Rapiña: intereses en conflicto

Fuente: Carlos Requena / El Economista

justLa estrategia imprescindible para emprender el combate contra un mal es el diagnóstico. Conseguir una valoración certera no es tarea fácil, sobre todo cuando nos hemos acostumbrado a la maldad y no existe una estandarización de criterios.

Se dice que el Estado mexicano es un Estado fallido, pero ciertamente lo que sí es fallido es su sistema político. La evaluación moral de las acciones de los políticos, candidatos electorales y burócratas, frente a sus relaciones con grupos e individuos en el ejercicio del poder público continúa siendo un limbo cuestionable e inmerso en corrupción. México no está construyendo un buen gobierno desde la comprensión y consistencia ética para la prevención y control legal de los conflictos de interés. Se afecta el diagnóstico y surge desconcierto.

Son innumerables los casos de servidores públicos -y sus familiares- involucrados en adquisiciones de casas, posesión de relojes y automóviles de lujo, además de un ostensible incremento en su riqueza ante su entorno social. La tendencia confirma la regla: cada vez más padecemos múltiples conflictos de interés a lo largo y ancho de los gobiernos. La tragedia radica en que, en nuestro país, este conflicto sólo puede ser valorado desde el ámbito de la ética pública, pero no desde la legalidad, pues no está debidamente regulado.

Toda intervención gubernamental implica potencialmente la afectación de múltiples intereses. Por lo tanto, la conformación de valores objetivos y estándares éticos es requisito urgente para enfrentar los retos de la burocracia política en forma efectiva. (Arellano-Lepore, 2007).

Los estándares éticos de la acción gubernamental y esencialmente de la administración pública deben ser expuestos al debate, pues los buenos ciudadanos no advierten voluntad alguna de la clase política de querer solucionar este problema. Los gobernantes están obligados a cumplir los fines para la defensa de los intereses nacionales, la prosperidad económica general, la conformación de una sana identidad mexicana y el bienestar de sus habitantes; de lo contrario, no serán gobierno, sino autoritarismo rapaz.

Mientras tanto, la corrupción sigue haciendo metástasis en México y en algunas zonas ya se volvió incapacitante. Los conflictos de interés, conjuntamente con impunidad y violencia, generan desconfianza irreversible y agudizan la indignación con altísimos costos sociales y políticos.

Solución: retomar el humanismo

Más allá de anunciar acciones o de apurar leyes de mero deslumbrón mediático, la realidad nos grita que el humanismo es el remedio más certero para la conducción de México. En los ámbitos de la vida nacional, los servidores públicos y políticos necesitan retomar principios de integridad, imparcialidad y establecer alianzas estratégicas con líderes mundiales que sí gozan de credibilidad, moral y reconocimiento. El Estado mexicano y sus principales gobernantes requieren arropar el discurso congruente, las acciones consistentes, el ejemplo de liderazgo y la visión estadista del papa Francisco. No necesariamente desde la religión, sino a partir del humanismo cuyos valores han probado ser inspiración, motor y timón a favor del desarrollo general, la paz y la justicia eficaz.

Los políticos mexicanos deben emprender nuevos caminos, nuevos valores, sanas alianzas, u obtendrán los mismos resultados de descomposición.

Leyes para tu bien.

 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/01/25/rapina-intereses-conflicto

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Gobierno y democracia

Fuente: Luis Rubio / Reforma

cultuHay dos maneras de enfocar los desafíos que enfrenta el país en la actualidad. Uno es suponer que existe un marco de legalidad al cual apegarse. El otro es partir del reconocimiento de que lo que existe no funciona y requiere una transformación. Los dos caminos constituyen avenidas con posibilidades, pero todo depende del puerto al que se desee arribar. Dante Alighieri ofrece una lectura de lo que implica la alternativa: “el sendero al paraíso comienza en el infierno”, nos dice en un pasaje conocido. En otro afirma que “a la mitad del camino de nuestra vida me encontré en medio de un obscuro bosque, pues el camino preestablecido se había perdido”. Cualquiera que sea la perspectiva preferida, ambas implican que el país tiene frente a sí disyuntivas fundamentales.

En meses recientes se han apuntado toda clase de propuestas de solución. Éstas varían dependiendo de la experiencia personal o la perspectiva que anima al proponente: unas son radicales en su contenido, otras ambiciosas en su alcance y algunas claramente interesadas. Los diagnósticos también varían, algo paradójico en una sociedad en la que se decía que los problemas del país estaban perfectamente diagnosticados y que todo lo que se requería era la aprobación de un conjunto de reformas (“las reformas”) para arribar al Nirvana. Pues resulta que hemos vivido el periodo de mayor “turbulencia” legislativa desde que existe la Constitución vigente y, sin embargo, los problemas no han desaparecido.

Con lo anterior no pretendo criticar las reformas aprobadas sino la engañosa propensión a asumir modas como certezas y cambios en el papel como realidades transformadas. Por eso la discusión nacional ha vuelto a los diagnósticos: que si el problema son las reformas mismas o la corrupción, la impunidad o la clase política, los partidos o la ausencia de Estado de derecho. Unos son síntomas, otros potenciales causas, pero es fundamental determinar cuál es cuál y qué es qué antes de seguir armando pactos, aprobando leyes o pretendiendo que la solución a una situación tan compleja reside a la vuelta de la esquina. Lo único evidente es que todos estos son elementos -componentes- de una compleja fotografía con la que el país -y, sobre todo el gobierno- tiene que lidiar.

