Michoacán y la advertencia colombiana que se cumplió

Fuente: CARLOS PUIG / Milenio

1001_2014041421UX0AEn septiembre de este año, cuando todo era felicidad, había nuevo aeropuerto, había reformas para implementar y el dólar no tocaba los 14 pesos; escribí aquí que algo pasaba en Michoacán que podría poner en riesgo los buenos meses de la intervención federal: las autoridades parecían estarse auxiliando de grupos civiles para buscar a La Tuta.

En aquella Duda Razonable cité un párrafo del texto del escritor colombiano Héctor Abad en The New York Times el 13 de marzo de este año.

Hoy reproduzco ese y otros fragmentos, pero ahora, por desgracia, como advertencia cumplida:

“Esto es lo que hemos aprendido en Colombia: Cuando el Estado no está presente, son los tiranos locales que toman el poder y brutalmente imponen sus reglas, que no son más que la defensa de sus privilegios. El viejo concepto hobbesiano, que el estado natural de la humanidad es que el hombre es un lobo para el hombre, parece confirmado en estos experimentos anarquistas involuntarios en América Latina. El lobo más fuerte y más rico (de tráfico de drogas o la minería ilegal) domina los otros lobos.

“Por supuesto, cada país es diferente. Pero me temo que hoy México está cometiendo el mismo error cometido en Colombia hace un cuarto de siglo. Los vigilantes parecen ser una cura —son vistos como salvadores— pero en realidad son parte de la enfermedad, un ejército ilegal más, actuando sin restricciones y financiado por el dinero sucio.

“Los vigilantes podrían empezar matando a los secuestradores, narcotraficantes y extorsionistas, pero pronto comienzan a matar a sus familiares, y luego sus amigos, o los que piensan que son sus amigos, y después las familias de los amigos, hasta que todo el mundo es sospechoso y que podrían venir a llamar en su propia puerta, como nos pasó a nosotros en Colombia —como le sucedió a mi padre, cuando fue abatido a tiros en las calles de Medellín.

“Permitir los ejércitos privados, incluso si se supone que son para la autodefensa, es la creación de un monstruo como la Hidra: Si corta una cabeza, dos más vuelven a crecer”.

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Michoacan-advertencia-colombiana-cumplio_18_429737053.html

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El derecho de petición y la información pública

Fuente: Carlos Elizondo Mayer-Serra / Excelsior

carlos-elizondo-vertical_2014-02-19_1“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…”. Esto dice nuestra Constitución.

En México, sin embargo, las peticiones no suelen hacerse de esta manera. El gobierno enfrenta una creciente crisis de credibilidad y de legitimidad. Ante éstas, se vuelve para muchos ciudadanos aun más rentable cerrar una vialidad para pedir cualquier cosa. Es raro ver a la fuerza pública interviniendo para abrir la vía pública bloqueada. Pocos días después de que el Presidente prometió que mantendría abierta la carretera México-Acapulco, los maestros la volvieron a cerrar. No pasó nada.

Es también casi imposible ser sancionado por delitos asociados a participar en una marcha, como hemos visto con los diversos actos vandálicos que han sucedido en Guerrero. No es algo nuevo. Hace tres años los normalistas incendiaron una gasolinera en la Autopista del Sol y murió quemado un pobre empleado que trató de sofocar el fuego. El crimen ha quedado impune. Ni un minuto de silencio se le ha dedicado.

Un par de ciudadanos, Luis Manuel Pérez de Acha y Darío Ramírez, han decidido tomarse en serio la ley y hacer una petición a las autoridades tributarias con base en el texto constitucional, es decir, por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Demandan conocer información fiscal del ejercicio de 2010 de la señora Angélica Rivera, la esposa del presidente Peña Nieto. El SAT tiene la obligación de no divulgar la información de los contribuyentes dada la existencia del secreto fiscal.

Sin embargo, el argumento esgrimido por Pérez de Acha y Ramírez me parece demoledor: la señora Rivera ya hizo pública su declaración fiscal, y por tanto para ella ya no es válido el secreto fiscal. Sólo el SAT puede confirmarles a los mexicanos si se pagaron en tiempo y forma los impuestos del año 2010 y si los documentos presentados por la señora Rivera son verdaderos (http://lmpa.mx/documentos/).

Pérez de Acha y Ramírez argumentan que Angélica Rivera debe ser considerada funcionario público, en virtud de que toma decisiones en su calidad de presidenta honoraria del DIF. Por ejemplo, recientemente se cerraron las instalaciones que ocupaba el Instituto Nacional de Geriatría (Inger) porque, según la Secretaría de Salud, ahí “…se desarrollarán proyectos para desarrollo de jóvenes que egresan de centros asistenciales. Es un proyecto del DIF nacional y de la Primera Dama” (http://goo.gl/J8p9Jd). Que el cargo sea honorario no le quita el carácter de funcionario público, la ley es explícita al respecto.

Lo anterior es relevante dado que un funcionario público no tiene el mismo nivel de protección de sus derechos humanos, y en particular de sus datos personales, que un ciudadano común y corriente. Además, de serlo, la primera dama debió haber presentado su declaración patrimonial, cosa que no hizo, y por ello está en falta, lo cual amerita sanciones administrativas, incluso hasta penales.

La autoridad debe proveer la información demandada por Pérez de Acha y Ramírez. Me parece que, además de ser su obligación legal, es la única forma de darle confianza al ciudadano de que las explicaciones dadas tienen fundamento.

