Multas de 4 millones contra medios de prensa

Fuente: Rubén Cortés / La Razón

Es un acierto que el Senado aprobara ayer el proyecto presidencial de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con multas de más de cuatro millones de pesos a medios que entrevisten a menores sin consentimiento de sus padres.

Sin embargo, ninguna ley a favor de menores será completa en México hasta que la reforma educativa deje de ser, en los hechos, una reforma laboral e impida, por ejemplo, que el 62 por ciento de nuestros jóvenes de 16 años abandone la educación media superior.

Según datos de la OCDE de este mes, nuestros estudiantes tienden a abandonar la escuela prematuramente y a los 18 años sólo el 35 por ciento continúa sus estudios; y a los 20 apenas permanece estudiando el 30 por ciento.

De todos modos, es de felicitar la preocupación de los senadores por preservar de la exposición pública a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es abusiva e irrespetuosa en numerosas ocasiones, a través de los medios: eso es innegable.

Está muy bien que aprobasen anoche multas de más de dos millones de pesos a los medios que difundan datos de menores involucrados en procedimientos penales, medidas de reparación, reinserción, restitución o asistencia.

Y también que obliguen a las autoridades a diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del bullying, que involucran a sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia.

De cualquier modo, todo esto será papel mojado si para estos menores (a los que estamos protegiendo con tanto celo) tener el más alto grado académico no siempre se traduce en tener más probabilidades de conseguir empleo, también de acuerdo con la OCDE.

Nuestras tasas de empleo en graduados de educación superior es la más baja, con 3.5 por ciento, de ahí que la productividad y competitividad sean bajas aquí: porque el mercado laboral no aprovecha las capacidades de quienes logran superarse.

En cambio, les va mejor en la vida a quienes abandonan los estudios: nuestros niveles de empleo de personas con una enseñanza menor a la media superior o preparatoria son los más altos de la OCDE, con 64 y 55 por ciento respectivamente.

Sería fantástico, pues, que la destacable protección que le estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes sea integral e incluya una preparación completa para su promoción humana: educación de calidad y garantías laborales.

Porque en estos momentos el 70 por ciento termina primaria sin leer con fluidez ni comprender textos, y sólo tres de cada 10 está dentro del estándar de lectura y comprensión. Pero los que acaban sus estudios no encuentran empleo.

Entonces… no sólo se trata de cuidarlos con celo.

ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter: @ruben_cortes

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=230951

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

La pérdida de credibilidad en el gobierno

Fuente: Leo Zuckermann / Excélsior

credibilA las instituciones del gobierno les pasa como a las personas: si mienten, y las cachan, pierden credibilidad. Por eso, apostar a que el encubrimiento va a funcionar es una apuesta muy arriesgada, sobre todo en esta época donde es tan difícil esconder la verdad. Pero muchos dentro del gobierno, con buenos aliados en los medios, siguen apostándole a eso. Es el caso de lo ocurrido en Tlatlaya donde los gobiernos federal y del Estado de México mintieron, los cacharon, y por tanto han perdido credibilidad.

¿Quién, en su sano juicio, le va a creer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la mentira que se echó para encubrir la ejecución de 22 personas por parte de una patrulla del Ejército? Ayer cité el boletín completo que envió esta Procuraduría después que el 14 de julio solicitamos en Es la hora de opinar explicaciones de los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya. Queda claro que la PGJEM se puso del lado del Ejército en lugar de procurar la justicia.

Sin investigar, simulando pruebas, optó por proteger al poderoso. Porque es indudable que el Ejército es una organización con mucho poder. Se trata de gente armada con gran peso entre la clase política. Pero eso no les da derecho a matar a quien se les pegue la gana. Cuando abusan de su poder, deben ser castigados. No obstante, la PGJEM, en lugar de investigar, inmediatamente replicó la explicación de la Secretaría de la Defensa Nacional en su intento por encubrir la verdad. En ningún momento la Procuraduría dudó que las víctimas no merecían este desenlace por más delincuentes que hayan sido (lo cual, por cierto, también es de dudarse).

Si aceptamos que los soldados maten gente en lugar de ponerla a disposición de las autoridades judiciales, estamos aceptando que mañana hagan exactamente lo mismo con cualquiera de nosotros: que entren a nuestro domicilio, nos ejecuten y luego digan que se justificaba porque éramos bien malos y repelimos la acción de las Fuerzas Armadas. Eso sucede en sociedades donde impera la ley de la selva, no en el Estado de derecho.

El primer damnificado de la mentira de Tlatlaya es el Ejército, una de las instituciones que más confianza genera entre la población. Al tratar de encubrir lo ocurrido, su credibilidad ha quedado abollada. Aunque hay que reconocer que, ante el alud de críticas y presiones de organizaciones internacionales de derechos humanos, la Sedena rectificó arrestando a los soldados responsables de los hechos. A estos militares, como corresponde en una sociedad civilizada, se les juzgará respetando su derecho al debido proceso, cosa que les negaron a las 22 personas que mataron en Tlatlaya.