En su libro más reciente*, Fukuyama ofrece algunas perspectivas que pueden ser útiles para entender la complejidad del momento. Su principal conclusión es que el orden de los factores sí altera el producto, pero no de una manera determinista: para que un país logre la estabilidad y el orden que le permitan progresar requiere tanto un gobierno competente como un sistema de rendición de cuentas eficaz, pero si lo primero no existe, lo segundo solo servirá para hacer imposible el funcionamiento del gobierno.

Los países que primero construyeron burocracias competentes y eficientes y luego arribaron a la democracia tienden a ser más ordenados, eficientes y no corruptos, pero sus gobiernos son usualmente menos responsivos a las demandas de la ciudadanía. El caso prototípico que ilustra su punto es Alemania, país al que compara con Estados Unidos, donde la democracia precedió a la construcción de un Estado fuerte y la ciudadanía organizada tiene enorme influencia sobre la toma de decisiones. El extremo del primer ejemplo sería China (muy eficaz pero nada democrático), el del segundo Grecia (muy democrático pero terriblemente disfuncional). ¿Dónde pondría usted a México?

Una forma de apreciar el argumento del autor es observando los sistemas clientelares: un sistema dedicado al reparto de favores acaba ahogado en la corrupción y es sumamente reacio a ser reformado. El clientelismo, dice Fukuyama, es un “fenómeno ambiguo” porque es “inherentemente democrático” pero también “sistemáticamente corruptor”. Gobiernos dedicados a construir, nutrir y explotar clientelas generan incentivos para que todo mundo vea a la política como una oportunidad de lucro personal.

Cuando evalúa a los países subdesarrollados dice que lo que diferencia a naciones como Corea, Vietnam o China del sub-Sahara africano es que los primeros se caracterizan por la existencia de “Estados altamente competentes, con gran capacidad de acción”, en contraste con aquellos que “no poseen instituciones estatales fuertes”. La clave, dice el autor, reside en la fortaleza y capacidad de las instituciones, no en la orientación ideológica o ética (o sea, cultural) de la sociedad. Donde hay instituciones fuertes, hay un gobierno competente, y viceversa.

Sea cual fuere el diagnóstico correcto de la problemática nacional, es obvio que nuestra debilidad en materia institucional es legendaria, lo cual nos lleva a dos preguntas cruciales: primero, ¿está dispuesto el gobierno a enfrentar una problemática que no tenía en el radar y que lo rebasó en los meses pasados? Segundo, ¿tendrá capacidad la sociedad mexicana para aceptar que algunos de los avances en materia democrática son también parte del problema porque hacen imposible la existencia de un gobierno funcional susceptible de rendir cuentas?

Respecto a lo primero, el país carece de capacidad gubernamental incluso para lo más elemental: seguridad, justicia, infraestructura y disposición a generar certidumbre entre la población. Respecto a lo segundo, la habilidad del gobierno para aprobar las reformas debería ser suficiente para un gran ejercicio de liderazgo que permita discernir entre lo deseable y lo necesario. Lo que no es prescindible es un gobierno funcionando y funcional.

* Political Order and Political Decay.

@lrubiof

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Saneamiento gradual

Fuente: Gabriel Zaid / Reforma

50ySi “Todos somos corruptos”, como dijo famosamente el presidente López Portillo, ¿quién va a sanear? No hay nada que hacer.

La afirmación tajante sirve para eso: para no hacer nada. Para lo mismo sirven las explicaciones absolutas (la corrupción está en nuestra cultura, nuestra historia, nuestros genes) y las soluciones radicales (hay que enseñar a ser de otra manera desde la infancia, hay que rehacer las instituciones, hace falta una nueva Constitución, hay que reinventar el país).

Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad, no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la degradación personal, no contribuir a la ajena y apoyar el saneamiento institucional de manera práctica y sin fariseísmo.

Hay prioridades. Tiene más fuerza multiplicadora la corrupción de un jefe que la de un subordinado; la corrupción de las autoridades (políticas, empresariales, sindicales, mediáticas, intelectuales, eclesiásticas, universitarias, profesionales, deportivas) que la corrupción de las familias. En el ciclo que va desde la ocasión, el delito, la denuncia, la averiguación y el juicio hasta el castigo, nada tiene más fuerza multiplicadora que la impunidad de las autoridades delincuentes.

Hay que combatir la impunidad sin estorbar el ejercicio legítimo del poder. Facilitar la transparencia, la denuncia y el debido enjuiciamiento y castigo. Por ejemplo:

1. Si todos los pagos del gobierno fueran públicos, sería más fácil observar la conducta morosa, inepta o delincuente. La sociedad, la prensa y los órganos del Estado tendrían mayores oportunidades de intervenir para mejorar la administración pública.

Para el arranque, habría que limitarse a los pagos federales de diez millones de pesos o más. La publicación de cada pago debería incluir: persona física o moral que lo recibe, cantidad, concepto, fecha, dependencia, funcionarios que autorizan (en calidad de qué), cuentas programáticas y contables afectadas.

Toda esta información ya existe electrónicamente al expedir el pago. La novedad sería que el programa suba automáticamente una copia a un Portal de Pagos Federales administrado por la Auditoría Superior de la Federación. Esto facilitaría sus revisiones sobre la marcha (sin esperar al cierre del ejercicio) y, sobre todo, abriría a terceros la oportunidad de cooperar con señalamientos concretos de cosas que vale la pena investigar. El acceso a la base de datos (actualizada diariamente) no requeriría solicitud, justificación y ni siquiera dejar los datos del interesado en consultarla.