Pero hay que ir más allá. Se necesitan bases de datos abiertas y transparentes. Se debiera empezar por un registro público de la propiedad certificado y digitalizado. También uno donde se puedan consultar las actas constitutivas de las empresas.  Esto facilitaría saber quién tiene qué en México. Un buen registro de la propiedad ayudaría, además, a facilitar los negocios y las transacciones inmobiliarias en nuestro país.

En otros países se pone a disposición del público mucha más información que en el nuestro. Por ejemplo, en Suecia, Noruega y Finlandia el ciudadano puede saber cuántos impuestos pagó cualquier otro contribuyente y cuántos activos tiene. En Noruega se publican desde 1863 los datos personales del contribuyente y se encuentra disponible en línea desde el año 2001.

Esto no sólo se vuelve un poderoso instrumento para detectar abusos de todo tipo, sino que permite algunas políticas públicas muy interesantes. En Finlandia un conductor que viola la ley de tránsito es multado en proporción a sus ingresos, lo cual hace sentido, para que el costo para el ciudadano de infringir la ley dependa de sus ingresos relativos. El policía obtiene esta información de la declaración de impuestos del infractor inmediatamente, dado que ésta se encuentra en línea.

En México sería imposible empezar con algo así, dada la inseguridad prevaleciente. Sin embargo, lo podrían ir haciendo los altos funcionarios públicos, empezando por su declaración patrimonial completa. Se requeriría también discutir las virtudes de que cualquier candidato a un puesto de elección popular tuviera que presentar declaración patrimonial y de impuestos, completa y con detalles. Éste es el tipo de reformas que debería de proponer la clase política, si es que quiere recuperar la confianza de la ciudadanía.

La Constitución también dice: “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”. Esperemos que las autoridades respondan pronto y  muestren que no se requiere quemar un edificio público para ser atendido.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-elizondo-mayer-serra/2014/12/18/998360

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¿Se convertirá en tragedia?

Fuente: José Woldenberg / Reforma

llorReitero que las marchas y muestras de indignación y reclamo pacíficas por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa han sido una inyección de vitalidad a nuestra vida pública. Pueden y deben ser un combustible y una brújula para cambios relevantes. Pero eso es una cosa y lo que sucede en Guerrero otra.

La violencia desatada en Guerrero por la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) no puede ni debe ser excusada. La quema de edificios públicos; la humillación a militantes partidistas y funcionarios, haciéndolos desfilar con carteles infamantes; la destrucción de vehículos y patrullas, son frutos de una rabia mayúscula que produce destrucción, ofensas y miedo. De continuar, uno está obligado a preguntarse cuál puede ser el desenlace y si no estamos ante el prólogo de un drama, que puede desembocar en pérdidas humanas. Hay que buscar una salida civilizada pero no hay demasiados elementos para el optimismo.

El 13 de octubre maestros quemaron el Palacio de Gobierno, el 22 el ayuntamiento de Iguala, el 11 de noviembre destrozaron la sede estatal del PRI, el 12 incendiaron el Congreso local, el 5 de diciembre obligaron al gobernador Rogelio Ortega a marchar con ellos en Ayutla, el 8, luego de ser retenido por 19 horas, el diputado local Daniel Esteban González firmó un documento comprometiéndose a renunciar a su cargo, el 9 obligaron a marchar a dirigentes del PRD y MC y les colgaron al cuello cartelones en donde se leía “Somos ratas del PRD”, también forzaron a portar pancartas contra el Presidente a funcionarios de la Junta Local Ejecutiva del INE. El 12 bloquearon la Autopista del Sol. Y el domingo 14 se produjo un duro enfrentamiento entre policías federales y maestros con lesionados graves.

Ese furor destructivo, esos juicios sumarios, esa humillación pública de los “enemigos” recuerdan los tristemente célebres movimientos de poseídos que a nombre de la justicia y la igualdad solo generaron ruina y muerte. Se trata de una violencia contra bienes y personas a nombre de una causa política. Y la han podido desplegar casi sin resistencia. ¿Es necesario recordar que tan importante o más que los fines son los medios que se utilizan para alcanzarlos? ¿O no ha resultado una ingenuidad trágica evaluar a los movimientos solo por las metas proclamadas? Los medios utilizados nos ilustran de lo que son capaces de hacer los actores y pintan su catadura moral. Lo que hemos visto en las últimas semanas es la puesta en marcha de ideas inaceptables: que el fin justifica cualquier medida y que un grupo decidido y “vanguardista” puede atropellar a quien le venga en gana.

Si eso fuera poco, la CETEG ha amenazado con que no permitirá la celebración de las elecciones programadas para el 7 de junio. Se trata de relevar todos los órganos de elección popular: la gubernatura, 46 diputados que integran el Congreso (28 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional) y 81 ayuntamientos. El 1o. de septiembre del año que viene debe instalarse el Congreso, el 30 del mismo mes se debe dar el cambio en los gobiernos municipales y el 15 de octubre la toma de posesión del gobernador.

Pues bien, los maestros han proclamado que no habrá elecciones. Que una minoría pretenda impedir la expresión de la mayoría, que intente imposibilitar el relevo de las autoridades, que crea tener legitimidad para sabotear la fórmula que demanda la participación ciudadana es de por sí extraño y preocupante. ¿Se requiere recordar que no hay otro método civilizado para saber quién debe gobernar y quiénes legislar? No tengo memoria que desde 1917 se hayan suspendido todas las elecciones en un estado de la República. De suceder, se trataría de un vacío completo de poder, de instituciones sin representantes, de una crisis mayúscula. ¿Y qué pasaría entonces?

Si mal no entiendo habría que acudir a lo que señala el artículo 29 Constitucional: “En los casos de… perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente… con la aprobación del Congreso de la Unión… podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales…”. ¿Eso es lo que se quiere? ¿Una especie de estado de excepción con suspensión de garantías?