En cuanto a la Procuraduría mexiquense, esta institución ha perdido toda credibilidad posible al ponerse rápidamente del lado de los poderosos en lugar de cumplir con su misión: “Garantizar la convivencia social armónica a través de una procuración de justicia eficaz, pronta, imparcial y oportuna, que asegure el cabal cumplimiento del orden jurídico, el respeto a los derechos de las personas y la integridad de las instituciones, vigilando la prevalencia del principio de legalidad, persiguiendo al delincuente, preservando el estado de derecho y fortaleciendo la vida democrática”. Pamplinas. La PGJEM demostró que su verdadera misión es proteger al poderoso. Si mañana un influyente (un empresario rico o político encumbrado) asesina a un ciudadano común y corriente, ya sabemos de qué lado se pondrá la Procuraduría: del victimario.

Lo de Tlatlaya es gravísimo: demostró que los gobiernos federal y mexiquense le apostaron al encubrimiento. En este caso, perdieron la apuesta con un gran costo para su credibilidad. No sólo de las instituciones involucradas sino de todo lo que presumen como avances en la gestión gubernamental. Pongo un ejemplo. Este último año hemos visto una caída en las cifras oficiales de los homicidios, extorsiones y secuestros. El gobierno de Peña ha presumido que esto se debe a una estrategia con más inteligencia y coordinación para combatir el crimen. Pero hay expertos en este tema, como Alejandro Hope, o miembros de asociaciones civiles, como Isabel Miranda, que dudan de las cifras. Argumentan que existe un sub reporte de la realidad. Ya sea porque los gobiernos son mañosos en el manejo de las estadísticas, o porque los ciudadanos no están denunciando los delitos, resultaría cuestionable la supuesta mejoría de la seguridad en México. Yo, después de ver lo de Tlatlaya, comienzo a sospechar lo mismo.

                Twitter: @leozuckermann

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

Deudores vs cobradores

Fuente: Carlos Requena / El Economista

50yLa decisión de apoyar a algunos ya molestó a muchos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal quiere terminar con las abusivas prácticas de cobranza y creó un delito denominado cobranza ilegítima. Según el nuevo artículo 209 bis del Código Penal capitalino, cualquier persona que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos e ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de 250 a 300 días de salario mínimo.

La idea de aplacar y sancionar a los rudos e impertinentes cobradores, esos que abusan y acosan con desmedida creatividad para atemorizar a los deudores, es correcta. Las amenazas, coacciones, usurpación de funciones, intensas llamadas telefónicas en días y horas inapropiadas y el uso de métodos intimidantes justifican que metan a la cárcel a los cobradores, pero sin eximir del pago a los deudores.

Sin embargo, la redacción literal del delito, promovida por la diputada del PAN en la Asamblea Legislativa, Olivia Garza de los Santos, está provocando severas confusiones, contradictorias interpretaciones jurídicas y potencialmente infinidad de injusticias. Seguramente por ello, los miembros de la Asociación de Bancos de México AC, presidida por Javier Arrigunaga y Alberto Gómez Alcalá, así como muchos despachos y call centers, pretenden demandar la inconstitucionalidad de ese delito, a través de amparos, por considerar que los conceptos utilizados en su redacción son ambiguos, vagos e imprecisos, y pueden provocar arbitrariedades por parte de las autoridades penales, especialmente los términos genéricos “ilícitos” e “ilegítimos”.

Recordemos que el principio de taxatividad penal exige al legislador la emisión de leyes claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, la cual debe estar bien redactada para que los destinatarios de la norma puedan conocer puntualmente cuáles son los actos prohibidos y sus alcances. Todo incumplimiento de pago genera derecho a la cobranza, pero conforme a criterios de legalidad, clara y previamente establecidos.

Esta reforma —dicen— es de visión social para garantizar la tranquilidad emocional de los deudores capitalinos, evitándoles cualquier tipo de acoso o simulaciones, sin incentivar la cultura del no pago. Parece un simple caso de semántica, pero está en juego la cultura financiera.

Contra el crimen o la humanidad

El sexenio anterior dejó importantes pendientes, particularmente los efectos de la polémica estrategia del combate al narcotráfico. El propio ex presidente Felipe Calderón reconoce que hubo abusos, aunque alega que fueron excepcionales. Más que hablar de los “medios”, destaca los “fines” en seguridad. Sus argumentos no convencen a muchos que consideran injustificable el alto número de muertos y violaciones de derechos humanos.

Tales quejas llegaron lejos con la petición de la Federación Internacional de Derechos Humanos (que integra 172 organizaciones en el mundo) a la Corte Penal Internacional para que evalúe si la administración calderonista perpetró crímenes de lesa humanidad. La petición no es nueva; Netzaí Sandoval ya había acusado desde el 2011. El desenlace podría inspirar nuevas ediciones del libro Los retos que enfrentamos.