2. Vigilar la conducta de millones de habitantes en millones de kilómetros cuadrados no tiene sentido práctico (ni democrático). Vigilar la conducta de las autoridades carcelarias, judiciales y policiacas en sus lugares de trabajo tiene más sentido y cuesta infinitamente menos. Las cárceles pueden ser el embrión de un Estado de derecho. Si no es posible asegurar el cumplimiento de la ley en espacios cerrados, pequeños y bajo vigilancia armada, menos aún en todo el territorio nacional.

En las cárceles hay inocentes que no deberían estar ahí; culpables de delitos menores que no pueden pagar la fianza para salir; reclusos que extorsionan telefónicamente a la población externa; que maltratan o matan a otros reclusos; que se fugan. Y autoridades cómplices que toleran todo esto o lo encabezan.

Dado que el saneamiento de las cárceles, inevitablemente, debe estar a cargo de las autoridades; y que los ciudadanos (con razón) no querrán meterse en ese infierno; lo práctico es que la intervención ciudadana se ejerza contratando expertos internacionales que presenten un informe semestral de la situación de cada cárcel.

3. Es menos arriesgado que los ciudadanos intervengan en el paso previo a la cárcel. Hay una zona problemática entre las procuradurías de justicia y los tribunales. Puede haber deficiencias (intencionales o no) sobre cómo presenta sus pruebas el ministerio público y cómo las juzga el juez. Un delincuente puede comprar a la policía, al juez o a ambos. Hay cierta circularidad en el hecho de que el poder judicial juzgue si una sentencia estuvo bien y la policía investigue si hubo o no corrupción. Un observatorio ciudadano del proceso judicial que revise técnicamente las sentencias significativas permitiría localizar cuáles jueces y agentes del ministerio público están mal.

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¿Control de la nómina o ventanilla de pagos?

Como era de esperarse, la aguerrida Sección 22 de Oaxaca es la que más se ha resistido a la centralización del pago de la nómina.

Fuente: Leo Zuckermann / Excélsior

En septiembre de 2013, cuando el gobierno de Peña estaba en su zenit político, el secretario de Hacienda anunció la centralización del paggratuidado de la nómina magisterial. En lugar de transferirle el dinero a los estados para que éstos hicieran el pago, a partir de 2015 la Secretaría de Educación Pública (SEP) erogaría directamente los salarios a los maestros. La idea era, y sigue siendo, muy buena. No sólo permitiría terminar con la llamada “doble ventanilla de la negociación”, donde el sindicato magisterial conseguía dinero y prestaciones del gobierno federal y luego más de los gobiernos estatales, sino que la Federación controlaría uno de los mayores gastos del presupuesto público: el pago de sueldos y salarios a los maestros.

Era increíble y vergonzoso que, en pleno siglo XXI, no supiéramos cuántos maestros había en México, un asunto que destapó la organización Mexicanos Primero. Sin saber este dato básico, en la total opacidad, se desviaban millones de pesos mensuales para pagar aviadores, financiar campañas electorales, enriquecer a los líderes magisteriales y un largo etcétera.

El propio Videgaray, en la reunión mencionada, reconoció que esos recursos no se ejercían ni con eficiencia ni con transparencia. Prometió que la centralización de la nómina magisterial daría “un control mucho más estricto de las plazas, de los movimientos, de los sobresueldos y una mayor transparencia del gasto”.

En 2014, el gobierno de Peña cumplió otra muy buena promesa que había hecho el Presidente al tomar posesión. Dio a conocer el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. La organización México Evalúa, a partir de los datos del censo, publicó un estudio que demostraba los abusos en el pago de la nómina por parte de los estados: “30 mil 965 plazas destinadas a personal comisionado o con licencia […] 39 mil 222 individuos que están asignados a un centro de trabajo donde nadie los conoce […] 114 mil 998 personas que mantienen una plaza docente-administrativa, a pesar de haberse jubilado, haber renunciado e incluso haber fallecido”.

El INEGI se encargó de levantar el Censo. No obstante la experiencia y el prestigio de esta institución, se encontraron con resistencias para llevarlo a cabo, sobre todo en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, donde mucho personal docente se rehusó a ser censado. De esta forma, y por desgracia, el ejercicio censal quedó trunco. Es posible especular, en este sentido, que en realidad existían más irregularidades y abusos en la nómina magisterial que las encontradas en el Censo.

Con ansias esperábamos el 15 de enero de este año para ver cómo la Federación, al centralizar la nómina, tuviera información más precisa de la nómina y comenzara a poner orden. Llegó el día esperado y, de acuerdo a una nota en Excélsior, “la SEP cumplió con el pago de la primera quincena de enero a 918 mil 222 docentes y trabajadores del sector educativo, aunque precisó que 48 mil 442 casos son objeto de aclaración por parte de las entidades federativas, debido a que no hay constancia de nombramientos”. De saque, entonces, estamos hablando que encontraron alrededor de 5% de casos irregulares.

Lo que me llamó la atención es que la SEP reportara que “los estados deben proporcionar la información faltante que aclare la situación de esos casos porque no depositará dinero a quien no demuestre su nombramiento”. Si bien entiendo, esto quiere decir que la SEP sólo fungirá como ventanilla de pago de la lista que le proporcionen los estados. Potencialmente, entonces, un gobernador, con la complicidad del sindicato, podrá inflar la lista y la SEP pagará. Si es así, no creo que se logren los objetivos anunciados por Videgaray en 2013.

