Justificar las decisiones: una práctica democrática

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

justifComo si fuera un asunto de poca monta, ninguna instancia del Estado mexicano se ha molestado en ofrecer una explicación a por qué:

i) el Ejecutivo emitió un decreto otorgando estímulos y condonando los adeudos fiscales por concepto del Impuesto Sobre la Renta a los estados y municipios hasta 2008.

ii) la Ley de Ingresos de 2013 concedió la condonación de los impuestos sobre la renta recaudados por los estados y municipios y nunca entregados a la Federación desde 2008 hasta 2012.

iii) esa misma ley estableció un beneficio fiscal sobre el pago del ISR a cargo de sus trabajadores en un monto de 60% para 2013 y de 30% para 2014.

iv) un conjunto de ciudadanos agrupados en el amparo #YoContribuyente no tenemos interés legítimo en el asunto.

v)  no podemos conocer con exactitud el monto de recursos que no llegaron ni llegarán a la Tesorería de la Federación por concepto de las condonaciones y beneficios fiscales.

No estamos hablando de un asunto menor. Se trata de que el cobro de impuestos se llevó a cabo, pero nunca llegó a su destino final y obligado; de que la omisión en el pago de las contribuciones retenidas por los patrones del sector público o del privado —ellos sólo son vehículo recaudatorio— es un delito equiparado a la defraudación fiscal; de que no se está distribuyendo la carga tributaria de manera equilibrada; de que al condonar impuestos que se tenían presupuestados, el gasto al que estaban destinados quedó afectado. Se trata de un asunto que, con cálculos de la Auditoría Superior —porque el SAT nos ha negado la información—, alcanza los 20 mil millones de pesos  que el gobierno dejó de recaudar por cuenta de la condonación tan sólo en 2012 (Juan Pardinas, Impulso Guanajuato, 02/03/14).

Los tres poderes y, desde luego, los estados quienes fueron los beneficiarios, cojean de la misma pata. Piensan que la democracia se agota en el hecho de que las autoridades sean elegidas o, en el caso de la SCJN y del SAT, designadas por los representantes electos. Consideran que a partir del momento que asumen sus cargos sus decisiones no tienen por qué ser justificadas ante los sujetos que las gozan o las padecen; ante los gobernados. Se les olvida que el debate público, la deliberación, el razonamiento, la explicación, la difusión, son todos ingredientes que hablan de la calidad de la democracia y que abonan a la legitimidad del sistema y de los gobernantes. En lugar de ello, al menos en este caso, han optado por la indiferencia y la opacidad.

El Poder Ejecutivo decretó el perdón de adeudos y establecimiento de beneficios fiscales a los estados. Los legisladores aprobaron subsiguientes condonaciones. El SAT incumplió al menos en dos ocasiones con su obligación de informar a cuánto asciende ese beneficio por cada municipio y estado. La Suprema Corte desechó por tres votos contra uno el proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossío respecto al legítimo interés de un conjunto de ciudadanos que reclamamos la inconstitucionalidad de la condonación de los impuestos retenidos y no pagados a la Tesorería de la Federación por parte de los gobiernos locales.

El Ejecutivo no explicó el por qué de los decretos. Los legisladores no dieron cuenta de las razones para aprobar las condonaciones. La segunda vez que el SAT negó la información requerida no lo hizo a través de la Consejería Jurídica ni pudo sostener que la negativa se amparaba en el hecho de que se trataba de un asunto de seguridad nacional.

Y, lo que quizá llama más la atención, los tres magistrados de la SCJN que votaron en contra muestran su desdén al no dignarse a debatir, razonar  y divulgar  el por qué del rechazo al proyecto inicial que proponía reconocer que los contribuyentes sí tenemos interés legítimo para promover amparos que cuestionan al gobierno sobre el ejercicio de los recursos públicos, en este caso los demandantes del #YoContribuyente. A manera de información, los integrantes de la Primera Sala se limitaron a poner en la página oficial que el proyecto se desechó por mayoría de tres votos y que debía turnarse a un ministro de mayoría para que elabore un nuevo proyecto.

Nadie se molestó en contestar las muy simples preguntas de por qué los gobernadores se quedaron con los recursos retenidos a sus trabajadores, trasladaron la carga tributaria sobre el resto de los contribuyentes y encima no dieron cuenta de qué hicieron con esos recursos.

Lo relatado hasta aquí constituye una cadena de arbitrariedades o al menos de desprecio por la ciudadanía de la que no se salva ninguna de las tres ramas de gobierno y ninguno de los tres órdenes de gobierno.

No se trata de desconocer la autoridad de cada instancia para tomar las decisiones con carácter de obligatorias en su esfera de competencia. Tampoco de acusar a las autoridades de ser “carentes de independencia”, “vendidas” o “atender intereses particulares” cada vez que hay una acción o resolución contraria a lo que pensamos algunos. Lo único que se pide es una simple y llana explicación. Por eso María Marván tiene razón cuando reclama “el derecho a discutir lo público en público”.

