEGI, no deja títere con cabeza; revela un gran desorden en la nomina magisterial… lo cual ocasiona un dispendio brutal que podría sumar 51 mil millones.

El estudio —dirigido por el investigador Marco Antonio Fernández— confirma la existencia de 30 mil 695 maestros comisionados a labores no docentes, y 39 mil 222 profesores aviadores; también hay muertos, quienes cada quincena regresan del más allá a cobrar puntualmente su cheque… y eso es delito. No son pocos quienes lo cometen. Entre finados y jubilados suman casi 115 mil.

Por si fuera poco, también se encontraron 426 escuelas fantasma sin plantel ni ubicación física… pero eso sí, con presupuesto.

Por mucho, o por poco, ningún estado del país se salva. Yucatán es campeón en número de maestros comisionados y Chiapas en aviadores, Morelos, el que más paga a muertos y jubilados, mientras Querétaro destaca por mantener a profesores trabajando en escuelas distintas a las que oficialmente tienen asignadas.

Los datos son duros pero insuficientes.

En Oaxaca, seis de cada diez profesores se negó a responder el censo del INEGI; en Chiapas fue rechazado en 41% de las escuelas.

Si estos datos le ponen a usted los pelos de punta, prepárese. El censo educativo, si bien revela el cochinero con el que se maneja la nomina del magisterio, aún está incompleto. Resulta que los datos obtenidos no pueden ser procesados al 100 por ciento. El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) dio a conocer la semana pasada que sólo ha sido posible conocer las respuestas a 64 de 432 preguntas aplicadas por los encuestadores… apenas 16 por ciento.

Además, el “Índice Estatal de Transparencia del Gasto Educativo” ha quedado en un simple sueño guajiro… los datos no son confiables, pues las autoridades estatales se han encargado de llenar y publicar los formularios oficiales como les pegó la gana; 52% de los documentos del último ciclo escolar fueron elaborados de manera incorrecta, 18% se llenaron con datos que no aplican, 6% llegó tarde y 8% simplemente no llegó. Sólo 12% de los documentos sirven para el análisis. Quintana Roo y Tamaulipas, de plano, ignoraron la obligación informativa.

En resumidas cuentas, el Censo Educativo del INEGI, que costó 700 millones de pesos, cumple a medias. Permite estimar los grandes abusos y los grandes rezagos, nos ofrece una fotografía más o menos nítida de un gran desastre nacional, pero también exhibe la displicencia y falta de compromiso de las autoridades estatales y de la Secretaría de Educación Pública federal, que a cuatro meses de terminado el censo, ni pio dice sobre los resultados y menos sobre la soluciones… y eso irrita.

DE VOLADA: Se espera que el próximo 4 de septiembre, por fin el presidente Peña Nieto anuncie el proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; dirá que es ampliación del viejo… y mientras, Mexicana cumplió cuatro años con las alas rotas.

                Twitter: @JoseCardenas1

                josecardenas.com.mx

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La consulta popular, ¿desvirtuada por los partidos políticos?

El ejercicio ciudadano busca que la gente participe en la política, pero hay quienes lo han tomado como estandarte para ganar simpatías

Fuente:  Arturo Espinosa Silis** / CNN México

consciu1El sistema electoral mexicano ha pasado de un partido hegemónico a un pluripartidismo. Las bases del sistema giran en función a lo que pueden y no pueden hacer los partidos políticos.

Eran los únicos autorizados para postular candidatos a cargos de elección popular, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, son quienes determinan el contenido de las leyes que rigen en el sistema jurídico mexicano, integran la autoridad administrativa electoral que los regula, reciben financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades, son de los pocos sujetos legitimados por la ley para cuestionar la constitucionalidad de las leyes en materia electoral, además de otras prerrogativas y derechos propios de los partidos políticos.

Esto ha llevado a que los partidos políticos se olviden de su naturaleza de entidades de interés público que buscan fomentar la participación política en la vida democrática del país (artículo 41 constitucional), generando una gran brecha entre los ciudadanos y la vida política del país, un desinterés generalizado, que se refleja en los resultados del informe país elaborado por el Colegio de México y el Instituto Nacional Electoral, así como en el Latinobarómetro de 2013.

La democracia mexicana se ha olvidado que los ciudadanos somos quienes a través de nuestro voto elegimos a nuestros representantes y les damos un mandato para que tomen las decisiones más relevantes para el país.

Con la reforma constitucional 2011, se buscó fomentar una mayor participación de los ciudadanos en la vida política del país, generando un contrapeso a la partidocracia, para ello se adicionaron al artículo 35 constitucional tres mecanismos para ejercer los derechos políticos de los ciudadanos: las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

La ley define a la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se ejerce el derecho a votar a fin de opinar respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional (artículo 4 Ley Federal de Consulta Popular – LFCP).