Más aun, como era de esperarse, la aguerrida Sección 22 de Oaxaca es la que más se ha resistido a la centralización del pago de la nómina. Y su caso, en lugar de ser atendido por la SEP, está negociándose en Gobernación. De acuerdo a una nota en La Razón, la 22 ya habría acordado con la dependencia a cargo de Osorio Chong “que se paguen sueldos a sus 81 mil 300 integrantes, aunque el censo levantado por la SEP sólo registró a 67 mil 408 docentes”. Sería una pésima noticia. ¿Para qué, entonces, centralizar la nómina?

Así está comenzando a implementarse una muy buena idea.

@leozuckermann

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2015/01/22/1004038

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Si usted quiere ser candidato, díganos cuánto tiene, cuánto vale

En tiempos de dudas, de casas, de contratistas, Transparencia Mexicana decidió hacer una campaña a la que este espacio hoy se adhiere.

Fuente: Carlos Puig / Milenio

casablDespués de estudiar cómo se hacen declaraciones patrimoniales alrededor del mundo, Transparencia ha puesto a disposición de candidatos mexicanos para el próximo ciclo electoral un formato en verdad transparente. Y pide a los ciudadanos que si les piden el voto, ellos pidan estas tres declaraciones: una patrimonial…con cifras. Una de intereses. Y una de pago de impuestos en los próximos años.

Por si algún político tiene duda, aquí está lo que tendrían que contestar en la de intereses:

I. Intereses económicos y financieros

1. Participación en direcciones y consejos de administración del declarante.

Participación en direcciones y consejos de administración del cónyuge, dependientes económicos o familiares hasta en segundo grado.

2. Participación accionaria en sociedades del declarante.

Participación accionaria en sociedades del cónyuge, dependientes económicos o familiares hasta en segundo grado.

3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras del declarante.

Préstamos, créditos y obligaciones financieras del cónyuge, dependientes económicos o familiares hasta en primer grado.

4. Bienes inmuebles del declarante, cónyuge, dependiente económico o familiares hasta en segundo grado.

5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, cónyuge, dependientes económicos o familiares en segundo grado.

II. Actividades profesionales y empresariales

1. Actividades profesionales o empresariales del declarante.

Actividad profesional o empresarial actual del cónyuge, hijos, padres, hermanos y dependientes económicos.

2. Consultorías y asesorías independientes del declarante.

III. Otros intereses

1. Posiciones y cargos honorarios.

2. Participación en consejos y organizaciones filantrópicas.

3. Patrocinios y donativos.

4. Donativos realizados a fundaciones u organizaciones no lucrativas de las que forma parte el declarante.

5. Donativos realizados por el funcionario público, cónyuge o dependientes económicos.

6. Viajes financiados por terceros.

7. Obsequios.

8. Otros intereses.

Así de sencillo. Así de inédito.

De alguna manera algo tiene que cambiar. Arranquemos ahí.

Bien por Transparencia Mexicana.

dudarazonable@milenio.com

@puigcarlos

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/usted-quiere-candidato-diganos-vale_18_450734960.html

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Pregunta equivocada

Fuente: Manuel J. Jáuregui / Reforma

justifEl equipo del Presidente Peña Nieto está formulando la pregunta equivocada ante la revelación de que el papá de un compadre del Presidente -al igual que HIGA- también le vendió una casa, ésta en Ixtapan de la Sal, y cuya familia también es contratista dentro de las administraciones del ahora Presidente.

Ellos preguntan: “¿Quién fue, quién les dijo?”, en lugar de preguntarse: “¿Qué estamos haciendo mal?”.

Que este tipo de conflicto de interés surja una vez podría considerarse una desafortunada coincidencia, tres ya es descuido (incluimos la revelación de que el Secretario de Hacienda también compró una casa a Higa).

Las explicaciones de la oficina presidencial no despejan la duda original, la cual se fortalece con esta nueva y tercera revelación.

El meollo del asunto es el conflicto de interés: que la empresa de la familia de un compadre, y/o amigo, del Presidente súbitamente se vea beneficiada en sus administraciones con numerosos contratos, algunos de ellos otorgados por designación, esto es, sin licitación de por medio.

O sea, por capricho del funcionario que, ¡oh, casualidad!, en el caso del Estado de México era nada menos que el actual Secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza, que lo era también del Edomex.

O sea que, en ambos casos, con los San Román en el Estado de México y con HIGA con el tren bala, Ruiz Esparza es el “benefactor” directo.

Cabe recordar que simultáneamente Ruiz Esparza fue/es empleado directo tanto del Gobernador como del Presidente.

A estas alturas lo que menos le debe de preocupar al equipo del Presidente es “¿Quién chismeó?”.

Y sinceramente esperamos que no se les haya ocurrido formularle esta pregunta a los reporteros de los medios extranjeros, ya que ello es un insulto al medio porque denosta la capacidad periodística del mismo, pero además indica una falta de comprensión respecto a cuál es la función de un periódico como el Wall Street Journal y cuáles son las implicaciones de la nota internacional que divulga y que perjudica no sólo a la imagen presidencial, sino a México.

La posibilidad de un conflicto de interés reiterado le resta credibilidad no sólo a la Administración de Peña Nieto, sino a la viabilidad de las reformas.

Creo que no batallaría mucho para convencerlos, amigos, que el fracaso de las reformas, sobre todo la energética, configura un serio revés para México y sus posibilidades de crecimiento.

