Sí hay crisis, y es ética

Fuente: Mario Luis Fuentes | Excelsior

20 de Febrero de 2017. Hay un profundo malestar con la democracia; en eso consiste nuestra crisis estructural y nos equivocaríamos si asumimos que es exclusivamente un problema de hoy.

En los últimos 30 años hemos dado pasos relevantes, pero a todas luces insuficientes. Se le dio autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le dio autonomía constitucional al entonces IFE y ahora INE. Se logró la alternancia política en todos los órdenes y niveles de gobierno, logramos construir un nuevo sistema penal acusatorio y un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otro lado, tenemos sólidos órganos generadores de información para el desarrollo: al Inegi se le otorgó autonomía constitucional y fueron creados el INEE, así como el Coneval.

Tenemos un nuevo marco constitucional de garantía y protección de los derechos humanos y contamos con leyes que, vistas desde fuera del país, son calificadas como ejemplares en su alcance y contenidos relativos a los derechos de grupos específicos de población.

A pesar de ello, los partidos políticos han perdido su representatividad; hoy muy pocas personas podrían decir que se sienten representadas por cualquiera de las opciones políticas que existen en el país. El sistema judicial se encuentra desacreditado, a decir de las encuestas en la materia, al menos ante 65% de la población.

Las procuradurías de justicia, las policías y otras estructuras institucionales son vistas con entera desconfianza por la población; los medios de comunicación han perdido buena parte de la confianza de la opinión pública, mientras que instituciones eclesiales y otras formas de organización comunitaria también enfrentan severos cuestionamientos.

Frente a ello, entre los años 2006 y 2015 el Inegi tiene un registro de 195 mil 600 homicidios cometidos en el país; se estima que hay 29 mil personas desaparecidas, se estima que anualmente se cometen más de 250 millones de actos de corrupción, se registran anualmente más de 450 mil nacimientos de madres menores de 19 años; las muertes evitables representan una de cada tres defunciones que se registran en el país y, para colmo, eventos macabros como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y las incontables fosas clandestinas que se han localizado por todo el país.

Para utilizar una analogía podría decirse que vivimos una especie de esquizofrenia estatal: contamos con un orden jurídico e institucional —formalmente hablando— ejemplares, pero en contraste sus operadores han conducido cada reforma, cada cambio y cada mejoría en un nuevo fracaso porque, como dice el dicho popular, “el que hace la ley hace la trampa”, dando como resultado un torcido y en constante contradicción sistema institucional.

Ante ello, la ausencia de liderazgos es evidente, y por ello también, ante el surgimiento de figuras que enarbolan “banderas de cambio”, revestidas de un pretendido carácter puramente ciudadano, surgen también nuevas “esperanzas” de transformación con desenlaces decepcionantes, como ya ocurrió en el caso de Nuevo León.

¿Qué nos pasó? ¿En qué momento se rompió el frágil equilibrio que existía entre los grupos y personas con plena convicción democrática, y los peores grupos de interés? ¿O debemos simplemente asumir que, invariablemente, toda persona dedicada a la política es rapaz, corrupta e incompetente?

 

@mariolfuentes1

 

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Preguntas civiles

Fuente: Denise Dresser | Reforma

20 Feb. 2017. Preguntas para el general Salvador Cienfuegos y los proponentes de la Ley de Seguridad Interior:

1) Si en realidad el Ejército quiere regresar a los cuarteles como se ha insistido, ¿por qué las iniciativas de ley propuestas por el PAN y el PRI no incorporan un retorno calendarizado con fechas específicas?

2) ¿Cómo responden al cúmulo de cifras y datos recientes sobre la “guerra” de los últimos diez años, que revelan causalidad entre operativos conjuntos y el aumento de la violencia en los lugares donde ocurren?

3) ¿Cómo responden a la evidencia en estudios hechos por el CIDE y el Instituto Belisario Domínguez, que resaltan la intensificación de la violencia desde que el Ejército salió a las calles ordenado por Felipe Calderón?

4) ¿Cómo explican que los índices de letalidad en México están fuera de toda norma?

5) ¿Por qué en los operativos en los que participa la Sedena, la letalidad producida por los enfrentamientos es mayor?

6) ¿Cómo explican que en 37% de los casos de los enfrentamientos entre civiles y militares, la letalidad es “perfecta”, o sea no hay un solo herido, sino todos los adversarios, o denominados “sicarios” acaban muertos?

