Un pacto contra el crimen y por la legalidad

Fuente: Pablo Hiriart / El Financiero

consciu1La violencia del crimen organizado y la falta de respeto a la autoridad y a la ley sobrepasan a los partidos. Aislados no van a obtener resultados positivos. Tienen que unirse.

El esquema del Pacto por México dio dividendos positivos para el país en temas fundamentales como la educación, la competencia y la energía. Hay que repetirlo en materia de seguridad.

Todos los partidos necesitan de todos porque sus gobernados están expuestos, por igual, a los estragos de la delincuencia.

No puede decirse que sólo el PRD es un partido tocado por grupos criminales. También lo están el PRI y el PAN.

Por ello la solución no es un asunto de partidos, de quitar del poder a tal o cual membrete y con eso se arreglan las cosas. Es un problema de Estado y requiere una respuesta de Estado.

Si vamos a ser espectadores de cómo priistas, perredistas y panistas se pasan la bola de quién tiene más militantes involucrados en grupos delictivos, nos vamos a llenar de cruces y el país será ingobernable.

Ningún partido va a resolver por sí solo la crisis de violencia y criminalidad, por la sencilla razón de que no es posible.

Si seguimos en esta dinámica, hoy va a aparecer una foto del dirigente del partido equis con un narco, mañana éste filtrará una del líder del partido eñe saludando al hijo de un capo, y después el agraviado soltará el video de una fiesta en la que conviven el hermano de un criminal con el candidato del partido ye.

Así no vamos a llegar a ningún lado. Se van a multiplicar los casos de Iguala o Michoacán, y de lo que se trata es de frenarlos.

Eso se consigue con un pacto contra el crimen y por la legalidad.

Tiene que haber una política de Estado contra la criminalidad, que involucre la responsabilidad de los partidos y la confección de protocolos para la defensa de la legalidad.

Las policías municipales no se pueden mandar solas, aunque el ayuntamiento sea de un color político distinto al del gobernador del estado.

La vigilancia sobre el modo de vida de los alcaldes tiene que ser tarea de los gobiernos estatales y de la Federación. Mano dura e inflexible en cualquier caso se desviación o anomalía, sea del partido que sea.

Se necesitan protocolos acordados por todos para actuar contra los actos delictivos.

Por muy estudiantes que sean, no pueden robarse camiones de la terminal de autobuses. Tampoco se les puede matar por eso, pero ser normalista no da licencia para quemar vehículos ajenos.

Tienen que haber sanciones acordadas por todas las fuerzas políticas y los tres órdenes de gobierno ante hechos que violen la ley y amedrenten a la ciudadanía.

¿Qué hacer ante el bloqueo a una carretera? Debe saberse de antemano qué va a suceder en esos casos, independientemente que gobierne un panista, un priista o un perredista, o de quién haga el bloqueo.

El Ejército necesita protección jurídica en las tareas que el poder civil le ha encomendado y no son de su naturaleza, como es el cuidado del orden público. Hay que legislar sobre ello.

Debemos saber todos qué pasa cuando un delincuente agrede a un policía o a un militar. Y cuál es la sanción para los excesos en el uso de la fuerza.

Eso tiene que acordarse ya, como política de Estado.

@PabloHiriart

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/un-pacto-contra-el-crimen-y-por-la-legalidad.html

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El próximo ombudsman

Fuente: Julián Andrade / La Razón

cndhAntes de un mes el Senado de la República habrá decidido la suerte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como en pocas ocasiones, la determinación de quién debe ser el ombudsman será fundamental para la gobernabilidad democrática.

La situación del país requiere de instituciones protectoras de los derechos fuertes y con prestigio.

Casos como el de Iguala o el de Tlatlaya van a requerir de opiniones independientes a las que puedan expresar las procuradurías y sin duda la CNDH es la institución ideal para hacerlo.

Vamos, es urgente su actuación y sus ausencias o posposiciones debilitan al Estado de Derecho y contribuyen al desaliento público.

La fuerza de la CNDH radica, en gran medida, en la capacidad de su titular para llamar la atención de la sociedad y obligar a las autoridades a corregir o sancionar conductas de las autoridades que violan las leyes.

Para que ello ocurra tiene que contar con un alto grado de independencia, fuerza moral y con un compromiso permanente con la defensa de los más débiles.

Sería bueno que en los próximos días los senadores se pregunten sobre qué institución de derechos humanos quieren para los próximos cinco años y a la luz de las indagaciones que sin duda se tendrán que hacer alrededor de la violencia y sus consecuencias.

Delito que no se investiga y sanciona se repite y ello, en cuestiones de derechos humanos es todavía más profundo, ya que siempre tiene que ver con la calidad de la justicia.

Al final del día, el próximo ombudsman ( inclusive si hay reelección) tendría que realizar una evaluación histórica de lo ocurrido en los últimos años, y sobre su saldo preliminar de 70 mil homicidios y al menos 20 mil personas no localizadas.

