Ideas para un otoño oscuro

Fuente: Julián Andrade / La Razón

Lo que urge son reflexión e ideas para salir del atolladero en el que el país se encuentra y que tuvo su reflejo más claro y estremecedor en los sucesos de Iguala, en Guerrero.

Por eso es importante el documento que dio a conocer el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), en el que plantea diversos temas que tienen el propósito de superar el pasmo.

Lo primero que se señala en México: las ruinas del futuro que no hay atajos posibles y que “es desde el Estado, es desde la autoridad pública elegida por los mexicanos, desde las instituciones donde se habrá de sostener una batalla en dos frentes: contra las cruentas catervas criminales y simultáneamente, para reformar y poner al día las instituciones que deben perseguirlas”.

Hay inquietudes que tienen que ser resueltas y son las que deben dar pistas sobre cómo fue que el poder criminal, desde la propia alcaldía encabezada por José Luis Abarca, pudo convivir con la autoridad estatal y no fue detectado, con oportunidad, por las agencias de seguridad federales.

Nadie podía prever la crueldad criminal, pero tampoco la ineficiencia estatal y de las áreas encargadas de dotar de seguridad a la ciudadanía.

Pero además la desgracia de los 43 estudiantes normalistas “desvaneció el mito de un Estado fuerte y unificado: la evidencia de unos partidos y una administración pública, allá al servicio de los delincuentes, aquí, inconexa, sin reflejos, enajenada por su propia retórica y por la imagen que se ha construido de sí misma”.

Las causas de la crisis no se generaron de un día para otro y más bien se fueron alimentando con una cauda de omisiones que aterrizaron en la debilidad institucional que aqueja sobre todo a los municipios y que requerirá una discusión sobre el federalismo y sus alcances.

En el IETD insisten en que cualquier política o estrategia debe estar articulada a partir del respeto a los derechos humanos, la atención a las víctimas, la rehabilitación del poder municipal, la procuración y administración de justicia, el combate a la corrupción, el replanteamiento de los programas sociales y enfrentar la crisis de representatividad y respuesta de las autoridades.

Rolando Cordera, José Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre, Ricardo Becerra, Salomón Chertorivski, Adolfo Sánchez Rebolledo y Julia Carabias, entre otros, proponen renovar la conversación pública para buscar un acuerdo en el que participen los poderes legítimos, los partidos y las organizaciones y movimientos sociales.

Más nos vale buscar salidas a un momento oscuro, a un otoño de mala memoria.

julian.andrade@razon.com.mx
@jandradej

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=236781

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De tres, uno

Fuente: José Woldenberg / Reforma

etapaspciEs hora de pensar cómo imaginamos que debe ser nuestra convivencia. Se trata precisamente de un “deber ser” que puede orientar los esfuerzos para reconstruir no solo el entramado estatal sino el tejido social. El tema aparece y desaparece de la agenda pública y no logra adquirir centralidad. En los momentos dramáticos que vive el país parece inexcusable. Existe un contexto de exigencia, un contexto de legítima preocupación por el futuro que debería fomentar un debate más allá de la coyuntura.

Hay tres dimensiones que deben conjugarse para hacer habitable -para todos- la vida en común: a) el ejercicio más amplio posible de las libertades, b) un basamento de satisfactores materiales y culturales que posibilite la cohesión social y c) un Estado de derecho digno de tal nombre que regule la conflictividad inherente a toda convivencia.

En relación con el punto “A” mucho hemos avanzado, pero en los otros dos nada o casi nada. De tal suerte que el trípode que sostiene nuestras relaciones se encuentra desequilibrado e impide cualquier coexistencia medianamente armónica. Por el contrario, ese notable desbalance genera y seguirá generando conflictos sin fin y espirales de desencuentro cada vez más profundas. Trato de explicarme.

El ejercicio de las libertades se ha expandido como acicate y correlato de un prometedor proceso democratizador que vivió el país. No me canso de repetirlo: México pasó de un sistema de partido hegemónico a otro plural y competitivo, de elecciones rituales y sin competencia a comicios altamente disputados y con ello el mundo de la representación fue habitado por una diversidad de corrientes políticas. Ello transformó a una Presidencia casi omnipotente en una Presidencia acotada por otros poderes constitucionales y fácticos, a un Congreso subordinado a la voluntad presidencial en un Congreso vivo, tenso, equilibrado, en el cual ninguna fuerza puede hacer y deshacer a voluntad; a una Corte que en materia política era similar a un cero a la izquierda en una Corte que resuelve controversias entre poderes, y sígale usted. Y en ese transcurso las libertades se afianzaron y extendieron. Bastaría comparar la prensa, el ejercicio de la libertad de manifestación, la visibilidad pública de los conflictos, antes y ahora.

No obstante, las otras dos dimensiones se mantienen prácticamente inalteradas. Somos un país marcadamente desigual, de tal suerte que cuesta trabajo hablar de un México. Gonzalo Hernández Licona nos recuerda que en el 2010 el 10 por ciento de los hogares más pobres recibían solo el 1.8 por ciento del ingreso total del país, mientras el 10 por ciento de las familias más ricas concentraban el 33.9. En 1992 los porcentajes respectivos eran 1.6 y 38. Hay una ligera mejoría pero se requiere de una lupa para observarla. El mismo autor nos informa que somos un país más desigual que “Ucrania, Etiopía, Vietnam, Nigeria, Kenia o Burkina Faso”. (“Crecimiento económico, desigualdad y pobreza en México”, en Aguilar y Alatorre [coordinadores]. El futuro del Estado social. MAPorrúa. 2014). Esa marcada desigualdad genera todo tipo de patologías sociales y tapona las posibilidades de cohesión social. Es difícil -quizá imposible- sentirse parte de una comunidad nacional en un mar de desigualdades económicas, sociales, educativas, de salud, alimenticias, de vivienda. Y todo ello no lo resolverá el libre fluir del mercado. Estamos obligados a voltear los ojos a las experiencias que fueron capaces de construir Estados de bienestar, asegurando un piso de satisfactores universales.