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2014/09/28/deudores-vs-cobradores

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

Violencia en descenso

Fuente: Eduardo Guerrero Gutiérrez / Reforma

flechaMi columna del 12 de septiembre, El fin de la epidemia, levantó algunas cejas. Después de leerla, varios conocidos me contactaron, entre intrigados e incrédulos. Sus dudas eran, sobre todo, respecto al registro tan bajo de ejecuciones para agosto -366- que Lantia Consultores contabilizó como resultado de búsquedas en medios electrónicos. Una interrogante que surgió se refiere a la posibilidad de que la tendencia a la baja registrada no se deba tanto a una disminución de la violencia como a que las muertes simplemente ya no se publican. En efecto, algunas ejecuciones se dejan de publicar por presiones políticas, por intimidación criminal, o por falta de cobertura de los medios. Sin embargo, no parece probable que estas omisiones expliquen una parte sustancial de la caída en las ejecuciones que observamos de forma sostenida desde 2012. Esta caída se ha concentrado en algunas de las principales ciudades del país, donde acallar a los medios sería más difícil.

Otro motivo de duda ha sido que la acelerada disminución en el número de ejecuciones que ha registrado Lantia a lo largo de 2014 no se observa en los informes de víctimas de homicidio que Segob publica desde marzo. En dichos informes se observa una tendencia a la baja mucho más moderada, e incluso se reportó un ligero repunte de julio a agosto. Las cifras de víctimas que publica Segob son un ejercicio importante de rendición de cuentas. Sin embargo, como se advierte en el propio informe que publica Segob, las cifras son reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas “…quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos”.

No tengo conocimiento de ninguna certificación o auditoría nacional a los procesos que se siguen en las agencias del ministerio público para capturar y contabilizar la información de incidencia delictiva y número de víctimas. Sin embargo, al hacer un análisis superficial de los datos me surgen serias dudas respecto a la veracidad de lo que algunos estados reportan. Para muestra, tomemos el caso del número de víctimas de homicidios culposos (accidentales) y dolosos (intencionales). Tomando las cifras para los primeros ocho meses de 2014, tenemos que la tasa anualizada de víctimas de homicidios culposos en Michoacán es de 19 por cada 100 mil habitantes, 150% más que el promedio nacional, y la de homicidios dolosos es de 13 por cada 100 mil habitantes, 80% más que el promedio nacional. Es decir, las cifras oficiales nos quieren hacer creer que en la tierra de Los Caballeros Templarios, lo que está fuera de control son las muertes accidentales. Por otra parte, tampoco tenemos certeza sobre los cambios que las procuradurías puedan introducir a los criterios para clasificar homicidios, o sobre el desfase con el que se capturen las cifras; es decir, el tiempo que transcurre entre que un homicidio tiene lugar y que éste se contabiliza. En contraste, las cifras de ejecuciones de Lantia en términos generales han sido consistentes con la cifra de homicidios que publica el INEGI: en ambos casos la disminución acumulada para 2012 y 2013 fue cercana a las 4,500 muertes.

El pasado lunes fue secuestrado en Tlaquepaque el diputado federal Gabriel Gómez Michel, cuyo cuerpo calcinado se localizó horas después en Zacatecas. Este asesinato es un recordatorio de una de las modalidades más dañinas de la violencia del crimen organizado: su uso con el fin de intimidar autoridades (y de esta forma controlar a las instituciones públicas que en principio están para defender a los ciudadanos). Aunque desafortunadamente este tipo de violencia sigue presente, su tendencia también ha sido de disminución. Por ejemplo, de acuerdo a la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, mientras en los primeros ocho meses de 2014 fueron asesinados dos presidentes municipales en funciones, en 2010 (el año con el mayor registro), fueron ultimados 11.

Al hablar del “fin de la epidemia” mi intención no es triunfalista. La violencia no se ha terminado, y es sólo una de las muchas aristas de la inseguridad que vivimos de forma cotidiana. No obstante, es justo reconocer que lo peor ha quedado atrás. Son varios los factores que confluyeron para revertir la epidemia de violencia que inició en 2008, incluyendo algunos cambios en la estrategia de combate al crimen organizado. Sin embargo, el factor más importante ha sido la labor de fortalecimiento institucional impulsada por la sociedad civil y por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

@laloguerrero

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=36813

Publicado en Gobierno | Deja un comentario

Crezcamos separados

Fuente: Sergio Sarmiento / Reforma

“Si se mueve, cóbrale impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo”. Ronald Reagan

salminbLos gobiernos tienen una manera perversa de actuar. En lugar de tomar medidas que beneficien a la población, impulsan otras que hacen daño para después decretar excepciones para unos cuantos y presentarse así como sus benefactores. El programa Crezcamos Juntos es un nuevo ejemplo de esta vieja forma de operar.

La informalidad es un tremendo lastre para la economía de México. El INEGI ha calculado en un 60 por ciento la población económicamente activa que trabaja de esa manera. Su productividad es muy inferior a la de quienes están en la formalidad, pero tienen la ventaja de no aportar recursos al sostenimiento del Estado.

