No fueron electos o nombrados para cuidar su futuro político

Fuente: Hugo Páez / Impacto

eslegUna cuestión sí es segura: A los ciudadanos y electores nos importa un bledo

Puede ser estrategia del gobierno federal, más preciso, de Miguel Ángel Osorio Chong, el esperar al hartazgo de los sectores productivos y de la sociedad, y, sobre todo, la merma económica regional en los bloqueos del magisterio disidente, sin embargo, en esta espera y “tolerancia” se asoma el temor de todo funcionario a manchar su futuro político, hasta concretar la promesa, a empresarios oaxaqueños, del uso legítimo de la fuerza pública contra la violencia de grupos radicales.

Saldrán las tesis, a modo, que expliquen la provocación de la CNTE y de grupos radicales, con el propósito de manchar de sangre a Osorio Chong y al Presidente Enrique Peña Nieto para nulificar al PRI en el 2018. En esta línea de razonamiento, el titular de la SEP está eliminado.

Ese mismo argumento es funcional para explicar el retardo en la toma de decisiones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para hacerle frente a la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Sin embargo, a los ciudadanos y electores nos importa un bledo el futuro político de los funcionarios; quien los nombró (contrató) o eligió fue para que hicieran su trabajo, y si para tales efectos deben utilizar la fuerza pública legítima, normatizada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, NO es su decisión; es SU responsabilidad.

Habrá quien compare la comodidad de otros aspirantes presidenciales sin funciones de gobierno, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala Gómez del Campo y Ricardo Anaya Cortés, y si la comodidad del contrario la ven como desventaja, lo siento, así son las cosas, pero está claro que es una visión errónea, probada el 5 de junio con un mensaje contundente. Los ciudadanos rechazaron la indecisión, en todos los órdenes de gobierno, para dejar de ser un país donde se tolera la violencia en todas sus manifestaciones, en detrimento del ciudadano común; reprobaron el entorpecimiento de las leyes anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas, por complicidades, y donde no se respetan las leyes avaladas en el Congreso.

En esta cultura parece no importar el sacrificio y la satanización de policías y elementos de fuerza pública que ganan salarios de miseria, de verlos vandalizados y avergonzados, postrados frente a un concierto de insultos y vejaciones en imágenes que inundan las redes sociales.

La tropa es humillada por decisión cupular; los más jodidos están en ambos lados de la trinchera; comparten el mismo nivel social, carne de cañón puesta al frente por los generales que dirigen esta contienda.

 @hugopaez

http://hugorenepaez.blogspot.mx

Nota completa: http://impacto.mx/noticias/impacto.mx/opinion/no-fueron-electos-o-nombrados-para-cuidar-su-futuro-politico

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La policía

Fuente: Javier Solórzano Zinser / La Razón

gendmexLa autoridad representada en la policía se ha convertido en el primer enemigo de la CNTE. No hay manera de establecer la gobernabilidad en las calles porque al tiempo que no se respeta a la autoridad en los espacios políticos para el diálogo y los acuerdos no se han encontrado coincidencias mínimas para destensar el conflicto.

El peso y la imagen de la policía entre los ciudadanos han cambiado poco. En general se le ve como un mal necesario, a pesar del esfuerzo de muchos policías por enderezar su imagen.

En las redes circula un video que confirma lo que se ve de la policía. Aparece un grupo de ellos tratando de aprehender a una persona que presuntamente efectuó un robo. De repente la detención se convierte en una pelea callejera motivada por los vecinos, quienes gritan al policía que deje el escudo: “ten huevos y pelea como hombrecito”.

La escena no es ni excepcional ni inédita, es recurrente. Son hechos que se presentan con regularidad. Los ciudadanos reaccionamos ante la autoridad como la vemos. La paradoja es que si bien no se le respeta o se le ve con cierto desprecio, se acude a ella ante una dificultad.

La policía actúa en función de lo que sus mandos le ordenan. El policía que está en la calle, en una manifestación o en un desalojo, actúa con base en un protocolo, poco o nada queda a la iniciativa propia por más que lo provoquen.

Es la condición de su trabajo. Se trata de guardar el orden en el marco de la ley con base en protocolos establecidos y, suponemos, debidamente estudiados por los propios policías. Todo debiera estar contemplado igual se trate de la CNTE que de cualquier ciudadano en la calle.