En relación con el Estado de derecho los déficits están a la vista. No es la ley y las instituciones encargadas de aplicarla las que regulan -en muchos casos- la relación y los conflictos entre las personas y entre éstas y los aparatos públicos. Por el contrario, la ley del más fuerte, la ley de la selva, es la que se impone una y otra vez. La ola de violencia y la creciente inseguridad, aunadas a los ancestrales fenómenos de corrupción, impunidad, arbitrariedad, carcomen la imagen de las instituciones y la confianza en ellas, haciendo que la convivencia se vuelva tensa, cargada de agravios y rencores. Por desgracia, el Estado de derecho no se decreta, no aparece de la noche a la mañana; es una construcción compleja y dilatada que reclama diagnósticos especializados, políticas específicas, pasos firmes.

En suma: avanzamos en la democratización del país. Faltan los pilares que hagan posible su sustentabilidad y una vida en común menos tensionada.

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Triste ver que nuestra democracia no funciona

Fuente: Leo Zuckerman / Excélsior

casablEs patético observar la actuación, más bien la no actuación, de la oposición frente al caso de la Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente Peña. Su silencio denota el nivel de complicidad que han alcanzado los partidos en México. Parecería que aquí ya no hay oposición sino un pacto de “tapaos los unos a los otros”, como genialmente ha descrito nuestra colega editorialista de Excélsior, María Amparo Casar. Es una vergüenza que genera tristeza para aquellos que creíamos en la existencia de una democracia funcional en el país.

Un régimen democrático presidencialista de división de poderes descansa en la idea de pesos y contrapesos de tal suerte que los políticos se vigilen los unos a los otros. Bien decía James Madison, uno de los padres fundadores de la exitosa República estadunidense, que “si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni los internos en el gobierno serían necesarios. En el diseño de un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad estriba en esto: en primer lugar debe permitirse al gobierno controlar a los gobernados; y en segundo lugar hay que obligarlo a controlarse a sí mismo”.

¿Cómo evitar el abuso de hombres que no son ángeles? ¿Cómo lograr que haya un autocontrol gubernamental? Madison lo tenía muy claro: “para contrarrestar la ambición hay que crear ambición”. Frase memorable que sustenta el régimen de división de poderes. Al diseñar un sistema democrático el objetivo es “dividir y organizar las varias instituciones de una manera en la que cada una pueda checar a la otra –que el interés privado de cada individuo pueda ser el centinela de los derechos públicos”.

Si existe la sospecha de que el Ejecutivo abusó de su poder, el Legislativo debe intervenir. Para ello cuenta con facultades de investigación, fiscalización y sanción. El sistema funciona precisamente por la ambición que tienen los políticos del Congreso de desbancar a los políticos de la administración.

En esta lógica resulta fundamental la presencia de verdaderos partidos opositores en el Legislativo. Recordemos que en las épocas autoritarias de México sí había división de poderes en el papel. No así en la realidad. El Legislativo ni vigilaba ni castigaba al Ejecutivo y viceversa. ¿Por qué? Muy sencillo: porque el PRI controlaba todo: no había oposición. La democratización comenzó con una mayor presencia opositora en el Congreso que eventualmente derivó en la alternancia en el Ejecutivo.

En 2012, el PRI recuperó la Presidencia. La oposición, no obstante, mantuvo una fuerte presencia en el Congreso. Tiene, de hecho, la mayoría en el Senado. Uno esperaría que la fuerza opositora en el Legislativo vigilara y sancionara los posibles abusos del Ejecutivo. O por lo menos que los investigara para demostrar que la democracia está funcionando. Desgraciadamente, no ha sido el caso: ni el PAN ni el PRD, los dos principales partidos opositores, han reaccionado frente al caso de las propiedades de Angélica Rivera.

Menuda diferencia a lo ocurrido en 2005 cuando apareció información de que los hijos de la entonces Primera Dama, Marta Sahagún, habían ejercido influencia para otorgar contratos gubernamentales a ciertos empresarios. La Cámara de Diputados formó una comisión especial para investigar el tema. Ciertamente no produjeron muchos resultados que digamos pero por lo menos se armó cierto revuelo. Lo increíble es que ahora, con el posible conflicto de interés de una residencia comprada y financiada por uno de los contratistas favoritos del gobierno de Peña, el Congreso no diga ni pío.

Carlos Puig especula que el estruendoso silencio podría deberse a la larga cola que tienen los opositores y que el gobierno del PRI podría pisar. No lo dudo: la democracia mexicana ha tenido como consecuencia la ampliación de la corrupción a todos los partidos. Y como nadie se salva, ya no existen contrapesos. De esta manera, la democracia ha dejado de funcionar. Qué tristeza.

@leozuckermann

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2014/11/20/993370

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El imposible y peligroso regreso a la normalidad

Fuente: Carlos Puig / Milenio

ayoLeo y vuelvo a leer el discurso del presidente Peña Nieto en el Estado de México hace un par de días y me preocupa porque descubro una especie de intención de cerrar un capítulo como quien tropieza, se sacude el polvo y vuelve a arrancar como si nada hubiera sucedido.

De Ayotzinapa dijo, entre otras cosas, que habían hecho una exhaustiva investigación y “hemos sido los más sensibles al tema, los más solidarios. Hemos atendido puntualmente desde lo personal y a través de los funcionarios responsables de la investigación, a los padres de familia a quienes embarga esta pena y este dolor”.