La consulta popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2% de los ciudadanos que integren la lista nominal (integrado por 80 millones 256,024 electores) esto equivale a 1,605,120 ciudadanos quienes deben respaldar la consulta (artículo 12 LFCP).

La organización de la consulta popular es una más de las múltiples facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, y la legalidad de la pregunta será calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No podrán ser objeto de consulta: restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios relativos a la forma de gobierno establecidos en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización y operación de las fuerzas armadas (artículo 11 LFCP).

De esta forma el legislador buscó que el ciudadano participará en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional a través del ejercicio de sus derechos político-electorales, esto a través de un mecanismo en el que sean los propios ciudadanos quienes se involucren en los asuntos públicos y la vida política del país, sin que los partidos políticos intervengan o participen de manera activa en el mismo, al menos en la ley de la materia no se hace una sola referencia a ellos.

La finalidad de incluir la consulta popular, así como la iniciativa ciudadana y la candidaturas independientes, como parte de los mecanismos para que los ciudadanos ejercieran sus derechos político-electorales, es incentivar a los ciudadanos para participar de manera activa en los asuntos públicos del país, por ello, considero que es un error que los partidos políticos tomen como estandarte la realización de diferentes consultas populares (energética, salarios mínimos, representación proporcional) sobre todo si a través de ella buscan promover plataformas electorales o generar mayores simpatías a su causa de cara a los comicios – federales y locales – que se llevarán a cabo el próximo año.

El uso de la consulta popular con el fin de obtener votos en favor de un partido político desnaturaliza este mecanismo de participación ciudadana, por ello, incluso no es ideal que la consulta popular se realice el mismo día que la jornada electoral, pues si bien se garantiza una mayor participación en la misma, también se presta a que el tema a consultar tenga fines electoreros.

De los ciudadanos dependerá que los partidos políticos no se apoderen de los mecanismos de participación ciudadana que el legislador contempló para que los propios ciudadanos tengamos un mayor acercamiento con la vida política y democrática del país.

http://mexico.cnn.com/opinion/2014/08/29/opinion-la-consulta-popular-desvirtuada-por-los-partidos-politicos

** Arturo Espinosa Silis es abogado especializado en temas electorales, con experiencia en derechos humanos, procesal y constitucional, actualmente.

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¿Qué hacemos con la corrupción? II

Fuente: Pascal Beltrán Río / Excélsior

corrup22aTras de hacerse del trono de España, en 1700, la dinastía de los Borbón quiso centralizar el poder en las colonias, que la Casa de Habsburgo había depositado en otras manos.

El 18 de julio de 1765, llegó a Veracruz el visitador José de Gálvez y Gallardo, enviado por el rey Carlos III para poner orden en la administración de la Nueva España y aplicar las reformas borbónicas.

Desde que el primer rey Borbón, Felipe V, envió en misión secreta al capitán de navío Jean de Monségur, a principios de ese siglo, la Corona sabía que la Nueva España era un nido de corrupción, y los virreyes, personajes nada honorables cuya propósito era enriquecerse.

Dos enviados de Gálvez en la península de Yucatán dieron fe de lo arraigado que estaba el contrabando. En las playas yucatecas, informaron Juan Valera y Francisco Corres, “cuantos más soldados, más contrabando”, refiriéndose a la presencia de militares que resguardaban el territorio.

En 1770, poco antes de volver a España, el poderoso visitador Gálvez dio su gran golpe contra la corrupción. Destituyó al administrador de rentas de Veracruz y lo envió detenido a La Habana, ordenando al virrey Carlos Francisco de Croix que autorizara el traslado.

Sirvan los pasajes anteriores para mostrar que la corrupción estaba enraizada en el territorio mexicano desde antes de que este país fuera independiente, pero sobre todo para ilustrar que las medidas para enfrentar ese mal no han dejado de ser, desde tiempos de la Colonia, castigos contra ciertos personajes —culpables o inocentes— que dejan intactas las causas de la corrupción.

¿Se acabó la corrupción en México con la detención y destierro del administrador de rentas de Veracruz (cuyo nombre era Martín José Alegría)? ¿Se acabó con el encarcelamiento del exdirector general de Pemex Jorge Díaz Serrano y otros políticos? Es evidente que no.

En respuesta a la Bitácora de ayer, algunos lectores señalaron que la corrupción es imposible de desarraigar, ya sea porque consideran que forma parte de la cultura nacional o porque la clase política no tiene ni tendrá la voluntad de enfrentarlo.

Yo, en cambio, creo que sí se puede. Y no lo digo por simple optimismo (que de eso tengo bastante) sino porque otros países, con problemas de corrupción tan graves como el nuestro, han podido.

Por ejemplo, la República de Georgia estaba plagada por la corrupción heredada de su pasado soviético, cuando recuperó su independencia en 1991. A raíz de la Revolución Rosa de 2003, emprendió un combate serio contra esa práctica en todos los niveles de la administración pública.