A la imagen de la policía hay que sumar la del gobierno. La reacción de los ciudadanos ante la autoridad en la calle, y en muchas ocasiones en las manifestaciones, tiene que ver con la forma en que ven a sus gobiernos. Por más que se opongan a ellos si se les ve con respeto y legitimidad, por más que la acción de la autoridad se presente en el marco de acciones de protesta, se toman en cuenta su rol y su función como parte de la estructura de un gobierno respetado.

La otra parte de la ecuación son los antecedentes históricos. La policía es vista como parte de la corrupción, de la delincuencia organizada, abusiva y en ocasiones represora. Al ser parte medular de la estructura del Estado, por ende del gobierno, lo que tiene que ver con ella tiene que ver con quienes gobiernan. Es parte de ese todo que es sujeto regular de la crítica ciudadana.

El conflicto magisterial está colocando de nuevo a la policía como el brazo represor del gobierno, y ante el silencio de la PGR sobre el caso esta idea es la que prevalece; es la materialización inmediata del “enemigo”.

Si nos atenemos a las versiones más acabadas que se conocen sobre los hechos en Nochixtlán la policía intentó un desalojo sin tener información precisa y un protocolo definido. Lo sucedido ha llevado a los ciudadanos, CNTE o no CNTE a concluir que el gobierno terminó por reprimir más que desalojar calles y carreteras.

La policía en la cotidianeidad ha resultado ser la responsable ante los ciudadanos. Los maestros, los simpatizantes, los oportunistas y hasta los vándalos han encontrado en la retención y la vejación de policías una suerte de venganza.

@JavierSolorzano

Nota completa: http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=313202

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Frenar la violencia política

Fuente: José Woldenberg / Reforma

porqDespués de los trágicos acontecimientos de Nochixtlán, vale la pena pensar en un fenómeno que parece expandirse sin encontrar camino de regreso: la violencia política. Y quizá es necesario volver a las nociones básicas porque demasiadas personas parecen contemporizar con ella y la empiezan a observar como algo connatural a nuestra “convivencia”. Cuando sabemos -o deberíamos saber- que la violencia solo genera violencia. No se trata de una frase ritual o estridente, sino de una dinámica documentable a lo largo de la historia. Y ya tenemos suficiente con la violencia ligada a la delincuencia como para sumar ahora la de matriz política.

Desde las movilizaciones. Que un grupo, partido o sindicato tenga sus propios diagnósticos y propuestas sobre el tema que se quiera, no solo es legítimo, resulta necesario en una sociedad marcada por la pluralidad. Que esos mismos actores se manifiesten, hagan públicos sus reclamos, critiquen con vehemencia a sus adversarios, organicen paros o huelgas, marchas y mítines, es natural porque se trata del ejercicio de derechos propios de un marco democrático. Pero que supongan que pueden quemar edificios, destrozar vehículos, impedir el abasto de ciudades y aún humillar y agredir a personas, sin consecuencias, es pura y dura enajenación o una apuesta política que tarde o temprano acarreará más violencia.

Esa violencia se alimenta de un cierto nihilismo que asume que lo de “los otros” no merece respeto ninguno y que los intereses propios tienen el “derecho” de desplegarse sin límite. De la peregrina idea de que los fines legitiman los medios, que si el objetivo es loable todo se vale para alcanzarlo (a estas alturas deberíamos saber que los medios suelen ser más relevantes que los fines enunciados, porque cualquiera puede enarbolar las metas más meritorias, pero realmente sabemos quién es cuando utiliza ciertos recursos para alcanzarlas). También de una larga tradición que ha acuñado la noción de que los cambios requieren de violencia para ser tales (los ensueños de una nueva toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno nutren ese imaginario que se reproduce fuera de tiempo y circunstancia, porque si en algo parecía existir un consenso sólido, es en que los cambios democratizadores del país tenían y tienen la finalidad primordial de cerrarle el paso o por lo menos acotar a la violencia). Se tiende también a disculpar esa violencia si proviene de actores presunta o realmente débiles, pobres, desprotegidos. La mala conciencia, fruto de una sociedad más que desigual y excluyente, suele justificar “los excesos” por la “situación objetiva” que viven, para mal, los que la provocan. Y por supuesto la impunidad es un componente indispensable para su reproducción. Cuando esas conductas quedan impunes, indirectamente se hace una invitación para seguir perpetrándolas.