Sobre la casa anunció lo que pasaría más tarde: la explicación en voz de su esposa de sus ingresos y sus propiedades, a lo que la señora Rivera añadió que traspasaría el contrato de la casa de Aragonés. El Presidente ayer dio a conocer su declaración patrimonial completa.

Ha escrito Jorge G. Castañeda: “Recular y rectificar cuando las cosas salen mal es un atributo que pocos políticos poseen. Entender por qué salieron mal es una condición necesaria para evitar repeticiones. Peña Nieto y su equipo hacen muy bien lo primero y muy mal lo segundo”.

Nada sería peor para esta administración y los cuatro años que le quedan, que el Presidente y sus cercanos, después de las acciones de los últimos días, pensaran que es hora de volver al business as usual; reformas en acción, mover a México…

Podría arrancar por un cuarteto de decisiones sencillas:

Una: lo que el Presidente hizo ayer, que sea ley para todos. Nunca más declaraciones patrimoniales sin detalles. Y que sea ley para gobernadores y presidentes municipales con todo y sus gabinetes. Sin pretextos ni tardanzas. Si quieren ser servidores públicos que se sujeten al escrutinio público. Muchos países lo hacen, nada malo sucede.

Dos: Poner toda la fuerza de Los Pinos en establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas y anticorrupción con base en lo que las organizaciones sociales han entregado y trabajado con el Congreso y causa escalofrío en los partidos.

Tres: Hacer que el borrador de la Ley de Transparencia, construido con organizaciones de la sociedad civil, hoy en el Senado no sea mutilado por los partidos.

Cuatro: Revivir aquella iniciativa para regular la relación de dinero entre medios y gobiernos.

Y obligar a la mayoría priista a legislar.

Así de sencillo.

Pretender que nada pasó y volver a la normalidad sería la muerte.

dudarazonable@milenio.com

@puigcarlos

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/imposible-peligroso-regreso-normalidad_18_412938736.html

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Peña: presunción de culpabilidad

Fuente: Eduardo R. Huchim / Mural

2oinfConstitucionalmente, la presunción de inocencia protege a toda persona en México. Sin embargo, en un Gobierno en estado permanente de corrupción, el ciudadano tiene legítimo derecho a presumir culpabilidad.

Respecto de gobernantes y figuras públicas, dicen los criterios internacionales y mexicanos, el derecho al honor y a la propia imagen se ve disminuido frente al del ciudadano común. Yo añadiría que también se ve disminuido el derecho a la presunción de inocencia.

En consecuencia, más allá de juicios y tribunales, por lo menos mientras no se aporten pruebas convincentes en contrario, resulta legítimo presumir que Enrique Peña Nieto ha incurrido en un grave acto de corrupción en el caso de la “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec, valuada en 7 millones de dólares, como lo reveló el portal Aristegui Noticias, con base en un espléndido trabajo de investigación periodística. Y es presumible, asimismo, que ésa no sea la única corruptela inmobiliaria.

Peña Nieto se equivocó de época. Supuso que continuaba la era del partido hegemónico y del Presidente omnipotente. Tenía quizá razones para suponerlo:

a) Siendo Gobernador ordenó una cruenta represión en Atenco, con su cauda de muerte, violaciones sexuales, tortura, detenciones arbitrarias … y no le pasó nada;
b) Encubrió -y sigue encubriendo- a su mentor político Arturo Montiel… y no le pasa nada;
c) Gastó miles de millones de pesos en su campaña… y no le pasó nada porque las autoridades (IFE y TEPJF) cobijaron su impunidad.

Con esos antecedentes, era razonable suponer -desde la perspectiva peñista- que no importaba:

1) Que su esposa adquiriera a plazos una lujosa mansión, cuyos pagos no se sabe de dónde provienen si la señora no está trabajando.
2) Que la empresa vendedora de la “casa blanca”, Grupo Higa, participe, junto con otras, en la construcción del acueducto Monterrey VI, por el cual se pagarán ¡47 mil millones de pesos! durante 27 años.
3) Que esa misma empresa, contratista también del Peña Gobernador, fuese una de las firmas mexicanas que ganaron, junto con un consorcio chino, la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, valuada en 58 mil millones de pesos.

El error de Peña Nieto consistió en no percibir que, junto con la salida del PRI de Los Pinos, en la sociedad mexicana -en una amplia parte de ella- se produjo un cambio notable: apoyada en las redes sociales, decidió ejercer su derecho a la protesta, a tomar la calle, a demandar lo que antes era inimaginable: la renuncia de un Presidente a causa de los sucesos horrendos de Iguala.

El caso Iguala-Ayotzinapa ha subrayado lo que el Gobierno trató de disimular desde 2012: su incapacidad de combatir a una delincuencia que mata, hiere, roba, secuestra, extorsiona… Como sostiene el jurista Jaime Cárdenas, tenemos un Gobierno en estado de interdicción, es decir incapaz de dar seguridad a los gobernados (emeequis, 17/11/14).

Mientras el Gobierno maquillaba, la delincuencia crecía y el Estado decrecía. Pero no sólo eso. El Gobierno tampoco ha podido cumplir eficientemente en lo económico. La sociedad sufre carestía, desempleo y pobreza, mientras el Gobierno esquilma al contribuyente, gasta dispendiosamente y se endeuda en exceso.

