Consenso nacional contra la corrupción

Fuente: Mauricio Farah | El Universal

corrupCada vez son más los mexicanos que identifican a la corrupción como el gran enemigo nacional.

Si durante décadas, por no hablar de historia más lejana, se vio a la corrupción como algo inevitable, un mal con el que había que convivir, ahora se le percibe como una práctica nociva que hay que combatir.

Gracias a este cambio de visión, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y actores políticos, estamos en vías de lograr una de las más sustanciales transiciones de nuestra relación social: la de pasar de la resignación a la acción en materia de prevención, combate y castigo a las conductas corruptas.

Así como se recorrió un camino de décadas para crear leyes e instituciones en materia electoral, de transparencia y de derechos humanos, se tuvo que gestionar un largo proceso hasta lograr la institucionalización de la lucha contra la corrupción en todo el país, a partir de la promulgación de las siete leyes secundarias de la reforma constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Como quien pone nuevos cimientos, al encabezar el acto en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón por el error de la adquisición de la llamada Casa Blanca a pesar, dijo, de haber actuado conforme a la ley, lo que lo llevó a reflexionar que los servidores públicos “además de ser responsables de actuar conforme a Derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos”. Y agregó que “a partir de ello estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción”.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, en los siguientes años veremos integrarse instituciones nacionales de gran calado, así como decenas de comisiones y fiscalías a nivel estatal e incluso municipal.

Probablemente se elevará en forma relevante el perfil de servidores públicos apartidistas, institucionales, respetuosos de todas las ideologías, capaces de dialogar y negociar de manera transparente, sin prejuicios políticos, tal como lo han sido destacados consejeros electorales y funcionarios de los organismos de derechos humanos y de transparencia, estatales y nacionales.

Ante una decidida demanda ciudadana, la construcción del andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción es testimonio de una voluntad política que comparten todos los partidos.

En el acto de promulgación, el presidente del Senado, Roberto Gil, acertó al destacar que con el nuevo sistema anticorrupción la exigencia social encontró cauce y salida institucional.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, fue claro al señalar las que considera insuficiencias del sistema, a la vez que afirmó que sin embargo está convencido de que la promulgación de las leyes anticorrupción “son un primer paso, muy importante, significativo, en el combate a la corrupción”.

En el contexto de este implícito consenso nacional ha venido sucediendo algo impensable hace unos pocos años: líderes políticos encabezan acciones contra la corrupción, ya no de sus adversarios, sino de miembros de sus propios partidos.

Estamos superando la cultura de la cofradía que todo perdonaba y que todo encubría, esa gran cobija de complicidades que nutría hermandades basadas en la impunidad y el secretismo.

Ahora varios partidos han creado instancias internas para vigilar la ética de sus militantes. La alternancia en todos los órdenes de gobierno, por su parte, genera la probabilidad real y constante de que nuevas administraciones, emergidas de partidos diferentes a las salientes, puedan auditar el desempeño de los gobiernos que las precedieron.

Si sumamos a ello las herramientas de la ley de transparencia, la existencia de un entramado de organizaciones de la sociedad civil con gran capacidad operativa y una prensa cada vez más crítica, apreciaremos un nuevo escenario en el que cada vez será más difícil participar en actos de corrupción y gozar de impunidad.

 

@mfarahg

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Contrahechura mexicana

Fuente: Federico Reyes Heroles | Excelsior

sotoLa respiración se corta. Los sobresaltos no dan pausa, primero San Juan Chamula, 30 comunidades representadas, más de dos mil asistentes y de pronto una “turba” se lanza contra las autoridades. Caen muertos el alcalde, un síndico, un regidor y varias personas más. Le reclamaban obras, los ánimos se encendieron en ese paraje de heridas centenarias y de allí, en segundos, a la vejación y la muerte. Algo está podrido en México.

Pocas horas después, Pungarabato, cae otro acalde en una lluvia de tiros. Los Templarios o La Familia circulan como versión. La plaza está totalmente penetrada por los narcos. De noche, en una zona muy peligrosa, se arriesgó, dicen las autoridades locales. Vaya argumento. Surgen dudas. Todo es posible. Chamula y Pungarabato, sucesos inconexos o quizá nos resistimos a leer lo evidente. La violencia, con distintas caretas, se está apoderando —¿se ha apoderado?— de México. En diez años han caído 45 munícipes, más legisladores locales, un candidato a gobernador y un largo etcétera. La persecución y asesinato de periodistas ha obligado a Freedom House a retirarle a nuestro país la calidad de libre. Hay un amasijo de violencia que nos ahoga.