En 2005, la nación caucásica se encontraba en el lugar 130 (de 158) en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, y gracias a su empeño por deshacerse de ese lastre, subió al número 64 en apenas seis años.

El éxito georgiano en la lucha contra la corrupción, reconocido por el Banco Mundial, se basó en la puesta en práctica de medidas tanto preventivas como coercitivas, pero sobre todo en la voluntad política de sus autoridades de acabar con un fenómeno que, a decir de Naciones Unidas, “tiene un impacto desproporcionado en los pobres y los desfavorecidos” y afecta el tejido social.

Entre las medidas adoptadas por los georgianos está la tolerancia cero a los actos de corrupción, el fortalecimiento de las instituciones, el uso de la tecnología y la comunicación, y la simplificación administrativa, entre otras.

Si usted quiere conocer en detalle lo que ha hecho Georgia para combatir la corrupción, puede consultar el estudio Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms, que dio a conocer hace dos años el Banco Mundial (http://goo.gl/NoeTQ).

Otro ejemplo, incluso más reciente, es el de la lucha contra la corrupción en el Consejo General del Poder Judicial de España.

Su presidente, Carlos Lesmes Serrano, explicaba apenas el martes pasado, en una entrevista publicada en el diario El País, que la vacuna contra la tentación del patrimonialismo es la transparencia total.

“El antídoto contra la corrupción es abrir las puertas y ventanas de la instituciones”, afirmó.

El antecesor de Lesmes Serrano cayó de su puesto luego de que se supo que pagaba con dinero público sus viajes de fin de semana.

El nuevo presidente cree que, además de la transparencia, es necesario fomentar una conciencia pública despierta y exigente frente a la corrupción.

Dijo: “Las leyes por sí mismas no pueden atajar estos problemas. Pueden paliarlos, pero no eliminarlos. Es precisa una conciencia sensible frente a los comportamientos corruptos a través de la propia manifestación del voto y la exigencia de la sociedad”.

No hay excusa para no comenzar a luchar seriamente contra la corrupción en México. Hablar de ella no es suficiente, pues no desaparecerá por acto de magia. Hay que actuar y hacerlo desde todos los frentes.

Por supuesto, desde el Legislativo, que tiene que afinar procedimientos y sanciones contra los corruptos. Pero también desde el Ejecutivo, que debe tener un mensaje inequívoco de que no tolerará esas prácticas y proceder en consecuencia, lo cual incluye abrir las puertas y ventanas de todas las dependencias.

Y no olvidemos lo que puede y debe hacer la sociedad mediante la exigencia a sus autoridades, pero también en la contención de la corrupción socialmente tolerada, la que cotidianamente se practica en las calles y en las filas de las oficinas públicas.

Porque, no nos hagamos, esa también existe.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2014/08/28/978634

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La cultura de la corrupción

Las normas sociales de cada cultura ayudan a entender quién tiende a violar reglas, como las de tránsito, cuando no hay castigo. Sin embargo, cuando se imponen las sanciones, las conductas se transforman rápidamente, independientemente de la cultura de origen y la mayor parte se porta bien.

Fuente: Carlos Elizondo Mayer-Serra / Excélsior

Hasta noviembre de 2002, el gobierno de la ciudad de Nueva York no cobraba las multas por violar el reglamento de tránsito a los miembros de las delegaciones diplomáticas. A partir de esa fecha, decidió aplicar sanciones. Este cambio le permitió a un par de profesores de Estados Unidos tratar de medir el peso relativo de la cultura y de las instituciones en el cumplimiento de las leyes (http://goo.gl/jIzUR1).

Antes de las sanciones, los diplomáticos con más violaciones provenían de Kuwait, Egipto, Chad y Sudán, con más de 120 multas por funcionario. En el otro extremo, representantes de 21 países, como Reino Unido, Suecia y Turquía no presentaban ni una. México con 4 multas por diplomático se situaba en el lugar 94 de 128 países. La posición en esta lista está correlacionada con los índices de corrupción, aunque México estaba mejor de lo esperado dado nuestro pobre lugar en estos índices, lo cual habla bien de nuestro personal diplomático.

Cuando se empezó a sancionar a los diplomáticos, el número de multas cayó en más de 98% para el conjunto de los países analizados. Las normas sociales de cada cultura ayudan a entender quién tiende a violar reglas, como las de tránsito, cuando no hay castigo. Sin embargo, cuando se imponen las sanciones, las conductas se transforman rápidamente, independientemente de la cultura de origen y la mayor parte se porta bien.

Para un gobernante es cómodo pensar que la cultura es central para explicar la existencia de la corrupción. Así lo cree nuestro Presidente. En sus palabras, a pregunta de León Krauze la semana pasada en entrevista de televisión: “Yo sí creo que hay un tema cultural lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos…”.