7) Si hoy ninguna autoridad investiga o rinde cuentas sobre estos operativos, ¿por qué las iniciativas de ley presentadas no contemplan estos mecanismos democráticos básicos?

8) ¿Cómo justifican en el caso de Tepic el despliegue de un helicóptero artillado en una zona residencial? ¿No es un uso desproporcionado de la fuerza recurrir a una nave con armas que hacen 2000 a 4000 disparos por minuto? ¿Por qué el secretario de la Marina afirma que los disparos duraron solo 6-7 segundos cuando el video disponible demuestra que no es así? ¿Por qué no muestran las armas que los presuntos sicarios portaban? Al declarar “sicarios” y “criminales” a todos los muertos en el operativo, ¿no está la Marina abrogándose tareas que le tocan a los tribunales?

9) Si el operativo en Tepic fue producto de una labor de “inteligencia”, ¿por qué no confrontar a los presuntos culpables en una zona de menor riesgo para la población?

10) Aunque califican el operativo de “exitoso”, ¿cómo aseguran que no volverá a ocurrir lo que ha ocurrido durante la última década? ¿Cómo evitar que el descabezamiento de un cártel no lleve a más violencia, producto de la disputa por la plaza?

11) ¿Creen que con darle cobertura constitucional a las Fuerzas Armadas para que operen de manera indefinida mejorará la seguridad en el país o es solo un pretexto para hacer legal lo que actualmente hacen de manera extra-legal?

12) ¿Por qué se centran en darle más poder y margen de maniobra al Ejército en vez de darle más capacitación, entrenamiento y presupuesto a la Policía?

13) Si todos repiten que la prioridad es eventualmente ceder la protección de civiles a la Policía, ¿por qué la Ley de Seguridad Interior propuesta no toca el tema de cómo fortalecerla, limpiarla, entrenarla? ¿Por qué no se contemplan vías para que las Fuerzas Armadas sean accesorias a las fuerzas civiles y no al revés?

14) ¿Por qué el Ejército chantajea y amenaza con regresar de inmediato a los cuarteles si no recibe su ley a modo, cuando nadie está pidiendo su retiro inmediato sino gradual?

15) ¿Cómo justifican el proceso legislativo tan opaco y tan atropellado al que se ha recurrido para sacar adelante esta ley? ¿Cómo explican la participación intensa del llamado “senador 129” o el “diputado 501”, el consejero jurídico del Presidente, Humberto Castillejos?

16) ¿No demuestra su apresuramiento en aprobar la Ley de Seguridad Interior la gran ceguera y las múltiples complicidades que esta “guerra” mal librada contra las drogas está creando?

@DeniseDresserG

 

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Nuestra propia agenda

Fuente: Ana Laura Magaloni Kerpel | Reforma

18 Feb. 2017. La economía y la gobernabilidad están fuertemente asociadas y se retroalimentan. En este sentido, el impacto negativo que van a tener las políticas de Trump en la economía mexicana se verá reflejado, tarde o temprano, en un aumento de la conflictividad social y la violencia del país. En un contexto de recortes presupuestales, una economía estancada y una frontera cada vez más cerrada a los flujos migratorios, el deterioro social va a incrementarse. ¿Qué van a hacer los millones de jóvenes que hoy demandan empleos que no existen? ¿Cuántos más de ellos optarán por asociarse en pandillas violentas? ¿Qué van a hacer para salir adelante los cientos de muchachitas que quedan embarazadas cada año o los millones de familias que ya viven angustiadas por falta de dinero? Los ingredientes para una crisis de gobernabilidad están dados. Sin embargo, nadie habla de ello.

Quizá el silencio se debe a un reconocimiento tácito de que la narrativa sobre la violencia y sus causas está desgastada, como también lo están las políticas y acciones de gobierno para frenarla. Existe suficiente evidencia para saber que el uso de la fuerza pública no controla la violencia ni reduce la conflictividad social. Más bien, en determinados contextos, resulta contraproducente. También es claro que concentrar los esfuerzos del Estado en contener el mercado de la droga y los flujos de ésta a Estados Unidos no hace ningún sentido. Hoy sabemos que ésa es la agenda de seguridad de Estados Unidos, no la de México.

