Corrupción y Estado corrupto

Fuente: Pablo Gómez / Milenio

corrup22aEl gobierno de Peña sabe que no se puede combatir la corrupción desde el PRI, es decir, desde él mismo. Que, por el contrario, se requiere organizarla lo más que se pueda.

Es del todo natural que se equivoquen Peña Nieto y algunos otros descalificados para abordar el tema de la corrupción en un país que sufre de un Estado corrupto. En todo sistema de poder existe corrupción, pero no siempre prevalecen estructuras corruptas.

México es uno de esos países en donde la corrupción es forma de ser del Estado y, por tanto, la sociedad ha sido enredada en los hilos de un entramado generalizado. Todo lo que se pueda decir sobre la cultura de la corrupción, la condición humana y otros disparates sólo son maneras de tratar de justificar ese fenómeno, esa estructura que tiene responsables políticos concretos y, también, corruptos de carne y hueso.

El Estado mexicano ha sido tratado como una inagotable fuente de patrimonio personal y empresarial. A través del desvío de fondos públicos y de concesiones se han creado pequeñas y grandes fortunas. Pero, además, no existe corporación empresarial mexicana que no haya sido beneficiada de la corrupción.

Los instrumentos para combatir la corrupción son todas las instituciones, todas las oficinas públicas y no sólo las auditorías y procuradurías, como algunos dicen suponer. Todo servidor público está obligado a cumplir con su deber y, en esa dirección, a impedir el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, las discusiones sólo son sobre la eficacia de ciertas instituciones que, por diseño y estructura funcional, no podrán jamás combatir la corrupción.

La reforma sobre sueldos, por ejemplo, fue presentada por mí en el Senado como aquella que escogía el PRD para ser especialmente negociada con los demás. Era una por cada partido (año 2006). El PRI (Beltrones) presentó un proyecto sobre la comisión para la reforma del Estado. El PAN (Creel) inició la suya: incompatibilidades de los servidores públicos, lo que se llamó la ley anti Diego, aquella que iba a acabar con el tráfico de influencias o el uso de cargos políticos para hacer negocios o impactar casos judiciales o, sencillamente, para litigar contra el Estado. Las dos primeras fueron aprobadas, la tercera se atoró en la Cámara de Diputados porque muchos priistas y panistas se negaron a discutirla. El nuevo artículo 127 constitucional —sueldos de servidores públicos— fue aclamado por la crítica, pero mediatizado por el gobierno panista con la ayuda del PRI, ya que hasta ahora carece de leyes reglamentarias (federal y locales) de tal manera que —se dice sin razón— no se puede aplicar. Hay un proyecto congelado en la Cámara.

En cuanto al organismo anticorrupción, es claro que para perseguir corruptos no se necesita una comisión, sino una agencia con capacidad de ejercer acción penal con la mayor independencia del gobierno y de todos los demás poderes formales e informales.

En México, las zonas alejadas de la corrupción son muy pocas. Pero la corrupción no es una enfermedad, sino parte del sistema político, es una forma de operar, de financiar a personas y empresas en tareas que algo tienen que ver con la política o que necesitan de ésta para llevar a cabo proyectos de cualquier especie. La estructura corrupta se construyó durante muchas décadas, por lo cual se puede decir que el mayor fracaso de los partidos de oposición que critican la corrupción es haberla mantenido como parte del sistema cuando asumieron responsabilidades de gobierno. Esto sí que duele pero, más allá de esto, nos muestra el carácter que tiene la corrupción en México.

El gobierno de Peña sabe que no se puede combatir la corrupción desde el PRI, es decir, desde él mismo. Que, por el contrario, se requiere organizarla lo más que se pueda para evitar desbordes. Esa es una vieja idea que nunca ha dado resultado en sus propios y nefastos términos. Los sistemas corruptos tienden siempre a desbordarse porque no pueden ser regidos por normas fijas, claras y duras sencillamente porque la corrupción sistémica es la violación de toda norma.

http://www.milenio.com/firmas/pablo_gomez/Corrupcion-corrupto_18_375742436.html

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¿País racista?

Fuente: Armando Román Zozaya / Excélsior

caravanaSe llama Carlos Manuel Treviño Núñez. Es panista. Trabajó para el gobierno de la ciudad de Querétaro hace un par de años. Es un racista y no lo disimula. Claro, ahora se dice arrepentido de haber llamado “simio” al futbolista Ronaldinho, pero, no hay vuelta de hoja: es un absoluto racista.

Todo mundo ha condenado al señor Treviño. Por ejemplo, muchísimas voces han  pedido que el PAN lo expulse de sus filas, que se le finque responsabilidad legal, que nunca más se le permita trabajar para el sector público, etcétera. Coincido plenamente: ¿qué espera el PAN para deshacerse de este individuo? ¿Qué esperan nuestros tres niveles de gobierno para dejar claro que, más allá de lo que haga el PAN, Treviño Núñez jamás será contratado de nuevo por la administración pública?

Pero, más allá de la necesaria e indispensable condena, ¿debemos estar sorprendidos por lo comentado por Carlos Manuel Treviño? ¿No nos dice nada de nuestra sociedad que un político dé rienda suelta a su racismo sin empacho alguno? Si bien, obviamente, lo reitero, estoy con quienes rechazan tajantemente toda expresión racista, también creo que, en el fondo, los comentarios de Treviño son reflejo de que, en México, se quiera aceptar o no, hay racismo (y clasismo, pero, ese es otro tema): México es un país racista.

No quiero decir que la nuestra sea una sociedad en la que el racismo esté institucionalizado como, por ejemplo, lo estuvo en Sudáfrica durante el Apartheid o en Estados Unidos durante los años de la esclavitud y, después, de la segregación. Es evidente que las cosas no son así.