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Empecemos Ya

Fuente: Zoé Robledo / Reforma

dispenQue se vayan todos. Es la voz que se escucha en las calles como veredicto y propuesta a la situación que atravesamos. Evidencias y pruebas soportan la propuesta: Inseguridad, ausencia de estado de derecho, connivencia de gobernantes con criminales, impunidad, opacidad y corrupción. Hoy las instituciones públicas, incluso las otrora prestigiadas, tienen los niveles de confianza más bajos en 20 años.

No comparto esa propuesta. La historia nos enseña que la dinámica creadora de la política se desarrolla con más fuerza y amplitud en escenarios de crisis y de conflicto; pero para echarla a andar hace falta una autocrítica honesta, rigurosa y surgida desde dentro, desde quienes son parte del problema y de la solución simultáneamente.

Para remontar las dificultades el único camino es la política, pero una política como la entendía Belisario Domínguez: como la práctica cívica por excelencia.

Por ello, como legislador, como parte del problema y de la solución, es que planteo cuatro tareas urgentes.

1. Más democracia para resolver los problemas de la democracia.

Una democracia realmente participativa como el mayor contrapeso al abuso de poder. Ya contamos con la consulta popular, aunque en los primeros intentos nos dimos cuenta de lo imperfecta que es su legislación secundaria. Contamos también con candidaturas ciudadanas, las que se pondrán a prueba por primera vez a nivel nacional en 2015, y con la figura de la iniciativa popular. En ambos casos los requisitos son complejos e impiden su fácil ejercicio por lo que es necesario perfeccionarlos.

Pero la mesa de la democracia participativa tiene cuatro patas y nos hace falta una. El máximo ejercicio de rendición de cuentas de un gobernante: la revocación de mandato. Hay que realizar una redistribución del poder de manera vertical, hacia los ciudadanos, para que todos seamos sujetos de esta práctica democrática.

2. Sanear los mecanismos de acceso al poder.

Una enfermedad aqueja la democracia electoral: El dinero para hacer política y la política para hacer dinero. El gran riesgo se encuentra en el financiamiento paralelo, el que no se registra ni pasa por los circuitos bancarios; dinero líquido y muchas veces de origen incierto o francamente ilegal.

Actualmente un candidato que utiliza más recursos de los que la ley le permite tiene más posibilidades de ganar una elección que de ser sancionado. Eso es insostenible. No puede haber democracia sin partidos, pero no puede haber partidos sin la confianza ciudadana que nace de la representación efectiva.

3. Fin del fuero legislativo.

El fuero legislativo fue una disposición que nació para proteger a diputados y senadores frente a un potencial gobierno autoritario. En el camino acabó desnaturalizándose hasta convertirse en licencia de impunidad y patente de privilegios.

Es necesario encontrar mecanismos para proteger la libertad de expresión de los legisladores, sin generar privilegios, ni someter los procedimientos judiciales contra ellos a la decisión y voto de sus pares. Una opción es que sea a través de la fiscalía anticorrupción. Otra es construir un proceso en el que participe la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la determinación de responsabilidades. Así sucede en Colombia. Estas son ideas que, analizadas, deben de llevarnos a las propuestas.

4. Sin transparencia no hay democracia.

La propuesta es simple y clara: Que los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno asumamos tres compromisos básicos como muestra de voluntad política: Declaración patrimonial pública y sin reservas, declaración de impuestos pública de los últimos 5 años y declaración de intereses. Esta última, como un mecanismo preventivo que permita que los servidores públicos adviertan con claridad y oportunidad si tienen intereses privados que interfieran en el cumplimiento de sus funciones.

No hay mucho tiempo. Motivados por un deber ético o por instinto de supervivencia, debemos detener la posibilidad de que las libertades sigan tutelando la impunidad y que la democracia se prostituya en el altar de las ganancias.

Empecemos Ya.

**El autor es Senador de la República por Chiapas (PRD).

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Transición

Fuente: Pascal Beltrán del Río / Excélsior

etapaspciDurante una gira por Europa, a principios de 1996, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, afirmó que las elecciones que lo llevaron a Los Pinos fueron “legítimas, pero inequitativas”.

Dijo que por ello el país debía hacer “la reforma electoral definitiva”. Hoy sabemos que la ciudadanización del IFE (hoy INE) y la independencia del Tribunal Electoral no acabaron con las polémicas por motivos electorales, pero sí significaron un paso definitivo para cambiar del sistema de partido de Estado al pluralismo político.

La voluntad presidencial fue definitiva para realizar un cambio que México había esperado por muchos años: la equidad en las contiendas electorales.

México venía saliendo de un sexenio cuyo sello fue, entre otras cosas, el de las reformas estructurales. Éstas no pudieron dar los frutos esperados —véase la del campo, por ejemplo—, en parte porque se realizaron antes de la que resultaba imprescindible en el ánimo de la ciudadanía: la Reforma Electoral.

La situación que vivimos actualmente se parece un poco a aquélla: acabamos de aprobar reformas estructurales, que muchos consideran necesarias —y me incluyo—, pero sin haber atendido una demanda general: acabar con la impunidad, lo cual significa acabar con la inseguridad y la corrupción.

En 1996, Zedillo reconoció —por cierto, en medio de una de las crisis más graves que haya vivido el país— que México no podía avanzar sin resolver la demanda ciudadana de elecciones libres.

Tuvo como aliada a la oposición, encabezada entonces por dos hombres inteligentes y visionarios: el panista Carlos Castillo Peraza y el perredista Porfirio Muñoz Ledo, que aterrizaron aquella “reforma electoral definitiva” de modo que todos, o casi todos, quedaron satisfechos.