El amasijo incluye, por supuesto, la “guerra” contra el narco y sus derivados, los desaparecidos. Dentro de esa masa amorfa todos los actos violentos que no tienen consecuencias jurídicas —que quedan impunes— abonan a la extendida creencia de que todo se puede en México, desde golpear o violar o matar, con una altísima probabilidad (97%) de salir tan campante de la aventura. Es el mismo país que estrena un nuevo sistema de justicia, el que se ufana de venir preparando una fuerza federal desde hace décadas, el que anuncia la creación de los centros de inteligencia, el que discute las policías únicas, el que presume con la exitosa detención de decenas de capos. Es el México que desconcierta porque —a pesar de los avances— es incapaz de mandar una señal congruente de que aquí impera el Estado de derecho. Esa es la mayor contrahechura de México, el claro registro de que la impunidad es nuestra forma de vida.

Llegan nuevas leyes e instituciones, el Sistema Nacional Anticorrupción y el fiscal son grandes avances, pero si no vienen acompañados de una auténtica cruzada en contra de la impunidad, de poco servirá. La reacción contra los Duartes y Borge es sólo un primer paso, pero debería derivar en acciones jurídicas. Que el flamante presidente del PRI anuncie cero tolerancia hacia los corruptos es alentador, pero deberá haber expulsiones, una auténtica poda que también necesitan sus contrincantes. La gobernadora de Sonora está apostando a esa carta en el entendido de que la ciudadanía mexicana, por fortuna, ya es otra y ha elevado la corrupción a ser la segunda causa de inconformidad ciudadana, sólo superada por la violencia. Por eso el asunto de la llamada Casa Blanca ha tenido un costo político tan alto para EPN, porque la cultura ciudadana giró, en menos de dos décadas, de una tácita tolerancia hacia la corrupción a un hartazgo y rechazo abierto. México avanzó mucho y rápido en materia de transparencia, pero se quedó anclado en la impunidad.

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Horario inconveniente

Fuente: Martín Espinosa | Excelsior

NOCHIXTLANNos horrorizamos por los hechos de violencia que ocurren en el mundo, pero hemos perdido la capacidad de asombro por los crímenes que pasan frente a nuestras narices, un día sí y otro también, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Mediáticamente sucede que recientes atentados terroristas en Estados Unidos, Francia, Alemania y el Medio Oriente son transmitidos “en vivo”, casi al momento en que suceden, pero este tipo de crímenes que ocurren en nuestro país no merecen siquiera una transmisión continúa a través de la televisión. ¿Qué nos sucedió? ¿En qué momento perdimos la capacidad de indignación en torno de nuestra realidad? Lo acontecido este pasado fin de semana con los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y Pungarabato, Guerrero, es otra prueba más de la indolencia social frente a una situación de antaño intolerable, pero que ninguna autoridad ha podido frenar por muchas razones. Hechos que se suman a las estadísticas que indican que en los últimos 10 años han sido asesinados 45 alcaldes, a manos del crimen organizado, que parece “tocarlo” todo con ese “brazo corruptor” y de muerte que lo caracteriza.

Situación que demuestra la extrema debilidad en que hoy se encuentran los municipios del país, llamados la “primera célula” del Estado, en el que los ciudadanos se desarrollan en primera instancia y cuyo contacto con las autoridades de ese primer nivel de convivencia marcan la forma y el clima de violencia en que viven las comunidades de cada entidad del país.

Es el municipio, no sólo el área geográfica, el territorio en que habita una comunidad, sino también comprende a la población que en él radica y que lo convierte en una entidad administrativa. De ahí que la debilidad que hoy enfrentan muchos de ellos repercuta en el resto de la estructura gubernamental que pasa por la entidad hasta impactar en la Federación.

Ello ha traído como consecuencia el clima de ingobernabilidad que hoy se registra en varios estados, como los ya mencionados, y que se ha convertido en el argumento principal de quienes hablan de “estados fallidos”.

La falta de recursos y una mala administración de los pocos con que cuentan han generado también esa “debilidad estructural” que, aunada al “impedimento” legal que tiene el gobierno federal de intervenir en ellos bajo el pretexto de la “invasión de facultades”, han provocado situaciones que derivan en la violencia observada de unos años a la fecha. Muchos de esos municipios hoy se encuentran a merced del crimen organizado.