Pero, por citar algunos casos, ¿por qué la protagonista de la telenovela siempre es de piel blanca-rosada, cabello rubio-castaño y ojos claros? ¿Por qué, en los mercados y tiendas, quienes buscan vender algo, llaman “güerito” a quienquiera que no sea de piel oscura? ¿Por qué muchísimos mexicanos, al hablar de la gente de raza negra, se refieren a ellos como “negritos”, es decir, como si ser “negrito” fuera algo así como ser “manquito” o “cojito”, o sea, algún tipo de discapacidad? De la misma manera, ¿por qué hay muchos mexicanos a los que les encanta utilizar la frase “va a mejorar la raza” cuando, por ejemplo, se enteran de que un compatriota se va a casar, o va a tener un bebé, con alguien extranjero, de piel blanca y cabello rubio?

Si todo esto no nos está diciendo, a gritos, que somos un país racista, ¿qué nos dice entonces? Insisto: no se trata de que, en nuestras leyes, el racismo esté presente. No obstante, sí lo está en la forma en que entendemos la realidad y nos vinculamos con, e insertamos en, ella. También lo está, en consecuencia, en cómo organizamos nuestra interacción social.

¿Estamos seguros de que no hay racismo en nuestros lugares de trabajo? ¿En nuestras escuelas? Un querido amigo, que es un estupendo docente a nivel universitario, ha trabajado por años en una reconocida universidad privada como profesor de asignatura. Por más que ha intentado que le den una plaza, no lo ha logrado. Una vez me comentó que, por lo que ha logrado apreciar, no ha obtenido la plaza porque no es rubio, de ojos claros y piel blanca. ¿Tiene razón? No lo sé, pero, no dudo ni por un minuto de que bien pueda ser el caso que sí la tenga.

Lo repito: ¿hay que sorprendernos por lo dicho y hecho por el señor Treviño Núñez? No. Lo que sí hay que hacer es, primero que nada, lo subrayo, condenar y rechazar hasta el cansancio a esta persona y al racismo. Luego, hay que reflexionar sobre por qué, aunque nos duela y aunque muchos lo nieguen, somos un país racista, así como sobre cómo dejar de serlo. Creo que, como para muchas otras cosas, la solución empieza en casa, en las primarias, en la actitud del gobierno ante estas circunstancias y, sobre todo, en que, por principio de cuentas, reconozcamos que el problema no es nada más de un mexicano, de un partido político o de un puñado de ultras sino de toda la sociedad. Vayamos abriendo, pues, los ojos.

@aromanzozaya

http://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-roman-zozaya/2014/09/17/982111

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Mes de la patria, ¿celebración o luto?

Fuente: Fausto Alzati Araiza

mxicobEn el mes de patria nos enfrentamos a la aparente contradicción de dos enfoques para mirar el presente y el porvenir de México, ambos con numerosos y significativos adherentes. El primero, que llamaré “alentador”, puede sintetizarse en un párrafo del artículo de Shannon K. O’Neil en Foreign Affairs Latinoamérica: “México ya goza de una economía estable, una banca fuerte, un gobierno democrático, una demografía favorable, ambientes manufactureros que son competitivos globalmente y acceso preferencial no sólo al mercado más grande del mundo (EU), sino muchos otros mediante alianzas comerciales prolíficas. Si México puede superar sus limitaciones actuales y aprovechar estos beneficios, tanto los inversionistas como los ciudadanos mexicanos llegarán muy lejos”.

El segundo enfoque, que llamaré “alertador”, se refleja en los siguientes párrafos de la ponencia de Denise Dresser en el foro México ante la Crisis: “México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos 20 años. Las reformas de los ochenta y noventa entrañaron la privatización y la liberalización comercial. Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos. Prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las reformas y los funcionarios encargados de regularlos. (…) Porque debido a ello, México está atrapado por una red que opera a base de favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno empresarial ofrece y la cúpula empresarial exige para invertir; una red intrincada de actores que capturan rentas a través de la manipulación o la explotación del entorno económico, en lugar de generar ganancias legítimas a través de la manipulación o la explotación del entorno económico, en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza”.

Quizá la brecha que separa estas dos percepciones de una misma realidad tiene su principal motivo en la persistencia tenaz de la corrupción en diversas esferas y niveles de la administración pública, lo que acaba por contaminar irremediablemente el quehacer empresarial, tanto de las pocas grandes empresas a las que su tamaño y poderío reviste de impunidad, como de aquellas más numerosas a las que su fragilidad vuelve indefensas y vulnerables. En su gran obra El orden político en las sociedades en cambio, Samuel P. Huntington define la corrupción no como un asunto “moral”, sino de manera pragmática como la brecha entre la norma y la práctica. Y a México le ha llegado sin remedio la hora de cerrar o al menos acortar significativamente esa brecha. Y quizá la llave maestra de esa importantísima tarea sea una reforma administrativa integral.

En efecto, tanto las reformas constitucionales, como las leyes reglamentarias de las mismas tienen como objetivo primordial la asignación de nuevas atribuciones, o la modificación de las existentes, a algún órgano u organismo de alguno de los tres niveles de gobierno, primordialmente el Federal. En consecuencia, en ausencia de una reforma administrativa de gran calado, que dote de eficacia, es decir, de capacidad efectiva de supervisión, sanción y ejecución de lo ordenado en las reformas a los órganos y organismos gubernamentales correspondientes, estas reformas acabarán por ser letra muerta, testimonio de loables objetivos de gobierno, pero no acción eficaz. Y esto acabará más temprano que tarde por manifestarse en una gran desilusión nacional, lo que daría la razón al enfoque “alertador”. Una reforma administrativa integral permitirá a México culminar con éxito su tránsito hacia una cabal democracia, en la que la alternancia, la pluralidad y la limpieza electoral sean, junto con una administración eficaz, garantía de buen gobierno.

@alzati_phd

http://www.excelsior.com.mx/opinion/fausto-alzati-araiza/2014/09/18/982290

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Democracia y calidad humana

El PRD y el PAN han caído en manos de grupos que prolongan su permanencia con prácticas muy cuestionadas.

Fuente: Juan José Rodríguez Prats / Excélsior

pciuEl reto de escribir sobre la política democrática   está en ser implacable con su realidad sin abandonar la fe en sus ideales.