Pero también el nuevo titular de la CNDH deberá ser el de la implementación y consolidación de la reforma más ambiciosa en derechos fundamentales, que tiene como eje el artículo primero de la Constitución.

¿Es Raúl Plascencia el perfil idóneo para lo que viene? Hay decenas de organizaciones no gubernamentales que piensan que no, y han dado argumentos para sostener su postura.

¿La CNDH estuvo a la altura de la gran emergencia que inició, al menos desde 2008, y que aún continúa? Los datos están a la vista y pueden servir para normar criterio.

Los senadores tienen la palabra y la oportunidad de colocar a la CNDH, de nueva cuenta, en el centro de la agenda pública, pero por buenas causas y motivos.

julian.andrade@razon.com.mx
Twitter: @jandradej

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Doscientos largos años

Fuetne: Diego Valadés / Reforma

udemHace doscientos años iniciamos el que ha sido un largo camino para constitucionalizar al país. Todavía no alcanzamos la meta. La cuna de nuestro constitucionalismo está en lo que ahora son Guerrero y Michoacán y hay un gran contraste entre lo que sucedía cuando se forjó la esperanza y lo que ocurre donde se sufre la tragedia.

En 1813, en el Congreso de Chilpancingo, José María Morelos presentó uno de los más importantes documentos de nuestra historia constitucional: los Sentimientos de la Nación. Allí proponía, entre otras cosas, “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Doscientos años después debemos reconocer que estas breves líneas siguen representando un objetivo insatisfecho.

En octubre de 1814 fue promulgada en Apatzingán la primera Constitución mexicana. La originalidad de esta norma consistió en que los revolucionarios decidieron que su movimiento tuviera una base jurídica. Este es un hecho excepcional en las revoluciones del planeta y denota que en el origen de nuestro Estado nacional se tenía una idea precisa acerca del valor del derecho.

Pero las cosas no resultaron conforme al proyecto de los próceres. Durante los 36 primeros años de vida independiente se produjeron alrededor de 50 planes revolucionarios y rigieron cuatro constituciones (1824, 1836, 1843, 1857), una Constitución restaurada (la de 1824, en 1847), dos bases constitucionales (1822 y 1835), un acta constitutiva (1824) y dos cartas otorgadas (1822, 1853).

En esos siete lustros la estructura jurídico-política del país estuvo regida por nueve instrumentos distintos. Las normas adoptadas intentaron diversos modelos de organización y de gobierno: monarquía y república; federalismo y centralismo; democracia y dictadura. Había la ilusión de que las normas bastarían para hacer la felicidad del país. Por diversas causas el esfuerzo resultó infértil porque en ese proceso el país se desangró, se desgarró y se deprimió: se perdieron vidas, territorio y esperanzas.

Las primeras constituciones compartieron dos características: fueron confesionales y rígidas. Conforme a sus disposiciones los mexicanos y sus autoridades tenían la obligación de ser católicos, y todas las normas supremas fueron consideradas intocables por periodos muy amplios. Como resultado de la intolerancia religiosa se dio un pretexto más para la escisión de los territorios del norte, colonizados por protestantes, y como consecuencia de la rigidez que impedía reformar las constituciones, se optó por desconocerlas y sustituirlas. Esa intolerancia y el precario diseño de los ordenamientos constitucionales contribuyeron a fracturar al país y a precipitarlo en la incertidumbre y la violencia.

El constituyente de 1857, el más ilustrado de cuantos hemos tenido, enmendó los yerros precedentes. Suprimió la intolerancia religiosa y adoptó una técnica adecuada de reforma constitucional. En sus sesenta años de vigencia fue modificada en 34 ocasiones; en promedio una reforma por bienio. Lo que no pudo evitar, por diversas razones, fue el establecimiento de la dictadura. La fluidez permitió que esa Constitución subsistiera más de medio siglo y habría tenido una mayor longevidad de no haber sido porque la ausencia de libertades públicas, la asimetría entre los órganos del poder y la inequidad social provocaron la Revolución.

La Constitución de 1917 profundizó la laicización del poder y atendió la cuestión social. También conservó la flexibilidad para su reforma, pero en este caso en 97 años ha sido objeto de 220 decretos de cambio, un promedio de 2.2 por año. Comparada con la de 1857, el ritmo de modificaciones se multiplicó por más de cuatro veces. Merced a la evolución de la carta queretana contamos con un sistema de libertades públicas, pero subsisten las asimetrías en el poder y la inequidad en la sociedad.

Las carencias sociales y la debilidad institucional se traducen en violencia y corrupción, y están produciendo una crisis nacional. A doscientos años de la primera Constitución seguimos sin resolver cuestiones básicas. Por eso es necesario convocar a una reforma profunda de nuestras instituciones. La historia enseña lo que no debemos repetir: aguardar hasta que se produzca una nueva ruptura constitucional.