Sin embargo, como le respondió León Krauze al presidente Peña Nieto, los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos suelen respetar las leyes, pagar impuestos y no tirar basura. Saben que violar las leyes tiene un costo. Lo mismo, aunque en el sentido inverso, sucedió en Nueva York con diplomáticos que provenían de países no corruptos. En el periodo en el que no hubo sanciones al reglamento de tránsito, aquellos diplomáticos que pasaban más tiempo en Nueva York tendían a violar más este reglamento.

Incluso si se creyera que la razón central detrás de la violación de las leyes son normas sociales permisivas propias de una cultura corrupta, un gobernante preocupado por modificar esas normas puede hacer mucho para cambiarlas. Tal es el caso de Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, quien logró mejorar la cultura cívica de sus gobernados a partir de pedagógicas intervenciones públicas. La educación más importante no es la de las aulas. Es la que observamos en la práctica, validando o no lo que aprendimos en la escuela.

Un Presidente que cree y afirma en público que la corrupción es fundamentalmente un problema cultural manda una alarmante señal: no hay mucho que hacer para cambiarlo. Peor aún: parece estar diciendo que no va siquiera a intentar hacer gran cosa en materia de corrupción, dado que modificar la cultura no es algo que se pueda hacer en un sexenio. Hay que esperar a que tenga impacto la Reforma Educativa.

Sin embargo, aunque la clave estuviera en la educación, y aunque realmente hubiera una profunda reforma en este ámbito, ésta no tendría éxito en transformar normas sociales si no es validada en la práctica con sanciones a quienes violan las leyes. Si todo fuera el tener buenas clases de civismo sería fácil construir países no corruptos.

Si de verdad la corrupción fuera sólo un problema cultural no tendría mucho sentido andar presumiendo la nueva división de la Policía Federal presentada la semana pasada, a la cual la llamaron Gendarmería para cumplir con un compromiso del candidato Peña Nieto. Muy pronto terminará, dada nuestra cultura, corrupta.

Así como el gobierno parece creer que hace sentido luchar contra la corrupción construyendo una nueva división de la Policía Federal, hay gobiernos en países históricamente corruptos que han decidido enfrentar este flagelo. El presidente chino Xi Jinpig ha emprendido una cruzada contra la corrupción, aunque, como todo en China, con poca transparencia. La señal más evidente y no vista antes es acusar a Zhou Yongkang, quien hasta 2012 era uno de los hombres más poderosos de China, por “serias violaciones de la disciplina del partido” lo cual, en chino, significa corrupción.

El presidente Peña Nieto, a pregunta de Denise Maerker en ese mismo programa, afirmó: “… la corrupción no sólo viene del orden público, sino viene del orden público muchas de las veces, y otra de las veces alimentado desde el orden privado”. Tiene razón.  Tenemos una sociedad muy corrupta y empresas que pagan muchos sobornos. Pero quien puede y debe revertir eso sancionando a los corruptos, ya sea de la sociedad o del propio gobierno, es la autoridad. El Presidente la encabeza y está obligado a liderar ese esfuerzo.

Si aceptamos que la corrupción es cultural, habría que aceptar que la modernización del país no es posible en el corto plazo. Estamos como estamos porque así somos. No hay para qué hacer reformas. Si el gobierno, escudado en la consideración de que se trata de un fenómeno cultural, es tolerante con la corrupción, corre el enorme riesgo de fracasar en la transformación del país, la cual es, en principio, ahora posible gracias a las reformas recién aprobadas.

                *Profesor-investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-elizondo-mayer-serra/2014/08/28/978645

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Consultas populares

Fuente: Jorge Alcocer V. / Reforma

pciuLa consulta popular es un instrumento que la Constitución (artículo 35) incorporó a partir de agosto de 2012; ahí está, y está para ser utilizado. Calificar las intenciones -reales o supuestas- de quienes las promuevan es válido, pero no tiene efecto legal.

El PRI decidió promover una consulta y así lo ha notificado a la Cámara de Diputados; el tema está contenido en la propia pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 Diputados Federales Plurinominales y 32 Senadores por el principio de representación proporcional?”.

La consulta del PRI contribuye a responder una duda surgida a propósito de las del PRD y Morena sobre la reforma energética. ¿Es factible que la Constitución sea modificada por mandato de una consulta popular? Varios juristas han opinado que no. La opinión del PRI es que sí; lo que queda claro en su propia pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución…?”; los tres mayores partidos están de acuerdo en que sí se puede; es un hecho importante para normar el criterio que, en su momento, fije la Corte.

La Corte tendrá que resolver si los temas planteados en las cuatro consultas en trámite (PRD, Morena, PAN y PRI) son constitucionales. Hay quienes consideran que los referidos a la reforma energética no lo son, por tratarse de un tema vinculado a los ingresos del Estado; respecto de la consulta del PAN se afirma que no es dable consultar lo que ya dice la Constitución sobre el salario mínimo. En lo que hace a la del PRI, habrá que resolver si es una materia electoral, en cuyo caso no sería constitucional. Serán los ministros de la SCJN los que digan la última palabra.