Michael Ignatieff

He llegado a la conclusión que nos enseñan más sobre política las novelas y los testimonios de quienes la han vivido que los profundos tratados de teoría política. Martín Luis Guzmán con La sombra del caudillo y Gonzalo N. Santos con sus Memorias describen de manera más realista cómo funciona nuestro sistema político.

La democracia requiere de calidad humana en dirigentes y ciudadanía. En palabras de Perogrullo, no se puede hacer democracia sin demócratas ni se puede combatir la corrupción sin gente honrada. La democracia propicia el escándalo, se nutre del conflicto, vive de la denuncia, pero produce desencanto cuando no hay consecuencias ni se corrige el rumbo.

El Presidente de la República ha insistido en una nueva actitud ética y en estimular la confianza, el lubricante de la democracia. La confianza tiene que ser algo tangible y convincente y eso sólo se logra con autoridad moral.

Harold Lasswell fijó las características de la personalidad democrática: 1) un ego abierto, es decir, una postura cálida y acogedora en relación con el prójimo; 2) actitud para compartir con otros valores comunes; 3) una orientación plurivalorizada antes que monovalorizada; 4) fe y confianza en los demás hombres; 5) relativa ausencia de ansiedad.

Desde hace algunas décadas los teóricos de la política hablan de la cultura democrática o cívica como consecuencia de un ritmo lento en busca de un común denominador.

Perdón que insista, pero la falla fundamental es la falta de calidad de liderazgo de nuestra clase política, no percibo un discurso político convincente. En el Poder Judicial se dan sentencias contradictorias y francamente desalentadoras de nuestra incipiente cultura democrática. Las carencias de los partidos de oposición minoritarios son evidentes. El PRD y el PAN han caído en manos de grupos que prolongan su permanencia con prácticas muy cuestionadas, aunque debemos felicitar al PRD por su último proceso, ojalá superen sus divisiones internas. En el PAN hay una crisis indiscutible: frente a la grandeza de sus fundadores y de sus primeras generaciones, la  dirigencia actual profundiza el abismo al que no se le ve fondo. En el PRI percibo un galope tendido para regresar a su faceta más vetusta de autoritarismo y de decisiones verticales.

Todo lo anterior no nos debe asustar. En política llamar hecho a un hecho equivale a detonar una bomba, pero es menester aceptar nuestra realidad si queremos mejorarla. En ello radica el reto para una participación ciudadana más comprometida y de mayor calidad.

Todos hablamos de fortalecer nuestro Estado de derecho como una condición sine qua non para mejorar nuestra democracia, pero esto sólo se logra mediante la coherencia política. La confianza no es producto de las virtudes de la norma, sino de su rigurosa aplicación. La próxima lucha electoral será muy intensa. Si las instituciones son vulnerables es porque los hombres somos vulnerables y no se puede deslindar a las primeras de los segundos. Es obligado utilizar medios ingeniosos a fines adecuados. Si en esto no hay coincidencia, la política es actividad estéril. A lo anterior hay que agregar calidad humana, principalmente en el gobernante. Es verdaderamente patético el trato del funcionario público al ciudadano. Hasta en eso nos hemos degradado.

En pocos momentos de nuestra historia ha existido un desafío tan contundente. Todo está en juego y no debe quedar ninguna asignatura pendiente. O logramos arraigar en la conciencia colectiva principios comunes y propósitos afines y tenemos el valor de medir la eficacia de nuestras acciones para hacer las correcciones necesarias, o lamentaremos, una vez más, haber desperdiciado esta oportunidad.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/juan-jose-rodriguez-prats/2014/09/18/982289

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Pequeña ilustración de grandes problemas: los datos del SNSP

¿Si no sabemos algo quiere decir que no existe? La respuesta cuando se trata de datos a nivel municipal sobre criminalidad es, según algunas procuradurías estatales, sí.

Fuente: José Merino y Eduardo Fierro / Animal Político

Muchos hablamos de las estadísticas de incidencia delictiva que publica mensualmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); gustamos de hacer mapas y analizar lo que pasa en cada municipio del país. Pero a pesar de saber que los datos tienen errores naturales debido a su proceso de captura, poco hemos hecho para conocer qué tan grave es el error. Esta vez decidimos, después de encontrar varias inconsistencias al analizar el caso de los secuestros en Valle de Bravo, estudiar qué tan serio es el problema al que nos enfrentamos.

No estamos improvisando. Hemos guardado datos mensuales reportados en el portal del SNSP desde hace un año, lo que nos permite por ejemplo comparar valores para un mismo mes en distintos cortes de la base de datos y encontrar, por ejemplo, si los valores previamente reportados son posteriormente modificados.

Antes de hacer esto, empecemos, como lo hace el SNSP, cuando queremos descargar los datos de su página (una tortura, hay que decirlo). El SNSP advierte que no todos los delitos están geo-referenciados a nivel municipal, y que los datos están sujetos a errores, mismos que pueden ser reportados al SNSP.

¿Qué hacer entonces cuando no hay delitos geo-referenciados a nivel municipal? Marcarlos como un valor faltante, no como un cero. De otro modo se está reportando una cifra falsa: estamos asumiendo que en el municipio X no ocurrió ningún delito, cuando en realidad lo que las procuradurías estatales nos quieren decir es que no saben en qué municipio ocurrió el delito Y.

Secuestros: De valores faltantes a ceros

Con el paso de los meses, hemos recopilado la misma base de datos de incidencia delictiva, publicada por el SNSP, para distintos cortes en el tiempo. Particularmente, desde noviembre de 2013, hemos logrado descargar (con ayuda de Diego Valle) mes con mes la última actualización de los datos del SNSP. Esto nos permite comparar cómo cambian los valores de meses anteriores en las nuevas versiones de la base de datos. Hay dos bases disponibles, una que agrega todos los delitos a nivel de estados, sin identificar municipios, y otra que reporta los delitos al nivel municipal.