Los impuestos y trámites burocráticos excesivos son dos de los principales factores en la informalidad. La reforma fiscal de este 2014, al aumentar los impuestos y crear nuevos trámites, ha generado mayores incentivos para la informalidad. Al parecer alguien en el gobierno se ha preocupado, pero en lugar de reducir las tasas fiscales generales o eliminar trámites burocráticos, el gobierno ha anunciado excepciones temporales.

Crezcamos Juntos incluye medidas para exentar del IVA y el nuevo IEPS -el impuesto a los gorditos- durante 10 años a quienes tengan ventas menores a los 100 mil pesos anuales y quieran volverse formales. Los que tengan ventas de 100 mil a 2 millones de pesos anuales estarán exentos de esos impuestos el primer año y pagarán una tasa reducida en los nueve años siguientes. Quienes se incorporen a la formalidad gozarán de un régimen fiscal más sencillo. También gozarán de cuotas especiales en el IMSS durante 10 años.

El gobierno no está tomando medidas para atacar de fondo la informalidad. Prefiere ofrecer tratos preferenciales a unos cuantos, insultando así a quienes no los reciben por haber siempre respetado la ley. Además, vuelve todavía más complicado el sistema fiscal, al establecer tratos distintos para quienes ganan lo mismo e incluso con la misma actividad.

Si realmente se quisiera reducir la informalidad, la solución sería bajar las tasas generales de impuestos y simplificar los trámites burocráticos. Habría que generar incentivos generales para trabajar en la economía formal. Pero esto es algo que los políticos mexicanos ni siquiera consideran. No es que no sepan que es la única forma de solucionar el problema, sino que prefieren que el problema subsista para ofrecer tratos preferenciales que pueden traducirse en votos o en corrupción.

El gobierno federal no es el único que piensa de esta manera. Este lunes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó a la Cámara de Diputados una propuesta para elevar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos diarios de inmediato para llevarlo después, en 2018, a 171 pesos. Un aumento así del salario mínimo podría tener consecuencias negativas importantes en la economía, pero el gobierno capitalino pretende remediarlas exentando del impuesto sobre las nóminas a las empresas que paguen el nuevo mínimo. Si realmente se quisiera generar un mayor número de empleos y un mejor nivel de vida para los trabajadores, la medida lógica sería eliminar el impuesto sobre la nómina, pero el gobierno capitalino lo subió de 2.5 a 3 por ciento este año. Eliminar impuestos o trámites burocráticos puede impulsar la actividad económica pero no genera el agradecimiento político de nadie.

En la economía todo el mundo actúa de conformidad con los incentivos que tiene. Los informales son informales porque les conviene. Los políticos ofrecen paliativos en lugar de soluciones porque también les conviene… aunque le vaya mal a la población.

· LICENCIADOS DESEMPLEADOS

La OCDE muestra en su Panorama de la Educación 2014 que en México tener una carrera universitaria reduce las posibilidades de encontrar empleo. Parece consecuencia de las décadas en que las universidades han lanzado a cientos de miles de graduados a las calles sin considerar las necesidades del mercado.

@SergioSarmiento

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=35584

Publicado en Cultura de la Legalidad, Empresarial | Etiquetado , | Deja un comentario

Derecho a bloquear

Fuente: Sergio Sarmiento / Reforma

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”. José Martí

bloqosVamos a salir a bloquear calles y carreteras. Cada vez es más común esta amenaza y cada vez se cumple más. Los daños a personas inocentes que utilizan las vías de comunicación para llegar a trabajos, escuelas u otras actividades es enorme y cotidiano.

En países con un real estado de derecho -Estados Unidos, Canadá, Europa o Japón- no se permite el bloqueo de vías de comunicación como forma de protesta. En México, sin embargo, quienes organizan las movilizaciones sostienen que bloquear es un derecho.

En su recomendación 2VG/2014 sobre los hechos del 9 de julio en Chalchihuapan, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que “no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno llevan a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas ni rechaza el empleo de la fuerza para contener manifestaciones públicas violentas… Esta Comisión… no aprueba la afectación de derechos de terceros al margen de la ley por parte de particulares o manifestantes”.

La CNDH añade que “el ejercicio legítimo de la fuerza pública… no exime a la autoridad del respeto irrestricto a los derechos humanos”. La Comisión lamenta “la ausencia en el país de un protocolo en el uso de la fuerza pública apegado a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Los grupos que viven de organizar movilizaciones rechazan que se legisle sobre la materia. Se opusieron, por ejemplo, a la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza promulgada el 22 de mayo en Puebla y que fue aprobada por el PAN, el PRI y el PRD. De hecho, la llamaron Ley Bala a pesar de que en su artículo 46 prohíbe “el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones” aun si los manifestantes agreden a los policías. Es una ley que la propia CNDH ha considerado constitucional.