Hace ya años (1995) que Francis Fukuyama escribió “Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity” (Confianza: Las Virtudes Sociales y la Creación de la Prosperidad) y el paso del tiempo ha demostrado que la teoría que formuló es infalible: si en una sociedad no hay confianza en los gobernantes, en las instituciones, en la justa aplicación de la ley y en la existencia absoluta de equidad de trato y de oportunidades para todos, esa sociedad no prosperará.

Disipar dudas sobre los conflictos de interés que plantean tanto el caso de HIGA como el de la familia del compadre San Román debe ser la prioridad del Presidente Peña.

Responder a las interrogantes afirmando generalidades como “la compra fue legal” resulta inútil.

Cuando hablamos de respuestas, el Presidente requiere ser decisivo ¡y actuar!

Cuando menos debe crear mecanismos creíbles que transparenten las actuales y pasadas licitaciones.

Para evitar malos entendidos debe reubicar (o despedir) a su Secretario de Comunicaciones favorito que tanto en el Estado de México como hoy no le alertó del potencial sobre un conflicto de interés surgido de sus amistades y las obras que él les estaba otorgando.

Además procede inhabilitar a ambas constructoras a que participen en obras federales y que venda sus propiedades obtenidas tanto de Higa como de San Román y que el dinero obtenido por su venta se lo done al DIF para beneficiar a los más necesitados.

Ello, y la solicitud amplia a la sociedad de un “perdón” por su error de juicio.

Algo así podría constituir una respuesta adecuada: con boletines de prensa en nada avanzará su causa ni la del País.

Por ello afirmamos que esta CRISIS requiere una respuesta no verbal, sino acción, hechos tajantes, inmediatos y drásticos.

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=54602#ixzz3PuL3TGip

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¿De riego o de temporal?

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

El descreimiento hacia la política y los políticos no surgió por generación espontánea ni ha sido fruto de una catástrofe natural. Los políticos la han construido con trabajo y tesón. Llegó un momento en que los ciudadanos dejaron de creer en la política monopolizada…

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

Lchonguia confianza en las instituciones y el personal que en ellas labora es un ingrediente indispensable para que los sistemas políticos funcionen. Tiene un problema. No se da naturalmente. Es un cultivo de riego aunque nuestros políticos tiendan a pensar o al menos a actuar como si fuera de temporal.

En la agricultura de temporal se apuesta a la época de lluvias, que es cuando llega el vital líquido y la cosecha prospera. Eso quisieran los políticos. Tener una buena racha de crecimiento, de inversiones o de aportaciones por ingresos extraordinarios. Un golpe de suerte. Entonces podrían gastar al menos parte de esos recursos en el bienestar de la gente, recabar su aprobación y, con ello, ganar su confianza.

En la agricultura de riego hay que proporcionar grandes cantidades de agua al cultivo de manera artificial: aspersores, canales o acequias. Requiere mayor inversión y trabajo, pero asegura —salvo catástrofe natural en contrario— tener cosechas de manera permanente. Así es la política. La confianza se cultiva a través de acciones que la van forjando.

El descreimiento hacia la política y los políticos no surgió por generación espontánea ni ha sido fruto de una catástrofe natural. Los políticos la han construido con trabajo y tesón. Llegó un momento en que los ciudadanos dejaron de creer en la política monopolizada por el PRI y en su poder transformador. La pluralización y diversificación de opciones producto de las reformas dieron aire al sistema y esperanza a la ciudadanía. Un número creciente de electores comenzó a apostar por otros partidos creyendo que sus ofertas políticas no sólo eran mejores sino que, en caso de ganar, las llevarían a la práctica. El triunfo en las elecciones de 2000 de un partido distinto al PRI redobló la fe de la mayoría de los mexicanos en el poder transformador de la política. Sólo 42% de los ciudadanos votó por Fox y el PAN para la Presidencia, pero más de 70% pensó que México cambiaría prácticamente en todos los órdenes.

Desde entonces hasta el día de hoy lo único que ha crecido es el descreimiento. Y no se trata de que se esté orquestando una campaña antigubernamental o, peor aun, antiestatal. Se trata de que ninguno de los partidos se ha encargado de construir acequias, canales y aspersores para cultivar la confianza.

No creemos en las instituciones establecidas para cuidar nuestros ahorros porque ni la CNBV ni la Condusef protegieron a los casi siete mil ahorradores de Ficrea que fueron defraudados. No creemos en la justicia electoral porque el Partido Verde viola sistemáticamente la ley y los magistrados sólo les obsequian un regaño público. No creemos en la palabra de los políticos porque dijeron que con la reforma de 2007 el costo de las elecciones iba a disminuir y no ha hecho más que crecer. No creemos en los legisladores porque se despachan con la cuchara grande de los moches y mantienen en la opacidad las cuentas del Congreso; porque dicen combatir los privilegios, pero siguen escudándose en el fuero.

No creemos en los funcionarios públicos federales y del DF porque se envuelven en los discursos sobre transparencia para luego engañarnos —por acción u omisión— con sus declaraciones. No creemos en la Reforma Educativa porque vemos el pasmo del gobierno ante las acciones de la CNTE y la CETEG para dinamitarla. No creemos en un secretario de Hacienda incapaz de ver el conflicto de interés por recibir un préstamo hipotecario del contratista consentido del gobierno. No creemos en la rendición de cuentas porque cada vez son más las adjudicaciones directas que las licitaciones. No creemos en el discurso anticorrupción de los partidos cuando cada uno de ellos encubre a un gobernador, a un diputado o a un alcalde.