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Empecemos con el mes de noviembre de 2013 y el delito de secuestro. En la gráfica superior, se muestra cómo estaba compuesta la base de datos a nivel municipal para cada estado cuando fueron publicados los datos por primera vez (es decir la primera barra de cada estado) y cómo fue cambiando con las actualizaciones mensuales (ver las barras posteriores). En otras palabras, la primera de las barras muestra la composición de los datos de secuestro para noviembre de 2013 cuando éstos fueron dados a conocer, la segunda muestra la composición de estos mismos datos el mes posterior, y así sucesivamente hasta julio de 2014.

Los casos comunes (y que nos parecen naturales) son, por ejemplo, Baja California. Desde noviembre de 2013 hasta la fecha, reportan tres municipios sin averiguaciones previas por secuestro en ese mes, y dos municipios reportan al menos una averiguación previa por secuestro.

En el otro extremo, encontramos estados como San Luis Potosí: hasta enero, parecería que el estado no contaba con información sobre el número de secuestros a nivel municipal –100% de los municipios aparecía con valores faltantes– hasta su actualización en febrero de 2014, cuando de repente 98% de éstos se volvieron ceros y en sólo un municipio apareció una averiguación previa por secuestro.

Otro de los casos paradigmáticos es el Distrito Federal. Cuando descargamos la base de datos con la primera actualización de noviembre, no podíamos saber nada sobre los secuestros en la capital del país a nivel delegación. Sin embargo, en las actualizaciones posteriores, 15 delegaciones cambian su valor faltante por cero. Lo que se interpreta como que NO hay denuncias por secuestros ocurridos/registrados en estas delegaciones (para ver más sobre el debate entre si los datos se encuentran por lugar de ocurrencia o registro, ver éste blog de México Evalúa).

Tal vez, sólo tal vez, ver únicamente el seguimiento de noviembre puede ser un poco injusto. Puede ser que justo noviembre fue un mes complicado para la procuraduría de San Luís Potosí.

Veamos entonces el seguimiento de todos los meses (de noviembre de 2013 a julio de 2014) y el promedio de valores faltantes, ceros y números mayores a cero.

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En este caso, la primera barra muestra el porcentaje de ceros, valores faltantes y números mayores a ceros el mes de la publicación de los datos únicamente para secuestros y para los datos del mes en que se dieron a conocer. La segunda barra muestra los mismos valores para el mismo delito y el mismo mes, pero un mes después de su actualización, y así sucesivamente, hasta que la última barra muestra los valores, por ejemplo, de noviembre de 2013, en la base en la que se dieron a conocer los valores de julio de 2014.

De nuevo, Baja California parece ser un caso de éxito: es consistente en su reportes de secuestro en el tiempo, y no hay cambios brutales de valores faltantes a ceros.

Otros de los casos, si bien raros pero al menos consistentes, son aquellos como Hidalgo y Chihuahua, en donde en promedio 97.9% y 99.2% de sus municipios tienen valores faltantes en todas las actualizaciones de la base. Es decir, tienen un problema en la geo-referenciación de denuncias por secuestro a nivel municipal, lo saben y así lo publican.

Lo inaceptable viene de estados como San Luís Potosí y Chiapas. Por ejemplo, en Chiapas, considerando los meses entre noviembre de 2013 y julio de 2014, cuando se publican estos datos hay 33.5% de ceros y 64.4% de valores faltantes. Sin embargo, cuatro meses después (considerando sólo noviembre 2013 – marzo 2014), cambia a 66.9% de ceros y 30% de valores faltantes. En pocas palabras, por ejemplo, en cuatro meses la procuraduría estatal decidió que en promedio no existieron denuncias por secuestros en 86 municipios de Chiapas de 122.

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Lo anómalo de lo anterior, es que el número total de secuestros a nivel estatal no cambia cuando cambia el tiempo de la publicación de la base de datos. En pocas palabras, es un problema de las procuradurías al confundir “no hay denuncias por secuestro registrados en este municipio” con “no sé si hay denuncias por secuestro en este municipio” o “no sé si la denuncia por secuestro es de este municipio o de cualquier otro”.

El caso de los homicidios dolosos con arma de fuego

El mismo ejercicio para secuestros lo hicimos para los homicidios dolosos con arma de fuego, con la esperanza de que al tratarse de un delito que las procuradurías persiguen de oficio, los problemas y confusiones entre ceros y valores faltantes se redujeran. No fue así.

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Esta vez a Chiapas y San Luis Potosí se le suma Veracruz y Baja California Sur como los estados en donde parece que los valores faltantes cambian mágicamente a cero.

Tomemos como ejemplo el caso de Veracruz. Hasta mayo de 2014, se dieron a conocer datos de homicidios dolosos con arma de fuego a nivel municipal. De estos, en 41 municipios se cambió el valor faltante a cero, sólo en 10 se registró algún homicidio con arma de fuego, y en el resto se dejó el valor faltante. En otras palabras, en uno de los estados más violentos del país, se cambiaron de valor faltante a cero los datos en 20% de los municipios veracruzanos cuatro meses después de que se dieron a conocer los datos por primera vez.

Robo de Vehículos

Finalmente, repetimos el mismo ejercicio para el delito de robo de vehículos sin violencia, pensando que son delitos que muchas veces deben denunciarse por cuestiones del seguro.

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Aunque el panorama de Veracruz y Chiapas parece ser similar, en el resto de los estados se percibe continuidad en el número de valores faltantes. Por ejemplo, siguiendo el mes de noviembre en el Estado de México, en las primeras dos actualizaciones de la base de datos, todos los municipios tenían valores faltantes en este delito, pero para la siguiente actualización, 82 municipios tenían un valor mayor a cero y 41 un valor de cero. En cambio, en Chiapas, después de haberse dado a conocer los datos (80 municipios faltantes y 21 municipios con ceros), para el siguiente mes, los valores de noviembre se cambiaron a 74 municipios con ceros y 27 faltantes.

Entonces…

Algo es seguro: las procuradurías estatales están confundiendo el significado de un valor faltante en una base de datos con el significado de un cero. Por ejemplo, es difícil creer que en 15 de las 16 delegaciones del Distrito Federal no hay secuestros (o lo que es lo mismo, que todos los secuestros del Distrito Federal ocurren sólo en una delegación).