Y ahora, en un marco de sociedad victimada de mil formas, salta un caso evidente de corrupción. Es claro que la cancelada licitación del tren México-Querétaro beneficiaba a un amigo y probable financiador de la campaña del hoy Presidente. Y hay más: los 10 contratos de infraestructura de transporte más grandes adjudicados en lo que va del sexenio han sido ganados por empresas cercanas al PRI y al Gobierno (Grupo Reforma, 06/11/14). Cuando Javier Corral citó el dato durante la comparecencia senatorial del Secretario de Comunicaciones, a propósito del tren, aquél respondió:

- “Me preocupan comentarios como ése de Grupo Reforma, que yo creo que le hacen más daño al país que muchas otras cosas mucho más malas”.

O sea, en la visión de Gerardo Ruiz Esparza, es más dañino informar, ventilar, transparentar que cometer delitos. Evidentemente, cuando el Secretario dijo tal cosa y defendió la licitación del tren, ignoraba lo que Presidencia sí sabía porque los periodistas le habían preguntado del tema: era inminente la publicación del reportaje de Carmen Aristegui que establecía el nexo de la “casa blanca” y el amigo presidencial beneficiado por la polémica licitación y dueño de la mansión que está ¿comprando? la esposa del Presidente.

En muchos países, esos hechos bastarían para que un Mandatario dejara su cargo. ¿Y en México no?

http://www.mural.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=50210#ixzz3JaNzIoL5

@muralcom

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Debe fortalecerse el Estado de derecho: Romero Apis

Recibió el Premio de la Excelencia Universal; el jurista afirma que la violencia mina la legalidad y fortalece a los poderes fácticos

Fuente: Héctor Figueroa / Excélsior

apisEl jurista José Elías Romero Apis llamó a fortalecer el Estado de derecho, porque de lo contrario el país no podrá avanzar hacia la modernidad, y admitió que “a mucha gente le conviene que haya desorden, pues el desorden es un negocio, y un negocio muy lucrativo”.

Al comentar la situación política y social que vive el país, dijo que la desaparición de estudiantes por el crimen organizado, la complacencia de políticos en Guerrero y ahora el clima de protestas y manifestaciones violentas, lo único que hacen es minar la legalidad y fortalecer a los poderes fácticos.

“En el momento en que los gobernados, los ciudadanos, consideramos que la ley es un espacio muy estrecho para el planteamiento de nuestras demandas, es entonces cuando rompemos el Estado de derecho y a partir de ahí la recomposición es tardada, es dolorosa y es difícil”, indicó.

El articulista de Excélsior manifestó que tanto el gobierno como la sociedad civil y los partidos políticos deben contribuir a apuntalar el Estado de derecho, y no permitir más que la actividad social se salga del orden institucional.

“Sí, desde luego, son varios los factores que atentan contra el Estado de derecho: la delincuencia, la ilicitud, la corrupción, la lenidad, es decir, el gobernante que permite que todo se haga, la falta de cultura del Derecho.

“Muchos ciudadanos no necesariamente quieren que se aplique el Estado de derecho. A muchos les conviene que no haya aplicación del Estado de derecho para no pagar sus impuestos, para no someterse al orden comercial, para poder contrabandear, para poder traficar con mercancías prohibidas”, expuso.

En entrevista con este diario, el también presidente de la Academia Nacional indicó que de continuar acentuándose estos factores en el país, el proceso para regresar al orden institucional será tardado, con consecuencias cada vez más graves para el país en todos los órdenes.

“Me gustaría creer que fuera muy rápido, me gustaría creer que de aquí a las posadas ya todo hubiera pasado, pero realmente, yo creo que las descomposiciones del Estado de derecho, tardan mucho en sanarse”, dijo el abogado.

José Elías Romero Apis recibió ayer el Premio de la Excelencia Universal por su destacada trayectoria profesional por el LXXX aniversario del Bufete Romero Apis Abogados.

Al entregar el galardón otorgado por la empresa internacional Inter-Imagen Pública, Enrique Castillo Pesado, presidente del Consejo de Administración del premio, afirmó que uno de los méritos del jurista homenajeado y su despacho jurídico ha sido enaltecer la abogacía en bien de la sociedad y el país.

“Por mencionar un solo caso, puede decirse que (Romero Apis Abogados) es quizá el único bufete en el mundo que le ganó territorio a Estados Unidos, bravo por ello, toda vez que fue el encargado de la elaboración de los estudios y estrategia para la ejecución de las resoluciones internacionales que confirieron la devolución de El Chamizal (a México)”, señaló.

El también columnista de Excélsior, Castillo Pesado, puntualizó que la empresa que él representa ha galardonado a personajes como el rey Juan Carlos de España, Margaret Thatcher, Nancy Reagan, Julio Iglesias, María Félix, Omar Shariff, Plácido Domingo, Rufino Tamayo, Luis Miguel y Jacobo Zabludovsky, entre otros.

Al agradecer la distinción, José Elías Romero Apis afirmó que el premio a su bufete jurídico representa una reivindicación al ejercicio de los abogados por la legalidad y el bien de la sociedad.

“Y ésta es la ocasión, en 40 años que tengo de ejercicio profesional, en que estoy estudiando mi carrera por quinta vez. Debido a todos los cambios que constantemente hay en nuestra materia, hemos tenido que estudiarla muchas veces a lo largo de la misma.”

Entre los asistentes a la premiación estuvieron los hijos y la esposa del galardonado, Martha de Romero Apis; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar; el exsenador Francisco Labastida Ochoa; María Teresa Uriarte, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM; así como el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/19/993180

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Parece broma

Fuente: Jorge Alcocer V. / Reforma

credibilDifícil resulta encontrar registro de buenos resultados de alguna comisión formada al calor de coyunturas, en cambio la lista de fracasos es larga. No hablo sólo de comisiones de ciudadanos, sino en primer lugar de las formadas por el gobierno, o en las Cámaras del Congreso. Cuando un Presidente ordena que se forme una comisión, cabe sospechar que no puede, o no quiere, que el problema se resuelva. Las comisiones formadas a propuesta de legisladores son tan numerosas como inútiles. Algunas alcanzan celebridad por un día, pero nunca resultados. Por eso en el legislativo tienen su propia definición de camello: caballo diseñado por una comisión.