Desde los gobiernos. Los cuerpos policiacos, por desgracia, portan problemas inmensos. Impericia, excesos y déficit de legitimidad para utilizar la fuerza, son ingredientes que modelan sus posibilidades y límites. Suele olvidarse que muchos de esos cuerpos hacen lo que pueden y no lo que deben por pura y llana ineptitud. Recuerdo de manera viva los acontecimientos del 1o. de diciembre de 2012. Ese día observamos cómo grupos de jóvenes embozados agredían a la policía. Pero cuando luego de largos minutos la policía reaccionó, los agresores corrieron y algunos de quienes se manifestaban pacíficamente fueron arrestados. Un mundo al revés: provocadores impunes; inocentes castigados. Las violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte de las “fuerzas del orden” son otro elemento a tomar en cuenta. Esas transgresiones a la ley -repetidas y extendidas- hacen complejo su accionar, ya que pueden desbordarse, y al hacerlo, crean mayor zozobra. Así, inoperancia y violación a los derechos humanos se anudan para construir un preocupante deterioro de su legitimidad.

Nota completa: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=91785&_ec_=1

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¿Por qué respetamos la ley?

Fuente: Hagámoslo Bien / Periódico ABC

rescEncuestas de opinión arrojan que algunos motivos para incumplir la ley son: ayudar a la familia, luchar contra injusticias y costumbres y filosofías como “el que no transa no avanza”. Por otro lado, las personas cumplen la ley por tres motivos, los cuales se conocen como niveles de razonamiento legal: temor a la sanción, deseo de pertenencia y convicción.

Si los colocamos en una pirámide, la base estaría conformada por aquellas personas que cumplen la ley sólo porque temen ser sancionadas. Aquí se ubicaría la gran mayoría. Esto es peligroso porque, ante leyes cuyo incumplimiento no implique sanción o ésta no sea efectiva, existe riesgo de que sean violadas.

En el segundo nivel están quienes cumplen la ley porque desean ser aceptados en la sociedad. Su nivel de motivación es más elevado que el anterior, pero tampoco cumplen porque estén convencidos de que sea lo correcto. El tercer nivel -el menos popular- se caracteriza por la convicción de que el respeto a la ley es lo mejor para todos a largo plazo.

Si la principal motivación para cumplir la ley es el temor a la sanción, una buena solución a corto plazo es, en efecto, establecer sanciones más fuertes y hacer que se cumplan. Sin embargo, para ver resultados a largo plazo, las nuevas generaciones deben estar convencidas de vivir la cultura de la legalidad.

@BienMx

Nota completa: http://www.periodicoabc.mx/articulo/por-que-respetamos-la-ley

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El góber previsor y su paquete de impunidad

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

IUEs un contrasentido pero, ¿hay manera de legalizar la corrupción? Sí, la hay. La fórmula la tiene el gobernador saliente de Quintana Roo, quien ha fabricado un gran “paquete legal de impunidad” antes de terminar su mandato el próximo 25 de septiembre.

Roberto Borge, el góber previsor, teme que poniendo un pie fuera del palacio de gobierno sea llamado a rendir cuentas, sometido a una pesquisa de carácter penal y acabar tras las rejas. Para minimizar esos riesgos, Borge decidió blindarse.

En tres sesiones extraordinarias del congreso local, en el que la oposición cuenta con tan sólo tres diputados del PAN y uno del PRD, arregló la aprobación de tres magistrados del Tribunal Superior, la del fiscal general hasta por nueve años y la del auditor superior estatal y su suplente hasta por siete. Todos a modo, todos con trayectorias políticas cuestionables por delitos que van desde tortura hasta desvío de recursos pasando por extorsión y despojos de tierras. Todos con cuentas pendientes con el propio gobernador saliente, por si acaso cambiaran de opinión una vez que Borge salga del poder. Cuánto miedo tendrá el góber previsor que hizo modificar la Ley de Seguridad Pública para que él, su esposa e hijos puedan tener seguridad a cargo del erario público durante los próximos 15 años después de dejar el poder. Quizá lo hizo porque piensa correctamente que los delitos prescriben, pero los enemigos no. Y vaya si hizo enemigos al crear redes de corrupción a través de las Juntas de Conciliación o la creación de empresas fantasmas para hacer asignaciones de obra pública y compras gubernamentales. Para terminar, y por si fuera poco, su mayoría priista eligió a los consejeros del Instituto de Acceso a la Información. Otra vez, no vaya a ser la del diablo porque en la próxima legislatura local, el PRI (con siete diputados) y sus aliados del PV y el PANAL (con seis) no tendrán los suficientes votos para hacer modificaciones a la Constitución ni nombramientos que requieran de mayoría calificada.