*Investigador del CIDE
amparo.casar@cide.edu
Twitter: @amparocasar

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2014/07/30/973578

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Trata de personas: esclavitud globalizada

Tal parece que nos hemos habituado a ver como natural y aceptable que el engaño, la fuerza y la ambición delictiva estén por encima del derecho de las personas a su libertad.

Fuente: Mauricio Farah Gebara / Milenio

prostEn un mundo globalizado, donde las distancias se reducen a segundos y las empresas transnacionales fabrican en China un tornillo que habrá de unir en México partes manufacturadas en Malasia, también, lamentablemente, se globaliza el delito, en particular el que convierte a los seres humanos en mercancía.

La trata de personas no es solo la esclavitud del siglo XXI (ya que éste es el tiempo en el que se expande y profilera en magnitudes sin precedente), sino también porque tiene un carácter global, más allá de fronteras y de leyes migratorias que han sido insuficientes para contenerla.

La esclavitud humana va de un lugar a otro y no hay acuerdo internacional que la contenga. Los tratantes son hoy los grandes beneficiarios de la incompetencia, la complicidad o la indiferencia de pueblos y gobiernos.

El año pasado, la organización australiana Walk Free Foundation elaboró el Índice Mundial de Esclavitud 2013. La fundación detectó 29.8 millones de personas explotadas, 9 millones más que la cifra de más de 21 millones calculada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La fundación realizó sus investigaciones en 162 países y encontró víctimas de trata en todos los casos sin excepción. Sin importar el grado de desarrollo ni el nivel de vida de las naciones, la trata está presente en todas las sociedades.

Quizá a ello se deba nuestra apatía. Tal parece que nos hemos habituado a ver como natural y aceptable que el engaño, la fuerza y la ambición delictiva estén por encima del derecho de las personas a su libertad.

Por eso hay que combatir el hábito y recuperar nuestra capacidad de indignación, la que suele romper nuestra indiferencia solo cuando la víctima es muy cercana. Cercanas, en realidad, son todas las víctimas. Cada niña, niño, mujer y hombre explotado son parte nuestra, pues ninguna sociedad podrá aspirar a la justicia y al bienestar mientras uno o miles de sus integrantes sean tratados como objetos y sometidos a la voluntad de quien dispone de vidas ajenas para labrarse un inmundo bienestar económico.

En la mayoría de los casos las víctimas son las personas con mayor vulnerabilidad social y económica: niñas, niños, adolescentes y mujeres pobres, indígenas o migrantes, que son explotados en su propio país o que son trasladados a otro con mayor poder económico.

Las naciones desarrolladas se muestran sorprendidas de lo que puede ocurrir en naciones pobres, pero buena parte de los consumidores de trata son oriundos de los países prósperos, donde se aprecia la esclavitud como uno de los beneficios al alcance del dinero.

Con motivo del Día Mundial Contra la Trata de Personas es pertinente recordar que, de acuerdo con la fundación mencionada, los diez países con mayor predominio de esclavitud (relación entre población y número de personas explotadas), son Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia, Benín, Costa de Marfil, Gambia y Gabón.

En términos absolutos, los países con más esclavos son India (casi 14 millones), China (casi tres millones), Pakistán (701 mil), Etiopía (651 mil) y Rusia (516 mil). En contraste, los países que tienen menos esclavos son Islandia, Irlanda y Reino Unido.

Según el índice de la fundación, en el Continente Americano hay 1 millón 134 mil esclavos, principalmente en Haití, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia. Incluso en Estados Unidos la fundación encontró 60 mil personas esclavizadas.

El hecho de que México no ocupe una posición relevante en esta lista no implica que estemos exentos de padecer este flagelo. La trata existe en México y asfixia la vida de miles de personas; además, nuestro país es el principal corredor de tránsito de víctimas de trata en la modalidad que se refiere a aquellas personas que salen de sus países en busca de una mejor calidad de vida y que, por la fuerza o mediante engaños, terminan inmersas en las redes de tratantes.

Hay que congratularse de que la Asamblea General de la ONU haya determinado el 30 de julio como Día Mundial Contra la Trata de Personas, lo que seguramente contribuirá a la visibilidad de este delito y a la difusión de su magnitud, causas y efectos. Ello, sin embargo, no basta. El mayor aliciente a la prevalencia y expansión de la trata es la impunidad.

Una lógica elemental indicaría que la lucha contra la trata debería estar en primer lugar en el combate a este delito, pues no puede haber peor transgresión que el robo de la libertad, el sometimiento por la fuerza o el engaño, la conculcación de los derechos humanos, la diaria humillación de la explotación sexual y laboral de personas.

Aprovechando la conmemoración de este día, refrendemos el compromiso de nuestro país para combatir las manifestaciones de la trata, sin perder de vista que cada una de las naciones requiere hacer un esfuerzo más sistemático y eficaz para erradicar lo que es ahora un cáncer global.