Pese a las experiencias, a la menor provocación, se forma una comisión; las ha habido de todo: de investigación; de seguimiento; de vigilancia; de observación; de la verdad; de hechos del pasado y también de los que podrían ocurrir. Los curiosos pueden ilustrarse de la creatividad en esta materia leyendo las gacetas parlamentarias. Recuerdo la integrada a finales del sexenio foxista, para investigar a los hijos de Martita; hoy uno de ellos busca ser candidato a alcalde de Celaya.

Otra idea aún en boga es trasvasar responsabilidades de dependencias y servidores públicos a organismos autónomos y ciudadanizados, lo que se explica por un hecho tan preciso como mal entendido: en 1994, al calor de la crisis, el doctor Jorge Carpizo propuso “ciudadanizar” al IFE, para lo cual se relevó a los 6 consejeros magistrados del Consejo General, electos en 1991, para sustituirlos por “consejeros ciudadanos”, que para todo fin legal eran servidores públicos. El término se acreditó en la opinión pública y fue convertido en paradigma; la “ciudadanización” del IFE fue uno de los signos alentadores de aquél año en que votamos en peligro.

A los cambios de 1994 siguió la autonomía del IFE (1996) que, paradójicamente, fue acompañada de la eliminación en la ley del término “consejero ciudadano” -por equívoco- para substituirlo con el que hasta hoy existe: “consejero electoral”. A partir de entonces, desde la academia y las ONGs se extendió el reclamo de ciudadanizar y dar autonomía a diversas instituciones públicas; en lo que va del actual gobierno pasamos de 4 a más de 10 organismos autónomos.

Ahora estamos a punto de presenciar el debate, y casi segura aprobación, de otra reforma constitucional, esta vez para dar lugar al “Sistema Nacional Anticorrupción”, ideado al parecer entre legisladores del PAN y funcionarios de la Oficina de la Presidencia, con respaldo de asesores ciudadanos. La iniciativa, presentada en San Lázaro, propone crear tres instancias rectoras del “Sistema”: el Comité Coordinador; el Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité de Participación Ciudadana.

El Consejo Nacional para la Ética Pública será responsable de aprobar los programas y acciones para fortalecer el combate a la corrupción y vigilar el desempeño del Sistema; será presidido por el presidente de la República y estará integrado con los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del DF; participarán también el presidente de la SCJN, los presidentes de las Cámaras del Congreso; los titulares de todos los organismos autónomos (INE, IFAI; INEGI; Banxico; IFT; CFCE; etcétera) y cinco ciudadanos de reconocido prestigio por sus aportaciones en esta materia.

El más elemental sentido común indica que los principales sujetos regulados y vigilados, en todo sistema de contraloría de recursos públicos, son los titulares de los poderes ejecutivos, ya que están facultados para cobrar impuestos, contratar deuda y ejercer el gasto. En pocas palabras, los controlados son el Presidente y los gobernadores, y junto con ellos, los secretarios de Estado y de los gobiernos estatales, y los presidentes municipales.

Se propone que el modelo sea replicado en cada estado de la República, en los que cada gobernador y los alcaldes integrarán los consejos estatales de ética pública, que serán la garantía de que los gobernantes se portarán bien. Parece broma. No lo es.

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=50101#ixzz3JScbcMLL

@reformacom

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La paradoja de la represión

Fuente: Raymundo Riva Palacio / El Financiero

gendmexRestablecer la ley y el orden es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto, pero el tiempo se agota rápidamente. Tan pronto descendió del avión que lo trajo de Australia, afirmó que el último recurso para frenar la violencia que se vive en el país es la fuerza. ¿Pero cómo restablecer el orden cuando por su naturaleza el gobierno, cuya función primaria, que es proveer la seguridad a sus ciudadanos, ha claudicado de su responsabilidad? Peor aún, en sus tres niveles los gobiernos violan los derechos constitucionales de la mayoría de la sociedad, porque las minorías que rompen las leyes, asaltan, incurren sistemáticamente en intentonas de asesinato y violan las garantías individuales y las libertades de los ciudadanos, siempre tienen carta de impunidad. No es la criminalización de la protesta y el derecho a pensar diferente la razón; es el miedo de aplicar la ley a quien la rompe, lo que domina el cuerpo político mexicano.

El problema que enfrenta el gobierno es por su confusión sobre la aplicación de la ley y el respeto a las libertades. Ampliar la tolerancia ante quienes expresan indignación e inconformidad con el gobierno es respetar sus derechos y libertades; ser tolerantes con delincuentes es lo que crecientemente tensiona a la sociedad. La laxitud con la que se aplica la ley –se recarga entre quienes la respetan y se anula frente a quienes la conculcan– está generando presiones de las élites que ante la tolerancia institucional a delincuentes, exigen mano dura.

El viernes pasado fue uno de esos días. El gobierno federal y los gobiernos locales decidieron esconderse en una jornada de boicots al arranque del Buen Fin. Pero midieron todo con el mismo rasero. Aquellos que vieron de esa forma una expresión de protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa, y quienes aprovecharon la coyuntura para asaltar en despoblado. Decenas de propiedades privadas fueron afectadas; 67 camiones de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio fueron robados; centros comerciales en tres entidades fueron secuestrados y los consumidores agredidos. Antonio Ocaranza, director de comunicación corporativa de Walmart, afirma que ni siquiera en los países completamente infectados por el narcotráfico en Centroamérica, la inseguridad para el consumidor es tan elevada como en México.