Por esta confusión, por presión de presentar datos ante la opinión pública, o por cualquier otra razón, lo verdaderamente inaceptable es cambiar valores faltantes a ceros, sin tener certeza que en ese municipio no hay en realidad denuncia alguna por el delito especificado.

@PPmerino y @EDUFIERRO

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Nota metodológica:

Desde noviembre de 2013, se han descargado mensualmente las bases de datos completas a nivel municipal de incidencia delictiva. Cada una de las bases se analizó por delito, “corte” y estado.

La última actualización de estas bases de datos, puede ser descargada de aquí.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-salir-de-dudas/2014/09/17/pequena-ilustracion-de-grandes-problemas-los-datos-del-snsp/

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¿Niñ@s, protección o garantías?

Fuente: Carmen Aristegui F. / Zócalo

dernEl Senado de la República se apresta a aprobar o rechazar la iniciativa enviada por la Presidencia para crear la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los legisladores deberían, claramente, optar por lo segundo o bien modificarla sustancialmente.

Sin una consulta previa con expertos y organizaciones especializadas en la materia, el gobierno federal lanzó al Congreso esta iniciativa que deberá procesar en el corto tiempo al que la ley lo obliga por su condición de preferente.

Lo que salta a la vista es el paternalismo y una perspectiva asistencialista. Quien la concibió se remontó décadas atrás cuando se podía decir, sin mucho rubor, que el Estado y el gobierno estaban para proteger a los individuos, con mayor razón si se trata de niñas, niños y adolescentes.

La evolución en la perspectiva de derechos humanos concibe al Estado no como quien otorga garantías sino como quien reconoce y garantiza derechos que son inherentes a los individuos. Entender al Estado y al gobierno como los que otorgan “protección” es partir de un esquema rebasado y anacrónico.

Una iniciativa que postula “la protección” de la niñez en lugar de una que hable de derechos para la infancia significaría un grave retroceso en un país que ha vivido un cambio de paradigma a favor de los derechos humanos, por lo menos, en sus leyes y Constitución.

A quien redactó este proyecto de ley le pasó de noche la cultura de derechos humanos que prevalece en el mundo de hoy; la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en México, los protocolos y tratados internacionales que México ha suscrito como la Convención sobre los derechos del Niño (ONU, 1989) y las iniciativas previas a ésta que se pretende hacer ley en los 30 días que están corriendo.

No solo hay voces de alerta -algunas de alarma- entre organizaciones y personas que en México se han manifestado sino también entre organismos internacionales como UNICEF. Isabel Crowley, su representante en México, habló hace unos días ante los integrantes de las comisiones responsables de dictaminar la iniciativa y alertó sobre las implicaciones de imprimir esta lógica asistencialista. Ahí mismo, Javier Hernández Valencia, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, recordó a los legisladores las 117 recomendaciones que México tiene en la materia y que no están reflejadas en la iniciativa. Los especialistas han dicho a los senadores que deben hacer una revisión integral de los derechos de la infancia y que no deben legislar con el ánimo inmediatista que responda a los estímulos provocados en la sociedad y a los medios de comunicación, sensibilizados con casos recientes de bullying, maltrato a menores o albergues como “La Gran Familia” de Zamora.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) elaboró un “Índice de Medición de Calidad de las Leyes” con el que analizó la iniciativa del Ejecutivo a partir de los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, signada por la mayor parte del mundo, México incluido. La Iniciativa presidencial, después de la evaluación, resultó reprobada con un 3 sobre 10.

En la realidad mexicana, en la que un número escaso de menores tiene garantizados sus derechos, destaca la vulnerabilidad de los menores de 17 que cruzan el territorio nacional en calidad de migrantes no acompañados, fenómeno que se ha presentado como una crisis humanitaria. Los críticos de la iniciativa afirman que la pretendida ley contempla -más que garantizar su integridad y derechos- un conjunto de medidas que atienden más el interés de EU que los derechos de los infantes. En sentido contrario a la Ley Migratoria, la probable nueva ley permite a las autoridades en general preguntar sobre el “status” migratorio de las personas, cuando lo que se había aprobado era que los únicos que podían hacerlo legalmente eran los propios agentes del Instituto Nacional de Migración.

Si la iniciativa de Peña Nieto prospera, no sólo se habrá retrocedido en terrenos que se creían ganados en términos jurídicos y de derechos, sino que México se meterá en problemas para explicar por qué adopta criterios y políticas tan lejanos a los estándares reconocidos nacional e internacionalmente. La fecha más próxima sería en 2015 cuando venga la comparecencia ante el Comité de los Derechos del Niño.

Se está a tiempo. Hay mucha materia para replantear la iniciativa. Un vigoroso movimiento está proponiendo la creación de un “Sistema Nacional de Derechos de la Infancia” que reorganice a las instituciones del Estado “para que cambien la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes”. Es momento de tomarles la palabra.

http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/nins-proteccion-o-garantias-1411116566

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La Constitución y la tierra prometida

Fuente: Carlos Elizondo Mayer-Serra / Excélsior

librospComo en México hacer una promesa en la ley no significa que se vaya a cumplir, es tentador simplemente prometer, por más que esa nueva ley en muchos casos luego sea en beneficio de un grupo que pedirá el presupuesto para alcanzarla.

Después de obtener su visa para ingresar a México en el año 1936, un socialista polaco que buscaba salir de Europa solicitó en la embajada mexicana que le prestaran libros sobre México. Quería saber a dónde iba. Sólo encontraron un ejemplar en francés de la Constitución. Se la devoró. Al terminarla le dijo emocionado a su mujer: “Vamos al mundo por el que tanto hemos luchado”.

Cuando llegó a Veracruz, sin embargo, no daba cuenta de lo que veía: pobreza, suciedad, desigualdad, racismo. Eso no podía ser la tierra prometida. Se volvió con el capitán del barco para reclamarle: ¡Yo voy a México! El capitán movió la cabeza afirmativamente: “Sí señor, eso es México”. Su hija cuenta que nunca se recuperó del shock.