Si algo bueno puede traer consigo la redefinición de nuestra relación con Estados Unidos es que nos da la oportunidad para plantear nuestras prioridades en materia de seguridad. Es momento de centrar una parte importante de los esfuerzos del Estado en frenar el deterioro de la vida colectiva en los cientos de barrios urbanos marginados que existen en México. En muchas colonias de Ecatepec, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Acapulco, Ciudad Juárez, Guadalajara, Colima y un largo etcétera lo que existe es un conjunto de arreglos locales que normalizan las dinámicas violentas y frenan el potencial de las comunidades para resolver sus problemas comunes, cooperar y prosperar.

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¿Qué puede hacer realmente el Comité Ciudadano Contra la Corrupción?

Fuente: Viridiana Ríos | Excelsior

19 de Febrero de 2017. Existen muchas dudas sobre qué hará el grupo de los cinco ciudadanos que desde la semana pasada dirige el Sistema Nacional Anticorrupción, y sobre su verdadero alcance. Utilizo este espacio para resumir las cuatro armas reales con las que cuentan y la razón por la cual su éxito depende ante todo de nosotros los ciudadanos.

Tenga por certeza que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fracasará si no cuenta con nuestro apoyo. Lo hará porque todas sus armas dependen de que pueda movilizar a la opinión pública para exigir cambios y avanzar casos.

El Comité de Participación Ciudadana no persigue, previene o sanciona la corrupción directamente. El Comité es un órgano que solamente vigila el funcionamiento del SNA. Sus principales herramientas son opiniones, recomendaciones y propuestas. Sus recomendaciones no son vinculantes legalmente, es decir, no se sanciona a las instituciones que no las implementan. Sin embargo, se espera que puedan operar con fuerza si tienen el poder de la opinión pública de su parte.

Si bien de entrada esto suena decepcionante, no lo es. Así es como debe ser. Los ciudadanos no deben estar encargados de sancionar delitos, sino de exigir tener instituciones funcionales para hacerlo. Sólo con las instituciones funcionales, independientes, transparentes y con procesos claros de rendición de cuentas se logrará un Estado consolidado, que no dependa de ciudadanos que, al final del día, pueden ser incluso menos transparentes o sujetos a controles que los funcionarios públicos.

Las principales armas de acción con las que cuenta el Comité Ciudadano pueden resumirse en cuatro:

Primero, exhortos públicos. El comité podrá solicitar la realización de exhortos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Esto implica requerir a las autoridades competentes información sobre asuntos como el desvío de recursos por parte de gobiernos locales, como Veracruz o Coahuila, o escándalos específicos de corrupción. Tan sólo hace tres días, la Auditoría Superior de la Federación identificó daños al erario por 31 mil 745 millones de pesos de gasto estatal y municipal. Mayor información sobre dónde y en qué se utilizó este dinero podría llevar a abrir casos de responsabilidad penal y administrativa en contra de funcionarios públicos.

Segundo, recomendaciones. Si bien las recomendaciones no serán obligatorias ni estarán apoyadas por sanciones, éstas podrán ser de importancia para fijar un camino claro de presión pública. Recomendar la eliminación del fuero, con un estudio concreto que demuestre cómo dicha figura legal ha permitido la impunidad, es una agenda de alta relevancia para el Comité.

Tercero, organización ciudadana. El Comité llevará un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar en reducir la corrupción, y de promover la colaboración para elaborar investigaciones para prevenir, detectar y combatir la corrupción. Llevar esta agenda a los estados, creando una sociedad civil amplia (no sólo empresarial como es el caso en algunos estados) es lo único que permitirá que la lucha contra la corrupción funcione. La colaboración internacional a realizarse por la comisionada Mariclaire Acosta, y local, a realizarse por el comisionado Alfonso Hernández, son imperantes.

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Jóvenes que matan y mueren

Fuente: Pascal Beltrán del Río | Excelsior

17 de Febrero de 2017. A raíz del operativo en que resultaron abatidos 13 presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva –el jueves 9, en Tepic–, se ha desatado una discusión sobre la edad de los delincuentes.

Esto, debido a que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, acusó a la Armada de México de “masacrar” a un grupo de jóvenes, a los que él mismo calificó, primero, como menores de edad y, después, tras de ser corregido, como personas que no alcanzaban las tres décadas de vida.

La información oficial, proporcionada por la Fiscalía de Nayarit, indica que las edades de las 13 personas oscilan entre los 20 y los 46 años de edad. De acuerdo con esos mismos datos, la edad promedio de los fallecidos es de 31 años, cuatro más que la media nacional, que es de 27.

Para saber qué tanto delinquen en México los jóvenes –es decir, las personas de 29 años o menos–, se pueden consultar las estadísticas del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad), del Inegi.