En una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes pasado, los empresarios le dijeron que iban a exigir públicamente la destitución del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, por incumplir con su responsabilidad de proveer seguridad a los ciudadanos. Se les persuadió de pedir los ceses a cambio de una reunión con el presidente. El sábado, quienes no tienen acceso a esos niveles ni disponen de esos recursos, vieron que cientos de granaderos del Distrito Federal, que no aparecieron cuando un grupo de provocadores prendió fuego a la puerta del Palacio Nacional, fueron apostados para proteger la casa particular del presidente. La ley y el orden en México no son parejos para todos.

Este tipo de paradoja aflora porque el gobierno no supera la contradicción de cómo aplicar el Estado de derecho cuando sus acciones lo violan cotidianamente. Al permitir que se violenten las libertades de terceros o que sean impunes quienes abiertamente delinquen, el gobierno tolera el rompimiento de la norma establecida. Pero no puede impedirlo por la fuerza, porque carece de la legitimidad para utilizarla. Los tres requisitos fundamentales para un país de leyes, se puede argumentar, no son regularmente respetados por uno o más niveles de gobierno en México:

1. El gobierno, sus funcionarios y fuerzas de seguridad, así como los individuos y las entidades privadas, son responsables ante la ley.

2. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, que se aplican sin distinción, a fin de proteger los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y de la propiedad.

3. El proceso mediante el cual las leyes son elaboradas, administradas y aplicadas, es accesible, justo y eficiente.

Esta deficiencia conduce a la ilegitimidad en el monopolio del uso de la fuerza, en los términos como planteó Max Weber hace casi un siglo, donde los Estados funcionales reproducen las formas de violencia que sostienen las relaciones sociales de poder existentes, mientras suprimen aquellas que amenacen con romperlas. México es un Estado disfuncional, cuya reparación fue soslayada por décadas. Ha pasado casi medio siglo desde la matanza de Tlatelolco y se mantiene el trauma de la represión, cuando se utilizó la fuerza militar para resolver un problema que los políticos fueron incapaces de resolver con diálogo y acuerdos.

Las palabras del presidente el sábado colocan una vez más al diálogo y los acuerdos como etapa previa para el uso de la fuerza. El problema es que su gobierno ha sido incapaz, como lo fue el de Gustavo Díaz Ordaz, de encontrar con creatividad la solución política a un problema político que hace semanas dejó de ser circunscrito al ámbito de Ayotzinapa. Esta es la gran paradoja del momento mexicano. Por su falta de oficio, la represión que se quiere evitar, se está convirtiendo en el único camino posible para restaurar el orden. Esta ruta es algo que por el bien de las libertades en México y de su propio juicio histórico, el presidente debe evitar, mediante el hallazgo del talento político del que hasta hoy, para este reto, su gobierno ha carecido.

@rivapa

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Misma estrategia, igual resultado: un país violento

Fuente: Puebla Directo

federalMilitarizar las funciones de seguridad pública fue una estrategia del gobierno calderonista, y el fallido resultado está a la vista: México es ahora uno de los países más violentos e inseguros del mundo. Pese a ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplica exactamente la misma receta y el resultado es el obvio: más violencia, más inseguridad.

Pese al fracaso de su antecesor para contener violencia e inseguridad en el país, el presidente Enrique Peña Nieto mantiene la misma estrategia de seguridad de Felipe Calderón: Militares en las calles, cacería de capos del narcotráfico, creación de nuevos cuerpos policiales y un incremento permanente del presupuesto para el aparato de fuerza del Estado.

El resultado, según distintas mediciones internacionales: Entre el sexenio pasado y el actual México se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ONG internacional que ha desarrollado el Índice de Paz Global (IPG), asegura que la nuestra está entre las 10 naciones con mayor retroceso en cuanto a seguridad de sus habitantes.

Ante la imparable violencia, la respuesta de Peña Nieto ha sido la idéntica que la de Calderón: Sacar a los militares de sus cuarteles para cumplir funciones de seguridad pública, ya sea en operativos castrenses o con efectivos vestidos de civil en funciones de secretarios de Seguridad Pública de estados y municipios.

Como Calderón con sus operativos conjuntos de Ejército, Marina y Policía Federal en los estados que en su momento tenían los niveles más altos de violencia, como Chihuahua y Michoacán, Peña Nieto ha hecho lo mismo en Tamaulipas y el Estado de México. Lo único que ha cambiado es el nombre: Ahora son operativos de seguridad.

Lo mismo ha pasado con la detención de cabezas del narcotráfico. En sus casi dos años de gobierno Peña Nieto ha detenido a Joaquín El Chapo Guzmán; a Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy; a Héctor Beltrán Leyva, El H; y a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, y ha desmantelado a Los Caballeros Templarios, aun sin haber capturado a su líder Servando Gómez, La Tuta.

Pero la violencia no cesa.

Gendarmería sin objetivos

“El actual gobierno prácticamente ha mantenido la misma política de seguridad que el sexenio pasado”, asegura María Elena Morera, presidenta de la ONG Causa en Común. “El principal error del actual presidente ha sido creer que con no hablar del tema y con más coordinación institucional se iba a avanzar en la seguridad”.

En Guerrero, ejemplifica, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, dependiente de la Secretaría de Gobernación), apostó a la coordinación pese a todas las muestras en contrario.

“En varias ocasiones expresamos en el SNSP que no se podía trabajar con el ahora gobernador con licencia, Ángel Aguirre, porque no se tomaba en serio el tema de la inseguridad en su estado. Pero ellos nos insistían en que sí se podía trabajar con él”, dice.