Somos buenos para hacer promesas en los textos legales. Sin embargo, la realidad se encuentra muchas veces en otra parte, como lo atestiguó este socialista optimista.

Las recientes reformas constitucionales, sobre todo en materia energética, mejoran algunos de los errores más graves del pasado, como el permitir finalmente la competencia en el sector. Otras son muy complicadas, por más que uno esté de acuerdo con sus objetivos, como la electoral.

¿Por qué ha habido esa distancia entre las leyes mexicanas y la realidad? Una primera razón es porque somos ingenuos. Intentamos resolver realidades complicadas tratando de detallar en la Constitución cómo debería ser el mundo. Las leyes no deben ser sólo bellos objetivos, han de promover comportamientos congruentes con lo que se desea conseguir.

Para un socialista en 1936 era tranquilizador ver plasmada su visión del mundo en los loables objetivos del artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, éste no ha resuelto un problema central de los mexicanos: la falta de trabajos bien remunerados. Uno, por promover comportamientos opuestos a la productividad. Por ejemplo, para un trabajador bien asesorado es rentable hacer poco. No es fácil despedirlo y si sucede tendrá una buena indemnización.

Dos, porque la sobrerregulación que se requiere para tratar de alcanzar esos objetivos, en un país tan corrupto como el nuestro, suele llevar a todo tipo de extorsiones. Sobre todo para los pequeños y medianos empresarios que se atrevan a ser formales puede ser muy caro contratar a un trabajador que tenga mala fe.

Una vez que se sabe que es improbable que se cumplan las promesas constitucionales, importa menos cuáles se hagan. En muchos países, todo nuevo derecho antes de aprobarse debe venir acompañado del monto de su costo y mecanismo para pagarlo. Como en México hacer una promesa en la ley no significa que se vaya a cumplir, es tentador simplemente prometer, por más que esa nueva ley en muchos casos luego sea en beneficio de un grupo que pedirá el presupuesto para alcanzarla.

Sobran ejemplos. Desde 1993 la educación básica incluye hasta tercero de secundaria y es obligatoria, pero en 2012 no se graduó de tercero de secundaria 16% de la generación. Ni hablar de todos los derechos del artículo 4, que incluyen “derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, “a la protección de la salud”, “a un medio ambiente sano”, “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal”, el que toda “familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” (si vive solo, lo siento, ya no aplica) y muchos otros.

Paradójicamente, aunque muchas veces las grandes promesas se sabe que no se pueden cumplir, hay muchos otros casos en donde la Constitución impone restricciones o beneficios para alguien. Por ello, dada la desconfianza entre los actores políticos, toda negociación complicada se lleva a la Constitución. Esto para dificultar una futura reforma y tratar de asegurar que lo negociado hoy perdure.

Por lo anterior tenemos una Constitución larga, barroca y difícil de administrar. En ella hay todo tipo de contradicciones. Por ejemplo, la inclusión de la consulta popular en el artículo 35 de la Constitución, ocurrida en 2012, afirma que su “resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales…”. Según el PRD y Morena, este artículo permite llevar a consulta el recién cambio constitucional en materia energética. Pero el artículo 135 que señala cómo se reforma la Constitución, con el voto de dos terceras partes de ambas Cámaras, no menciona como mecanismo para ello la consulta popular, donde el resultado se determina por mayoría simple. ¿Entonces es vinculante, pero no está en las reglas de cómo modificar la Constitución?

Como también desconfiamos de tener jueces honestos y con sentido común, les amarramos las manos para que no tengan margen de maniobra. Pero al final no hay ley que contemple todo, y es el Poder Judicial el que tiene que decir qué significa nuestra ley. Y aunque desconfiamos de ellos, no hay mecanismos rigurosos, como una eficaz oficina de asuntos internos en el Poder Judicial, que sancione con toda la fuerza la corrupción dentro de éste.

Un reto de las reformas recientes es usar aquellas nuevas formas de control de la ley, desde los órganos autónomos hasta los nuevos consejos de administración de Pemex y la CFE, para ir avanzando hacia los objetivos que el Legislativo dejó plasmados en el texto constitucional. Hay que romper incontables inercias, pero este conjunto de reformas en general persiguen objetivos más alcanzables y en muchas de ellas se ha pensado mucho mejor en los instrumentos para lograrlo, aunque falta terminar y perfeccionar la agenda anticorrupción.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-elizondo-mayer-serra/2014/09/18/982292

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Agenda legislativa: rendición de cuentas

¿De qué sirve reformar el país entero si a la hora de ejercer el poder el riesgo de que la corrupción pudra todo es real? Esa es la agenda pendiente.  Que el Congreso legisle bien sobre transparencia y corrupción para los dos poderes. Solo eso. Le harían un gran bien al país.

Fuente: Guillermo Valdés Castellanos / Milenio

50yContra el imaginario popular de que los legisladores mexicanos son políticos flojos, que se pasan la vida en viajes, fiestas y cobrando moches al por mayor, el recuento del trabajo realizado por el Congreso en los últimos 20 meses revela que es una institución que funciona. Como somos de memoria corta, se nos olvida cuando diputados y senadores eran sinónimo de personajes que se dedicaban a levantar sus dedos para aprobar sin chistar las iniciativas de ley enviadas por el presidente en turno.

Ya no es el caso desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y se instaló una pluralidad real y permanente que desembocó en la ausencia de mayorías absolutas. Desde entonces, el Poder Legislativo ha recuperado sus dos responsabilidades básicas: legislar de manera autónoma con respeto del Ejecutivo y ser su contrapeso, mediante la supervisión y vigilancia.

Aunque es un lugar común decir que desde ese año el Congreso se paralizó por la pérdida de la mayoría absoluta del partido en el poder, la historia de leyes y cambios constitucionales aprobados lo desmienten de manera contundente. María Amparo Casar publicó un libro —Reformar sin mayorías, editorial Taurus— en el que da cuenta del intenso trabajo parlamentario de las legislaturas divididas.