Existe otro asunto, de previo y especial pronunciamiento, relativo a quiénes tienen derecho para solicitar consulta popular. El artículo 35 de la Constitución lo establece para el presidente de la República; para, al menos, un tercio de los diputados o senadores, y para los ciudadanos; no se incluye a los partidos políticos, como tales. ¿Es constitucional que los partidos políticos se conviertan en promotores directos de la consulta popular? La Corte tendrá que resolver.

La Ley determina que, a más tardar, el próximo 15 de septiembre deben formalizarse ante la Cámara de origen las peticiones de consulta, entregando los formatos en que consta el respaldo ciudadano de al menos un 2 por ciento de inscritos en la lista de electores (poco más de 1.6 millones, por consulta). Como los promotores no tienen obligación de entregar en archivos digitales las relaciones de ciudadanos que respaldan su petición, el INE tendrá que capturar los datos de más de 6.4 millones de electores, para realizar el cotejo electrónico, y además deberá realizar la compulsa de firmas a partir de una muestra. Todo en un plazo no mayor a 30 días naturales.

La Ley Federal de Consulta Popular (Art. 12) determina: “Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud”. Esa norma pone en riesgo las consultas del PRD y Morena, ya que es probable que miles de ciudadanos hayan firmado en apoyo de ambas, en más de un 20 por ciento del total de cada una, en cuyo caso sólo se dará trámite a “la primera solicitud”. ¿Cuál será esa? Lo resolverá la Corte.

Si las cuatro consultas cumplen el requisito cuantitativo, y la Corte las declara constitucionalmente válidas, en 15 estados las casillas electorales tendrán cinco boletas, incluyendo la de diputados federales, que deberán ser escrutadas la noche de la jornada electoral. Pero en 9 estados, con elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, los escrutadores tendrán que atender 4 elecciones y 4 consultas, y en ocho entidades más lo harán para 3 elecciones y 4 consultas. ¡Vaya lío!

Si ninguna de las consultas es validada por la Corte, el lío estará en otra parte.

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=34491

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Criticar a los críticos

A los ojos de una buena parte de los ciudadanos y de una mayoría de los opinadores, resultó fallida la entrevista colectiva a Enrique Peña Nieto

Fuente: Ricardo Alemán / El Universalcriticar

¿Quién, de los periodistas y comentaristas críticos, se habría negado a la invitación para entrevistar, de manera colectiva, a Enrique Peña Nieto? Es probable que pocos habrían rechazado la propuesta, a pesar de que lo ideal en el género de entrevista es el cara a cara; uno a uno.

Y la razón por la que probablemente muchos habrían aceptado —más allá del disfrute propio de la entrevista y de la filiación partidista—, es que la posibilidad de entrevistar a una figura del poder, sobre todo cuando se encuentra en la cúspide, como es el caso del Presidente mexicano, siempre despierta la tentación profesional de encarar, retar, cuestionar, arrinconar y hasta hacer tropezar al entrevistado.

Sin embargo, a los ojos de una buena parte de ciudadanos —si nos atenemos a las redes sociales—, y de una mayoría de opinadores —según una encuesta arbitraria—, resultó fallida la entrevista colectiva a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué?

Resultó poco atractiva, no porque la haya convocado el director del Fondo de Cultura, José Carreño —quien tendrá que dar las explicaciones del caso si es que incurrió en una falta—, y tampoco porque haya sido el pretexto para festejar el 80 aniversario de la editorial del Estado, porque un buen debate televisado sobre la gestión del Presidente en turno vale tanto como un buen libro editado por el Fondo.

No, al parecer la entrevista resultó fallida porque buena parte de los ciudadanos y los opinantes vieron una entrevista a modo, poco punzante, harto complaciente y lejos de los básicos críticos del género.

Incluso en el tiempo real que permiten las redes sociales resultó difícil dejar de cuestionar lo que se veía en la pantalla. Por eso, entre otras cosas, esa noche dijimos lo siguiente. “@RicardoAlemanMx. Mmm. Con todo respeto para mis amigos, pero se les fue vivo @EPN ¡Les sigue pesando la presidencia imperial! Además el formato no ayuda”. “@RicardoAlemanMx. El presidente @EPN responde poco y no de manera directa a los cuestionamientos. Además, Peña sigue un guión que ni siquiera estudió bien!”.

Y es que, en efecto, parece que el problema no está en quién convocó a la entrevista colectiva y menos en el pretexto: el 80 aniversario del FCE. Más aún, el convocante y la oficina de comunicación de Los Pinos seguramente estaban y están en lo suyo; en busca de los mejores espacios en los que el presidente Peña Nieto pueda decir su verdad, exponer su discurso, pregonar sus aparentes o reales logros. Y qué mejor escenario que un puñado de reconocidos periodistas.