*Secretario General de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos
@mfarahg

http://www.milenio.com/firmas/mauricio_farah_gebara/Trata-personas-esclavitud-globalizada_18_345145526.html

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El salón, gran maestro

Fuente: Miguel B. Treviño / AM

taches1¿Qué pasa en el salón de clases cuando cada uno de los siete millones de maestros se presentan frente a un grupo en las escuelas de América Latina y el Caribe?

Esa es la pregunta que se plantearon Barbara Bruns y Javier Luque en la investigación empírica más grande que jamás se haya hecho sobre educación. Les tomó un lustro visitar una muestra de 15 mil salones de clases en 3 mil escuelas, incluyendo primarias y secundarias. El reporte completo se publicará el 3 de septiembre.

¿Qué pasa en México? El estudio de Bruns y Luque nos permite responder la pregunta comparada contra otros países de América Latina.

El salón de clases es el microcosmos de la educación, es ahí donde sabemos si las reformas sirven para cambiar algo; es desde ese espacio concreto donde tendríamos que discernir qué batallas políticas entre gobierno, sindicato y organizaciones de la sociedad tienen sentido y cuáles no.

Para los investigadores son tres líneas de la política pública en las que se ha concentrado el trabajo de los gobiernos latinoamericanos: reclutar mejor a los maestros, acompañarlos en el desarrollo de sus capacidades y motivarlos a estar en permanente búsqueda de mejorar.

El documento de trabajo de “Great Teachers: how to raise student learning in Latin America and the Caribbean” (http://documentos.bancomundial.org) incluye cruces interesantes entre perfiles de los maestros, características de su comportamiento frente al grupo y resultados obtenidos por país en la prueba PISA.

Uno de los focos rojos más evidentes para la región, pero sobre todo para México, tiene que ver con algo tan elemental con el uso del tiempo del maestro en el salón: ¿está o no está el maestro?, ¿y qué hace cuando está?

México aparece en el sótano de la tabla: el maestro ocupa el 52 por ciento de su tiempo en educar. El 39 por ciento del tiempo se va en administrar y un 9 por ciento del tiempo el maestro no está, literalmente.

Esa tercera categoría no existía en el plan original del estudio, pero ante la repetición del fenómeno en diferentes países se tuvo que incluir.

Colombia tiene maestros con el 65 por ciento de tiempo neto en instrucción. Estudios similares para países desarrollados marcan como normal el 85 por ciento del tiempo.

El estudio, patrocinado por el Banco Mundial, nos permite dimensionar la gravedad de lo que toleramos: la doble ausencia del maestro.

Lo que pasa con el magisterio en lo macro se transfiere a lo micro con el docente frente al grupo. Los 30 mil maestros “comisionados” administrando asuntos sindicales se replican en el salón con maestros que administran y pierden el tiempo dos días y medio por semana.

Desde el SNTE y desde el gobierno se han querido encasillar como simplistas las batallas de organizaciones como Mexicanos Primero en relación a abrir la información, acabar con el despilfarro de maestros comisionados, evaluar a todos los maestros y transparentar resultados.

Las evidencias internacionales más bien parecen confirmar que así de elementales son nuestros retos actuales: lo primero es que el maestro esté y dedique su tiempo a tratar de enseñarle a los niños.

El bono demográfico ya se nos fue, perdimos ese momento en que tuvimos al grueso de la población recibiendo educación básica.

La prioridad ha sido hasta ahora llevar la fiesta en paz con los líderes magisteriales.

Una nueva oportunidad por aprovechar es la demanda que en términos cuantitativos empezará a ir en descenso.

Los recursos liberados pueden ir a seguir apapachando líderes magisteriales o a premiar a los maestros que sí están frente al grupo.

La reforma pendiente es la del salón de clases; la de una administración de los recursos públicos que vincula de manera cada vez más rigurosa el destino del maestro con el destino de los niños y que es severa al medir resultados.

La alternativa es aceptar que los niños (y eso es a los que les fue bien) tengan maestros de lunes, martes y la mitad del miércoles. Es decir, seguir condenados a país bananero.

@miguelbtrevino

http://www.am.com.mx/notareforma/59207

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Poner orden sin matar a nadie

Fuente: Román Revueltas Retes / Milenio

altoHay que poner orden en este país. Es una tarea tan apremiante como necesaria para asegurar las mínimas condiciones que exige la modernidad. México es un territorio de abusos, desbarajustes, alborotos y desgobiernos. Pero, esa confusión —alentada aviesamente por los victimistas, que son legión, de una oposición desleal (y promovida también por un pueblo indisciplinado, reacio a someter sus reales designios a los simples mandatos de las leyes)— esa confusión deliberada, repito, entre el ejercicio legítimo de la autoridad y el despliegue abusivo de la represión sigue siendo un obstáculo monumental en el camino hacia la convivencia armónica de nuestra sociedad.

Naturalmente, buena parte de la protesta social —perfectamente entendible en un país desigual e injusto (estas condiciones son también parte del problema)— se adhiere al principio de la agitación pública, traspasando las fronteras de la resistencia civil y adentrándose en los inquietantes terrenos de la violencia, y es justamente por ello que vemos bloqueos de carreteras y avenidas por poco que haya dejado de surtirse agua a una comunidad o que se vaya a comenzar la construcción de una obra de ingeniería que disgusta a los vecinos.