@dvalades

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=38151#ixzz3GEeTNDzs

@reformacom

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¿Y la protección a las personas?

Fuente: Armando Salinas Torres / Excélsior

manosEs inconcebible que le dediquemos más atención a la protección de los animales que a los seres humanos.

En el estado de Guerrero, al igual que en otras entidades del país, se aprueban legislaciones con la finalidad supuesta de prohibir el maltrato animal, y escribo supuesta porque en muchos casos en realidad se aprueban tales legislaciones con la finalidad de realizar acciones que legitimen al gobierno y, sin embargo, a pesar de ello, en estados como el citado de Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, y muchos más, los miembros de los propios cuerpos de seguridad cometen actos de barbarie, asesinatos, torturas y tratan a sus víctimas peor que a los animales.

Los acontecimientos en Guerrero, al igual que en muchos otros lugares que poco se difunden o ya no se recuerdan, evidencian el menosprecio o, en el mejor de los casos, el desconocimiento que el uso de la fuerza pública se otorga al Estado con la finalidad de preservar la vida humana y  garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, así como otorgarle los cauces adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones.

Desde hace varias décadas se ha cuestionado en forma reiterada la función que desempeñan los cuerpos institucionales de seguridad pública en las administraciones de los gobiernos emanados de los diferentes partidos políticos y, sin embargo, las respuestas y los resultados evidencian la incapacidad y falta de atención adecuada para cumplir la tarea de profesionalizar la prestación del servicio con el que surge el Estado, que es la de usar la fuerza pública para seguridad y protección de las personas.

Lamentable y criminalmente, para lo que realmente ocupan a la policía muchos de los gobiernos es para garantizar, a toda costa, la permanencia de quien ejerce el poder público, cuando dicho ejercicio de poder debe basarse en el consenso de la sociedad y del cumplimiento de la ley.

En las últimas décadas también se han hecho innumerables manifestaciones públicas y marchas de todos los sectores de la población demandando al Estado mayor seguridad, y detener la violencia que se padece en casi todo el territorio nacional en detrimento de todos los estratos sociales, sin embargo, las respuestas de los tres órdenes de gobierno siguen inconexas, esporádicas y sólo como parte de una estrategia gubernamental que cambia con las elecciones.

En la medida en que realicemos una supervisión externa a los gobiernos, en forma permanente, profesional y apartidista sobre todos los procesos de los cuerpos de seguridad, superando las tradicionales concepciones que han evidenciado el fracaso, tal como lo han propuesto diferentes organizaciones civiles, tales como México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, entre otros, podremos recuperar la seguridad y confianza en los cuerpos policiales, pero si continuamos encomendando dichas funciones a quienes una y otra vez han fracasado en el intento, continuaremos padeciendo y profundizaremos la crisis en que nos encontramos.

Ante los acontecimientos que día a día padecemos en el país, relacionados con la inadecuada selección, preparación, control y supervisión de los cuerpos de seguridad, demuestran el fracaso estrepitoso del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los miles de millones de pesos que se le ha destinado, ya sea por el burocratismo, corrupción e ignorancia de quienes conservan el control de las estructuras policiales, pero protegidos por la complicidad política de los gobernantes que poco o nada han querido hacer para responsabilizarse de un problema que en forma reiterada les explota en las manos, y sólo se supera con paliativos en tanto otro nuevo escándalo los supera.

En tanto este tema no se aparte de la agenda electoral y se acuerde por los partidos políticos nacionales como una prioridad que trascienda a las diferencias partidistas, el confort de los diferentes niveles de gobierno se sostendrá por el uso ilimitado, incontrolado, abusivo y criminal de la fuerza pública, en detrimento de todos, incluso de quienes no se sienten afectados por este problema, hasta que lo padecen en carne propia.

                *Abogado postulante

http://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-salinas-torre/2014/10/15/987037

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El espacio del acuerdo

Fuente: Miguel Ángel Olguín / La Razón

ayotzi¿De dónde viene la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala Guerrero?, ¿de dónde viene el holocausto sufrido por el pueblo judío?, ¿de dónde vienen los asesinatos masivos del estalinismo?, ¿de dónde viene el tráfico de órganos humanos en la China comunista de hoy?

Los desacuerdos, las guerras, los conflictos, nacen con el patriarcado. Antes no hay vestigios de guerra, ni armas, sólo utensilios–herramientas.

Con el patriarcado nacen: la competencia, la ley del más fuerte; luego las leyes, el derecho divino, los derechos humanos, la democracia, para tratar de contener los horrores que el patriarcado genera.

El patriarcado se inicia con la agricultura, los hombres dejan de salir a cazar y como son más fuertes que las mujeres deciden mandar.

La característica fundamental del matriarcado es la cooperación. Sus dos reglas básicas de convivencia son: amor y juego.