No, lo cuestionable, en todo caso, está en la actitud asumida por los periodistas. Y es que salvo dos casos —los de León Krauze y Ciro Gómez Leyva—, el resto dejaron ver que no prepararon con suficiencia el encuentro. Acaso el pecado de la soberbia o la estatura alcanzada los hizo olvidar tareas básicas de preparación para el momento. Sí, dejaron ir vivo al presidente Peña Nieto.

Acaso por la falta de preparación para la entrevista, acaso por deformación profesional o porque al gremio periodístico en general aún le pesa el presidencialismo imperial, todos o casi todos dudaron en atajar al Presidente, en contradecir la verdad oficial con argumentos sólidos, con hechos contundentes, que los hay de sobra. Todos o casi todos dejaron que Enrique Peña no sólo dijera, sino que luciera su verdad y en no pocos casos los periodistas movieron la cabeza en señal de aceptación.

Se debe insistir en que los estrategas mediáticos de Peña Nieto hicieron lo suyo; buscar los mejores espacios para el Presidente. Pero también por eso obliga la pregunta a los periodistas. ¿Esa es la actitud que los seis profesionales de la entrevista han mostrado en muchas otras entrevistas memorables, que a lo largo de sus carreras nos han regalado? Y la pregunta también va para el moderador; hoy funcionario público, periodista también de toda la vida.

Y vale el cuestionamiento porque a ratos parecía que en lugar de preguntas certeras, puntuales, inteligentes y de argumentos sólidos para contener y bajar al terreno de los mortales al Presidente, los periodistas le disputaban al Presidente la imagen, la popularidad y el rating.

La gran lección, al final de cuentas, es que al parecer los periodistas no estamos a la altura del nuevo tiempo; de entrevistar de tú a tú al Presidente sin temor a las culpas propias, a ser reprimidos o despedidos. Al parecer vivimos atrapados en el miedo a la figura presidencial. Pero tampoco queremos entender que hoy los periodistas somos tanto o más sujetos de la crítica que los hombres y las mujeres del poder. Al tiempo.

http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/08/108479.php

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A la caza del limón

Fuente: Belsasso Bibiana / La Razón

limonDesde que se anunció que se formaría la Gendarmería Nacional, a casi nadie le quedaba claro cómo operaría y de qué se encargaría este nuevo cuerpo de seguridad. Ahora que ya se terminó de consolidar este proyecto, platicamos con el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien finalmente dio una explicación clara de lo que será la nueva Gendarmería.

Es una división más, la séptima de la Policía Federal, y se encargará de tareas específicas. Sobre todo de proteger los ciclos productivos del país amenazados por la delincuencia organizada. Proteger, por ejemplo, el ciclo productivo del limón, que hace unos meses llegó a costar casi 80 pesos el kilo, cuando, a pie de árbol tenía un precio de tres pesos por kilo. La inflación en el precio se dio porque, para transportar ese limón a las ciudades, se tenía que pasar por intermediaros, y éstos eran los grupos del crimen organizado que exigía sus cuotas. Así aumentaron el precio del producto, pero también deprimieron toda la actividad productiva de la zona.

La Gendarmería protegerá otros ciclos económicos, que al igual que el limón se ven amenazados por la delincuencia y que, de no hacerse nada, podrían tener serias repercusiones no sólo a nivel de seguridad, sino también económicas para los mexicanos.

Imagínese usted que el crimen organizado pueda cobrar cuotas a los alimentos básicos de los mexicanos; la inflación que se podría desatar. Y esto es precisamente lo que ayudará a evitar la nueva Gendarmería.

Todavía no sabemos cuáles serán las primeras asignaturas de este cuerpo de seguridad. Serán tres o cuatro en distintas zonas del país y se tiene previsto que a lo largo del día de hoy se den a conocer estas primeras actividades para los cinco mil elementos que se graduaron el viernes pasado. Los elementos, a nivel de policía, tienen una edad promedio de 28 años y son civiles que han pasado las pruebas de control de confianza para poder ingresar. Los nuevos elementos han recibido una capacitación policial que se fortaleció con instrucción castrense.

Los mandos sí tendrán experiencia laboral en la policía de 6 años y su edad promedio es de 38 años.

Pero además a estos jóvenes se les quiere ofrecer una buena perspectiva de vida. Por ejemplo al día de hoy los policías no son sujetos a un crédito para comprar una casa. Estos nuevos empleos les darán la posibilidad de tener una casa y una seguridad para su familia que antes era impensable. Antes de desviar el camino, el policía razonará que perderá su casa si no es responsable. Éstos son los primeros cinco mil elementos y se espera que, una vez que empiecen a dar resultados positivos, esa cifra se incrementará. Y es que hay que cuidar lo que más lastima a la ciudadanía, y cuando los problemas de seguridad empiezan a verse reflejados en la economía diaria de las familias mexicanas hay que implementar medidas drásticas que contrarresten ese efecto. Esperemos que la Gendarmería lo logre. En el discurso suena muy atractiva, ahora sólo falta empezar a verla en la práctica.

bibibelsasso@hotmail.com
Twitter: @bibianabelsasso

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=226741

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¿Qué hacemos con la corrupción? I

Fuente: Pascal Beltrán Río / Excélsior

Ccorrup22aomo la mayoría de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, la corrupción ha sido sobrediagnosticada.