Califica también como góber previsor Javier Duarte. Tiene mucho que esconder y ha recurrido a triquiñuelas legales similares y hasta más cínicas. Además de los nombramientos de contralor, fiscal anticorrupción y magistrados, se dio el lujo de despedirse con la basificación de los trabajadores del estado a partir de subdirector y de adelantar la fecha de aprobación de la Cuenta Pública 2015 para que sea su legislatura de mayoría quien la apruebe.

Ya lo había ensayado antes Humberto Moreira, quien al abandonar la gubernatura para presidir el CEN del PRI endeudó al estado con documentos falsos, aprobó una ley para renegociar la deuda por él contraída, empeñó las participaciones federales y nombró al auditor Superior del estado de Coahuila por ocho años.

El modus operandi de la legalización de la corrupción no es privativa del PRI. Rafael Moreno Valle cambió las leyes de Puebla con el único propósito de tener mas recursos a su disposición y asignarlos con la mayor discreción posible; de poder colocar en un fideicomiso los recursos públicos del impuesto sobre la nómina, de no clasificarlos como deuda y de dar a su secretario de Finanzas la autoridad para destinar ese dinero a las obras de su elección.

Por eso es válido decir que con frecuencia padecemos de esa enfermedad llamada ceguera federal. Como si fuéramos una unidad, decimos que después de la transición, México logró labrarse una institucionalidad democrática que por fin hizo realidad la división de poderes y los pesos y contrapesos. Celebramos también la libertad de expresión y la apertura de espacios informativos. Elogiamos la autonomía de los órganos que actúan como contrapeso del Poder Ejecutivo y quitan de su ámbito de acción ciertas áreas de política pública para aislarlas de la política. Construyó instituciones como el IFE y el IFAI. Comenzó a fundar desde 1994 si no un Poder Judicial al menos una Suprema Corte de Justicia independiente capaz de leerle la cartilla al Presidente y al Congreso. Sus resoluciones en materia de inconstitucionalidad obligan a cambiar legislaciones, a enderezar políticas públicas y a respetar los derechos fundamentales. Hizo de la Auditoría Superior de la Federación un órgano profesional y autónomo de forma tal que ahora podemos saber con mucha mayor precisión cómo y cuánto gastan las dependencias federales y si los recursos federales se desvían o no de los objetivos a los que fueron asignados.

@amparocasar

Nota completa: http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2016/06/29/1101737

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Uso de la fuerza

Fuente: Sergio Sarmiento / Reforma

Foto: Youtube / http://www.debate.com.mx/

Foto: Youtube / http://www.debate.com.mx/

“Cuando los príncipes han pensado más en su tranquilidad que en las armas han perdido sus estados”.

Nicolás Maquiavelo

El monopolio del uso legítimo de la fuerza es una de las características fundamentales del Estado. Los gobernantes de la antigüedad aplicaron el principio, Maquiavelo lo recomendó a los príncipes italianos, Hobbes lo asentó en su Leviatán y Weber lo definió con plena claridad. El gobierno mexicano, sin embargo, no se ha enterado.

El uso de la fuerza por parte del Estado puede ser cuestionable en algunos casos. Los gobernantes pueden emplearla, por ejemplo, para mantener privilegios o dictaduras. En países autoritarios, como Corea del Norte o Cuba, las protestas están prohibidas y el Estado utiliza su fuerza para impedirlas. Los gobiernos democráticos, sin embargo, también recurren a la fuerza pública para aplicar la ley o para defender a los ciudadanos cuando son objeto de agresiones. No hacerlo es una omisión de sus responsabilidades.