@martinespinosa

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CDMX: derecho al voto a los 16 años

Fuente: Cecilia Soto | Excelsior

inesEn las elecciones de 2006 en nuestro país, en una votación paralela organizada por el entonces Instituto Federal Electoral y la Unicef, un millón de adolescentes votaron por aquellas acciones que serían más importantes para mejorar su vida. La segunda más votada fue la siguiente: “Que los maestros no abusen de su autoridad y sean congruentes entre lo que dicen y lo que hacen”.

Y, sin embargo, en la reflexión y el debate sobre los contenidos del Modelo Educativo recién propuesto por la Secretaría de Educación Pública,  los adolescentes estarán ausentes tanto directamente como a través de algún tipo de representación.

A pesar de que el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo permite trabajar a los adolescentes de 16 y 17 años sin que tengan que pedir autorización a padres o a tutores y que ello les obliga a registrarse como contribuyentes, este grupo no tiene representación política alguna. Tiene obligaciones, pero su derecho a hacerse oír, para participar en los procesos de participación ciudadana sobre asuntos que pueden cambiar sus vidas, es nulo.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tiene un piso que la acota: la Constitución federal, pero por techo tiene la imaginación, la audacia y la ambición de que la capital del país continúe siendo vanguardia en derechos, libertades y ejercicios que prueben la viabilidad de nuevas formas de democracia y participación cívica.

Dos procesos recientes muestran el impacto posible de la ampliación del voto a los adolescentes de 16 y 17 años: el referéndum por la independencia de Escocia y el referéndum por la salida o no de la Unión Europea. Para el primer caso, se amplió la posibilidad del voto de los 18 a los 16 años. Lejos de la idea de que a este grupo de edad no le importaba la cosa pública, los adolescentes escoceses participaron masivamente (89%) en el referéndum sobre la independencia de Escocia. En el caso del Brexit, 84% de los adolescentes escoceses votaron en favor de permanecer en la Unión Europea. En contraste, en el resto del Reino Unido, donde prevaleció el voto a partir de los 18 años, la asistencia de los adultos jóvenes a las urnas fue menor de la esperada.

En el Brexit,  un electorado expresivo de adultos mayores, con 15 o 20 años de vida por delante, determinó el futuro de jóvenes con 60 o más años por vivir. Se trató en la práctica de un ejercicio regresivo de justicia intergeneracional. No hablo necesariamente del resultado a favor o en contra de la pertenencia a la Unión Europea, sino de un perfil del electorado europeo —o de una mayoría de países en Europa— en el que demográficamente una generación que va de salida impone su punto de vista a una generación que inicia su vida política. Por este tipo de dilemas, son varios los países (Austria, estados y municipios alemanes, Escocia, Indonesia, Brasil, Argentina, Cuba, Ecuador, entre otros) que han rebajado la edad a los 16 años y países como Irán a los 15. En noviembre próximo, California someterá a referéndum rebajar la edad para votar localmente a los 16 años.

Se podrá argumentar que no ha habido un movimiento masivo ni explícito en favor de otorgar el derecho al voto a los 16 años. Aquí es importante señalar que las preocupaciones por la cosa pública se manifiestan por los adolescentes en forma diferente. Por ejemplo, se manifiesta claramente por temas que les interesan (se puede citar el actual movimiento en el Instituto Politécnico Nacional) y, en cambio, les son indiferentes los vehículos clásicos de participación política como los partidos. En 1969 se rebajó la edad para votar de los 21 a los 18, por un reconocimiento tardío de dar vías de participación política a los jóvenes. Ninguno de los seis puntos del pliego petitorio del movimiento de 1968 pedía explícitamente el derecho al voto, pero había que ser ciego para no reconocer necesidad implícita.

@ceciliasotog

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Violencia y diálogo

Fuente: Sergio Sarmiento | Reforma

chamulaAunque el partido de los que sí saben gobernar está en el poder, México se hunde cada vez más en la ingobernabilidad. Grupos de presión han tomado el control de algunas regiones y utilizan la fuerza para exigir recursos públicos y tratos preferenciales.