En el matriarcado se forman grupos humanos para cooperar y poder vivir bien. En el patriarcado se forman grupos para competir con otros grupos, para ganarles, para destruir a los otros.

Por todo esto, Humberto Maturana, un médico, fisiólogo y pensador de origen chileno, ha logrado con el apoyo de la Unesco, restablecer un sistema de formación básica en las escuelas de su país, basado en los principios del matriarcado. El objetivo es formar personas que tengan como principio básico de vida, cooperar.

Actualmente, la causa del patriarcado es la avaricia. Tratar de tener más dinero y más dinero. Concentrar la riqueza es el objetivo último de la competencia.

Guerrero es el estado del país en el cual las reglas del patriarcado que allí se vive, son las más arcaicas. Sigue existiendo un sistema de caciques: unos cuantos se quedan con todo, por la ley del más fuerte. Por las armas, asesinando, abusando.

En Guerrero la mayoría de la población vive en la pobreza. La gente, muchas veces, tiene que escoger entre morirse de hambre o morir a balazos, “de muerte natural”, como se dice allá.

Guerrero no fue catequizado en la Colonia. Los reportes del Arzobispado de Puebla acerca de los curas de Guerrero eran: “el cura estaba borracho”; “no estaba porque huyó con una muchacha”; “el cura se fue a Acapulco a esperar a la Nao de China”. A Guerrero la Iglesia Católica mandaba a los peores sacerdotes porque estaba muy mal comunicado y era muy peligroso.

En la Costa Grande de Guerrero se asentaron piratas que venían huyendo de la flota inglesa; la Costa Chica se pobló con los esclavos negros que huían de las minas de Taxco; en la Montaña los pueblos originales siguen incomunicados y en condiciones de pobreza extrema; la capital Chilpancingo ha crecido en el mayor desorden y sin desarrollo económico, sólo se puede vivir de las burocracias gubernamental o universitaria; en el norte del estado, en la región de Iguala, se desarrolló una exitosa agricultura de exportación, que ahora el crimen organizado dedica a las drogas; por muchos años el único municipio de Guerrero que generaba ingresos fue Acapulco, pero conforme crecía el puerto se contaminaban las playas porque hacia ellas descarga el drenaje de la ciudad, y dejó de ser “la playa más bella del mundo” visitada por la estrellas de Hollywood, por reyes y príncipes.

Los líderes más eficaces y activos de la Guerrilla en Guerrero, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas fueron estudiantes de Ayotzinapa.

Lo que acaba de pasar en Iguala, con los estudiantes de Ayotzinapa, es equiparable a los horrores del Holocausto: un día toman a decenas de personas y las desaparecen. Por eso la reacción mundial de crítica por estos hechos.

En el siglo XIX Guerrero tuvo un sólo gobernador capaz, Juan N. Álvarez, que construyó la primera carretera a la Ciudad de México. En el siglo XX creo que sólo ha habido tres gobernadores verdaderamente interesados en el desarrollo del Estado. Los demás sólo han ido a ver qué se roban.

¿Cómo se va a resolver el gravísimo problema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

El primer paso es decir la verdad. Encontrar a los estudiantes, decir exactamente qué pasó y castigar a los culpables.

La solidaridad con esos estudiantes, con sus familias, con la Ilustre Escuela de Ayotzinapa y con todo Guerrero es iniciar un auténtico plan de desarrollo, honesto y eficaz, cuyos resultados serán a largo plazo. Sin embargo, es necesario pasar a Guerrero de la competencia de los caciques a la cooperación de gobernantes responsables y éticos.

Yo tengo esperanza en que estos terribles hechos generen en el futuro cercano una mejor vida para todos los guerrerenses.

No es la primera vez que suceden estos horrores en Guerrero, pero sí es la primera vez que se conocen mundialmente, gracias a la comunicación global que hoy existe.

Yo tengo confianza en el Presidente de México, que ha caracterizado su gobierno por “El Espacio del Acuerdo”, como sucedió con el Pacto por México. Él puede impulsar en Guerrero una nueva vida basada en la cooperación.

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=232094

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¿Y si legalizamos..?

Fuente: Yuriria Sierra / Excélsior

jesusWhat if?… reza aquella frase anglosajona para referirse a una posibilidad. A un pensamiento hipotético. Partiendo de ahí, pensamos entonces: ¿qué pasaría —haciendo la traducción al español— si se legalizara, al menos, la mariguana? Esta es la gran pregunta a la que se le ha dado la vuelta. Apenas se ha encontrado quien se ha atrevido a poner en la mesa un debate con el que no ha pasado nada. Y, bueno, aunque pocos, muchos de ellos de mucho peso. Como expresidentes de todo el continente; no sólo los mexicanos Vicente Fox, y sí, Ernesto Zedillo, sino también Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ruth Dreifuss, de Suiza. Para todos es evidente que ésta no es una discusión sencilla. Cómo podría serlo. Tendría que serlo. Y si no sencilla, al menos sí urgente…

Basta con mirar la coyuntura nacional. Tanto derramamiento de sangre. Sangre de culpables, de criminales; pero tristemente, sangre de inocentes en la que el país ve ensuciado su suelo, sus paredes, sus fosas. Siempre que hemos escrito en este espacio al respecto, nos planteamos aquella pregunta que escribíamos al inicio. Porque es necesario que se hable sobre ello con más decisión, con más convicción de que se debe encontrar una nueva estrategia para combatir al narcotráfico.