La CNDH detalla diversas violaciones a los derechos humanos por la policía al dispersar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco del 9 de julio. Entre ellas está el disparo de latas o cartuchos de gas lacrimógeno directamente a los manifestantes y no al suelo. Una de estas latas alcanzó y mató a un menor de 13 años. Por este homicidio, y por otras faltas, la CNDH ha ordenado la creación de una fiscalía especial que promueva acusaciones a los responsables.

La recomendación me parece correcta y debe servir para ir construyendo leyes, reglamentos y protocolos de actuación de policía. Pero el proceso debe partir del principio que las protestas no deben afectar derechos de terceros. La violación reiterada de este principio no ha hecho más que volver violentas las protestas.

La forma correcta de actuar la mostró el 29 de enero de 2003 el gobernador perredista de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel al mandar a la fuerza pública a dispersar un bloqueo de taxistas en Morelia. Cuando los taxistas, miembros de una organización priista, pidieron negociar con el subsecretario de seguridad pública del estado, Gabriel Mendoza Jiménez, quien estaba a cargo del operativo, éste respondió: “Nosotros no negociamos en la calle… Mediante el bloqueo no podemos comenzar el diálogo. La ciudadanía no tiene por qué sufrir este tipo de conductas”.

Los ciudadanos, en efecto, no tienen por qué sufrir las consecuencias de protestas muchas veces organizadas por grupos profesionales. Es cierto que debe haber un sistema de leyes, reglamentos y protocolos que impida abusos de la policía; pero si queremos que se ajuste a estándares internacionales, recordemos que en los países en que más se respetan los derechos humanos no se permiten los bloqueos de vías de comunicación.

· DESPERDICIO

El ISSSTE no tiene recursos para sus servicios médicos, pero mantiene un sistema de 250 tiendas y 88 farmacias que opera con precios subsidiados y pérdidas multimillonarias en un mercado que cubre ya de manera adecuada la iniciativa privada. Es un ejemplo más de cómo la burocracia desperdicia los recursos de los contribuyentes.

@SergioSarmiento

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=35966

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

La corrupción de los políticos, según Francisco

Fuente: Bernardo Barranco V. / La Jornada

Uno de los grandes reclamos al actual gobierno es poner freno a la creciente corrupción de la clase política. La corrupción entendida como el abuso y papafcomal uso del poder público para beneficio de un grupo, camarilla o personal, es un mal endémico y estructural que ha perseguido al sistema político mexicano, que ha sido adoptado por las alternancias y diversas generaciones de políticos.

El presidente Peña Nieto ha desdeñado este cáncer. Lo ha incrustado en la cultura; así, la corrupción somos todos, por tanto, todos somos culpables. No sólo la clase política, sino la sociedad, porque los políticos reflejan lo que es la sociedad. Y sólo con el tiempo, con educación y varias generaciones podremos superar este lastre. El discurso del Presidente tendiente a fortalecer la ética y los valores como soluciones a la corrupción suena hueco y sin convicciones. Y es que todos sabemos que el grupo Atlacomulco, al que pertenece el Presidente, se ha forjado con varias generaciones de políticos que sincretizan el ejercicio del poder público con los grandes negocios. Son políticos que hacen negocios y empresarios que hacen política. Hank González es el paradigma mexiquese del modesto profesor que se convierte mediante la política en magnate; Arturo Montiel es otra vía más cínica, anticlimática, pero válida en el imaginario de los jóvenes políticos.

La corrupción como alter ego de la cultura mexicana es una excusa simplista y una salida ramplona. Esta narrativa es subterfugio, enmascara la red de complicidades que los políticos en el poder adquieren. Se solapan y se protegen entre ellos; si uno cae, todos también. Y el drama de la corrupción parece no tener fondo ni fronteras, porque reina la opacidad y la impunidad. Sólo los escándalos continuos nos revelan, que la corrupción es sistémica y que la verdadera responsabilidad recae en los liderazgos de la sociedad. Afrontar la corrupción es admitir, efectivamente, que existe en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en las autoridades, en las instituciones de gobierno, en los dirigentes políticos y empresariales y en los medios de comunicación. Culpabilizar sólo a los políticos no basta, pero se debe reconocer que son los que mayor responsabilidad poseen. Y esta cultura del cochupo trasmina a las familias, a las empresas, las escuelas, las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil. El problema se agudiza con el menosprecio de los dirigentes de los partidos políticos. Gustavo Madero, en lugar de hacer autocrítica, culpa a los medios de la imagen corrupta que ha adquirido el PAN; en lugar de iniciar investigaciones que clarifiquen la conducta de sus militantes, recurre a la vieja tesis de la conspiración. ¿Tenemos que aceptar fatalmente que los mexicanos somos por naturaleza corruptos? Tenemos que celebrar que el edil en Nayarit, Hilario Ramírez, reconozca su podredura, diciendo: Sí robé, pero poquito.