Nadie niega el problema —igual que los de la desigualdad y el rezago educativo—, pero los acuerdos en la arena política y las ideas en el seno de la sociedad para enfrentar la corrupción suelen ser escasos.

Han pasado 31 años desde que el gobierno de Miguel de la Madrid declaró la guerra a este mal mediante su programa de “renovación moral de la sociedad”.

Como el propio expresidente reconoce en sus memorias (Cambio de rumbo, 2004), le tocó asumir el poder en un ambiente de linchamiento de su predecesor, y “la convicción popular de que los problemas actuales de México (se debían) al mal manejo de Pemex”.

Un dilema para De la Madrid al inicio de su gobierno era qué hacer con el exdirector de esa paraestatal, Jorge Díaz Serrano, quien aparecía ante la opinión pública como “claramente culpable” de la enorme corrupción que se había producido en el sexenio anterior.

Rememora el expresidente: “La cosa no es tan fácil. Se requieren pruebas concretas. El trámite tiene que ser ortodoxo, y es difícil pensar que Díaz Serrano, como director de Pemex, haya firmado algún papel que pueda constituir prueba en su contra.

“Yo no puedo actuar fuera de la ley en este caso, aunque amplios sectores de la opinión pública continúen condicionándome su confianza a que castigue a los corruptos”.

Finalmente, Díaz Serrano fue a la cárcel, luego de ser desaforado como senador, el 30 de julio de 1983. Permaneció cinco años en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, acusado de la compra de dos barcos que generó un quebranto al erario.

Tres décadas después de ese hecho, está claro que la corrupción del sector público goza de cabal salud y que la gran mayoría de las políticas y reformas legales adoptadas para hacerle frente han sido inútiles o han servido como pretexto para la vendetta.

Ni siquiera la alternancia en la Presidencia de la República —que generó tantas expectativas sobre la eliminación de prácticas típicas de la era autoritaria, como el patrimonialismo— pudo dar al traste con el mal uso de los recursos públicos y el abuso del poder para llenar los bolsillos de los funcionarios y sus socios y familiares.

De hecho, la repartición del pastel político entre un mayor número de jugadores —que, por desgracia, ha sido el signo más visible de la alternancia mexicana— parece haber desatado el apetito voraz de quienes antes no tenían lugar en el festín de la corrupción.

Para quienes pensaban —y me cuento entre ellos— que el advenimiento de la democracia daría lugar a una nueva camada de servidores públicos, marcada por una pasión por servir y no servirse de los cargos que la ciudadanía les confía, lo ocurrido en las últimas tres décadas en materia de lucha contra la corrupción resulta sumamente decepcionante.

Bajemos por un momento al nivel municipal (o delegacional en el DF): ahí siguen vendiéndose los permisos para abrir negocios y las inspecciones siguen siendo pretexto para la mordida.

La corrupción no es monopolio de partido alguno. El caso de la construcción de una sucursal de la cadena Walmart en San Juan Teotihuacán —que remonta a 2004—, exhibió cómo toca la corrupción a las tres principales fuerzas políticas.

De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, a fin de obtener los permisos para acelerar la apertura del negocio, un intermediario de la empresa estadunidense corrompió a funcionarios de los tres niveles: municipal (PRD), estatal (PRI) y federal (PAN).

Otra señal de lo boyante que está la corrupción es el hecho de que, en los últimos años, muy pocos servidores públicos hayan sido procesados o siquiera inhabilitados como resultado de pesquisas contra el mal uso de recursos del erario o por haber sacado ventaja de su posición.

Cómo no recordar las palabras de Francisco Barrio, extitular de la Secretaría de la Función Pública —la desaparecida dependencia que se fundó durante la época de la “renovación moral”—, quien aseguró que iría por los “peces gordos” de la corrupción y los metería a la cárcel.

Desde entonces, apenas unos cuantos charales han caído en las redes, y no sé a usted, pero a mí generalmente me queda la impresión de que quienes caen no son necesariamente los beneficiarios principales de los actos de corrupción sino quienes han caído de la gracia de los poderosos o resultan el hilo más delgado de la cuerda.

Los casos los conocemos todos. Ninguno de los partidos actuales es inocente de procurar la corrupción, pero ésta tampoco fue inventada por alguno de ellos.