Estos son casos concretos y los hay en todo el mundo. El problema en México es que el descreimiento rebasó lo casuístico para convertirse en sistémico. No creemos que el Ministerio Público exista para recibir las denuncias de la población; ni los jueces para dirimir imparcialmente los conflictos; ni los legisladores para legislar a favor del interés general; ni los gobiernos para procurar justicia, igualdad y seguridad.

El problema no es de los incrédulos. Es de los políticos que han construido el descreimiento generalizado. El problema es grave porque no se reduce a desconfiar de las promesas de campaña. Ahora tampoco creemos en las iniciativas y acciones. La gente no cree en la veracidad de la sobrecogedora explicación del procurador sobre los desaparecidos de Ayotzinapa ni en que el Ejército no participó; no cree que los delitos de alto impacto hayan disminuido en Michoacán; no cree que los recursos para los productores del campo de Guerrero, Chiapas y Michoacán lleguen a buenas manos; no cree que la nueva convocatoria para el tren México-Querétaro esté libre de corruptelas.

Así no se puede gobernar de manera medianamente efectiva. Si quieren hacerlo, la primera tarea es devolver la confianza al ciudadano. Hacernos creer que la participación política y el voto pueden tener algún potencial transformador.

*Investigador del CIDE

 amparo.casar@gmail.com

@amparocasar

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2015/01/21/1003804

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¿Por quién votar?

Fuente: Pascal Beltrán del Río / Excélsior

consciu1Faltan 138 días para las elecciones del 7 de junio —las primeras intermedias de la historia reciente en las que estarán en juego casi dos mil 200 cargos locales y federales en todo el país—, y la sombra del abstencionismo se cierne sobre ellas.

No hay precisamente una luna de miel entre la clase política y los gobernados y, como los principales partidos han sido marcados por escándalos recientes, las diferencias entre unos y otros no parecen ser un aliciente para salir a votar.

Sin embargo, no tiene sentido desear que tuviéramos otro tipo de contendientes. Hay lo que hay, y, al margen de qué porcentaje de los ciudadanos haga uso de su derecho de elegir a autoridades y representantes, algunos de los candidatos postulados por los partidos serán declarados ganadores de los comicios y ejercerán los cargos.

¿No valdría entonces la pena tratar de que estas elecciones cuenten para algo?

La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a no votar por políticos chapulines, es decir, aquellos que hubiesen dejado inconclusos sus cargos para buscar otros. Me parece muy bien la convocatoria, pues hay algunos que ni siquiera cumplieron la mitad del periodo para el que fueron elegidos —lo cual es un acto de deshonestidad con las personas a las que se pide el voto—, pero no puede ser el único criterio.

Hay que exigir a los candidatos que nos digan para qué quieren ser elegidos. Pedirles una serie de compromisos que vayan en sintonía con lo que esperan los ciudadanos respecto de quienes los gobiernan y los representan.

¿Como cuáles compromisos? No creo que haya otro más concreto en estos momentos que el de ejercer sus cargos con honestidad.

De nada serviría que prometieran eso en abstracto. Lo que podemos hacer es pedirles la suscripción pública de una serie de compromisos, como los siguientes:

  • Hacer pública su declaración patrimonial, certificada ante notario, en los primeros diez días de la campaña y repetir esto de manera periódica (semestral, por ejemplo) una vez que hubiesen tomado posesión de los cargos que buscan.
  • Nombrar únicamente a colaboradores dispuestos a hacer lo mismo, y removerlos en caso de que se negaran a revelar el monto de sus bienes.
  • En el caso de los candidatos a gobernador, comprometerse a presentar una iniciativa de ley al Congreso del estado —cuyas líneas generales fuesen incluidas en la carta compromiso— para combatir la corrupción.
  • En el caso de los aspirantes a diputados, aprobar la iniciativa mencionada o presentar la propia si el Ejecutivo no cumpliera con enviarla.
  • En la medida de sus facultades, promover sanciones para quienes usen los procesos de licitación de obras y servicios para obtener ventajas personales.
  • Declarar que no serán candidatos a otro cargo mientras no cumplan con las promesas hechas en campaña.
  • Comprometerse a aplicar las leyes sin distingos.
  • Comprometerse a transparentar todas las tomas de decisiones que impliquen el gasto de recursos públicos que no caigan en las excepciones contempladas por las leyes de transparencia, sin esperar las peticiones de información que hagan los ciudadanos.

La lista, por supuesto, podría ser más larga, pero más valdría una serie de compromisos concretos, para hacer más sencilla la supervisión de los resultados.

Una o varias organizaciones no gubernamentales podrían encargarse de elaborar esa lista y presentarla a los candidatos que sean registrados por los partidos para contender por los dos mil 179 cargos que estarán en juego el 7 de junio.

Se podría poner un plazo para que los aspirantes suscriban los compromisos y obtengan una certificación. Pasado ese plazo, se publicaría qué candidatos hicieron suya la lista y quiénes se negaron a firmarla.

De ese modo, los votantes sabrían a qué atenerse a la hora de ir a las urnas: votar por un candidato comprometido con causas ciudadanas o por uno que no lo hubiese hecho.

El momento de las campañas es el único en el que los políticos parecen interesarse por lo que opinan sus votantes. Una vez elegidos se olvidan de sus promesas y de rendir cuentas.

La reelección de diputados y alcaldes, que entrará en vigor a partir de 2018, probablemente sirva para la supervisión ciudadana, pero no deberíamos esperar a que llegue ese nuevo escenario ni depender totalmente de él.