Naciones Unidas destinó el 9 de diciembre como el Día Mundial contra la Corrupción, argumentando que la corrupción, además de ser un complejo fenómeno social, político y económico, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervierte el imperio de la ley y crea atolladeros burocráticos legaloides, cuya única razón de ser es solicitar sobornos o beneficiarse de favores. La corrupción no sólo son sobornos, sino una manera de operar en función de intercambios ilícitos de favores y privilegios. La corrupción también atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los gastos iniciales.

El papa Francisco dedicó una homilía para cuestionar la corrupción como un pecado grave. Durante su misa matutina del 8 de noviembre de 2013, que presidió en la capilla de su residencia, Santa Marta, el pontífice centró su reflexión en el pasaje bíblico del administrador deshonesto, cuya viveza fue alabada por su patrón. Algunos administradores públicos, algunos administradores del gobierno tienen una actitud del camino más breve, más cómodo para ganarse la vida. Agregó el Papa con un tono fuerte: Quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción da de comer a sus hijos pan sucio. Por eso pidió a todos rezar por tantos niños y jóvenes que reciben de sus padres el pan sucio. Ellos también están hambrientos, ¡hambrientos de dignidad, insistió. Esta pobre gente que ha perdido la dignidad en la práctica de la mordida solamente lleva con sí, no el dinero que ha ganado, sino la falta de dignidad, expresó.

Para Francisco la corrupción es una forma de vida distorsionada que conduce a la sociedad a perder el respeto por la responsabilidad social y por las autoridades. Los principales afectados son las propias familias de los funcionarios, políticos, consejeros, legisladores, magistrados y administradores. Y sus hijos, quizás educados en colegios costosos, quizás crecidos en ambientes cultos, habían recibido de su papá, como comida, porquería, porque su papá, llevando pan sucio a la casa, ¡había perdido la dignidad! Esto es un pecado grave. Advirtió que primero se comienza en la corrupción con un pequeño sobre, pero después se convierte en una droga y la costumbre de la mordida se vuelve una dependencia. Sostuvo que si existe una astucia mundana, existe también una astucia cristiana de hacer las cosas, no con el espíritu del mundo, sino honestamente. ¿Quién paga la corrupción? La corrupción política y económica la pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen cuidados, los niños sin educación, los jóvenes sin empleos, los ancianos sin cuidados, las madres solteras; en suma, los pobres. ¿Cómo erradicar dichas prácticas? se pregunta Francisco en su homilía de junio de este año: “El único camino para vencer la corrupción, para vencer la tentación, el pecado de la corrupción, es el servicio; porque la corrupción viene del orgullo, de la soberbia, y el servicio te humilla: es la ‘caridad humilde para ayudar a los demás’”. Es el sentido y la vocación de responsabilidad social que la clase política ha extraviado.

http://www.jornada.unam.mx/2014/09/10/opinion/021a2pol

Publicado en Asociaciones Religiosas, Cultura de la Legalidad | Etiquetado , , | Deja un comentario

Medios y narcos: reglas no escritas

Fuente: Jorge Fernández Menéndez / Excélsior

narHace muchos años, cuando comencé a investigar y publicar seriamente temas relacionados con el narcotráfico, le pregunté a un muy alto funcionario de seguridad que era, además, un hombre respetable y honesto, qué reglas no debía romper para tratar de preservar la seguridad, siempre tan volátil al investigar ese tipo de asuntos. Me dijo que tres eran básicas: primero no escribir de las familias (novias, esposas, amantes, hijos) salvo en los casos en que evidentemente éstos estaban involucrados en los negocios de esos personajes. Segundo, tener siempre fuentes que confirmaran lo que se publicaba: suena muy bien decir que es información exclusiva que no proviene de fuente alguna (siempre hay alguna fuente en realidad), pero cuando hablamos de narcotráfico alguien tiene que hacerse responsable de lo que se afirma, particularmente cuando se trata de adjudicar un delito, sea a un inocente o a un traficante. Tercero, me dijo aquel alto funcionario de seguridad, nunca aceptes, nunca publiques información de la que no sepas el origen: en la mayoría de los casos es información que proviene de un grupo para golpear a sus rivales, en el momento en que la publiques, aunque sea información verídica o verosímil y si no está confirmada por una fuente identificable, uno de los grupos te asumirá como un aliado implícito y el otro como un adversario potencial. En las dos opciones estará en peligro tu seguridad.

Un cuarto punto surgió unos años después. Un célebre delincuente detenido desde tiempo atrás en el penal de Almoloya, me escribió una carta. Decía que había leído alguno de mis libros y me ofrecía escribir su biografía a partir de una serie de entrevistas que se podrían realizar en el mismo penal de alta seguridad. Consulté el tema nuevamente con el mismo amigo y me recomendó desechar la oferta: era atractiva editorialmente pero era también una forma de involucrarse con ese grupo criminal, aunque fuera indirectamente y atenerse a las opiniones de ese delincuente, de sus aliados que todavía estaban en libertad o de sus enemigos. Una vez más tenía razón. Desde entonces he tenido como norma no entrevistar, no establecer relación consciente, nunca, con ese tipo de personajes.