En el siglo XVII la corrupción fue un problema tan grande en la Nueva España y otras colonias de ultramar que en las Reales Cédulas promulgadas por el rey Felipe V en 1707, conocidas como los Decretos de Nueva Planta, había disposiciones para combatirla.

Y en los escritos de Jean de Monségur, capitán de navío francés enviado por Felipe V en misión secreta a la Nueva España, se puede leer que los virreyes no eran personas honorables sino funcionarios cuya principal misión era hacerse rico en el corto plazo.

Pero no tiene mucho sentido escudriñar en la historia de la corrupción en México ni debatir cómo se implantó en el país ni filosofar sobre su naturaleza si no hay disposición de ponerle freno.

¿Tiene solución la corrupción? Yo creo que sí. Otros países han avanzado mucho contra ella, como expondré aquí mañana.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2014/08/27/978427

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La corrupción somos todos

Fuente: Denise Maerker / El Siglo de Torreón

500Decir que la corrupción ocurre en todo el mundo, que ha existido siempre y que es un asunto cultural, es una forma de relativizar el problema.

Un día del lejano 1975, apenas iniciada su solitaria campaña presidencial (hay que recordar que no tuvo contrincantes), un periodista le preguntó a José López Portillo que cual iba a ser el lema de su campaña y este contestó a bote-pronto: “La solución somos todos”. Con el tiempo y luego de los faraónicos despilfarros de su gobierno el ingenio habría de transformar el eslogan de campaña por un lapidario resumen de su gobierno: “La corrupción somos todos”.

Y la verdad es que ni la solución de nuestros problemas comunes recae en todos por igual, ni todos por ser mexicanos somos corruptos.

Esto viene a cuento por las respuestas que dio el presidente Peña Nieto el lunes de la semana pasada cuando se le preguntó sobre la corrupción.

Primero dijo que: “…la corrupción es un cáncer social que no es exclusivo de México, lo es de todas las naciones”. Puede ser, pero hay de niveles a niveles. Transparencia Internacional saca cada año su índex de percepción de corrupción del sector público por país. Y de seguro la relación de la ciudadanía con su gobierno, en términos de confianza y de eficiencia, no es igual en Chile que está en lugar número 22, que en Venezuela que está en el 160. México está en el 106, más lejos de Chile que de Venezuela, y peor calificado que Brasil, Perú, Uruguay y Colombia.

El presidente también dijo que a él la corrupción le parece un tema de orden cultural. Esto es, que así como nos gustan las fiestas y la música, y tenemos fama de impuntuales, pues igual nos da por dar “mordidas” o exigirlas. Visto así, los mexicanos somos sin esperanza ni remedio más corruptos que nuestros amigos chilenos, peruanos y uruguayos, por no compararnos con países europeos o nórdicos.

Sin embargo, hay casos de países que han disminuido la corrupción de su burocracia de manera espectacular en unos cuantos años. Georgia pasó del lugar 99 en 2006, al 55 en cuatro años. De ser un país muy corrupto con prácticas heredadas de la Unión Soviética y donde se sobornaba funcionarios hasta para entrar en la Universidad, a ser considerado en 2010 por Transparencia Internacional, el primer lugar de los países que habían reducido el nivel relativo de corrupción y el segundo en cuanto a la percepción de la efectividad del gobierno para luchar contra este problema.

La receta según los estudiosos: voluntad política del gobierno que llegó en 2004 luego de la Revolución de las Rosas para encarar el tema, una serie de modificaciones muy a fondo en los procesos y prácticas burocráticas, y cero impunidad. Por ejemplo se redujeron en 85% las actividades que requerían sacar una licencia y o un permiso y se encarceló en los primeros años por corrupción a los ministros de energía, de transportes y comunicación y al presidente de la federación de futbol. Singapur es el otro caso de referencia. En ambos países lo que cambió fueron las reglas, los procedimientos y los controles, no la idiosincrasia de la población.

El presidente también dijo que: “es un tema humano que ha estado presente en la historia de la Humanidad”. Y seguro que es así. Pero decir que la corrupción ocurre en todo el mundo, que ha existido siempre y que es un asunto cultural, es una forma de relativizar el problema y de declarar de antemano infructuosos y no prioritarios los esfuerzos que se emprendan para abatirla.

Combatir la corrupción no es una prioridad de este gobierno, eso lo entendimos. Pero la receta de la fatalidad que propone el presidente: aceptemos lo que es y lo que hay, es muy preocupante. No sólo porque podría desatar más corrupción sino porque esas prácticas debilitan la credibilidad y la legitimidad de la democracia. Sin un servicio público imparcial y competente* se socava uno de los pilares de la democracia: que todos somos iguales y merecemos el mismo trato, sin importar el grosor de nuestra cartera.

Al menos el ideal, sino es que el objetivo, debería estar presente.

*Ver sobre el tema a Susan Rose-Ackerman, de la Universidad de Yale.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1030688.la-corrupcion-somos-todos.html

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