Este 23 de julio se llevó a cabo en Chiapas una de las muchas manifestaciones en que grupos de presión exigen dinero y privilegios. La movilización frente al Palacio Municipal de San Juan Chamula demandaba “dinero para obras” y “recursos para artesanas”. El presidente municipal, Domingo López González, del Partido Verde, y otros miembros del cabildo salieron a dialogar con los manifestantes, pero tanto el alcalde como un síndico y un regidor fueron abatidos por encapuchados. En total cinco personas murieron y 12 resultaron heridas en este ataque que, de haber ocurrido en Múnich o París, habría sido objeto de una cobertura mediática internacional. En México es parte de la vida cotidiana.

La cultura de la violencia se ha apoderado de nuestro país. La idea de que sólo era necesario que los que sí saben gobernar regresaran a Los Pinos para bajar la violencia ha caído por tierra. Es verdad que hubo un descenso en las cifras de homicidio a partir de 2012, todavía en el sexenio del panista Felipe Calderón, pero los números están subiendo nuevamente. En los seis primeros meses de este 2016 los homicidios dolosos aumentaron 15.6 por ciento para registrar 9,413 (Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Si los homicidios están subiendo, también las protestas, que se están saldando cada vez más con violencia. Las muertes durante la protesta de San Juan Chamula son el ejemplo más reciente. Pero ahí están también los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, en que nueve personas murieron el 19 de junio en una balacera durante el desalojo de un bloqueo de la autopista Oaxaca-Puebla, o los de Iguala del 26 de septiembre de 2014, cuando más de 40 personas fallecieron tras ser atacadas mientras se movilizaban en autobuses robados.

La violencia es consecuencia de la inacción de un gobierno que ha perdido la brújula, que no entiende ya su función en la sociedad. La principal responsabilidad de un gobierno es proteger a los gobernados del robo y la violencia. Esta función no se cumple con facilidad, ninguna sociedad está completamente exenta del crimen; pero México es uno de los países con mayor inseguridad y peor Estado de derecho.

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Las disculpas y los hechos

Fuente: Juan E. Pardinas | Reforma

epnietoCarlos Monsiváis decía que en tiempos del presidencialismo mexicano había que ser muy valiente para criticar al presidente de la República, pero en el siglo XXI, había que ser muy valiente para defenderlo. Dispensando el halago en boca propia, creo que el presidente Peña Nieto hizo bien en ofrecer una disculpa por el asunto de la “Casa Blanca”. El problema es que en las disculpas, como en el arte de contar chistes, el timing lo es todo. Los angloparlantes definen el concepto de timing como una administración estratégica del instante y la oportunidad. Cuando el contador de un chiste se tarda en soltar el gancho final de su cuento, la carcajada potencial desvanece su euforia en una tibia sonrisa. Si una disculpa se tarda mucho en llegar, el agravio se aferra y se amarga en el ánimo del agraviado.

Lo más importante del discurso presidencial al promulgar las leyes anticorrupción, no fue el recuento de los daños, ni la petición del perdón, sino el cierre de su mensaje: “Hasta no ver resultados contundentes, la ciudadanía verá en nuestros discursos solamente eso, discursos”. La legitimación colectiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no vendrá de los diagnósticos de los expertos, ni de los eventos en Palacio Nacional, sino de un cambio de trayectoria de la impunidad. Sólo la legitimidad de los hechos y las acciones penales podrán forjar la esperanza de que sí podemos combatir la corrupción. La disculpa presidencial llegó 20 meses tarde. Ni el ciclo sexenal, ni la paciencia social tienen la opción de esperar tanto tiempo para ver resultados concretos.

El SNA es el plano jurídico-arquitectónico para salir del laberinto de la impunidad. Sin embargo, todavía falta un proceso complejo para nombrar a los cinco integrantes de su comité ciudadano, al nuevo secretario de la Función Pública y al fiscal anticorrupción. Una vez que estén definidos estos liderazgos se podrá empezar el proceso de construcción institucional. En el mejor de los casos, este proceso durará varios meses y la urgencia de la República demanda acciones inmediatas.

@jepardinas

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Autopsia de una disculpa

Fuente: Eduardo Caccia | Reforma

esbnaSupongo que una autopsia es un camino donde brotan las preguntas, no todas con respuesta. Es también un ejercicio de exploración para tratar de entender, conocer, comprobar, más allá del morbo. Es un viaje incisivo en busca de señales, un andar tras la pista sospechosa, si aparece, que permita construir un epílogo del epílogo de alguien, o de algo.

En la plancha tenemos las siguientes palabras: “En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”.