En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, y en 2000, la Presidencia de la República. Se abrió la etapa de alternancia en el poder. Y México fue reconocido por ello en el mundo entero.

Después, como digo arriba, sobrevinieron otros problemas. Problemas que, en buena medida, han vuelto para complicarnos la existencia como país. Marcadamente, la forma en que la partidocracia generada a partir de 1997 se repartió los privilegios que antes de ese año habían sido de un solo partido.

Esos son los conflictos que debemos atender. Hubiera sido ideal hacerlo antes —en el marco del Pacto por México, por ejemplo—, pero, como no se puede echar atrás el reloj, hay que hacerlo ahora.

Así como a mediados de los años 90, México estaba ansioso por dejar atrás la falta de equidad en las contiendas electorales, hoy lo está por dejar atrás la impunidad que todo lo pudre.

La que comenzó hace 20 años fue la transición hacia el pluralismo. La que se requiere hoy es una transición hacia el Estado de derecho.

Para hacer posible esa transición necesitamos una declaración de voluntad del Presidente, como aquélla de Zedillo, de que las cosas van a cambiar.

No necesitamos, pienso yo, que el Presidente renuncie ni que pida perdón —si hay una revisión de cuentas que hacer, existen instancias legales para ello— ni que copie modelos extranjeros de contrición no aplicables en México.

También requerimos que la oposición esté a la altura, como lo estuvo en 1995-1997. Una oposición que se olvide momentáneamente de ganar votos en las urnas y se concentre en rescatar el país.

Finalmente, se necesita una ciudadanía que proponga con el mismo ahínco con el que protesta. Una ciudadanía que se haga cargo del cambio.

Y, si lo que se exige es el fin de la impunidad y de la corrupción, se requiere de una ciudadanía que entienda que también ella tiene que cambiar. Si hasta ahora el Estado de derecho ha significado “aplíquese la ley a todos menos a mí”, ahora tendrá que significar legalidad y justicia para todos, igualdad de todos ante la norma.

Para salir del hoyo en el que estamos, el gobierno, la oposición y la ciudadanía deben demostrar su voluntad de cambiar.

Cambiar significa dejar atrás las viejas formas de hacer las cosas: renunciar a beneficiarse de la cercanía de los polos de poder, dejar de taparse los unos a los otros, dejar de pensar que el mal de muchos es el consuelo de todos, dejar de dar mordidas sólo porque el resto de la gente lo hace.

No puedo decir que estoy optimista. La forma en que el Congreso de la Unión clausuró su periodo de sesiones sin atender temas fundamentales de su agenda —como el combate a la corrupción— es decepcionante.

Tampoco vi que el gobierno federal haya salido en defensa y promoción del decálogo que lanzó el presidente Peña Nieto el 30 de noviembre en Palacio Nacional.

El único motivo de esperanza es que la sociedad ha comenzado a trascender la mera protesta en las calles para hacer propuestas de cambio en que pudiera fincarse una transición hacia el pleno Estado de derecho.

Me parecen dignas de atención las iniciativas anticorrupción que presentó la semana pasada un conjunto de organizaciones, entre las que están la Red por la Rendición de Cuentas, México ¿Cómo Vamos?, el Imco y Causa en Común.

Recuerdo esfuerzos ciudadanos, como la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo, que fueron fundamentales, para aquella transición en los 90, justo por las propuestas que hizo.

Si han de funcionar y dar frutos las reformas estructurales ya aprobadas, se requiere una sólida base de credibilidad y respeto a la ley.

La sociedad puede sacar a la clase política del pasmo y guiarla, con propuestas responsables, por esta nueva transición.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2014/12/17/998175

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La casa blanca deja ver 5 “huecos” sobre el conflicto de interés

La polémica por las residencias de Angélica Rivera y Luis Videgaray, compradas a empresas de un contratista, exhibe vacíos legales: expertos

Fuente: Mauricio Torres / CNN México

casa5Falta de reglas que obliguen a los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, la ausencia de controles para las empresas que se relacionan con el gobierno, así como la necesidad de sanciones contundentes para quienes cometan faltas, son algunos de los “huecos” en la legislación sobre conflicto de interés que quedan en evidencia tras la polémica generada por las residencias de Angélica Rivera y Luis Videgaray, coinciden especialistas en transparencia y rendición de cuentas.

Expertos de Transparencia Mexicana (TM), de Fundar y de la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) consideran que las autoridades federales no sólo deben aclarar estos casos de la primera dama y del titular de Hacienda, sino promover cambios legales para evitar que otros similares ocurran en el futuro.

La controversia comenzó el 9 de noviembre, cuando el portal Aristegui Noticias publicó que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, compró una mansión a una compañía de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, quien obtuvo contratos de obra pública cuando Peña era gobernador del Estado de México (2005-2011) y actualmente compite en licitaciones federales.

Ante las exigencias para que esclareciera los hechos, Peña negó que hubiera un conflicto de interés en el caso, es decir, una situación en la que un funcionario puede obtener un beneficio privado de su cargo público. En tanto, Rivera dijo que adquirió el inmueble con el dinero que recibió de Televisa —donde trabajó como actriz durante 25 años— y prometió vender la vivienda.

La polémica sobre el tema recibió un nuevo impulso el pasado 11 de diciembre, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Videgaray, en octubre 2012, compró una casa a otra compañía de Grupo Higa. Al respecto, el funcionario rechazó irregularidades porque hizo la operación cuando no tenía ningún puesto y afirmó estar dispuesto a ser investigado.