En entrevista el jueves 13, añade que la propuesta de Peña Nieto de crear una Gendarmería Nacional no tenía sustento ni objetivos claros respecto a lo que iba a hacer frente a las funciones de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. “No estaba claro qué se buscaba, por eso quedó como una división más de la Policía Federal”.

Con la Gendarmería Nacional a Peña Nieto le pasó lo mismo que a Calderón con su proyecto de Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal que quería tener dentro del Ejército. Contrario a la Constitución, Calderón pretendía el manejo directo de esa nueva fuerza.

Peña Nieto también vio frustrada su idea original respecto a la Gendarmería Nacional, pues nunca dejó en claro qué pasaría con la Policía Federal, la principal apuesta de Calderón para la seguridad pública, aunque con el expresidente, dice Morera, “el problema con la Policía Federal fue crear una corporación muy grande y sin controles, tanto internos como externos”.

La propuesta inicial de Peña Nieto de crear un nuevo cuerpo con 50 mil hombres para sustituir a los militares en labores policiacas devino en una mera división más de la Policía Federal (PF) con cinco mil efectivos.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la cual depende la PF, ha asegurado que se trata sólo de sus primeros efectivos, cuyo número podría duplicarse en los próximos años.

Imposibilitado de crear esa nueva fuerza, Peña Nieto ha buscado otra salida: Una policía militar y de “fuerzas civiles” con formación castrense en los estados. Contrariamente al dicho de Peña Nieto de que los militares regresarían poco a poco a sus cuarteles, el Ejército y la Marina van ocupando cada vez más espacios en las funciones de seguridad pública.

El anuncio más reciente es la creación de una Policía Militar en el noreste de México. El pasado lunes 10 se inició en la VII Zona Militar –en el municipio nuevoleonés de Escobedo– la construcción de lo que será la sede de la Policía Militar que se desplegará en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí para vigilar la explotación de hidrocarburos, pero también para mantener el orden público.

El secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que ese nuevo cuerpo, integrado por tres mil 200 soldados, será “para la defensa sectorial, para adecuar una división territorial de acuerdo a prioridades de orden, para reforzar fronteras y apoyar la función de cuerpos policiales en lo que se realiza su reestructuración”.

Se dividirán en cuatro batallones de 800 soldados cada uno y en un año empezarán su despliegue por los municipios de los cuatro estados. Se trata de una iniciativa federal que estima un gasto de 420 millones de pesos, aportados por la Secretaría de la Defensa Nacional, los gobiernos de los cuatro estados y algunos municipios y empresarios de la región.

Morera asegura que Peña ha repetido el mismo error de Calderón: “No por ser militares van a ser mejores policías, sobre todo porque no están preparados para funciones de seguridad pública, sino de defensa nacional”.

La supersecretaría

En otra coincidencia con su antecesor en materia de seguridad, Peña Nieto recurrió a Monte Alejandro Rubido García, uno de los principales colaboradores del secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Genaro García Luna.

En su primer año de gestión, Peña Nieto lo hizo secretario ejecutivo del SNSP, instancia creada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995, en busca de una política pública coordinada en los tres niveles de gobierno. En marzo de este año lo puso al frente de la CNS, sustituta de la Secretaría de Seguridad Pública que operó sólo durante los gobiernos del PAN.

La diferencia con Calderón es que Peña Nieto decidió centralizar las funciones de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación (Segob), en un esquema similar al que tuvieron los anteriores gobiernos del PRI.

Rodrigo Elizarrarás, politólogo y coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de la ONG México Evalúa, aseguró que la centralización no es el mejor camino para atacar la inseguridad, la violencia y la delincuencia.

El espacio local urbano es el ideal para identificar los problemas de seguridad, pero en México es donde existen las mayores carencias, desde la disponibilidad de información hasta una presencia institucional adecuada, señaló.

“Parece que los esfuerzos actuales van en el sentido equivocado, hacia una mayor centralización de la política de lucha contra la inseguridad”, escribió en el artículo “Ciudades: hacia un nuevo enfoque en seguridad” publicado el jueves 13 en la página electrónica de México Evalúa.

Reparto presupuestal

La centralización se refleja en cómo el gobierno de Peña Nieto ha dispuesto de los recursos federales en materia de seguridad. La más beneficiada ha sido la Segob por la concentración de funciones en seguridad, incluida la de atención a víctimas de la violencia.

En el Presupuesto de Egresos para 2015, la Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves 13 un gasto de 188 mil millones de pesos bajo el rubro presupuestal “México en Paz”, seis mil millones de pesos más que los programados para este año.

Una evaluación del gasto en seguridad proyectado por el gobierno de Peña Nieto para el próximo año, realizada por Juan Carlos Solís y Victoria Unzueta, asesores del grupo parlamentario del PRD, destaca la continuidad de la política de seguridad iniciada por Calderón. “El proyecto fiscal de 2015 privilegia, de manera contundente, las áreas que implementan acciones de coerción, las cuales han duplicado su gasto desde el año 2010 y hasta el 2015”.

Así como Calderón le dio prioridad a la PF, que pasó de seis mil a 35 mil integrantes en su sexenio, Peña Nieto lo ha hecho con la Gendarmería. En proporción, el Ejército, que tiene 90 mil efectivos para el combate al narcotráfico, no es la institución más favorecida con el presupuesto de seguridad, sino la Gendarmería y la Policía Federal, incluido su Servicio de Protección Federal.

Los asesores del PRD observan que mientras las áreas operativas del Ejército incrementan su presupuesto entre 3 y 4%, la Marina lo hace en 10%. En el caso de la Gendarmería, que este año tuvo un presupuesto superior a los seis mil millones de pesos, aseguran que se trata del cuerpo de policía más caro de México. “Estamos invirtiendo por cada gendarme más de un millón de pesos para el próximo ejercicio fiscal, cuando en cada soldado invertimos más de tres mil pesos año”.