Estas palabras no las dijo cualquier mexicano, son palabras de quien ostenta la investidura más importante en el país. Su potencial trascendencia no debe minimizarse si consideramos que los cambios culturales se gestan, entre otras circunstancias, cuando uno de los símbolos de esa cultura muestra un cambio de conducta, no solo un cambio de sentimiento. Me surge la pregunta: ¿habrá este cambio de conducta? Sólo así este gesto tendrá el reconocimiento que su autor reclama. Estamos ante la posibilidad de una revolución moral.

En The Honor Code, Kwame A. Appiah analiza cómo se han gestado algunas de las revoluciones morales de la historia, cambios de prácticas culturales que en su momento fueron vistas como la norma pero también criticadas (el duelo para resarcir el honor, la esclavitud, la deformación de pies femeninos en China), como sería el caso de la corrupción en México. Appiah encontró que hay una conexión directa entre el honor y una revolución moral, su libro apunta a desmembrar cómo el honor juega un papel central en los cambios culturales y señala: “Una persona honorable se preocupa primero no de ser respetada sino de ser merecedora de respeto”, y establece que una cosa es administrar la reputación y otra es mantener el honor. ¿Hacia dónde apuntan las palabras presidenciales?

Nótese que el argumento presidencial considera que lo que causó indignación fue “la información difundida”, no el objeto de esta información. El antropólogo Frank Henderson dice que para una persona honorable el honor per se es lo que importa, no sus beneficios, así, uno siente vergüenza o arrepentimiento cuando ha faltado a la norma de honor, aunque nadie sepa que uno falló. Cabe la pregunta: ¿el sentimiento presidencial es por un acción indebida de él o por el hecho de que la información se hizo pública?, ¿le importa más el acto de pedir perdón o el hecho de ser perdonado?, si fuese lo segundo, ¿cómo espera saber que los mexicanos lo perdonaron?, ¿de qué exactamente pide que se le perdone?, ¿cómo define el Presidente su error?

@eduardo_caccia

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El sapo y la pedrada

Fuente: Gerardo Galarza | Excelsior

corruEn la semana en la que se promulgaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, con todo y solicitud presidencial de perdón por el “error” de laCasa Blanca, el alcalde del municipio de Dzilam González, Yucatán, José Concepción Martín Heredia, fue sorprendido ofreciendo una mordida de 50 pesos a un policía estatal que lo detuvo por conducir a exceso de velocidad y sin documentos en la ciudad de Mérida. Dos emblemas nacionales, sin duda; dos rayas más al tigre, dirán los cínicos.

La corrupción no es un mal exclusivo de México. Es un problema en el mundo, pero éste no debe ser el consuelo de muchos. De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2016 México ocupaba el lugar 95 a nivel mundial. Mucho más cerca de los más corruptos que de los menos.

La corrupción es probablemente el mayor mal de México y de los mexicanos. La inseguridad, la violencia y la impunidad también lo son y quizás sean más notables, pero atrás de éstos casi siempre existe un acto corrupto.

Este escribidor sabe, porque es mexicano, que para que la corrupción exista se necesitan cuando menos dos actores: el corrupto y el corruptor o al revés, como se quiera. Si uno de los dos no estuviera presente, la corrupción tampoco.

Pero en México, nadie es corrupto. La corrupción es de todos los demás. El corrupto es por excelencia el protagonista de la corrupción, el corruptor, no. Éste, se justifica, se ve obligado a entrar a ese juego para tratar de “arreglar” cualquier asunto que se le complique y que, además, siempre se complicará. Ponga usted el ejemplo que quiera. Y todo se arregla con una lana, lanita o lanota. Y la tradición mexicana enseña que “El que no transa, no avanza”, “Qué tanto es tantito” o “No me den, pónganme donde hay”.

Los corruptos son los demás. Los corruptos por antonomasia son los políticos, de cualquier partido y de cualquier nivel; los burócratas también. Los corruptores son los otros; también… los demás.

Se cree y se dice que los corruptos son los abusivos y que los corruptores son los abusados (en los dos sentidos del término: el que sufre los abusos, pero sobre todo el que es aguzado; y ambos pretendiendo justificar su parte de la ecuación).