Recuperar lo anterior es solo para no creerse los juicios simplistas sobre el Congreso. Pero también es cierto que su funcionamiento está lejos de ser óptimo. Hay vicios, excesos y omisiones que abonan a su mala fama y que debían de ser motivo de preocupación de los mismos legisladores, ya que ello hace muy vulnerable al Poder Legislativo y con ello a la aún imperfecta democracia mexicana. Baste como ejemplo la iniciativa para reducir la representación proporcional que cuenta con amplio respaldo social, gracias a la pésima imagen de diputados y senadores.

Estas reflexiones vienen a cuento por el inicio del periodo de sesiones del Congreso y por la pregunta sobre cuál será la agenda legislativa después de haber aprobado todas las reformas estructurales. En el periodo septiembre-diciembre de todos los años el plato fuerte es la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. No es poca cosa, pero no cubre los tres meses y medio que sesionan ambas cámaras. Hay tiempo y debiera haber interés para abordar otros temas.

Es cierto que la parte relevante de la agenda del gobierno de Peña Nieto está resuelta y que en junio próximo habrá elecciones (lo que reduce considerablemente los incentivos de los partidos a colaborar), pero ninguna de esas razones justifica que se abandonen asuntos de enorme relevancia. Uno de ellos es la transparencia y rendición de cuentas, que está estrechamente asociado al tema de la corrupción, el cual puede ser el talón de Aquiles de la instrumentación de las reformas estructurales recién aprobadas.

Aunque un sector importante de los mexicanos no valora adecuadamente las leyes y la importancia de cumplirlas, la corrupción está muy lejos de ser un problema cultural ante el que solo queda esperar el cambio generacional o pasárselo al Conaculta; tiene que ver más con la ausencia y escasa eficacia de los mecanismos institucionales por medio de los cuales se vigila y controla el ejercicio del gasto público y se llevan a cabo las licitaciones para las compras e inversiones de los gobiernos.

Legislar sobre corrupción es mucho más que crear la comisión anticorrupción, como la ha señalado insistentemente la Red por la Rendición de Cuentas. Bien harían los legisladores de todos los partidos —si no quieren ver frenadas o distorsionadas las reformas estructurales— en recuperar las propuestas de esa Red, incorporadas en el Programa Especial de Rendición de Cuentas y aplicarlas no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, ya que, según el mismo Manlio Fabio Beltrones, éste requiere recuperar la autoridad moral para poder exigir cuentas. ¿De qué sirve reformar el país entero si a la hora de ejercer el poder el riesgo de que la corrupción pudra todo es real? Esa es la agenda pendiente.

¿Quiere el Congreso vigilar al gobierno y ser un contrapeso real? Que legisle bien sobre transparencia y corrupción para los dos poderes. Solo eso. Le harían un gran bien al país.

http://www.milenio.com/firmas/guillermo_valdes_castellanos/Agenda-legislativa-rendicion-cuentas_18_374542543.html

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La corrupción y la Reforma Energética

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

A Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo.

refeneA unas horas de que comience a echarse a andar la Reforma Energética, vuelve con fuerza el tema de la transparencia, la corrupción y la impunidad. El efecto de la corrupción es tan corrosivo que puede echar por la borda los propósitos declarados de la Reforma Energética: un mercado competitivo que produzca más hidrocarburos y más electricidad a mejores precios, que se convierta en detonador de un mayor crecimiento de la economía y que fortalezca las finanzas públicas. Si la corrupción acompaña a la apertura del sector energético no habrá la competencia deseada ni los resultados esperados. Lo único que ocurrirá es que los frutos de la corrupción se distribuirán de manera distinta.

El miedo a que se caiga en prácticas de corrupción es válido a pesar de que, después de 75 años, está más que probado que el monopolio estatal del mercado energético no tiene cartas credenciales que mostrar en materia de honestidad y que los frutos del petróleo han servido más para fomentar la pereza fiscal del Estado y para otorgar privilegios que para impulsar el desarrollo. Está más que probado, también, que la mayoría de las naciones que poseen materias primas valiosas que les proporcionan una renta “natural” como el petróleo suelen manejar el recurso con poca pulcritud y eficiencia.

El cambio en la estructura de propiedad —de estatal a mixta o de estatal a privada— tiene el potencial de transformar esta situación, pero nada lo garantiza. Primero porque la corrupción, como casi cualquier mercado, se rige por la oferta y la demanda y no es un fenómeno privativo del sector público. Y, segundo, porque la intervención del Estado no desaparece con la eliminación del monopolio estatal en el mercado energético.

La competencia de mercado, la apertura a la inversión extranjera y el manejo de las empresas con criterios técnicos y económicos en lugar de políticos debiera provocar, al menos en teoría, la transparencia y la vigilancia en todos los tramos de un sector productivo. Se supone que los agentes privados estarán interesados en evitar los actos de corrupción, pues estos aumentan los costos, disminuyen las ganancias y afectan la justa competencia. Si la fuerza motriz de los empresarios es obtener el mayor volumen de ganancias por la inversión realizada, ellos deberían ser los primeros en intentar controlar la corrupción. Desgraciadamente esto no siempre es así. Existen, desde luego, delitos de corrupción que sólo involucran transacciones ilegales entre servidores públicos, pero la mayoría enlazan a un servidor público y a un agente privado. El uno muerde utilizando su poder y, el otro, se deja morder pensando en aumentar sus ganancias.

Por necesidad, por costo de oportunidad o por conveniencia, los inversionistas privados se han vuelto parte del ciclo de la ilegalidad. Los empresarios se quejan de la corrupción, pero la procuran y al menos un sector de ellos ha sido beneficiario de la misma.