En México, sin embargo, los gobernantes tienen pavor al uso legítimo de la fuerza. Quizá sea producto de una conciencia culpable que se remonta a la represión del movimiento estudiantil de 1968. En muchos casos, sin embargo, más que culpabilidad lo que se percibe es cobardía. Por eso se establecen “mesas de negociación” que prolongan los problemas, pero no pueden negociar nada.

Cuando un grupo de poder, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquea vías de comunicación con el abierto propósito de dañar a la población, roba vehículos y los quema, o secuestra y humilla públicamente a personas inocentes, la autoridad no tiene el derecho sino la obligación de intervenir.

Me dicen que en México el problema es que la policía, cuando actúa, lo hace de manera inmoderada. Y quizá sea cierto. Pero estas actuaciones fallidas suelen volverse inevitables por la demora en recurrir a la fuerza pública cuando ya es necesario. Al final las autoridades se ven obligadas a ordenar la intervención tardía de la policía, pero cuando lo hacen se enfrentan a grupos más preparados y belicosos que además se sienten protegidos por los tribunales y las comisiones de derechos humanos.

El ejemplo más reciente lo tenemos en el operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio. Durante cinco días la CNTE mantuvo, con el apoyo de grupos afines, un bloqueo sobre la autopista Oaxaca-Puebla que afectaba severamente los derechos de terceros. Cuando finalmente se ordenó un operativo, éste falló completamente: no sólo generó ocho muertos (y uno más en Hacienda Blanca) sino que fracasó en el objetivo de liberar la vía de comunicación, la cual sigue estando bloqueada hasta el momento.

@SergioSarmiento

Nota completa: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=91728

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El diluvio que viene (nuevo sistema de justicia penal en México)

Fuente: Delmmy Cruz / The Mexican Times

sequiaLa reforma al sistema procesal penal del 2008 cambió la forma en la que la ciudadanía tiene acceso a la justicia pues exige una mayor capacitación de los jueces, defensores, asesores jurídicos, agentes del Ministerio Público, peritos y policías, así como la difusión del Sistema Procesal Acusatorio entre la ciudadanía.

El presente artículo busca exponer un panorama general de la operación del Sistema Procesal Acusatorio en la Ciudad de México, señalando las áreas de oportunidad detectadas, así como las propuestas generadas por México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD) para mejorar y continuar con la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

  1. La Sequía

En julio de 2011 y junio de 2013, se puso en marcha la primera y segunda etapa del Programa de Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público Desconcentradas, Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro (FAS) y en las Unidades de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El objetivo del programa era informar a la ciudadanía sobre el proceso de denuncia, promover sus derechos en calidad de denunciantes y evaluar la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio, lo que se logró a través de la aplicación de un total de 25,000 encuestas.

En marzo de 2015, continuamos con el monitoreo ciudadano, ahora en audiencias de Salas de Oralidad Penal del Distrito Federal, que respondían a la primera etapa de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, a partir de la reforma constitucional del 18 de junio 2008, la cual obligó a una transformación total del sistema procesal penal en nuestro país. El Programa Cultura de la Legalidad en Salas de Oralidad expuso –en su primera etapa- un panorama de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Los objetivos de monitorear las audiencias en los Juzgados Penales del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fueron: a) evaluar la operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal a través del monitoreo y registro ciudadano de las audiencias correspondientes a las tres etapas, para analizar las actuaciones de los servidores públicos intervinientes y el grado de aplicación de sus principios, b) generar propuestas, demandas y exigencias ciudadanas que permitan contar con un sistema apegado a derecho, con base en la evaluación de las actuaciones de los funcionarios públicos intervinientes, c) informar a los ciudadanos sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El monitoreo que implementamos se estructuró en función de 4 ejes de evaluación: 1) actuaciones judiciales, 2) actuaciones del Ministerio Público, 3) actuaciones del Defensor público y, 4) actuaciones del Asesor jurídico público.

Al ser el primer año de operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México, y al tener acceso a las audiencias públicas, establecimos una primera etapa de evaluación en la que observamos y registramos las actuaciones de cada operador, para verificar que cumpliera con las obligaciones que tiene conferidas en ordenamientos jurídicos e institucionales.

La observación de las audiencias se realizó a través de tres Monitores Ciudadanos especialistas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. El monitoreo de las audiencias se llevó a cabo en los Juzgados Penales del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ubicados en Dr. Lavista 114, colonia Doctores, C.P. 06720, delegación Cuauhtémoc, del 11 de marzo al 31 de diciembre de 2015.