La relación entre los partidos y los ciudadanos se ha deteriorado de manera grave. En otros países, ése ha sido el preludio para la aparición de formaciones políticas populistas que desplazan a los partidos desprestigiados sin ofrecer una solución real para depurar los procesos de toma de decisiones.

En México hay muchas organizaciones no gubernamentales que en meses y años recientes han presentado propuestas para ello, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción.

Si el único momento en que los políticos parecen tener oídos para los ciudadanos es durante las ocho semanas que duran las campañas, deberíamos usarlas para imponerles la agenda que nosotros queremos que impulsen. Y creo que hay suficiente consenso en la sociedad mexicana para saber qué queremos de ellos, más allá de las diferencias de estilo que tienen los partidos políticos.

Dejar que los aspirantes prometan cosas sin exigir concreción y resultados es exponernos a lo mismo de siempre y a tener que lamentarlo cuando muy poco se pueda hacer al respecto.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2015/01/20/1003586

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Manotazo a Peña Nieto

Fuente: Raymundo Riva Palacio / El Financiero

Elibrospn total, hay en México más de 700 mil elementos en las fuerzas del orden: 430 mil policías federales, estatales y municipales; 274 mil soldados; y 47 mil marinos. Hay más policías por habitante que en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, y salvo en Argentina, aquí es donde mayor fuerza se tiene desplegada en toda América Latina. Los indicadores oficiales señalan que la mayoría de los delitos van a la baja, pero la percepción de inseguridad va en aumento entre los mexicanos, y entre los inversionistas que dudan de inyectar su dinero en este país. Entonces, ¿qué sucede? Los gobiernos –empezando por el federal–, están subordinados a los más violentos. Entre más beligerante sea un grupo, más daño colectivo haga y más dispuesto esté al enfrentamiento, más tienen de rodillas a las autoridades.

La ecuación está colapsando. Dentro de las fuerzas de seguridad, admiten funcionarios de diversos niveles de gobierno, hay inconformidad creciente porque viven en una díada maldita. Los policías son incompetentes, o son corruptos. Sus instrucciones cuando hay revuelta en las calles, son salir a poner el cuerpo y a enfrentar los golpes y linchamientos. Cada vez, reconocen, es más difícil que acaten órdenes. Los soldados igual. Son hoy violadores de derechos humanos, lo que ha generado inconformidad de mandos con el propio secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, porque sienten que no los defiende. Hasta ahora, sin embargo, mantienen la institucionalidad y la disciplina. En donde las cosas cambiaron sustancialmente, es dentro del sector privado, donde sus organismos cúpula, que generan 85 por ciento del Producto Interno Bruto, le dijeron al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los gobernantes, basta ya.

En un desplegado que publicaron este martes en varios periódicos de distribución nacional, 19 organismos que agrupan a los hombres y mujeres más ricos de México, a la cúpula empresarial, a las cámaras de comercio, industriales, a los bancos y las aseguradoras, cuestionaron a los tres poderes de gobierno por su inacción y su claudicación a proveer la seguridad a todos los mexicanos. “Ha habido ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y organizaciones empresariales”, dicen en una parte de su escrito. “¿Hasta dónde y hasta cuándo?”.

Titulado “México se los demanda”, afirman:
“Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país. Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio.

“Garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la industria, el comercio, los servicios y el turismo –de los que dependen los empleos de millones de mexicanos– es indispensable para que la economía nacional crezca y mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Es obligación de todos los ciudadanos respetar el Estado de derecho y contribuir de manera activa a una cultura de legalidad”.

Aquellos individuos y organizaciones que mueven el PIB nacional, están indignados. No tanto contra quienes, como ciudadanos, no respetan la ley. Finalmente, por el número de palabras que les dedican a ellos en el desplegado, si violan la ley y no hay costos, el problema es de la autoridad. La indignación es contra los gobiernos, en particular contra el federal, a quien le dedican las partes sustantivas de su reclamo por el incumplimiento de sus promesas. En septiembre, el presidente afirmó que los tres niveles de gobierno tenían la obligación de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. En diciembre, aseguró que no habría más bloqueos en las autopistas y haría que se cumpliera la ley. Nada de eso se cumplió.

De manera recurrente, las palabras del presidente han caído en el vacío. Su discurso se vació y perdió credibilidad. La retórica gubernamental sufre una dislexia con la práctica. El argumento esgrimido por altos funcionarios federales es que los grupos más beligerantes y violentos están en una estrategia de provocación donde lo que buscan es un muerto en un enfrentamiento con las autoridades para seguir alimentando su causa y movimientos, por lo que tienen que extremar la prudencia y tolerancia, aun a costa de las mayorías.

Si bien se puede argumentar, con antecedentes y estrategias, que tienen razón en el alegato, la pregunta es cómo, en el primer tercio del gobierno, el país que les entregaron cambió completamente de rostro. El expresidente Felipe Calderón dejó uno inmerso en una guerra contra el narcotráfico, con una estrategia que dejó varias decenas de miles de muertos. El país del gobierno de Peña Nieto suma miles de muertos por el combate al narcotráfico, además de una movilización social violenta retórica y físicamente, sin precedente en tiempos de paz.

Los hombres y mujeres del capital que firmaron el desplegado, concluyen: “Señores representantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno: honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. México se los demanda”. No piden, como otrora dijo uno de ellos cuando cuestionó la incapacidad gubernamental para frenar la inseguridad, que renuncien. Pero lo que dicen es más grave: lo que sugieren que ha hecho el presidente y todos los gobernantes aludidos, es violar la Constitución. O sea, una traición a la patria.