El recurso del mercado al problema de la corrupción ya ha sido probado y no ha sido la solución. Hoy en México hay pocas industrias en manos del Estado y aun así nuestro país es ejemplo de una interminable sucesión de casos en los que los funcionarios de los más diversos niveles usan su poder de manera legal o ilegal para dar ventajas a ciertos agentes privados en ciertos sectores productivos; ventajas que se traducen en ganancias extraordinarias; ventajas y ganancias que, de otra manera, no podrían siquiera soñar. Si es de manera legal, lo hacen a través de concesiones, regulaciones o exenciones con nombre y apellido. Si es de forma ilegal, lo hacen a través de información privilegiada, de tráfico de influencias, de comisiones, de concursos amañados, de asignación de contratos, de facturaciones fraudulentas, de compras infladas…

El Estado mexicano seguirá interviniendo en el mercado. Lo puede hacer para corregir las fallas del mercado o para seguir fomentando las rentas o superganancias. Lo puede hacer para frenar los abusos y distorsiones del mercado o para reproducirlos y aumentarlos. Lo puede hacer para fomentar la transparencia, promover la competencia, evitar la corrupción y acabar con la impunidad o para mantener la opacidad, concentrar el mercado, seguir siendo parte de la corrupción y solaparla. Lo puede hacer por la vía legal: a través de favorecer a ciertos grupos, otorgar exenciones fiscales o regulaciones a modo. O, por la ilegal: perpetuando la corrupción.

Después de la reforma constitucional y de la emisión de las leyes secundarias, en materia energética el Estado seguirá encargado de formular las regulaciones, de establecer las instituciones reguladoras, de vigilar que las normas se cumplan y de castigar las desviaciones. Para ello necesita buenas normas, buenas instituciones, buenos reguladores y buenos enjuiciadores. No está fácil.

                *Investigador del CIDE
amparop.casar@cide.edu
                Twitter: @amparocasar

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2014/09/17/982095

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La criminalidad como una forma de movilidad social

¿Será el crimen organizado una manera de escalar la empinadísima pirámide social que existe en el país?

Fuente: Leo Zuckermann / Excélsior

esctorcHace poco leí un estupendo artículo del famoso ensayista canadiense Malcom Gladwell en la revista The New Yorker. Titulado The crooked ladder (en español podría traducirse como “la escalera torcida”, aunque el adjetivo también podría ser “fraudulenta” o “deshonesta”), trata sobre un tema fascinante: ¿Es el crimen organizado una forma que tienen los individuos con pocas oportunidades de mejorar su situación social? ¿Qué pasa con las generaciones futuras de los delincuentes organizados? ¿Se convierten en respetables hombres de negocios gracias a la fortuna acumulada originalmente en actividades ilícitas?

Gladwell cita a Robert K. Merton quien hace seis décadas hizo un estudio para ver cómo reaccionaban los estadunidenses frente a la presión cultural de tener éxito en América y subir en la pirámide social. Uno de los grupos que encontró el renombrado sociólogo fueron los “innovadores”. Resulta que la gente de la parte más baja de la pirámide, sobre todo inmigrantes recientemente llegados a Estados Unidos, eran los más creyentes en el “sueño americano”. No conformes con su situación, y viendo que era difícil tener éxito en una sociedad estratificada con pocas oportunidades para los desembarcados, encontraron una alternativa para hacer realidad su sueño: subir la pirámide por una escalera torcida, fraudulenta o deshonesta.

Se convirtieron en criminales. No es gratuito que, a finales del siglo XIX y principios del XX, las principales bandas mafiosas fueran de inmigrantes irlandeses, judíos e italianos. Se dedicaron a todo tipo de negocios ilegales como la prostitución, la venta de protección, la extorsión y el juego. Tuvieron un momento de gloria cuando el Congreso estadunidense tomó una de las decisiones más estúpidas de su historia: prohibir las bebidas alcohólicas. Ahí se hicieron verdaderas fortunas en la venta del producto ilícito. Luego, cuando se volvió a legalizar el alcohol, se dedicaron a otras drogas.

Lo interesante es que aquella generación de mafiosos, contra lo que se presenta en las películas de El Padrino, eventualmente fueron subiendo la pirámide social operando ya negocios lícitos. La escalera torcida sí les sirvió. Con la fortuna obtenida de manera ilegal, hijos y nietos de los mafiosos se convirtieron en ciudadanos modelo, muchos de ellos exitosos en diversos campos de la sociedad. Hicieron real el sueño de don Corleone de que por lo menos uno de sus hijos, Michael, fuera un americano hecho y derecho.

Lo interesante de la pieza de Gladwell es la diferencia con los nuevos mafiosos de hoy en día. Las mafias de ahora siguen siendo de grupos de la parte más baja de la pirámide social que, ante la falta de oportunidades, deciden escalar de manera deshonesta. Son, sobre todo, afroamericanos y latinos. La diferencia es que los criminales organizados de antes solían durar mucho tiempo en las calles de tal suerte que podían dar el salto a negocios lícitos. Los de ahora, en cambio, terminan muy rápido en la cárcel, huyendo de las autoridades o de plano asesinados. Esto es lo que demuestra otro libro, citado por Gladwell, de la socióloga Alice Goffman (On the Run: Fugitive Life in an American City).

¿Qué explica esta diferencia? Nada menos que el papel de las autoridades. Antes la policía toleraba la prostitución, la venta de drogas y el juego, sobre todo por la corrupción existente. Pero ahora, de acuerdo a Goffman, la policía se ha vuelto más eficaz y dura en perseguir a los criminales organizados en parte, según ella, porque la corrupción policial se ha reducido de manera importante en Estados Unidos. Esto ha generado que la estructura criminal esté siendo constantemente amenazada por las autoridades con citatorios, apariciones en las cortes, juicios y encarcelamientos. Muchos de los delincuentes de plano deciden escaparse. Otros terminan asesinados producto de la violencia criminal. De esta forma, la escalera torcida ya no sirve para escalar.

Al terminar el artículo de Gladwell, uno acaba preguntándose qué pasará aquí en México. ¿Será el crimen organizado una manera de escalar la empinadísima pirámide social que existe en el país? No lo sé. Voy a buscar estudios académicos. Por lo pronto, me parece muy interesante el argumento de que individuos ambiciosos, ante la falta de oportunidades, delincan como una forma de movilidad social y, si la policía los deja, puedan lograrlo convirtiéndose, eventualmente, en ciudadanos modelo.

                Twitter: @leozuckermann

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2014/09/18/982283

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