A continuación te presentamos los puntos que los especialistas piden atender en esta materia.

1. Declaración patrimonial pública

Alejandro González Arreola, director de Gesoc, consideró que el primer “vacío” que debe subsanarse en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es establecer que los funcionarios estén obligados a publicar sus declaraciones patrimoniales.

La norma actualmente señala que deben entregar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la información sobre su patrimonio y el de sus cónyuges, pero están en libertad de decidir qué partes de ésta se harán públicas y cuáles no.

En enero de 2013, por ejemplo, Peña presentó su declaración patrimonial y dio a conocer que tiene nueve propiedades —cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento—. Sin embargo, el documento presentado entonces no detallaba el costo de los inmuebles ni su ubicación.

Fue hasta después de la polémica causada por la casa de la primera dama que el mandatario reveló el valor de su patrimonio, que asciende a 45.2 millones de pesos.

“(Se debe cambiar) el hecho de que sigamos teniendo una legislación que no obliga a las y los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial de manera íntegra, no un resumen de la misma, no elementos parciales, sino tal cual como fue depositada en la Secretaría de la Función Pública”, dijo González Arreola a CNNMéxico.

Guillermo Ávila Reséndiz, investigador de Fundar, coincidió con este punto de vista, al señalar que la publicidad de estos datos favorecería la transparencia y ayudaría a la ciudadanía a vigilar el desempeño de los funcionarios.

Incluso, este año Ávila Reséndiz llevó el tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al promover un juicio de amparo para que el máximo tribunal ordenara hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. Ávila Reséndiz argumentó que esto es parte del derecho a la información de los ciudadanos, pero la mayoría de los ministros se inclinó por proteger el derecho a la privacidad de los servidores públicos y respaldaron la ley vigente.

2. Definición clara sobre conflicto de interés

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara sobre qué es un conflicto de interés.

Hoy por hoy, la norma establece que esta situación se dará “cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”, según indica la fracción XII del artículo 8 de la citada ley.

Para Bohórquez, sin embargo, esta definición no permite identificar con claridad cuándo habrá conflictos de interés y, por ello, dificulta evitarlos.

El especialista incluso sugiere incluir en la ley la figura de declaración de intereses, es decir, un documento similar a la declaración patrimonial, en el que en vez de que un funcionario dé a conocer qué posesiones tiene, informe en qué empresas o sectores económicos invierte. A decir de Bohórquez, esto impediría que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios.

“La legislación mexicana está coja en términos de lo que se refiere a las declaraciones sobre potenciales conflictos de intereses”, dijo.

Para Bohórquez, Chile es un ejemplo en América Latina, dado que tiene una ley con esta figura de declaración de intereses, con la que se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en las que está involucrado.

3. Protocolos de actuación

Para González Arreola, además, no sólo debe definirse con claridad cuándo habrá un conflicto de interés, sino que es necesario establecer un protocolo de actuación para el funcionario que esté en riesgo de caer en él.

“La norma hoy no necesariamente establece las situaciones de conflicto de interés de manera muy clara, pero menos aún cuál es el protocolo de actuación que debe seguir un funcionario en esa situación”, dijo.

Establecer esos procedimientos permitiría que un servidor público tuviera certeza sobre cómo reportar el caso y sobre qué hacer para actuar con ética y evitar incurrir en una falta administrativa mayor o un delito, agregó.

4. Reglas para los empresarios

Bohórquez considera que la legislación también debe comprender reglas para que los empresarios tengan una relación “honesta, abierta y transparente” con las autoridades.

“Hay que preguntarnos también si estamos como sociedad exigiéndole al sector privado políticas anticorrupción para cuando se relacionen con los servidores públicos”, dijo.

Una opción sería prohibir en la legislación que un empresario compita por contratos públicos en una dependencia o en un área encabezada por un familiar directo.

González Arreola citó como ejemplo el caso de Reino Unido, donde se obliga a las empresas a publicar quiénes son sus accionistas. Para el experto, esto permite ubicar si hay funcionarios o legisladores con inversiones en una compañía y evitar que tomen decisiones encaminadas a favorcerla.

5. Sanciones

Para los especialistas, el último hueco que debe subsanarse en la legislación es el de las sanciones para quien incumpla la ley.

La legislación actual establece que el funcionario que no se excuse de participar en decisiones en las que tenga interés personal, familiar o de negocios, o que le puedan dar un beneficio económico a él o a sus familiares hasta en cuarto grado, o que reciba algún tipo de beneficio de actores por él regulados, incurrirá en una falta administrativa “grave” que al menos le valdrá ser destituido e inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años.

Otras sanciones contempladas son las amonestaciones públicas o privadas —regaños— y las multas.

Al respecto, Bohórquez llamó a que se revise si estas medidas en verdad inhiben las violaciones a la ley, así como a que el Congreso haga los cambios necesarios para que así sea.

“Tenemos que legislar en esta materia porque ya es un tema recurrente. Legisladores, funcionarios del Ejecutivo… el propio sector privado tampoco tiene regulaciones claras. Es un vacío legal que se está convirtiendo en un problema recurrente para el país y que amplía la brecha de desconfianza en la clase política”, concluyó.

http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2014/12/17/la-casa-blanca-deja-ver-5-huecos-sobre-el-conflicto-de-interes

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Cirugía municipal

Fuente: Roger Bartra / Reforma

cultuEl proyecto de reforma que propone eliminar las policías municipales en México implica una cirugía mayor del sistema político. Podría ser mucho más que un reacomodo de las fuerzas encargadas de la seguridad como una respuesta a la crisis originada por el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa. Si la reforma es profunda, significaría un cambio importante en las estructuras de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Sería el comienzo de una importante reforma del Estado.