@rivapa

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manotazo-a-pena-nieto.html

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Delegados desbandados

En nuestro país están mal direccionados los castigos. Se castiga la legítima ambición política, la carrera política y la posibilidad de concluir los ciclos para los cuales los representantes fueron electos. En sentido contrario, deja de castigarse la corrupción.

Fuente: María Amparo Casar / Excélsior

consciu1Se ha satanizado a los delegados del D.F. porque piensan renunciar para buscar otros cargos. Hay muchas razones por las cuales se les puede cuestionar y censurar. El abandono de sus cargos no es una de ellas.

Se van porque el sistema no les deja otro remedio y porque tienen ambiciones políticas legítimas pero las reglas electorales les impiden seguir con su carrera de manera ininterrumpida. Se van porque no hay reelección. Cuando esta anomalía del sistema electoral mexicano cambie, en 2018, y los delegados puedan reelegirse por un periodo más, el abandono masivo de las delegaciones se presentará no cada tres años, sino cada seis.

Pero más allá de la reelección, se van porque la legislación les impide hacer campaña para otro cargo distinto mientras están en funciones. Porque los obliga a abandonar el puesto para el cual fueron electos antes de buscar el que sigue. Otra anomalía de nuestra democracia.

En la mayoría de los países, los políticos pueden hacer una carrera política ininterrumpida compitiendo una y otra vez por el mismo cargo —o por distintos— de elección popular. La próxima reforma electoral deberá contemplar la revisión de esta segunda singularidad, si no quiere seguir padeciendo las renuncias masivas de delegados, presidentes municipales o diputados.

Que tengan que abandonar sus puestos cuando todavía les falta (in)cumplir una cuarta parte de su mandato tiene consecuencias perniciosas. Menciono dos: Los programas que ofertaron en campaña a sus electores y los planes de gobierno que prometieron cumplir fueron por tres años. Al renunciar, no sólo dejan inconclusa parte de su trabajo aduciendo que les faltó tiempo y dejan de rendir cuentas sobre su ejercicio de gobierno. Para cuando el tiempo del cargo expire, el 5 de diciembre de 2015, los responsables reales de la entrega de las delegaciones serán otros. Los delegados que fueron electos en 2012 seguramente se habrán convertido en flamantes diputados locales o federales, y habrán adquirido el tan preciado fuero que les protege de ser juzgados por los delitos en que pueden incurrir, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Hay otra razón, si cabe, aún más poderosa, por la que no es conveniente que los delegados se retiren anticipadamente. Al frente de las delegaciones quedarán personas no electas, sino designadas a través de negociaciones o componendas a las que los partidos lleguen con la Asamblea del DF y con Miguel Ángel Mancera, quien no sabemos a cuento de qué, ni amparado en qué legislación, está orquestando la “separación definitiva y en bloque” de los delegados. Los sucesores serán allegados al delegado saliente o a su partido y estarán interesados en proteger y cubrir a sus antecesores y, si les es posible, desviar recursos para ayudarlos a ganar las elecciones en las cuales estén compitiendo. Los delegados sustitutos, incluso, podrán despacharse con la cuchara grande y utilizar de manera intensiva los ocho meses que les queden para enriquecerse con los recursos públicos, el tráfico de influencias o el otorgamiento de licencias y permisos, a sabiendas de que los actos de corrupción en nuestra ciudad sólo se castigan por excepción. Y no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero. Estamos hablando de más de 29 mil 500 millones de pesos, que se repartirán en las 16 delegaciones en 2015.

En nuestro país están mal direccionados los castigos. Se castiga la legítima ambición política, la carrera política y la posibilidad de concluir los ciclos para los cuales los representantes fueron electos. En sentido contrario, deja de castigarse la corrupción.

A los delegados hay que censurarlos y juzgarlos, no por abandonar sus puestos sino por los actos de corrupción que quedan en la impunidad, debido a que no se les abre averiguación previa o porque, definitivamente, los expedientes se congelan gracias al influyentismo político. A Valencia, (PRD) de Iztapalapa, por recibir camionetas de un contratista; a Toledo, (PRD) de Coyoacán, por exigir sobornos a cambio de no clausurar una construcción; a Jorge Romero, (PAN) de Benito Juárez, por recibir descuentos en la compra de una propiedad como “contraprestación” de la entrega de permisos para desarrollos habitacionales; a Ruvalcaba, (PRI–Verde) por recibir dinero a cambio de permisos de apertura o por solapar a golpeadores que azuzan a adversarios políticos y ciudadanos. Y a todos, en general, por las extorsiones contra pequeños empresarios, disfrazadas de revisiones mercantiles, y por el contubernio con Seduvi, en el cambio de los usos del suelo que beneficia a una minoría, joroba a la mayoría y les engorda el “cochinito” para sus campañas.

Más que censurar a los delegados por su retirada, censuremos a los partidos que van a postular a funcionarios sobre los que pesan fuertes acusaciones de corrupción. Si quieren hacer creíble su compromiso anticorrupción que empiecen por investigar a todos los delegados y, en caso de no poder limpiar su nombre, que les nieguen las candidaturas. Así de fácil acabaríamos con la desbandada de delegados.

 *Investigadora del CIDE

amparo.casar@gmail.com

@amparocasar

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2015/01/14/1002569

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