En México, los actos corruptos ocurren todos los días, a todas horas, a lo largo y a lo ancho del país, en las ciudades y en las zonas rurales; en las oficinas públicas y privadas; en las calles.  Corruptos y corruptores (o al revés) buscan los mismo: un beneficio personal, que siempre afecta al beneficio legítimo de la colectividad, y saben que la impunidad los cobijará, sea cual fuera el asunto “arreglado”. Lo mismo para escapar de una multa de tránsito que para conseguir una residencia para la familia presidencial o los beneficios que conseguirán quien la construya. Hay quien piensa que no es lo mismo, que la cantidad es lo que determina la gravedad de la corrupción. Y no; el acto es exactamente el mismo. Según el sapo es la pedrada, dice el argot popular, pero el sapo siempre será sapo y la pedrada siempre será pedrada.

Sin embargo, a los mexicanos no les gusta que les digan corruptos ni mucho menos que se afirme que es parte de la cultura nacional. Aunque lo sea. Acá la corrupción existe desde que los indios (no escribidor, no uses palabras que la corrección política pueda considerar denigrantes o discriminatorias) eran bien chingones y que se incrementó con las malas mañas que trajeron los gachupines (aquí sí vale, dirán los mismos de arriba, el sustantivo despectivo). La historia de la patria mexicana, la de ahora y la de antes, está llena de actos de corrupción. Quién no lo crea, pues que lea; quien lo niegue, pues allá él.

Y aunque el siglo pasado estuvo marcado por la corrupción proveniente y cobijada por el partido único en el poder, el PRI y sus antecesores, no es el inventor de la corrupción mexicana, pero sí la solapó. Hay leyendas virreinales tan conocidas, y recogidas por Luis González Obregón, como Los polvos del Virrey, que lo ilustran. Más: luego de la llamada Revolución Mexicana, esa que le ha hecho justicia a algunos o muchos privilegiados, todos los gobiernos federales, estatales y municipales han prometido combatir la corrupción y, a veces, hasta han llevado a la cárcel a algún enemigo político; la han convertido en bandera política y presuntamente en política pública: ¿se acuerdan de “la renovación moral de la sociedad” prometida por el candidato Miguel de la Madrid en 1982?

@ggalarzamx

 

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EPN: la banalidad del perdón

Fuente: David Pérez | El Norte

eperdonMal empieza la semana al que ahorcan en lunes. Así inició para Virgilio Andrade su carrera política a nivel nacional, apareció en escena ligado a uno de los casos que marcan lo que va del sexenio.

El pasado lunes presentó su renuncia. Acto seguido, el exonerado Enrique Peña Nieto promulgó un paquete de leyes anticorrupción. Peña dijo un discurso en el que reiteró disculpas y pidió perdón.

¿Cuáles son los alcances de pedir perdón?, ¿basta con pedirlo o es necesario que los agraviados lo otorguen?, ¿qué valor tiene un perdón que no repara el daño estructural?, ¿en qué consiste un tipo de perdón que no asume responsabilidades?

Diversos estudios sobre los procesos de reconciliación y de perdón, que inician los funcionarios públicos u otro tipo de actores que han provocado daños, tienen unas características mínimas para que puedan tener impacto en las personas y en las estructuras involucradas.

Se recomienda que sean posteriores a la reparación del daño, pero sobre todo, que hayan sido superadas las condiciones sociales que hicieron posibles los daños.

A continuación, los invito a centrarnos en el análisis de algunas frases que utilizó el titular del Ejecutivo:

Peña: “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos”.

Más allá de la incuestionable experiencia subjetiva de los sentimientos, esta frase puede ser una pretensión de victimización a sí mismo, o de apariencia de gran estadista que conoce el sentir de su ciudadanía.

Peña: “Por eso, con toda humildad, les pido perdón”.

Martha Minow (1999), decana de la facultad de Derecho de Harvard, en su reflexión sobre la venganza y el perdón, es enfática en afirmar que el perdón es una dinámica con la cual se empoderan las personas que recibieron algún daño por parte de un aparato gubernamental.

El perdón nunca es un derecho de quien lo pide, mucho menos se puede exigir cuando no se han superado las condiciones del daño.

Peña: “…dañó la confianza en el Gobierno”.

Hablar de daño implica aceptar que se realizó una afectación a derechos concretos, puede ser daño físico, psicológico, material, político o moral.

Margaret Urban Walker (2006), decana de Filosofía en la Marquette University, en su reflexión sobre la reparación de las relaciones morales fracturadas a causa de violencia política, recomienda que después de un hecho en que la ciudadanía perdió la confianza en su forma de gobierno, es necesario el acceso a la mayor verdad posible y a la mayor reparación posible.