Las policías municipales contribuyen, aparentemente, a que el poder local sea “libre” y no se encuentre subordinado a los poderes estatales y federales. Sin embargo, es precisamente en esta autonomía donde pueden enraizar fácilmente la corrupción y la influencia del crimen organizado. Los municipios son una rendija por la que se cuela con frecuencia el poder de los narcotraficantes.

Desde luego, la centralización de la policía, por sí misma, no es algo positivo. La descentralización que acerca la policía a las comunidades puede ser, bajo ciertas circunstancias, un factor valioso. Sin embargo, la extensión de los grupos organizados de narcotraficantes ha cambiado radicalmente las condiciones de las policías locales, basadas en el reclutamiento en la propia comunidad y dependientes de estructuras políticas municipales. Desde hace unos años vivimos una nueva situación que reclama cambios en la organización de las policías.

En el mundo hay diversos modelos de organización de las policías. Por lo que se refiere a la existencia de cuerpos policiacos locales, a escala de los municipios, comunidades o condados, podemos observar dos variantes. La primera está constituida por aquellos países que carecen de policías a nivel municipal y que mantienen básicamente cuerpos policiales a nivel nacional y regional. La otra variante son aquellos países donde existen policías a nivel local.

El primero es el modelo francés o alemán, donde hay principalmente cuerpos de seguridad en dos niveles, regional y nacional. Variantes de este modelo existen en España, Australia y Argentina. El segundo modelo es el inglés o norteamericano, con fuerzas de seguridad en los tres niveles de gobierno. México es una variante de este modelo, que sigue de cerca el sistema de Estados Unidos, con sus peculiares sheriffs en cada condado.

El sistema no ha funcionado bien en México, entre muchas razones debido a la extrema pobreza de muchos municipios, factor que los convierte en espacios propicios para una simbiosis entre la policía y la delincuencia organizada. La historia de los sheriffs norteamericanos también está erizada de corrupción, aunque la prosperidad ha propiciado el saneamiento de las policías condales. Además, el sistema en Estados Unidos se ha adaptado a las condiciones urbanas con mecanismos peculiares.

Lo mismo ha ocurrido en México. Es el caso del Distrito Federal, donde no hay municipios sino delegaciones. Aquí la policía no se encuentra dispersa bajo mandos autónomos. La desaparición de las policías municipales en todo el país podría seguir el modelo del Distrito Federal. Pero ya han surgido las voces de muchos presidentes municipales que se oponen a la reforma: las asociaciones de alcaldes ligados al PAN y al PRD ven con malos ojos que se extingan sus cuerpos policiacos. Es posible que surjan protestas similares a las que confrontan la reforma educativa: hay burocracias municipales que, como ciertas burocracias sindicales del magisterio, no están dispuestas a modernizarse y a perder jugosas prebendas. Algunos argüirán la tradición liberal trasnochada y decimonónica para oponerse. Otros, en la izquierda, después de la sangrienta hazaña de su alcalde en Iguala, tendrán más difícil la protesta contra la extinción de las policías municipales, pero seguramente también generarán resistencias. Como se acercan las elecciones para renovar senadores, diputados y algunos gobernadores, es muy probable que esta reforma del Estado quede estancada o muy mutilada.

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=52197#ixzz3MEAdxFfP

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Alma de charol

Fuente: Denise Dresser / Reforma

polmun“No estoy en contra de la policía; sólo le tengo miedo”, decía Alfred Hitchcock en una frase que resume el sentir hoy de muchos mexicanos. El temor ante quienes deberían proveer seguridad pero contribuyen a minarla. El recelo ante quienes deberían proteger pero terminan amenazando. La policía que nos mantiene lejos del sosiego y cerca de la ansiedad, lejos de la paz y cerca del miedo. La policía que cayó 10 puntos en la confianza de la ciudadanía en los últimos seis meses, situándose por debajo de la Iglesia, el Ejército, el Congreso, e incluso los partidos políticos. La policía que nos lleva a estar siempre alertas, siempre nerviosos, siempre sospechosos de cualquier encuentro, cualquier contacto. Invadidos por el temor fundado a denunciar un crimen, ser detenidos, ser interrogados, ser abordados por una patrulla, ser entregados a una banda criminal, convertirnos en el número 44.

La policía no ha sido una solución a la inseguridad; ha sido un problema que contribuye a exacerbarla. Por la infiltración, por la corrupción, por la politización, por la ausencia de regulación. La crisis de Iguala devela una institución que requiere una reforma profunda. Un cambio contundente. Una transformación de gran envergadura para que pueda proteger y servir en vez de golpear y extorsionar. Pero lo que ha propuesto Enrique Peña Nieto en su decálogo reciente no reconoce la profundidad de la crisis de confianza que aqueja a las fuerzas policiales. Crisis presente en las calles, en las marchas, en las redes sociales, en la prensa internacional, en los golpeados por manifestarse en el Zócalo, pero no en la cabeza del Presidente o su equipo.

Un gobierno que como respuesta ofrece la creación de policías estatales únicas. La centralización como solución. El mando único como panacea. La redistribución del poder de quien controla a la policía sin que ello implique remodelarla a fondo. Todo ello sin consulta, sin evaluación, sin deliberación, sin un diagnóstico del estado que guardan las policías estatales, sin una evaluación de las experiencias de mando único en diversas entidades del país, sin un análisis comparado de ejemplos internacionales de reforma policial. Un cambio con los ojos bien cerrados. Un salto al vacío. Un ejemplo más de la ocurrencia convertida en política pública.