Los pretextos más peregrinos, aparte de ilegítimos, sirven para llevar a cabo algaradas y disturbios que, al final, afectan únicamente al resto de los ciudadanos, primerísimos damnificados de una protesta social que, si lo piensas, termina siendo esencialmente insolidaria en tanto que perjudica gravemente a gente que nada tiene que ver. Confrontadas a este estado de cosas, las autoridades han tomado el camino de no responder, desentendiéndose olímpicamente de su obligación de mantener el orden público y de preservar las condiciones para que se puedan desempeñar las más básicas actividades de la cotidianidad colectiva. Y es que, miren ustedes, la mera intervención de la fuerza pública, así sea para cumplir con las disposiciones previstas en la Constitución (sus preceptos, por lo visto, no serían mandatos obligatorios sino simples rutinas de carácter opcional según el criterio del funcionario de turno), es percibida, por tirios y troyanos, como el acto represivo de un régimen que, al parecer, no contaría siquiera con la mínima legitimidad para controlar a los revoltosos que interrumpen el tráfico en una autopista o que destrozan los escaparates de los comercios.

México se ha convertido entonces en el paraíso de los agitadores y en una suerte de pequeño infierno para quienes, en circunstancias de total indefensión, se encuentran de pronto secuestrados, ésa es la palabra, por los primeros. Pero, he aquí que cuando, en una de las entidades federativas, un gobernador decide promover instrumentos legales para reglamentar la intervención de la policía y comenzar a resolver el problema, la actuación de los agentes se salda con la muerte de un niño. O sea, que no hay término medio. Seguirá pues el desorden.

revueltas@mac.com

http://www.milenio.com/firmas/roman_revueltas_retes_interludio/Poner-orden-matar-nadie_18_340945940.html

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High times

En Estados Unidos se han dado cuenta que la lucha en contra de la mariguana es más dañina que la mariguana misma.

Fuente: Ana Paula Ordorica / Excélsior

cannaLa ley vigente en EU que prohíbe el consumo de mariguana data de 1970, cuando Richard Nixon era presidente y en el legislativo el senador Thomas Dodd logró su aprobación al sacar un paquete de mariguana que, dijo, había ocasionado tales alucinaciones en un sargento en Vietnam que lo llevó a ordenar un ataque con morteros en contra de sus propias tropas.

Esta historia es parte de un conjunto extenso de artículos titulado High times que estará publicando The New York Times en las próximas semanas a propósito del editorial principal que sacó en primera plana de su edición dominical pidiendo una legalización a nivel nacional de la mariguana.

High times es un editorial histórico para este importante diario y para el tema mismo en EU. Además, estará acompañado de datos, gráficas y encuestas para el público lector con el fin de reforzar el punto de vista del Times: la mariguana no es más dañina que el alcohol o el tabaco y, sin embargo, su prohibición genera efectos negativos en lo social, salud, político y económico.

Al día de hoy en EU, 35 estados y el Distrito de Columbia permiten el uso de mariguana con fines medicinales. Además, 18 estados y el Distrito de Columbia han descriminalizado el consumo de mariguana. Esto significa que alguien que posee pequeñas dosis de mariguana no tiene problemas con la ley. Y dos estados, Colorado y Washington, han legalizado la mariguana con fines recreativos. A ellos se les podrá unir Alaska y Oregon este año.

Esto significa que hoy por hoy, 74% de la población en EU está sujeta a reglas más relajadas sobre el consumo de mariguana. Sólo 26% de los habitantes de EU viven bajo reglas que la prohíben de manera absoluta, como lo mandata el Acta sobre Sustancias Controladas de la FDA.

En esta Acta la mariguana está considerada tan peligrosa como la heroína, el LSD y la bufotenina. Y en contraste la cocaína y las metanfetaminas están listadas un rango más bajo en el grado del daño que pueden causar. En esta primer serie de editorial y artículos el Times propone tres cosas: que la mariguana deje de ser considerada de manera tan absurda en el Acta sobre Sustancias Controladas; que los estados puedan decidir qué tipo de reglas aplicar al consumo, venta y posesión de mariguana y que eventualmente sea legal la mariguana a nivel nacional para mayores de 21 años.

La tendencia hacia la legalización en EU y el mundo es evidente. Los estadunidenses han pasado de ver publicidad en contra del consumo de drogas como una campaña nacional que pedía simplemente decir no (Just say no); a que Bill Clinton admitiera que había probado la mariguana… pero no la había inhalado; y a un Barack Obama que ha dicho que la ha probado e inhalado en muchas ocasiones.

Esto ha sido así, de acuerdo a las encuestas del Pew Center y de Gallup, no porque los estadunidenses sean más liberales ahora, sino porque se han dado cuenta que la lucha en contra de la mariguana es más dañina que la mariguana misma.

La tendencia hacia la legalización es clara. Cuando eso suceda, México evidentemente tendrá que cambiar su política prohibicionista. También se tendrá que replantear la estrategia antinarco, sin duda.