Propone desatar procesos de justicia restaurativa integral que permitan a los ciudadanos recuperar su capacidad de agencia frente a un Gobierno que distorsionó sus funciones originales.

Peña: “Todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo”.

Aquí la pregunta es qué criterios forman parte de la metáfora del espejo o quién hace las veces del espejo.

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Disculpa real

Fuente: Denise Dresser | Reforma

denisseHe aquí la disculpa que Enrique Peña Nieto debió haber ofrecido:

“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Esa irritación comprensible y justificable ante los conflictos de interés en los cuales yo y el secretario de Hacienda y la primera dama y el constructor Juan Armando Hinojosa incurrimos. Por ello he pedido la renuncia del secretario Luis Videgaray, ya que no puede permanecer al frente de las finanzas nacionales alguien cuyo comportamiento generó y sigue generando sospechas. Los mexicanos no podrán depositar su confianza -vía los impuestos- en un funcionario que se benefició de un crédito no bancario con una tasa de interés del 5 por ciento, otorgado por un constructor que ha recibido múltiples contratos a lo largo de mi paso por el servicio público.

Asimismo he girado instrucciones para que se prohíba la participación del Grupo Higa en cualquier otra licitación en mi sexenio, y que se proceda a una investigación independiente de todas las licitaciones en las cuales participó, incluyendo la del tren México-Querétaro. Ordeno que la información sobre la cancelación de esa licitación -actualmente reservada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- se haga pública, para que la ciudadanía conozca las razones detrás de aquella decisión. Esa será la única manera de asegurar la transparencia de futuras licitaciones, a sabiendas de que toda la información sobre esos procesos pasará a ser parte del dominio público. La opacidad que rodeó el tema de la Casa Blanca se volvió un ácido corrosivo que arruinó la credibilidad de mi gestión. El encubrimiento lastimó la investidura presidencial.

Por eso con toda humildad les pido perdón. Pero más allá de ofrecer disculpas reconozco que es imperativo reparar el daño. Y en un esfuerzo por hacerlo he ordenado que a partir de hoy, cada miembro de mi gabinete presente su 3de3, incluyendo su declaración de impuestos de manera completa, y no sólo la carátula. De la misma manera anuncio mi intención de vetar el artículo 29 de la recién aprobada Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual permite que miembros del gobierno no tengan que hacer pública su 3de3. Reconozco que como fiduciarios y beneficiarios del presupuesto, todos los funcionarios deben transparentar su patrimonio, su cumplimiento con obligaciones fiscales, y sus conflictos de interés. Quien no pueda presentar una versión detallada y amplia de su 3de3 no merece gobernar.

Ahora que se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción se vuelve más necesario que nunca demostrar que el propio gobierno está comprometido con su espíritu. Y dado eso he girado instrucciones para que comience un proceso de auditorías independientes a los tres gobernadores salientes -Roberto Borge de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz y César Duarte de Chihuahua- que han intentado blindarse vía leyes a modo para evitar ser investigados. No permitiré que la impunidad institucionalizada prosiga, ni que sus íconos sean protegidos en vez de ser investigados.

Todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo. Yo reconozco que la reacción de mi gobierno ante el tema de la Casa Blanca fue antidemocrática, y que al exigir la renuncia del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, lo único que logré fue confirmar que actuó como mi subordinado y no como un investigador independiente. Hizo lo que yo lo pedí y no lo que la democracia y la transparencia y la sociedad exigían. También acepto que mi equipo intentó convertir a la periodista Carmen Aristegui en el chivo expiatorio de errores que yo, mi esposa, Juan Armando Hinojosa y mi secretario de Hacienda cometimos. En lugar de aceptar el conflicto de interés en el que incurrimos, iniciamos un proceso inmerecido de satanización y marginación de la periodista.

Yo que he reiterado mi compromiso con la pluralidad y la libertad de expresión, ahora le ofrezco un espacio noticioso -con los mismos términos que tenía en MVS- en cualquier radio o televisora pública. Ese será un paso fundamental para recuperar la confianza perdida en mi Presidencia: darle voz y espacio y presencia a mis críticos, contrapesos indispensables en una democracia. Porque como decía Desmond Tutu, el perdón implica otra oportunidad para empezar de nuevo. Por ello ofrezco disculpas y también reparación del daño. Esa es la verdadera manera de mover a México”.

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