Lo mismo volví a pensar ayer por una nota publicada en Excélsior: “Se fuma más mariguana que tabaco en DF…”. El dato es la conclusión a la que se llega con los números que arrojan los Centros de Integración Juvenil A.C., que observó esto después de que en nuestro país se reformó para hacer legal la portación de hasta 5 gramos de cannabis para uso personal. La ley contra narcomenudeo no da pie para la posesión de drogas, más bien autoriza que, bajo ciertas circunstancias y señalando cantidades, un consumidor pueda libremente hacer uso de éstas. Claro que es una reforma mucho muy ambigua —me atrevería tal vez a decir que absurda— porque hace legal este mínimo consumo, pero sigue haciendo ilegal lucrar legal y controladamente con él. Entonces, lo ilegal es el mercado que se ha creado y es ahí donde está el origen de una realidad que hoy tiene a México como lo hemos visto y leído en los últimos días: con una problemática generada no por los efectos que produce el consumo de drogas, sino por los que produce su demanda.

Actualmente, y desde que se aprobó la reforma que referimos y que sucedió en 2009, en nuestro país estas son las dosis máximas de portación de drogas para consumo personal. ¡Ojo!, no sólo se habla de mariguana, de la que, ya sabemos, son 5 gramos: opio, 2 gramos; heroína, 50 mg; cocaína, 500 mg; LSD, 0.015 mg; metilendioximetanfetamina, MDMA y metanfetamina: 40 mg en su presentación en polvo (o cristal) y 200 mg en tableta o cápsula. Ésas, las dosis legales. Pero en el mercado todas las dosis siguen comercializándose al margen de la ley, de la fiscalización, de los mercados regulados y a los que, además, garantizan que la competencia no se resuelva matando personas.

Entonces, nuestra realidad autoriza, como lo hace con el tabaco o el alcohol, el consumo personal en esas pequeñas dosis, pero, a diferencia de aquellas otras drogas (por que fumar y beber también crean adicción), no tienen un posicionamiento en el mercado de forma legal. No tienen publicidad, no son empresas establecidas, no pagan impuestos. Y muy importante, no derraman sangre para continuar operando. Todas estas drogas, las legales y las ilegales, enferman y pueden matar a las personas que las consumen. Pero al menos, en un marco de legalidad, los peligros serán los riesgos que el libre albedrío de las personas que las consumen conlleven. La demanda por cualquier droga, legal o ilegal, es sumamente inelástica. El que desea consumirla, lo hará con o sin el beneplácito del Estado. La diferencia, insisto, es que el mercado negro trae consigo muchas más muertes asociadas no a la decisión de consumo de los individuos, sino a la disputa brutal y sanguinaria por arrebatarse el mercado en el que esa decisión de consumo se concreta.

Cuando ayer escribía esto en mi cuenta de Twitter, algunos me contestaban que el cáncer (para referirse al tabaco) y los accidentes automovilísticos (para hacer lo propio con el alcohol) producían más muertos al año en nuestro país. Y es cierto, pero también es cierto que su consumo, como el de las llamadas “drogas duras”, es una responsabilidad y decisión estrictamente personal. Además, su control tiene más que ver con políticas de salud pública que de seguridad. E insisto: la demanda por drogas es tan inelástica como la demanda por tabaco o por alcohol. El que los quiere consumir, los consume sin importar si lo tiene que comprar en el Oxxo o con un dealer.

Aunque son grandes golpes a las estructuras de las organizaciones criminales el que se detenga a piezas clave, como ayer Héctor Carrillo Fuentes, El Viceroy, como hace una semana Héctor Beltrán Leyva, El H (y antes de ellos El Chapo Guzmán, El Barbas, etcétera), porque hablan también de un trabajo de inteligencia por parte del Estado, resultan a su vez golpes insuficientes porque éstos no provocan a corto plazo una disminución de los conflictos y la violencia que derraman sangre que, repito, es en su mayoría de inocentes; de civiles que, tal vez, en su vida probaron droga ninguna… Y ése tendría que ser un argumento moral, filosófico, ético más que suficiente para transitar hacia ese urgente debate.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/2014/10/10/986135

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12 millones y medio de pesos para los asesinos de Iguala

Fuente: Carlos Puig / Milenio

rifleEl 25 de mayo de este año, el Diario Oficial de la Federación publicó el “Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (Subsemun), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Guerrero y los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta”.