El reto para nuestro país, como ha sido apuntado en este espacio en otras ocasiones, será poder contar con reglas e instituciones fuertes al momento de llevar a cabo las modificaciones. Algo que no sucede ahora ni respecto al consumo de tabaco y alcohol.

                         @AnaPOrdorica

http://www.excelsior.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/2014/07/28/973167

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Salvaje filantropía

Fuente: Jesús Silva-Herzog Márquez / Reforma

salvajeEn la extraordinaria crónica de lo que León Krauze encontró al visitar La Gran Familia veo una estampa que dice mucho. Tras el operativo policiaco que puso al hospicio en el centro de la atención nacional, una mujer regresa al albergue buscando a su hija. Sola, sin capacidad para cuidarla, la entregó hace años al DIF del Estado de México. La institución del Estado mexicano tampoco tuvo capacidad para cuidarla y la cedió a un establecimiento privado, en Zamora, Michoacán. Los encargados del DIF incluso le sugirieron a la madre que cediera la tutela de su niña para que pudiera enderezar el camino y que no la buscara hasta que cumpliera 18 años. Lo hizo entonces, cuando su hija había alcanzado la mayoría de edad pero no le dieron ninguna información. No la pudo ver. No la ha vuelto a ver. Una madre en condición desesperada acude al Estado mexicano demandando ayuda en la crianza de su hija. El Estado mexicano se deshace de la niña de inmediato y se desentiende del cuidado solicitado.

La Gran Familia encierra una novela inverosímil. Un relato que tiene en el centro a un personaje complejo y fascinante; una historia que podría ser un fragmento representativo de nuestro tiempo. Tal vez, una descripción condensada de Michoacán en donde se cruzan la generosidad y la doblez moral, las transformaciones políticas y la corrupción social que ha generado una atmósfera criminal. Es también una reiteración del tema de México: el fracaso del Estado. Nuestra instancia común desatiende sus responsabilidades más elementales. Es incapaz de castigar delincuentes, de aplicar sus propias reglas, de cuidar a los más vulnerables y supervisar la gestión privada de la asistencia social.

En su hagiografía de Mamá Rosa, el escritor francés J.M.G. Le Clézio describe la casa como una nación paralela: una república de niños. La jefa, poco menos que una santa: “La verdad es que Rosa Verduzco es y quedará como una de las figuras en el valle de Zamora rayando lo que llamamos santidad -con todo lo que eso comporta de excesivo y prodigioso”. Le ofreció una familia a los miles que nunca la tuvieron: dio techo, comida, oficio. La santa obró milagros: niños destinados a la cárcel fueron convertidos, dice el Nobel, en artistas. La imagen política de Le Clézio es interesante: el albergue como una ciudad paralela sujeta al mando implacable de su fundadora. Y es que, en efecto, lo que puede advertirse es que los muros de la casa delimitaban una entidad legalmente emancipada que recibía regalos de la sociedad y apoyos del gobierno pero no aceptaba supervisión alguna. Un orden independiente y arbitrario libre de cualquier vigilancia externa.

Más que ausente o quebrado, el Estado parece aquí como un Estado abdicante. Las relaciones de la casa con el poder público fueron, al parecer, constantes y muy benéficas para La Gran Familia. La SEP pagaba los maestros de la casa, el IMSS enviaba médicos regularmente. Instituciones públicas como el DIF colaboraban cotidianamente con la casa. El trato era permanente pero las instituciones del Estado renunciaron a su responsabilidad de supervisar, de vigilar la conducción del albergue. Lejos de establecer reglas claras a la residencia que apoyaba, lejos de visitarla periódicamente para examinar las condiciones de vida de los niños, el Estado mexicano confió ciegamente en la piedad, en la devoción de una mujer a su misión moral. Nadie puede sorprenderse de los arcaicos métodos disciplinarios de la casa, de la ausencia de un saludable régimen alimenticio, de la carencia de una gestión razonable de un albergue al que el Estado mexicano apoyó durante décadas con chequera abierta y ojos cerrados. La Gran Familia no era una institución privada y profesional sino el fortín de un apostolado individual. Si la entrega de una mujer a los abandonados puede ser admirable, la subordinación de la política pública a la piedad de un individuo es inadmisible.

Querer el bien es la más hermética de las justificaciones. La intención, por auténtica y admirable que sea, no garantiza un desenlace socialmente benéfico. Más aún, la consagración de una vida a una causa suele ofuscar el juicio. Deslumbra, sobre todo, si no se reconocen límites, si no se rinden cuentas a nadie, si no se admiten reglas de fuera. Ésa es la generosidad que alienta un Estado que abdica de sus responsabilidades esenciales: una filantropía salvaje.