La mecánica de monitoreo era la siguiente: 1) consulta diaria de audiencias programadas y publicadas en las pantallas ubicadas en la recepción de los Juzgados Penales, 2) asignación diaria de rol de audiencias a cubrirse por monitor ciudadano y 3) monitoreo y registro de audiencias asignadas hasta agotar las existentes por día.

  1. En espera de la lluvia

Realizamos el monitoreo de 912 audiencias celebradas en los Juzgados Penales del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el período del 11 de marzo al 31 de diciembre de 2015. Con el monitoreo ciudadano obtuvimos hallazgos importantes, mismos que están agrupados por eje de evaluación:

Actuaciones judiciales

La garantía de ser informado de sus derechos, se encuentra en el artículo 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) el cual establece que todas las autoridades que intervengan en actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan sus derechos, dentro del indicador denominado audiencias en las que el Juez verificó que las partes fueran informadas de sus derechos, se encontró que en 113 audiencias el Juez no respetó, garantizó o veló por salvaguardar los derechos de las personas que intervienen en el procedimiento.

En el indicador audiencias en las que el Juez verificó la legalidad de las actuaciones previas, antes de convalidar en audiencias de incompetencia, se identificó que en el 62.7 % de las audiencias el Juez de garantías verificó la legalidad de las actuaciones del sistema mixto y, al percatarse de irregularidades, omitió salvaguardar los derechos de las partes, faltando a sus deberes y violando los principios de igualdad ante la ley, contradicción, así como el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada.

Durante la investigación inicial los intervinientes pueden reunir el material probatorio pertinente, idóneo y lícito para solicitar la imposición de una medida cautelar o en su caso controvertirla, sin embargo, únicamente en el 36.6 % de las audiencias el Juez de control realizó un análisis de los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público o la defensa para determinar la imposición de medidas cautelares, en consecuencia el imputado se encontró frente a actos de autoridad que afectan su libertad y sus bienes.

Nota completa: http://themexicantimes.mx/el-diluvio-que-viene-nuevo-sistema-de-justicia-penal-en-mexico/

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El problema del poder*

Fuente: Luis Rubio / Reforma

discursoPara nadie es secreto que el gobierno del presidente Peña ha respondido mal ante los diversos problemas y desafíos con que se ha topado. Una muestra simbólica de ello fue la decisión, hace unos meses, de retirar del aire un anuncio cuyo mensaje era “ya chole con tus quejas”, una forma de responderle a la población por la baja popularidad del presidente y la falta de credibilidad que caracteriza a su gobierno.

Parece claro que se trata de un gobierno que se siente acosado, protegido tras los muros de la casa presidencial pero sin capacidad de comprender qué es lo que pasa afuera: cuál es la razón por la cual pasó de altos niveles de aprobación a la crítica situación en que se encuentra en su cuarto año de gobierno. La administración no parece ni siquiera comprender la naturaleza del problema: qué es lo que aqueja a la población ni por qué se deterioró el ambiente de súbito. Su respuesta ha sido mediática en vez de estructural.

El problema estructural de la política mexicana es triple: ausencia de legitimidad, disfuncionalidad del sistema de gobierno y activismo político no institucional.

La carencia de legitimidad, factor que resume las percepciones de la población respecto al gobierno, al sistema político, a los políticos y a los partidos, se observa en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Algunos ejemplos evidentes son la baja popularidad que caracteriza al gobierno y su partido, la parálisis en que ha caído todo el aparato político, pero sobre todo la percepción generalizada de corrupción e impunidad que se atribuye al conjunto del sistema y sus integrantes, de todos los partidos.

La disfuncionalidad del sistema político se deriva del cambio que ha experimentado el país a lo largo de casi un siglo sin que el sistema gubernamental se haya adecuado a las nuevas circunstancias. Un ejemplo lo dice todo: cuando el gobierno fue acusado de reprimir las manifestaciones estudiantiles en 1968, su reacción no fue la de construir un cuerpo policiaco moderno, bien entrenado y formado con una doctrina de respeto a los derechos ciudadanos (como se vio esta semana), sino que se optó por jamás impedir una manifestación o bloqueo. A partir de ese momento, todos los gobiernos del país se han dedicado a proteger a los manifestantes a costa de la ciudadanía que, no sobra decir, es quien produce, genera empleos y paga impuestos.