En 2012, el año más reciente sobre el que hay datos judiciales, se dictó un total de 108 mil 216 sentencias por delitos del fuero común, de las cuales seis mil 690 fueron por homicidio.

Del cúmulo de sentencias, el grupo de edad de mayor prevalencia es el de 20 a 24 años, con 23 mil 5 (21.25%), seguido del de 25 a 29 años, con 20 mil 931 (19.34%). Casi la mitad de las sentencias (49.01%) correspondieron al grupo de personas jóvenes.

En cuanto a su escolaridad, tres de cada cuatro sentenciados no habían pasado de la secundaria. Y sólo 28% de ellos eran casados en el momento de cometer el delito por el que fueron procesados.

Si tuviésemos que hacer el perfil de los delincuentes sentenciados en 2012, quizá sería un joven de entre 20 y 24 años de edad que terminó la secundaria y es soltero o vive en unión libre.

Ése es el dato duro, al margen de juicios sobre por qué entran los jóvenes en el mundo criminal. Y debiera ser un dato que impulse a los expertos a proponer soluciones para atender una realidad que causa zozobra entre millones de mexicanos, y lleve a las autoridades a aplicar correctivos.

Fiel a su costumbre de señalar culpables de los fenómenos sociales perniciosos, López Obrador se limitó a acusar a los marinos de haber cometido una “masacre”, es decir, un crimen, algo sobre lo que no ha aportado evidencia alguna.

El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, ya refutó esa versión, al explicar que los elementos de la Armada conminaron a los presuntos delincuentes a rendirse y que éstos respondieron disparando armas de alto poder.

Más allá de conocer los detalles del operativo, la polémica ha servido para ilustrar la participación de los jóvenes en la delincuencia.

Hemos conocido casos extremos, como los de sicarios menores de edad que matan con una saña que da escalofríos, pero poco se reflexiona sobre el hecho de que personas que debieran estar estudiando una carrera o entrando en el mundo laboral estén en las filas del crimen organizado.

Por supuesto, los problemas no se resuelven lanzando acusaciones con fines electorales, pero tampoco no volteando a verlos.

Hace falta una discusión nacional respecto de dónde están fallando las instituciones, que evidentemente no ayudan a que los jóvenes permanezcan en el sistema escolar.

El número de sentenciados en 2012 se desploma entre quienes cursaron la preparatoria (16 mil 886 contra 42 mil que sólo terminaron la secundaria).

 

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La disputa por la sociedad

Fuente: Alberto J. Olvera | El Norte

17 Feb. 2017. El debate sobre las marchas de la “unidad” del pasado domingo contra las pretensiones imperiales de Trump se ha caracterizado por cierta confusión política y conceptual.

En teoría, las marchas fueron convocadas por actores de la sociedad civil para mostrar la unidad del País frente a la agresión extranjera. En la práctica, la movilización reflejó las conflictivas visiones y proyectos contenidos en el seno de la propia sociedad civil mexicana.

Dada la absoluta falta de legitimidad del Gobierno actual y su profundo temor a desatar aún más la ira del Gobierno norteamericano, era claro que el Presidente de la República no tenía ni la capacidad ni la voluntad de convocar a una demostración de unidad nacional.

Los partidos políticos, que se cuentan entre las instituciones más deslegitimadas del País, tampoco podían tomar la iniciativa porque se les percibe como actores oportunistas. La unidad nacional, al parecer, sólo podía ser invocada por la sociedad civil precisamente por estar al margen del Gobierno y los partidos.

Sin embargo, los actores que decidieron convocar a la marcha olvidaron que la sociedad civil no es homogénea, sino plural. La sociedad civil de un país expresa en su composición las múltiples contradicciones y conflictos ideológicos, culturales, políticos y de clase, entre otros, que caracterizan a una sociedad.

La sociedad civil no es una unidad, sino una diversidad, y la única forma de que actúe unida es que haya una causa grave, de carácter histórico, que permita posponer temporalmente las diferencias y concentrarse en las coincidencias.

Es obvio que la amenaza de Trump a México no es percibida aun como una causa que exija la unidad nacional. No tratándose de un momento fundacional o final de un régimen, es lógico que haya actores de la sociedad civil que no quieran actuar como una unidad, y menos bajo la convocatoria de un sector de la élite intelectual, que al parecer pensó que era capaz de representar a la sociedad civil toda.