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=32327

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Ignatieff: éxito y fracaso en política

Fuente: Juan Ignacio Zavala / Milenio

fuegoFuego y cenizas (ed. Taurus) es el título de las originales memorias políticas del historiador y prestigiado intelectual canadiense Michael Ignatieff. Es común encontrar en los libros escritos por políticos una alabanza a lo que hicieron, una justificación de lo que no les salió y una constante como falla: la autocrítica. El canadiense decidió hacer un libro diferente, uno que pudiera servirle a un joven que inicie su carrera política. Narra con sencillez su aventura reciente, que concluyó en un fracaso mayúsculo, en las actividades políticas: sus triunfos y sus amargas derrotas, la quiebra de su ingenuidad y la sorpresa de un mundo que pensaba, desde su cubículo, más manejable de lo que en realidad es. La franqueza de Ignatieff es agradecible desde cualquier ángulo y la política, como toda actividad universal, es muy similar sea en Canadá o nuestro país. Dejo a los lectores con algunos subrayados y, ojalá, se decidan a leer el libro completo.

“… disfruté de grandes momentos de felicidad al pensar que iba a ser capaz de hacer grandes cosas por los demás y ahora vivo con la pena de que nunca seré capaz de hacer nada. En resumen, viví esa vida. Pagué un precio por lo que aprendí. Perseguí el fuego del poder y contemplé cómo la esperanza quedaba reducida a cenizas”.

“La política pone a prueba tu capacidad de conocerte más que cualquier otra profesión que yo conozca”.

“Francamente, no creo que las ambiciones enfrentadas puedan reconciliarse nunca, ni siquiera entre amigos”.

“Mientras que el medio natural de un pintor es la pintura, el de un político es el tiempo, porque debe adaptarse continuamente a sus cambios repentinos, inesperados y brutales”.

“En realidad, aún no había comprendido que, en política, las explicaciones siempre llegan demasiado tarde. Nunca debes dar explicaciones ni quejarte. Como mucho, si eres afortunado, podrás vengarte”.

“Al entrar en política debes renunciar a la espontaneidad y a uno de los placeres de la vida: decir lo primero que se te viene a la cabeza. Si quieres sobrevivir, debes colocar un filtro entre tu cerebro y boca. Cuando las palabras son armas y pueden volverse contra ti, expresarte libremente es un lujo que no puedes permitirte”.

“El descenso en el número de personas que se identifican como miembros del partido subraya un cambio general hacia un electorado más individualizado y volátil. Incapaces de ofrecer más que una lealtad disminuida, los partidos están perdiendo su capacidad de orientar el voto hacia sus candidatos”.

“En la política de baja calidad que debemos soportar, el objetivo explícito del ataque es evitar el debate, para evitar los riesgos inherentes al libre intercambio de ideas. Una vez que has negado a la gente el derecho a ser escuchada, ya no tienes que refutar lo que dicen. Solo hay que ensuciar lo que son”.

“Uno de nuestros más distinguidos diplomáticos, Robert Fowler, dijo que nuestro partido había perdido su alma. Ya no defendíamos nada, y los años en el poder nos habían corrompido”.

“No existen técnicas en la política; no es una ciencia sino un arte carismático, dependiente de la capacidad de persuasión, de la oratoria y de una perseverancia a prueba de bombas, todo lo cual puede aprenderse en la vida, pero no enseñarse en un aula o en el despacho de un consultor”.

juanignacio.zavala@milenio.com

Twitter: @juanizavala

 

http://www.milenio.com/firmas/juan_ignacio_zavala/Ignatieff-exito-fracaso-politica_18_343345680.html

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Uno cada 23 minutos

Fuente: Gerardo Galarza / Excélsior

balaDurante 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México ocurrieron 22 mil 732 homicidios a lo largo y ancho del país. En otras palabras, cada 23 minutos, segundos más segundos menos, en el transcurso de las 24 horas de los 365 días de ese año, una persona murió de forma violenta a manos de otra.

El número de asesinados en México durante 2013 no es un cálculo o una suposición; proviene de los registros de cuatro mil 994 oficinas del Registro Civil y de mil 117 agencias del Ministerio Público. La cifra, también hay que decirlo, es menor en dos mil 781 asesinatos a los ocurridos un año antes, es decir, representa una disminución de 12.45 por ciento.

Eso dicen las cifras de la institución oficial y autónoma del gobierno de México para sus estadísticas nacionales, aquellas que sirven para la planeación e instauración de políticas públicas en todos los ámbitos del quehacer nacional. Éstas, específicamente, están sustentadas en actas de defunción y en averiguaciones penales.

Hay una convención aceptada por la ONU para comparar equitativamente los índices de homicidios en los diversos países y esa es la del número de muertos por cada 100 mil habitantes, aunque haya quienes digan que tampoco es tan exacta, ya que la definición legal de homicidio no es homogénea entre las naciones. Como fuera, sirve en las comparaciones de niveles de violencia. La encargada de esas estadísticas es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

La cifra informada por el Inegi significa que en México hubo 19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2013. Si son o parecen muchos o pocos, veamos. Las estadísticas de la ONUDD, correspondientes a 2013, colocan a Honduras en el primer lugar de esa lista, con 90.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, y le siguen Venezuela, con 57.7; Belice, con 44.7; El Salvador, con 41.2, y Guatemala, 39.9. No es casualidad que estos cinco países estén en América, el continente más violento del mundo, de acuerdo con esta estadística: 157 mil asesinatos, 36% del total mundial. Todavía en esta macabra lista americana están Colombia (30.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes), Puerto Rico (26.5), Brasil (25.2) y República Dominicana (22.1), por encima de México. Hay países como Mónaco y Liechtenstein, que registraron tasa cero en homicidios por cada 100 mil habitantes; la de Singapur fue de 0.2; Japón e Islandia tuvieron 0.3, y Kuwait y Hong Kong, 0.4.