Ahí se señala que se le entregarán a Iguala 10 millones de pesos de recursos federales y dos y medio millones de pesos de recursos estatales. Firmaron entre otros, el entonces titular del Secretariado Ejecutivo, Monte Alejandro Rubido; el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y por supuesto, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Unos días antes, Guerrero había recibido del gobierno federal, con un convenio similar pero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 235 millones, 902 mil cien pesos.

Subsemun y FASP, las dos herramientas con que la Federación paga la mayor parte de la seguridad pública de municipios y estados, son también dos de los fondos gubernamentales más opacos en México.

Hace poco, la organización Causa en Común hizo públicos algunos ejemplos detectados por la Auditoría Superior de la Federación:

En Baja California no se pudo demostrar en qué se gastaron 145 millones 977 mil 300 pesos, sin que se hubieran iniciado procedimientos para encontrar a los responsables de dicha irregularidad en 2009.

En Veracruz desaparecieron de la cuenta bancaria del fondo 122 millones 162 mil 400 pesos, durante 2010

En Michoacán, no se demostró dónde se aplicaron 238 millones 728 mil pesos durante 2011.

La propia Auditoría Superior, en un informe de 2013 sobre gasto federalizado, señaló la mala ejecución, falta de transparencia y, en general, desorden de ambos fondos.

¿Por qué si ya había denuncias en su contra se le dieron esos millones a Abarca? ¿Dónde quedaron esos millones? ¿Dónde quedaron las cantidades similares que se le dieron en otros años? ¿Quién le pidió y a quién le rindió cuentas?

Una vez más: ¿por qué la mucha coordinación de los muy coordinados no hizo algo al respecto?

dudarazonable@milenio.com

Twitter: @puigcarlos

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/millones-medio-pesos-asesinos-Iguala_18_390141024.html

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Pundonor

Fuente: Pascal Beltrán del Río /Excélsior

pascal_beltran_vertical_20130619La mañana del 16 de abril pasado, el crucero sudcoreano MV Sewol, que cubría la ruta entre Incheon y Jeju, se hundió cuando llevaba a bordo a 472 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria de un suburbio de Seúl.

El desastre, en el que murieron 300 personas, desató una acalorada discusión en la opinión pública de Corea del Sur.

Entre los señalados por su responsabilidad, estuvieron, en primera instancia, el capitán del crucero y la tripulación, así como el dueño de la empresa naviera. Sin embargo, las autoridades no se salvaron de los cuestionamientos, desde los reguladores hasta la propia Presidenta del país.

La crítica contra el gobierno por el hundimiento incluyó tanto el laxo marco regulatorio —que, a juicio de algunos, provocó el desastre— como la tardanza e impericia de los cuerpos de rescate.

Las reacciones públicas de distintos políticos y funcionarios que trataron de minimizar la tragedia sólo sirvieron para aumentar la ira popular.

El 27 de abril, once días después del naufragio, presentó su renuncia el primer ministro sudcoreano Jung Hong-won, un connotado fiscal que había alcanzado la notoriedad por la forma en que llevó a juicio, por corrupción, a familiares del expresidente Chun Doo-hwan.

“Lo correcto es que yo asuma la responsabilidad, como la persona responsable del gabinete, y presente mi renuncia”, dijo Jung en una breve y estremecedora declaración ante los medios.

Días antes, el primer ministro había sido abucheado al tratar de visitar a los sobrevivientes y familiares de los jóvenes fallecidos. Éstos culparon a las autoridades por la lentitud con que fue ejecutado el rescate y por los cambios frecuentes en la información que les fue entregada.

“De parte del gobierno, ofrezco mis disculpas por no haber prevenido el desastre y por las fallas en el rescate”, afirmó el primer ministro, quien subrayó que su renuncia era la única forma de pedir perdón.

“Al ver a las familias dolidas, sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, y la tristeza y resentimiento de la ciudadanía, llegué a la conclusión de que yo debía asumir la responsabilidad como primer ministro”, aseveró Jung, quien narró que el recuerdo del llanto de los deudos no lo dejaba dormir.

“En nuestra sociedad, se ha permitido que existan muchas irregularidades y prácticas incorrectas. Espero que, esta vez, estos males enraizados se corrijan y este tipo de accidente no vuelva a ocurrir”.

Una investigación nunca hubiera encontrado legalmente responsable al primer ministro del hundimiento del MV Sewol. Sin embargo, Jung sabía que el gobierno que encabezaba no podía seguir con el día a día de los asuntos públicos del país ante tales cuestionamientos.

La responsabilidad política de un funcionario público incluye identificar el momento en que las circunstancias hacen imposible su permanencia en el cargo. O cuando su estancia complica el arreglo de una situación conflictiva.

En esos momentos tiene que sentarse a pensar si va a optar por lo que le conviene a él personalmente o lo que resulta mejor para la gente a la que sirve.