Es por ello que no debe extrañarnos el conflicto previo y posterior a la marcha. En ésta confluyó un número pequeño, pero simbólicamente importante de miembros de la élite intelectual, que es la primera en percibir el peligro que representa el gorila norteamericano.

Pero como toda élite, la intelectual no es aceptada acríticamente por los otros segmentos de la sociedad civil. La izquierda populista y los movimientos sociales radicales la perciben como un ente no comprometido con sus causas y ajena a los sufrimientos del País. Por su parte, el Gobierno la teme.

La izquierda populista mexicana es profundamente antiintelectual y rechaza a los actores de la sociedad civil en tanto éstos constituyen una red de intermediación entre la clase política y el pueblo.

El populismo postula la relación directa entre el líder y el pueblo. El pueblo indiferenciado es el sujeto que necesita una izquierda anclada en los viejos conceptos políticos del siglo 20, y que conserva por tanto una vena autoritaria y personalista que no es compartida por otros actores sociales.

 

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Hacia el control militar de la seguridad pública

Fuente: Ernesto López Portillo | Animal Político

15 febrero 2017. Se viene multiplicando exponencialmente la intervención militar en tareas policiales. De seguir así la tendencia, en un futuro cercano los militares habrán tomado el control de la seguridad pública en México.

Hay quienes creen que la militarización de la seguridad pública es reciente. Los hay también quienes han estudiado la historia de la seguridad en México y afirman que los militares siempre han estado más o menos presentes en funciones policiales. Lo cierto es que los últimos veinte años se conjugó un doble proceso a una velocidad sin precedentes; por un lado, el debilitamiento de las instituciones policiales y, por el otro, la multiplicación del despliegue militar.

“En el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación indicó que del periodo del 2007 al 2013 los operativos de la Sedena en el país tuvieron un incremento del 372.7 % al pasar de 11 en el primer año a 53 a la fecha del corte de la información. Precisó que el número de militares desplegados en promedio mensual se incrementaron [sic] en 69.9 %, al pasar de 45,085 elementos militares desplegados en promedio en el 2007 a 76,613 en el 2013”.

En el 2012 había 75 bases mixtas destinadas a seguridad pública con 1,680 militares asignados; para el 2016 eran ya 142 bases con 3,386 uniformados. A inicios de la administración de Peña las bases estaban en 19 entidades del país, ya en el 2016 la presencia se había extendido a 24 de ellas.

En otro ángulo, conviene recordar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2016, donde se halló que las fuerzas armadas merecen alguna o mucha confianza por parte de más del ochenta por ciento de los entrevistados. La Marina de hecho se acerca al noventa por ciento. En cambio, las policías estatales y municipales merecen algo o mucha confianza solo por parte de la mitad de la población entrevistada o aún menos, colocándose la policía de tránsito en el mínimo de cuarenta por ciento. No hay novedades, las fuerzas armadas y las policías estatales y municipales se han ubicado siempre en el extremo superior e inferior de la confianza, respectivamente.

Es peor, los policías no son confiables para la gente pero muchos tampoco lo son para la propia autoridad. Información reciente ha confirmado que decenas de miles de policías realizan la función sin ser aptos para ello, según los estándares oficiales de control de confianza.

A tal punto se ha invertido en esta doble operación que al día de hoy casi nadie cree siquiera posible la profesionalización policial, mientras que la gran mayoría confía en los militares, incluso más allá de la evidencia como ésta. Los costos de la militarización son prácticamente inexistentes a cielo abierto, gracias a un fenómeno que la teoría de la comunicación llama “lealtad más allá de la razón”.

@ErnestoLPV

 

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El organigrama criminal del sistema político mexicano

Fuente: Adela Navarro Bello | Sin Embargo

15 Febrero 2017. Hace unos días el Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que la Procuraduría General de la República había recuperado ya, 30 de las 92 hectáreas que comprenden el Rancho Las Mesas que Javier Duarte compró en Valle de Bravo a razón de 223 millones de pesos, con dinero que pertenecía a las arcas estatales.

Aparte, la misma PGR confiscó y envió también para el Gobierno de Veracruz, un avión Learjet con precio de 50 millones de pesos, así como un helicóptero de 15 millones de pesos, ambos producto de la transa de Javier Duarte de Ochoa con los dineros públicos de aquel Estado.