Contra lo que se cree (en México esta creencia tiene tintes de dogma de fe), los 22 mil 732 muertos por homicidio durante 2013, al igual que en años anteriores y también en los años que vendrán, no son producto de la lucha contra el crimen organizado o la guerra contra el narcotráfico. El homicidio es la muerte, generalmente violenta, producida por una persona contra otra o contra sí misma. Sus causas son efecto del combate al crimen, los enfrentamientos entre pandillas o criminales, las riñas callejeras y de cantina, por problemas laborales, conyugales, familiares, pasionales, herencias, imprudencias, discusiones, venganzas y un largo etcétera. Bueno, en México y en muchos otros países el suicidio es legalmente un homicidio y, por lo tanto, estará incluido junto con todos los demás en la cifra global anual.

De acuerdo con cálculos y cifras de instituciones públicas y privadas (Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, CIDE, CIDAC, Tecnológico de Monterrey y la oficina de la ONUDD en México), el índice de impunidad en nuestro país varía para los delitos graves en 93% y 98.5% de los denunciados. Aquí también hay una cifra negra: la de los no denunciados.

En la hipótesis de que ese índice de impunidad ha descendido a 90% (estudiosos de la estadística me dicen que éste no es nada fácil, pero, bueno, seamos optimistas), desde que esas instituciones públicas y privadas elaboraron sus estadísticas e hicieron sus diagnósticos, resulta que hoy hay 20 mil 458 homicidios ocurridos en 2013 sin resolver y otros tantos asesinos que no han recibido su pena legal por el crimen cometido. Esto se llama impunidad. En otras palabras, en México se puede matar y no pasa nada. La responsabilidad absoluta es de las autoridades, las federales y las estatales, las de los poderes ejecutivos (que tienen a su cargo la investigación, a través de las procuradurías o fiscalías) y las de los poderes judiciales (jueces).

Sin dramatismo alguno, no es difícil imaginar el impacto que han sufrido en el año 2013 (sin olvidar las cifras de años anteriores) 22 mil 732 familias mexicanas por el asesinato de alguno de sus miembros; tampoco el que viven otras tantas familias cuando alguno de sus miembros se convirtió en asesino el año pasado. Las estadísticas no lo reflejan. Lo único que hoy podemos saber es que un hecho desgraciado de estos ocurre en nuestro país cada 23 minutos, las 24 horas de los 365 días del año.

Es cierto que no hay sociedades humanas perfectas, aun aquellas cuya tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es cero, pero una de las mayores imperfecciones y de los peores fracasos de cualquier sociedad se llama impunidad. En México, la vivimos todas las horas de todos los días.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/gerardo-galarza/2014/07/27/973040

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El “Times”, la mota, Peña y el urgente debate mexicano

Fuente: Carlos Puig / Milenio

repealThe New York Times inició ayer una serie de reportajes y comentarios editoriales sobre la mariguana, en la que pide abiertamente al gobierno federal de Estados Unidos que derogue su prohibición.

Comparándola con la prohibición del alcohol que duró 13 años del siglo pasado, el Consejo Editorial del Times dice que “han pasado 40 años desde que el Congreso aprobó la prohibición de la mariguana infligiendo un enorme daño de la sociedad solo por prohibir una sustancia menos peligrosa que el alcohol”.

La enorme influencia del Times en la política estadunidense y en otras partes del mundo seguramente revivirá un debate que parecía haber perdido fuerza en el último año.

Dice el consejo editorial del Times: “No hay respuestas perfectas a las preocupaciones legítimas de la población sobre el consumo de mariguana. Pero tampoco existen este tipo de respuestas sobre el tabaco o el alcohol y creemos que en todos los ámbitos —efectos sobre la salud, el impacto en la sociedad y las cuestiones de la ley y el orden— la balanza se inclina claramente del lado de la legalización nacional. Eso pondrá las decisiones sobre la conveniencia de permitir la producción y consumo con fines recreativos o medicinales donde pertenece: a nivel estatal”.

En México, el debate parece haberse anquilosado. Por una parte hay una estrategia legal que navega con lentitud el laberinto del proceso judicial mexicano. En el lado político el impulso inicial de hace unos meses, sobre todo en la Ciudad de México, parece haber naufragado ante las dudas y silencios del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Tanto así que, salvo Jorge G. Castañeda en su artículo de Reforma, los impulsores de la legalización, dejaron pasar la muy interesante declaración del presidente Peña a El País el 9 de junio, en la que abiertamente pidió un debate regional al respecto: “La demanda que hemos hecho ya nosotros es que revisemos el tema, sentémonos a debatir sobre el tema, a revisar la política que se ha seguido en los últimos 30 o 40 años y que a la postre solamente ha arrojado mayor consumo y mayor producción de drogas. Por tanto, es una política fallida. Hay que revisar eso”.