Los activistas que salen a las calles, bloquean avenidas y edificios públicos, excluyen a la ciudadanía y avanzan exclusivamente sus propias causas, tienden a jugar fuera de los marcos institucionales y legales, llegando a intentar forzar, por ejemplo, la renuncia del presidente antes de que cumpliera dos años en el gobierno. En ausencia del tipo de mecanismos inherentes a un sistema de gobierno moderno, como son los pesos y contrapesos, la respuesta ciudadana ante la disfuncionalidad gubernamental no puede ser otra más que la protesta, activa o pasiva, pero protesta al fin. Aunque los activistas, incluso los más aguerridos, no han tenido la capacidad de poner en jaque al gobierno, sí han tenido el efecto de causarle ilegitimidad y, de hecho, paralizarlo.

En la era industrial, los gobiernos tenían capacidad de control de sus sociedades en buena medida porque la propia dinámica de la producción generaba un sistema de disciplina autocontenido que se afianzaba a través de las formas de organización y participación propias de esa era, especialmente los sindicatos. En ese contexto, todo lo que un gobierno tenía que hacer era generar condiciones de certidumbre para los actores económicos y políticos fundamentales y el resto se derivaba de ello. Hoy, en la era de la información, es imposible avanzar sin explicar y convencer a la población.

Para salir del hoyo, el país requerirá soluciones institucionales y la clave para ello reside en la definición del problema. La sociedad mexicana requiere reglas claras que sean cumplibles, que todo mundo las conozca y cumpla y que no cambien de un gobierno a otro. Es decir, requiere un Estado de derecho.

¿Por dónde comenzar? Hay varias formas de avanzar en la dirección de la consolidación del Estado de derecho. El punto no es retrotraer una colección interminable de códigos y leyes que a nadie importan porque siempre han podido ser modificadas por el presidente del momento.

La pregunta es cómo implantar esas reglas elementales. Una forma, la más expedita, sería la de un liderazgo presidencial que convenza a la población de su importancia y se comprometa a cumplirlas y hacerlas cumplir. El presidente Peña ha tenido esa posibilidad en sus manos por mucho tiempo pero, en la medida en que se desgasta y desaprovecha, la va perdiendo. En ese sentido, va creciendo el riesgo de que en lugar de que se implante el corazón de un Estado de derecho, el país pase a una era de líderes propensos al abuso, las prácticas dictatoriales y la imposición en lugar del acuerdo social. Los tiempos en esto sí hacen diferencia.

* Del libro El Problema del Poder: México requiere un nuevo sistema de gobierno. http://bit.ly/28Tkh2P

@lrubiof

Nota completa: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=91490

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El veto y el martillo

Fuente: Juan E. Pardinas / Reforma

50y¿Tiene parientes de primer grado que sean dueños de empresas que tengan contratos activos con alguna dependencia de gobierno? Si Jesús Murillo Karam hubiera tenido que llenar y publicar su declaración de intereses hubiera tenido que responder afirmativamente a la pregunta que abre este texto. Mexicanos contra la Corrupción obtuvo copia de 43 contratos asignados a tres empresas constructoras propiedad de hijos, sobrinos y parientes políticos del ex procurador general de la República.

Venderle al gobierno no es ningún delito y tener familiares que lo hagan tampoco, pero este caso particular da elementos para alzar una ceja. En 2010, el trío de empresas familiares no tenía ni una sola obra pública en construcción. En 2013, las empresas vinculadas con Murillo Karam obtuvieron 21 obras por más de 1,800 millones de pesos. En 2014 fueron 15 obras que redundaron en ingresos por 1,900 millones de pesos. El contrato más grande, por 885 millones de pesos, se asignó de forma directa sin concurso.

Entre 2012 y 2015, las empresas de la familia Murillo tuvieron un incremento de ventas de 700%. Esta cifra es de asombro, si se considera que en esos años el sector nacional de la construcción creció en promedio menos de medio punto porcentual por año. El mejor año del periodo fue 2015, con un crecimiento anual de 2.5%. Una vez que Murillo Karam dejó el gobierno, las empresas familiares sufrieron un súbito periodo de vacas flacas: en 2016 no han ganado un solo contrato.