En el caso de la Segob señalan que ejercerá 70% de los más de 77 mil millones de pesos en acciones de seguridad –pública y nacional– y sólo 0.87% en la defensa y promoción de los derechos humanos. En este pequeño porcentaje está incluida la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuya asignación presupuestal es apenas de poco más de 79 millones de pesos. Para la atención a víctimas dispondrá de 186. 6 millones de pesos.

Como su antecesor, Peña Nieto tampoco le da importancia presupuestal a la prevención del delito. A pesar de que anunció que sería una prioridad, colocándola incluso en el organigrama de la Segob como una subsecretaría, para el próximo año sólo ejercerá 3.76% del presupuesto de la Segob, según la estimación de Solís y Unzueta.

De los más de 77 mil millones de pesos proyectados, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a cargo de Roberto Campa Cifrián, no dispondrá ni de tres mil millones para sus programas de prevención del delito, combate a las adicciones y promoción de proyectos productivos, según esos cálculos.

Con tales prioridades de gasto y pese a que no deja de crecer el presupuesto para operaciones contra la delincuencia, México está ya considerado uno de los países más peligrosos del mundo.

Según el IEP, entre los gobiernos de Calderón y Peña Nieto México ha tenido un retroceso de 18% en el IPG, considerando diferentes variables, entre ellas el número de muertos por conflictos internos, el nivel del crimen violento, el número de homicidios, el número de policías, el número de desplazados, el presupuesto militar, el gasto policial y el número de fuerzas de seguridad privada. Sólo de un año a otro, México se ubicó en el lugar 138 de 162 países, según el índice dado a conocer en junio pasado (Proceso 1964).

El ÍPG fue retomado por el investigador Gabriel Fernández Espejel, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en un texto que publicó en la página electrónica del centro, En Contexto, el 29 de octubre pasado.

Titulado “Índice sobre la paz global y en México”, el reporte refiere también que según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, las tasas de criminalidad en las zonas de conflicto en el país se triplicaron desde el comienzo de la llamada “guerra contra las drogas” de Calderón.

El IEP desarrolló un indicador particular para México y encontró que en los últimos diez años el país ha tenido un retroceso de 27% en su propio índice, debido sobre todo a los incrementos en la tasa de homicidios, de cerca de 40% entre 2007 y 2013; la ineficiencia del sistema judicial, donde 90% de los homicidios quedan impunes; el tráfico de armas y la corrupción de las fuerzas policiales y los servidores públicos.

Publicado cuando aún no entraba en operación la Gendarmería como una nueva división de la PF, el IPG señaló que no obstante la creación de ese nuevo cuerpo, se anticipan pocos avances en favor de la paz en México debido a que la estrategia central de seguridad es la misma que la del gobierno pasado.

Peor: Apuntó que el actual gobierno aún carece de una estrategia para enfrentar al narcotráfico, por lo que difícilmente se verá una reducción de los índices de criminalidad en el corto plazo.

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La seducción de la subversión

Fuente: Julián Andrade / La Razón

piedraLa lengua de fuego de la guerrilla mexicana puede atrapar, de nueva cuenta, a jóvenes que no encuentran espacios en las organizaciones políticas tradicionales y que son engañados por un espejismo.

Ése es uno de los riesgos del otoño mexicano y de su espiral de violencia, hasta hora incontenible, luego del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 alumnos normalistas en Iguala.

Los radicalismos suelen ser seductores, porque prometen soluciones contundentes y no se enredan en el debate y los procedimientos.

Abrevan del descontento y colocan su mensaje en la confusión y en el desconocimiento de la historia.

En los años setenta y hasta entrados los ochenta los movimientos guerrilleros estuvieron activos.

Estudiantes, muchos de ellos de la clase media, leyeron la matanza de Tlatelolco como la imposibilidad de lograr la transformación desde las reglas del propio sistema.

La Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento Armado Revolucionario, las Fuerzas de Liberación aglutinaron esfuerzos y acciones para tratar de acceder al poder por medio de la violencia.

Fue un verdadero desastre. La policía, el ejército y en particular la Dirección Federal de Seguridad enfrentaron a la guerrilla con métodos ilegales, dejando una herida que aún está presente en los cerca de 300 desaparecidos y en una infinidad de narraciones de abusos y torturas.

Los guerrilleros pagaron con la cárcel y no pocas veces con la vida los secuestros, robos y homicidios que perpetraron.

Al final del día el problema tuvo que resolverse a través de una ley de amnistía que permitió que muchos de los integrantes de las organizaciones armadas salieran de prisión y se integraran a partidos políticos de izquierda, como el PCM y el PST.

Hoy la situación es distinta, porque el ataque a los estudiantes normalistas provino del crimen organizado, en su expresión política (José Luis Abarca) y formación armada (Guerreros Unidos).

La apuesta por la subversión, en la que convergen el EPR, ERPI, TDR, se da como resistencia a la mecánica reformista y a la democracia misma.

Por eso no se avanza en la vuelta a la tranquilidad. Muchos de los reclamos no tienen que ver con la mejoría o el funcionamiento de las instituciones, sino con su dilapidación.

Estos grupos, minoritarios, irán creciendo en influencia al amparo de las movilizaciones, sin duda legítimas, para condenar los sucesos de Iguala y los que se vayan acumulando.

Revertir esta situación y separar a los dolientes genuinos de quienes pretenden escalar la violencia es una de las asignaturas más difíciles de esta coyuntura.

julian.andrade@razon.com.mx
@jandradej

http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=236357

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