Creo que la decisión del Times y la discusión que se generará esta semana es buena oportunidad para tomar la palabra a Peña Nieto y abrir un debate muy público que por fin termine con este absurdo que tanto nos ha costado en vidas, dinero y seguridad.

dudarazonable@milenio.com

Twitter: @puigcarlos

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Times-Pena-urgente-debate-mexicano_18_343945643.html

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La tragedia de las familias… y de los niños

Que el concepto de familia ahora sea más amplio y reconozca nuevas realidades le añade complejidad al fenómeno y hace más urgente la tarea de diseñar y aplicar una política pública que elimine las causas de los malestares que se generan en su interior.

Fuente: Milenio / Guillermo Valdés Castellanos

niñosmHace varios años hicimos en GEA una encuesta para un DIF estatal del norte del país. Se trataba de conocer la problemática de las familias con el fin de adecuar lo más posible los programas de esa institución a las necesidades de la familia. El resultado no fue sorpresivo, pero sí muy preocupante. En orden de importancia, los problemas mencionados fueron: falta de trabajo y pobreza; desintegración de la familia (divorcios, ausencia o abandono del hogar por parte del padre o de la madre, niños arrojados a la calle); violencia intrafamiliar; pandillerismo e inseguridad y adicciones (alcoholismo del padre y consumo de drogas en los jóvenes).

Al hacer a un lado el tema del desempleo, la problemática estrictamente familiar (desintegración, hijos adictos, papás alcohólicos, mujeres y niños golpeados, adolescentes embarazadas, pobreza) revela una situación terrible: una buena parte de las familias ha perdido su carácter original: ser la institución proveedora de bienes, generadora de bienestar social —como el cuidado, la alimentación y la formación de las nuevas generaciones; el aprendizaje de valores; la solidaridad entre sus miembros; la vida amorosa en pareja, etcétera— y ahora genera muchos males; se ha convertido, en buena medida, en productora de malestar social.

No es que antes las familias no tuvieran problemas o que fuera una institución idílica, sino que ahora las condiciones sociales, económicas y culturales han generado problemas nuevos y de una gran diversidad en el seno de las familias, sin que éstas ni la sociedad tengan las capacidades para afrontar las nuevas situaciones. Por ejemplo, la incorporación masiva de la mujer a las actividades productivas, voluntaria u obligada, sin la existencia de guarderías suficientes para el cuidado de los niños y con la permanencia de patrones machistas que hacen mal visto que los hombres se dediquen a tareas domésticas. Otro: el inicio precoz de la vida sexual sin una educación adecuada en esa materia, que entre otras razones, produce miles de adolescentes embarazadas.

De esa cadena de problemas que aquejan la vida familiar, los niños suelen ser el eslabón más débil, pues su capacidad de defensa es mínima. Por ello resienten más el impacto de la desintegración, de la violencia, de la pobreza, del alcoholismo de los padres. Acaban maltratados, desprotegidos y hasta expulsados de la familia. Miles se van a las calles, emigran a Estados Unidos o acaban en lugares como Casitas del Sur o La Gran Familia.

Que muchísimas familias generen más malestar que bienestar social no ha sido un fenómeno relevante para los diseñadores de políticas públicas. El DIF es la institución gubernamental que dice dedicarse a “conducir políticas públicas en materia de asistencia social que promuevan la integración de la familia”. Sin embargo, haciendo a un lado el tema económico, pues no es tarea del DIF resolver el desempleo, la adaptación de la estructura de los programas ofrecidos por esa institución a la problemática real ha sido insuficiente y lenta. Resulta que la mayor parte del presupuesto se ha dedicado, durante décadas, a financiar los famosos desayunos escolares y otros programas asistencialista que no resuelven ni por equivocación, los problemas más urgentes y graves que viven las familias. Puros paliativos.

En los últimos años se han creado en el DIF algunos programas —fortalecimiento de las procuradurías de defensa del menor y de las familias; estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras—, pero no son prioritarios en términos presupuestales. Tampoco se tiene una concepción integral del nuevo fenómeno familiar, a partir de la cual se hayan diseñado tanto una política pública integral como una estructura programática multidisciplinaria y no solo asistencial, frente a los múltiples problemas de la familia del siglo 21.

Que el concepto de familia ahora sea más amplio y reconozca nuevas realidades le añade complejidad al fenómeno y hace más urgente la tarea de diseñar y aplicar una política pública para las familias, que elimine las causas de los múltiples malestares que se generan en su interior, a menos que prefiramos lidiar con crisis humanitarias por la migración infantil o con orfanatorios que se convierten en infiernos.

http://www.milenio.com/firmas/guillermo_valdes_castellanos/tragedia-familias-ninos_18_340945905.html

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