Todos sabemos que a lo largo de estos años, la historia que le cuento es de mediados de los 90, las reglas han cambiado. Si antes los narcotraficantes al estilo Juan José el Azul Esparragoza o el propio Amado Carrillo Fuentes trataban de preservar la seguridad de la parte de su familia que no estaba en el negocio y muy rara vez involucrar a hijos o esposas en ellos, hoy ese negocio se ha vuelto cada día más indiscriminado e inclemente, y las venganzas se ceban, también, en todos: madres, hijos, novias, esposas. Si en el pasado era norma no ofrecer información sin fuente conocida, hoy proliferan reportajes, textos, libros, con historias, algunas, muy bien construidas, pero con otras francamente inverosímiles (¿cómo describir el diálogo a solas, según esto textual, entrecomillado, entre dos narcotraficantes si se dice explícitamente que no hay testigos del mismo?)  y todo parece igual, nada se debe comprobar. Es obvio que en muchas ocasiones se trata de expedientes construidos con algún interés particular. Hoy son, o eran, en ocasiones las autoridades las que buscan que se entreviste a determinados delincuentes, o éstos proponen, con o sin coerción, esos encuentros con comunicadores. Por mi parte, he mantenido aquellas viejas reglas durante años y sigo pensando que son acertadas, correctas y que establecen una suerte de código ético sobre cómo tratar el tema. No vamos a decir que nunca se han generado amenazas, pero sí que, respetándolas, se puede mantener un cierto control sobre la situación.

Todo esto viene a cuento por los dos periodistas que aparecieron en un video con Servando Gómez La Tuta. No voy a juzgar a dos colegas que no conozco y soy consciente de que cubrir la información de seguridad en Michoacán fue y es complejo para los medios locales. Pero también es obvio cómo se comienzan a complicar las cosas cuando se borran los límites o las reglas se olvidan. En Michoacán, más allá de la violencia y la coerción, hubo un involucramiento casi generalizado con los grupos criminales, por buenas o malas razones. Por eso hemos visto al hijo de un gobernador, a un exgobernador, a presidentes municipales, a políticos y empresarios y ahora a periodistas filmados con La Tuta y todos esos encuentros se dan en un marco de cordialidad con el jefe de Los Templarios y en la mayoría de los casos de franca colaboración con éste. Puede haber habido amenazas pero, como ocurriría en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar, lo que importaba era la conveniencia, el dinero, el acercamiento al poder que representaban esos grupos. Y en la vida, como en los medios, han que imponerse reglas y tratar de respetarlas si no se quiere ser arrollado por las circunstancias.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2014/09/24/983310

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

Maestros sin estudios, ¿de quién es el error?

Fuente: Vanguardia

maestrosnLos estudios estadísticos constituyen una herramienta básica para la toma de decisiones en cualquier sociedad que se precie de ser democrática, pues los datos duros resultan indispensables para volver objetivo el análisis de los fenómenos sociales y que las soluciones diseñadas para atenderlos representen auténticas soluciones.

Por ello, los estudios deben realizarse con una metodología que garantice la recolección y análisis de los datos siguiendo cánones estrictos, pues de otra forma de nada sirve realizarlos.

El comentario viene al caso a propósito de la información relativa a la presunta existencia de más de 200 personas en la nómina educativa de Coahuila que, de acuerdo con el censo “Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial”, elaborado por la SEP y el INEGI, no tendrían siquiera estudios de primaria.

El titular del sistema educativo de Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, ha salido a decir que se trata de un error y que la dependencia a su cargo está solicitando información puntual a las instituciones encargadas de elaborar el Censo, a fin de verificar los datos.

“Nosotros (en la nómina pública) creemos que no tenemos ningún docente que no tenga cuando menos la carrera de maestro terminada… y en el caso de los docentes de escuelas privadas estoy casi seguro que fue un error o falta de captura”, afirmó el funcionario.

Es deseable, por supuesto, que así sea, pues resultaría lamentable que en la nómina educativa hubiera personas cobrando como maestros sin siquiera haber realizado los estudios más elementales.

Es deseable también, desde luego, que las instituciones encargadas de la realización del Censo aclaren puntualmente la situación, pues el error de captura que en Coahuila se alega, de comprobarse, lo que estaría demostrando es que la calidad de la información ofrecida por dicho estudio es muy poco confiable… O quizá nada confiable.

Y es que, tal como lo dimos a conocer anteriormente, no se trata solamente de Coahuila, sino de varias entidades del país, señaladamente Oaxaca, en donde aparece un número importante de presuntos maestros que no lo serían, porque no tienen ni siquiera el certificado de primaria.

Sí, como se alega aquí, lo que ocurrió es un error de captura, o una interpretación equivocada de datos, o una falta de información recopilada que luego se convirtió en ausencia de estudios, lo que estaría en entredicho es la calidad del censo realizado.