Yo no sé si el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pueda conciliar el sueño ante lo ocurrido en Iguala hace 17 días, pero sus declaraciones no reflejan dolor sino cálculo político. Incluso se da tiempo de criticar a quienes opinan que debería irse.

En lo personal, no señalo su responsabilidad legal en los hechos. Incluso sé que si él no quiere presentar su licencia al cargo, va a ser muy difícil obligarlo a que lo deje antes del 26 de octubre de 2015, cuando tenga que entregarlo, por ley, a quien resulte elegido en las urnas el próximo 7 de junio.

Sin embargo, al poner en el centro de la discusión de la tragedia de Iguala su permanencia en el cargo, el gobernador Aguirre no está ayudando a aclarar los hechos, como ya se vio en las discrepancias públicas que ha tenido con los investigadores de la Procuraduría General de la República.

Yo no creo que, con la presentación de su licencia, Aguirre se iría “como asesino o represor”, como afirmó él mismo hace unos días.

Me parece que, de optar por esta salida, contribuiría a que la investigación llegue a fondo y se pueda emprender, cuanto antes, el camino de buscar soluciones políticas a la cooptación que ha hecho el crimen organizado de las instituciones.

Como en el caso del hundimiento del crucero en Corea del Sur —que fue un accidente, no una masacre provocada, como la de Iguala—, en Guerrero hay un distractor demasiado grande para que el actual gobierno del estado pueda seguir como si nada.

Cuando los funcionarios y gobernantes mexicanos comiencen a mostrar pundonor ante acontecimientos de este tipo, honrarán la labor de servicio que se espera de ellos y mejorará su percepción entre la ciudadanía.

Por desgracia, los políticos mexicanos enseñan con demasiada frecuencia que lo que les interesa es el provecho personal que sacan de los cargos públicos y no el servicio que le deben a la ciudadanía.

Yo espero que el gobernador Ángel Aguirre, que es un político experimentado, comprenda que —más allá de que él no tenga, que se conozca, una responsabilidad legal directa en los hechos de Iguala— es imposible seguir al frente del gobierno estatal en estas condiciones. Y que lo mejor para los guerrerenses, a los que él se debe, es presentar ya su licencia al cargo.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2014/10/13/986610

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Ser independiente, coyuntura imposible

Fuente: Carlos Requena / El Economista

discursoEn medio de expectativas inéditas e inseguridad desbordante a nivel nacional, el 7 de octubre arrancó formalmente el proceso electoral 2014-2015. Se disputarán 2,051 cargos públicos federales y estatales, incluidas nueve gubernaturas, 500 diputaciones federales y más de 900 presidencias municipales. Inciertos son el rumbo y destino de la nación.

Al debut del Instituto Nacional Electoral se suma la promesa del presidente de su Consejo General, Lorenzo Córdova, de que serán las elecciones más transparentes y equitativas de la historia. Y las más costosas, agregaríamos. Su promesa no será fácilmente alcanzable; las aguas en las que navega el barco ciudadano son cada vez más turbulentas. Tráfico de influencias, corrupción e impunidad dificultan la visibilidad hacia un mejor futuro y desgastan la confianza hasta agotarla.

Existen enormes recursos para una buena travesía electoral, lo mismo que voluntad de muchos; sin embargo, varias anclas, representadas por los partidos políticos, resultan muy pesadas. Ejemplos los hay, y no sólo en el contexto de casos como la presunta responsabilidad del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, por actos delictivos y autoritarios, y su supuesta vinculación con la desaparición de 43 normalistas en ese municipio guerrerense invadido por tremenda indignación; una de las innumerables gotas que derraman el vaso de la esperanza en el país.

¿Qué clase de políticos nos ofrecen los partidos? La partidocracia mexicana y su deformación sistemática de la democracia han fomentado que las oligarquías partidistas asuman el control de las elecciones. Mientras tanto, surgen cada vez más expresiones de hartazgo frente a esos institutos políticos y ningún acto de contrición resultará suficiente para apaciguar las numerosas conciencias civiles ofendidas.

Forzada bienvenida ofrece el panorama nacional a las candidaturas independientes; figura que por primera vez, desde 1946, aparecerá en elecciones federales. En el marco de abusos e injusticias, muchos políticos no le tienden voluntariamente una alfombra roja a esta nueva opción de participación ciudadana, fruto de la reciente reforma electoral. Lo cierto es que estas candidaturas se legitiman más, mientras más lejos estén de los partidos.

Por ahora el recorrido de las candidaturas ciudadanas es tortuoso. Muy difícil será para un independiente aspirante a la Presidencia recabar las firmas de 1% del electorado nacional, y que alguien consiga las rúbricas de 2% del padrón de un estado o distrito para ser senador o diputado federal. Pero algo sí queda claro para los postulantes independientes: sus poderosos competidores, los partidos políticos, les están allanando el camino.