Por eso la oposición de los ciudadanos del Consejo de Seguridad Pública, de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos sociales, de expertos. Por eso el cuestionamiento de Insyde a la centralización policial, dado que -según el INEGI- la diferencia entre quienes creen que la policía estatal es corrupta y los que piensan que la policía estatal también lo es se reduce a nada más 4 puntos porcentuales: 67 y 63 por ciento, respectivamente. Enrique Peña Nieto quiere menos corporaciones policiales, pero no explica cómo van a ser menos corruptas. Quiere mandos “súper dotados”, pero no explica cómo van a volverse modernos. Quiere las mismas culturas verticales, pero no explica cómo van a estar sujetas a controles horizontales.

Pero más problemático aún: no contesta la pregunta de qué policía queremos. Y ésta es una interrogante que pocos saben o desean contestar. Es una interrogante que el Código Nacional de Procedimientos Penales no quiso ni siquiera encarar. Porque la policía es un instrumento de control político que la clase política no quiere soltar, ni transparentar, ni regular, ni normar. La PGR y los gobernadores y los presidentes municipales se valen de ella para múltiples tareas que poco tienen que ver con la seguridad ciudadana. La policía es usada para perseguir, torturar, extorsionar, golpear, amedrentar o arrestar conforme a cuotas. Es usada para cometer crímenes de Estado en lugar de prevenir que ocurran. Es odiada en vez de ser respetada.

Reformarla requerirá mucho más de lo que el Presidente ha planteado y la PGR quiere evitar. Una ley nacional de policía que regule su comportamiento, comenzando por la investigación, pasando por la aprehensión, llegando hasta el juicio. Porque como escribió Federico García Lorca en Romance de la Guerra Civil Española, los uniformados “con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos”. Y de allí el imperativo de sacarlos a la luz, devolverles la dignidad, profesionalizarlos para que dejen ordenar silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Porque cada país tiene el tipo de policía que exige, y en México es tiempo de tener una policía que aprehende a criminales y no sólo los mimetiza. Una policía con alma de servicio y no nada más alma de charol.

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El deber de oponerse

Fuente: Jesús Silva-Herzog Márquez / Reforma

justDe nada serviría una disculpa del Presidente. Discrepo de la petición de Enrique Krauze en el New York Times. El presidente Peña Nieto no debe pedir perdón, debe rendir cuentas. Nada aportaría que el maniquí se mostrara repentinamente humano. Lo que importa es que se echen a andar los mecanismos de control democrático. Ya conocemos el espectáculo de la contrición pública de un Presidente. En 1982 vimos llorar a José López Portillo y pedirle perdón a los pobres por no haber podido rescatarlos. No fue ningún brote de liderazgo sensible, fue el último desplante de la frivolidad: apelar a la clemencia por vía del sentimentalismo. ¿En algo ayudaría la reedición del patetismo?

Me temo que ésta no es ya la hora del Presidente. Lo importante en este momento ya no es lo que haga el Ejecutivo sino lo que deben hacer sus oposiciones. La crisis le abrió brevemente una puerta al Presidente que él mismo cerró con una serie de propuestas que no atienden la naturaleza ni la profundidad de la crisis. En algún sentido, fue el propio Presidente quien se descartó al colocar en cancha ajena la respuesta a la emergencia. La salida a la crisis no está en el Poder Ejecutivo sino en los contrapoderes: en las oposiciones y en el Congreso. A estas piezas cruciales de la maquinaria democrática corresponde actuar para encauzar una salida.

Pensar que la solución de la crisis de legitimidad del régimen (insisto que en esas aguas nos ahogamos) es un golpe de timón desde Los Pinos es suspirar por un tiempo que no debe regresar. La oportunidad que tenemos enfrente es dar vida finalmente a los dispositivos del control democrático. Porque es un mandato de los electores y un imperativo constitucional, se trata de un deber, no de una elección. El Congreso no puede seguir rehuyendo su responsabilidad de actuar como vigilante del Ejecutivo. Las oposiciones no pueden seguir negando la instrucción de sus electores.

Recordemos que los votantes conformaron en julio del 2012 una asamblea cautelosa. Si los electores respaldaron el retorno del PRI a la Presidencia de la República, lo hicieron con reservas. Lejos de obsequiarle mayoría al partido de Peña Nieto, decidieron preservar a la Legislatura como contrapeso. Acatar la decisión electoral implica actuar de esa manera, como contrapoder, no para bloquear sistemáticamente las iniciativas del Presidente sino vigilarlo, para denunciarlo, para sonar las alarmas cuando aparece la transgresión del poder. En estos momentos, le corresponde investigar su conducta y el probable conflicto de interés en el que incurrieron tanto el Presidente como su ministro de Finanzas. Lo más lamentable de esta crisis ha sido el silencio de las oposiciones, su indisposición a serlo y a cumplir su responsabilidad democrática. Decía el politólogo Gianfranco Pasquino que uno de los deberes esenciales de toda oposición es “actuar conscientemente para permanecer como tal”: cumplir su papel de cuestionador, preservar distancia y autonomía, cuidarse de los peligros de la absorción. Es que a la democracia no le basta establecer el derecho a oponerse. Requiere también que la oposición cumpla el deber de oponerse. Sin una oposición activa, responsable y exigente, la democracia es una farsa. La única manera en que la crisis puede servir al asentamiento de un pluralismo democrático es a través de la afirmación institucional de la oposición. Hay, sí, oposición en la calle y en la plaza, en la indignación y en la rabia de las movilizaciones, en las consignas y las mantas. Pero la oposición está ausente en el Congreso y calla en los partidos. Debe hacerse presente y actuar como tal.