Y esto último es sumamente relevante porque, como señalamos al principio, si los datos del estudio no son confiables, pues entonces no es posible tomar decisiones con base en ellos y ello nos coloca en una situación similar a que el censo no existiera.

Es de esperarse ahora, que tanto la SEP como el INEGI aclaren la situación y nos expliquen qué pasó.

http://www.vanguardia.com.mx/editorial-maestrossinestudiosdequieneselerror-2171619.html

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario

¿Por qué habría caído la violencia en México?

Fuente: Leo Zuckermann / Excélsior

balaUna buena noticia: la seguridad en México está mejorando. Eso dicen las estadísticas. Por un lado, están las de la consultora Lantia, experta en seguridad pública, y que reporta las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado desde el sexenio pasado. Por el otro, las oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ambas fuentes demuestran una caída importante en el homicidio y la extorsión y una moderada en el secuestro. La pregunta es: ¿a qué se debe esta caída de la violencia en México?

Revisemos, primero, los números. En los primeros 21 meses del gobierno de Peña, de acuerdo a Lantia, ha habido 17 mil 586 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Esto nos da un promedio de 837 por mes durante este sexenio. La buena noticia es que los primeros ocho meses de 2014 han estado por debajo de esta media. Y en los últimos tres reportados ha existido una caída importante en el número de ejecuciones: 521 en junio, 525 en julio y 366 en agosto. Esta última cifra es particularmente impresionante por lo baja que es. Compárese, por ejemplo, con los mil 166 ejecutados del primer mes de Peña en el gobierno (diciembre 2012).

En cuanto a los números del SESNSP, que reportan los homicidios dolosos, también hay una caída en 2014 con respecto al año pasado. En 2013, el promedio fue de mil 532 por mes mientras que en los primeros ocho meses de este año llevamos una media mensual de mil 324, una caída de 14%. Y los meses de junio, julio y agosto, como en el caso de la base de Lantia, el número de homicidios dolosos fue menor al del promedio de lo que va en 2014: mil 227 en junio, mil 200 en julio y mil 282 en agosto. Otra vez, compárese estos números con los mil 726 homicidios dolosos durante el primer mes de Peña (diciembre de 2012) para ver la diferencia.

Veamos ahora las extorsiones. De un pico que tuvimos en octubre de 2013 con 727 casos de extorsión a nivel nacional reportados por el SESNSP, en agosto se tuvieron 407, una caída de 44%. La base de datos demuestra una consistente disminución del delito de extorsión a lo largo de este año. En lo que se refiere a secuestros, también hay una caída, aunque más moderada. El promedio durante 2013 fue de 142 secuestros por mes mientras que en los primeros ocho meses de 2014 este número es de 129: un decremento de 9%. Y, como en los dos delitos anteriores, junio, julio y agosto de este año fueron de menos secuestros con 113, 98 y 116, respectivamente.

¿A qué se debe esta caída en los tres crímenes que más agravian a la sociedad?

Todavía no lo sabemos a ciencia cierta. El 12 de septiembre, sin embargo, Eduardo Guerrero, experto en seguridad, publicó un artículo en Reforma donde pone algunas hipótesis sobre la mesa.

La primera es que hay una falla en las estadísticas en las extorsiones y secuestros. No así en los homicidios que son más difíciles de esconder. Dice Guerrero al respecto: “Todavía no queda claro que hayan disminuido los delitos de alto impacto distintos al homicidio (la falta de rigor y las mañas de las procuradurías hacen imposible llevar a cabo un seguimiento confiable). La Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE 2014), que el INEGI tiene contemplado publicar a fines de septiembre, nos permitirá hacer un balance integral de los primeros resultados del gobierno de EPN en la materia.”

La segunda hipótesis que insinúa el experto es que ya comenzamos a ver resultados por el largo proceso de construcción de instituciones de seguridad pública, en particular en algunos estados: “En varios municipios y entidades del país se han echado a andar esfuerzos serios para reformar las agencias policiales”. Sería una estupenda noticia.

Sin embargo, hay una tercera hipótesis muy interesante: que en junio hubo una reunión de los principales carteles del crimen organizado donde se pactó el fin de las disputas entre ellos. Según Guerrero, “la ofensiva del gobierno contra Los Zetas y a Los Caballeros Templarios (los dos cárteles con mayor inclinación por la violencia y la extorsión) mandó un mensaje importante”. Esto, aunado a un debilitamiento de los cárteles en los últimos años, habría llevado, según la nota que cita Guerrero del periódico Reforma, a que los líderes de las principales organizaciones criminales (el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva y Los Zetas) se reunieran en junio en Piedras Negras. Ahí habrían fumado la pipa de la paz repartiéndose las rutas del narcotráfico. De esta forma, habríamos regresado a una pax narca que no habíamos tenido desde hace muchos años en México.

                Twitter: @leozuckermann

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2014/09/22/982920

Publicado en Cultura de la Legalidad | Deja un comentario