Con las anteriores normas para “combatir” la corrupción, Murillo Karam no hubiera podido ser investigado por tráfico de influencias; como procurador o secretario de Sedatu, él no tenía influencia directa sobre la asignación de esos contratos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción reconocen que la influencia de una persona para traficar favores puede ocurrir desde otras áreas de gobierno ajenas a la dependencia que otorgó el contrato. Ahora un procurador podría ser investigado por la asignación directa de una obra en otra oficina de gobierno. Este es uno de los muchos avances de las normas que recién aprobó el Congreso en el combate a la corrupción.

Sin embargo, el tema de las versiones públicas de las declaraciones patrimonial y de intereses se quedó atorado. Si a principios del sexenio hubiera existido la obligación legal de transparentar las declaraciones de intereses, no sólo la historia de Murillo Karam hubiera sido distinta, sino la de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta semana, el Presidente tomó una decisión inédita: vetar un artículo, el 32 de la Ley de Responsabilidades, que fue votado masivamente por la representación de su propio partido en el Congreso. Así el titular del Poder Ejecutivo rectifica el error del Poder Legislativo que obligaba a más de la mitad de la población mexicana a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Desde Ban Ki-Moon, el secretario general de la ONU, que recibe cuotas del gobierno mexicano, hasta las decenas de millones de personas que reciben subsidios de las tarifas eléctricas de la CFE hubieran tenido que presentar su 3 de 3.

@jepardinas

Nota completa: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=91489&_ec_=1

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Justicia a la medida

Fuente: Ana Laura Magaloni Kerpel / Reforma

just¿De qué se trata impartir justicia? ¿Qué genera un sistema de justicia que funciona bien? ¿Por qué en México hay una enorme demanda de justicia insatisfecha frente a la cual no parece haber una respuesta clara ni un camino a seguir para satisfacerla?

Estoy convencida que la justicia es un proceso que debe servir para reparar los vínculos sociales que se rompen con el conflicto. Cualquier conflicto genera rupturas, desde la disputa de una pareja por la custodia de sus hijos, hasta el deudor que no le paga a su acreedor. Ya ni se diga los conflictos propios de la justicia penal, como el secuestro o el robo con violencia. Empíricamente se ha demostrado que si el proceso judicial es percibido por las partes como justo -porque se sienten escuchadas, tratadas con respeto y de manera pareja y porque entienden qué está pasando- el resultado será mucho más legítimo y las partes acatarán la decisión del juez como una decisión razonable, adecuada, justa. La justicia es un complejo proceso de persuasión y no un mero acto de imposición. Y este proceso, cuando sucede correctamente, restablece el “engrudo social”. Las partes y los ciudadanos tendremos la certeza de que en México se imparte justicia, y ello es crucial para podernos relacionar con otros a pesar de nuestras diferencias.

Estas rupturas sociales si no se reparan terminan fracturando la capacidad de cooperación, de asociación y de empatía entre las personas. También acaban mermando la confianza en la autoridad. Y todo ello va desmoronando la vida colectiva. El impacto de la falta de justicia no es trivial: la gobernabilidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza dependen en buena medida de la capacidad de las personas para asociarse, ayudarse y cooperar. En muchas partes del país, las rupturas sociales son cada vez más hondas y la justicia sería clave para comenzar a recomponerlas.

Esta reflexión surge a propósito del reporte denominado “Justicia a la medida” que presentó esta semana México Evalúa. Esta organización civil propone siete indicadores para medir la justicia penal en México. Cada uno de estos indicadores, salvo la tasa de homicidios, pone énfasis en el conjunto de interacciones que van teniendo las personas con cada una de las autoridades que intervienen para investigar y sancionar a quien delinque. La confianza en el juez, el MP y la policía; el trato que recibe la víctima en la agencia del MP, la presunción de inocencia del imputado, el juicio justo, la cárcel segura y digna, entre otros. México Evalúa no habla de tasa de impunidad ni de número de sentencias condenatorias. El énfasis está puesto en la experiencia de las víctimas y de los acusados con las autoridades del sistema. Ello me parece que es buen termómetro para comenzar a medir la capacidad del sistema penal para impartir justicia en el sentido al que me refiero, en donde la calidad del proceso es lo que legitima el resultado.

Nota completa: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=91446&_ec_=1

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