Más que lo que haga el Presidente, lo importante es lo que decidan hoy las oposiciones. Su responsabilidad no es presentar simplemente una alternativa abstracta al gobierno sino mostrar el camino para una política distinta, un régimen donde la corrupción, finalmente, encuentre tope.

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Declaración de intereses

Los estudios muestran que en lo general los mexicanos piensan que sus compatriotas que acumularon un patrimonio tuvieron que haber cruzado por el pantano de la corrupción. Habiendo mucho de cierto en esto, sobre todo en ciertas épocas de la historia, también está la otra posibilidad.

Fuente: Federico Reyes Heroles  / Excélsior

casablEl régimen de Peña Nieto se encuentra inmerso en una brutal crisis de credibilidad. La sospecha de que los viejos “usos y costumbres” de corrupción priista se estén reinstalando lo ha minado. Como país estamos atrapados en una legislación confusa que no garantiza a los ciudadanos ni a los servidores públicos sus respectivos derechos. Por un lado, los derechos de los ciudadanos de poder estar ciertos de que los servidores públicos no utilizan su posición para lucrar con el poder. Del lado de los servidores públicos, el ser capaces de acreditar un patrimonio bien habido, sin exponerse a las intrigas y sospechas y también en términos de seguridad.

1.- Perversión en el origen.- Dada la brutal inequidad de México, un patrimonio que en otro país sería mediano, común, en nuestro país es ofensivo. Esto ha llevado a dos falsas salidas, las dos nefastas. La primera consiste en disimular los bienes poniendo propiedades a nombre de familiares, amigos o “prestanombres” pervirtiendo el objetivo final: conocer el patrimonio real y acreditarlo frente a la sociedad.

La segunda, igual de perversa, consiste en no acreditar de manera totalmente transparente los ingresos reales de los servidores para que el sueldo nominal no sea demasiado alto a los ojos de la opinión pública. De nuevo, un ocultamiento que es de lo más riesgoso. Las sorpresas siempre abonan a la sospecha. Otra consecuencia ha sido la de reducir los salarios de los servidores, sobre todo en el Ejecutivo, y llevarlos a niveles inferiores al mercado. Ello ha propiciado que muchos profesionistas valiosos dejen el servicio público y encuentren buen acomodo en actividades privadas donde no están expuestos. La mezcla de ambas perversiones es funesta.

2.- Riqueza igual a corrupción.- Los estudios muestran que en lo general los mexicanos piensan que sus compatriotas que acumularon un patrimonio tuvieron que haber cruzado por el pantano de la corrupción. Habiendo mucho de cierto en esto, sobre todo en ciertas épocas de la historia, también está la otra posibilidad. Existen millones de mexicanos que han formado un patrimonio a partir del esfuerzo, del trabajo, de habilidades para hacer negocios. Qué bueno que así sea, el país los necesita. Pero en el imaginario colectivo ellos no existen.

Ahora bien, ¿se debe prescindir de estos mexicanos con conocimientos y vocación de servicio público por el hecho de que tienen un patrimonio? No, de hecho en la versión cínica se podría argumentar que ya tienen, que ya no necesitan. En otros países, como Estados Unidos —quizá el caso más evidente—, hay muchas familias de abolengo y patrimonio conocido que se han dedicado al servicio público: los Kennedy, los Bush, los Gore y muchos más. De hecho, cruzar del sector privado al público no es mal visto. Robert McNamara pasó de la dirección de Ford Motor Company a secretario de Estado, invitado por John F. Kennedy. Tampoco es mal visto el tránsito inverso: dejar el servicio público y aprovechar legalmente las experiencias y aprendizajes y, hay que decirlo con toda claridad, los contactos adquiridos. Por eso muchos cargos públicos prohíben a los exservidores transitar directamente y se establece un periodo en el cual no pueden involucrarse en el área de la cual fueron responsables. Pero después gozan de plena libertad para usar sus conocimientos y experiencias.

El eje del razonamiento no es si una persona tiene patrimonio o no. Ni los salarios bajos ni los altos garantizan honestidad. El asunto va por otra línea de pensamiento

3.- Conflicto de intereses.- Todos tenemos intereses. El simple hecho de tener familia o amigos abre un rango de áreas delicadas. Si además se es empresario y se cuenta con intereses económicos, pues la lista de potenciales áreas conflictivas crece. La mejor defensa es hacerlos públicos. Por ejemplo, en Transparencia Internacional se exige a consejeros de los capítulos nacionales hacer una declaración de intereses año con año. Si llegara a haber algún consejero con un conflicto ya expreso o superviniente, deberá abstenerse de opinar o votar en su caso sobre un asunto. Lo mismo ocurre en los Consejos de Administración de los bancos sometidos a una serie de limitaciones expresas.

El asunto de las casas sangra a la gestión y esto pudo haber sido evitado. Si la señora Rivera tenía el patrimonio que declaró, y no tenemos por qué dudarlo, estaba en todo su derecho de comprar una casa. Lo mismo el secretario de Hacienda. El problema radica en los vínculos, supongo cercanos, con una empresa que los llevó a obtener créditos que suponemos mejores que los bancarios. Pero están en todo su derecho de tener esa relación. El asunto se enturbia por el hecho de que dicha empresa participó en obra pública del Estado de México y ahora con el gobierno federal. Si el Presidente y el secretario hubieran hecho pública su relación y, por lo tanto, su deber de abstenerse en cualquier asunto donde la empresa estuviera vinculada, hoy no estaríamos metidos en este penoso embrollo que tanto ha dañado a México.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/2014/12/16/997954

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