Gobernanza metropolitana

Muy atinado el llamado del Instituto Mexicano de la Competitividad para replantear el rol de cada nivel de gobierno en el país. A juicio de la directora de Competitividad Urbana, Gabriela Alarcón, los estados y municipios han fallado en su gestión y en la gobernanza del territorio, sobre todo en las ciudades. La Federación, asegura, es un mal necesario. “El gobierno federal necesita poner orden para que la gobernanza metropolitana no dependa de convenios inestables ni de comisiones metropolitanas sin dientes, donde los expertos opinan, pero no aterrizan”. Totalmente de acuerdo.

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2014/10/12/ser-independiente-coyuntura-imposible

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Elogio a la Tierra Caliente

Fuente: Germán Martínez Cázares / Reforma

ticaEs la misma tierra ensangrentada de Guerrero, Michoacán y sus límites mexiquenses, la que pisó hace 200 años José María Morelos, para conquistar la Independencia.

Quizá sea un capricho histórico, pero esas adoloridas regiones de Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Tlatlaya, Valle de Bravo y el sur de Michoacán, hace dos siglos vieron ondear aquella misteriosa bandera insurgente -”el doliente de Hidalgo”-, con su enigmática calavera blanca y su cruz negra montada en un fondo rojo. ¿Presagio de libertad, anuncio de muerte? No lo sé. Pero justo hoy, el drama de ese suelo desafía con fuerza, no al inútil gobierno perredista de Ángel Aguirre, ni siquiera al gobierno de Peña; la tierra caliente guerrerense y michoacana -donde nació el moderno Estado mexicano- está retando ¡vaya paradoja! al propio Estado, a su fortaleza institucional y a su capacidad de ordenar la vida social en libertad, con plena obediencia a la ley.

La aspiración de Morelos manifestada en Chilpancingo de vivir en un país de instituciones y de leyes está a prueba ¡juego del destino! exactamente en los lugares donde los insurgentes huyeron del asedio del virrey Calleja, y soportaron hambre, sed y fatigas, para salvar al Supremo Congreso y deliberar, redactar y votar una Carta Magna, como cimiento nacional.

Después de las tragedias en Tlatlaya y Ayotzinapa las preguntas son: ¿sirve nuestra Constitución?, ¿funciona organizar en instituciones al poder?, ¿es posible nuestra convivencia libre en el marco de la ley? Hace 200 años Morelos, a pesar de las amenazas de sus enemigos, de la fragilidad de su ejército, de la muerte del líder del movimiento (Hidalgo), y la de su brazo derecho (Matamoros), y con el poderío de las fuerzas realistas acosándolo permanentemente, creyó que sí. Apostó por lo que ahora llamaríamos un Estado democrático y de derecho; y en medio de la guerra, con heroísmo singular, promulgó una Constitución en Apatzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1814.

Esa geografía de la independencia está convertida en un mapa del horror, pero el escenario se percibe más grave, el país parece naufragar en la zozobra nacional producida por partidos políticos sin crédito, Congreso sin respuestas, tribunales estatales sin autoridad, Cámaras locales que no representan a nada ni a nadie, gobiernos sin mando, criminales disfrazados de policías y alcaldías carcomidas por el delito.

El drama de las fosas de Iguala está mezclado con un dato no menor: ¿el Presidente no puede pisar la Cámara de Diputados para homenajear a Morelos y a la Constitución de Apatzingán? ¿Sin una vida regular y coordinada entre las instituciones, cómo ganarán la batalla a la delincuencia? La impunidad triunfa.

El desorden entre poderes es una oportunidad al crimen y motivo perfecto para abrir la puerta a la “antipolítica”, esa moda fácil acoplada al hartazgo social de culpar a la política de todos los males y juzgar igual a todos los gobiernos.

Pero la “antipolítica” también crece cuando un gobierno mediocre acorralado por su ineficiencia y un partido cómplice, en lugar de responderle al pueblo, ¡le preguntan! El artificio de la consulta perredista en Guerrero no es ni remedo democrático, es simple treta dilatoria para que la camarilla de Aguirre pueda seguir cobrando del erario público.

El Estado no es el adversario a vencer. Fortalecerlo es el mejor homenaje a los Constituyentes de Apatzingán.

Si el PAN ya escarmentó finalmente su apoyo a Ángel Aguirre, en expiación de su desliz debería presentar en el Senado una iniciativa para legalizar la obvia desaparición de poderes en Guerrero (el espectáculo carroñero perredista al culparse de vínculos con el alcalde de Iguala anuncia varios votos a favor). Y el PRI-gobierno federal, ojalá haya aprendido la lección de que apagar la televisión para el tema de seguridad no resuelve el problema.

Morelos hace 200 años, en peores circunstancias, juró cumplir y hacer cumplir una Constitución. ¿Hoy nuestros gobernantes no pueden hacer lo mismo?

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