Hay más. Yunes Linares dice que en efectivo, han recuperado 722 millones de pesos de los desfalcos del ex Gobernador priísta y prófugo de la justicia, y otro rancho, El Faunito, en Fortín, Veracruz, con un precio superior a los 200 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 55 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable de simular la entrega de 9 mil 500 millones de pesos del Gobierno de Veracruz a la Tesorería de la Federación.
El desfalco de Javier Duarte de Ochoa se cuenta en miles de millones de pesos, transados paulatinamente al Gobierno de Veracruz, durante los más de 5 años que duró en el cargo para el que fue electo. A pesar de las investigaciones y las denuncias, fue hasta octubre de 2016 cuando un Juzgado emitió una orden de aprehensión contra Duarte por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, luego que –también finalmente- el Gobierno Federal tomará la decisión de presentar una denuncia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el Gobernador depuesto y sus principales colaboradores, tiempo que Duarte y secuaces aprovecharon para huir, de Veracruz y de la justicia.

Cada día que transcurre, los mexicanos nos enteramos de más millones de pesos que Javier Duarte robó al Estado de Veracruz. Hemos visto los departamentos de lujo en el extranjero, las casas en México, los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que poseía el ex Gobernador con ilícito cargo al erario. Hemos sabido de sus prestanombres y las empresas fantasmas que creó para robar más a los veracruzanos.

Ciertamente Javier Duarte es el culpable, o presunto culpable pues, (de aquí a que se le capture y luego sea juzgado), pero existen otros responsables del desvío patrimonial ocurrido en Veracruz. Empecemos el organigrama criminal del sistema político mexicano.

El Gobernador que transa y roba a la cabeza de la estructura criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de Finanzas que autoriza los pagos con recursos del Estado, el Contralor del Estado, quien debiera supervisar que todas las transacciones, licitaciones, convenios, contratos, y demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a cabo de manera legal, y en caso contrario, investigar y sancionar a los funcionarios responsables u omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable del inventario de bienes, la adquisición de los mismos, y el buen uso y destino de todos.

Como responsables directos están los Diputados del Congreso del Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos, avalan la petición de créditos por parte del Gobierno, autorizan los gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el gasto del Estado. Responsables directos también, quienes laboran en la Auditoría u Órganos de Fiscalización del Estado, quienes en la revisión de las cuentas públicas, deben revisar que los dineros hayan sido utilizados no solo de manera responsable, sino legalmente en beneficio del Estado y los gobernados. Detectar las compras ilícitas, los sobreprecios, las empresas fantasmas y los dineros desviados, para recomendar investigaciones y presentar denuncias.

En calidad de responsables abstractos están los partidos políticos de la oposición, que representados en el Congreso del Estado, en entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser el contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y las transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir transparencia y rendición de cuentas.

La realidad es que algo ya no funciona o quizá nunca ha funcionado en el sistema político y de gobierno de México, que permite que ladrones como Javier Duarte de Ochoa, cuenten con recursos de complicidad y negociación con entidades de gobierno, partidos y sociedad, para desfalcar a un Gobierno por miles de millones de pesos. Significa que la estructura de supervisión, autorización y fiscalización del gasto no están funcionando, que se ha alejado del terreno de la ciencia de los números para anidarse en el peligroso campo de la política.

Si la Auditoría del Estado, la Contraloría, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron cuenta durante cinco años de las tropelías e irregularidades realizadas por Javier Duarte de Ochoa, deberían ser cómplices por omisión del robo al Estado de Veracruz, y deberían esas instancias atravesar por una transformación que les de verdaderos ojos, filosos dientes legales y participación ciudadana, para evitar que desfalcos como el de Veracruz sucedan de nueva cuenta.

La estructura de la fiscalización, el manejo de los recursos en los Estados de la República Mexicana, se ha convertido en un organigrama criminal del servicio público. Ahí está también el reciente caso de Chihuahua, donde el ex Auditor Superior señaló que de manera puntual alertó a los diputados locales, al análisis de la cuenta pública de 2015, de irregularidades en más de 30 dependencias por un monto total de 2 mil 328 millones de pesos.

 

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Contra la unidad

Fuente: Jesús Silva-Herzog Márquez | Reforma

13 Feb. 2017.Se equivocan quienes piensan que la unidad fortalece. Hablar como si fuéramos uno nos debilitaría. Sería, por supuesto, una falsificación. Imposible hacer desaparecer las discrepancias, borrar las desigualdades y los agravios, negar la contraposición de nuestros propios intereses. Pero esa fingida cohesión no solamente sería una farsa, sería, sobre todo, una mala estrategia. El pluralismo no amenaza el interés nacional como nos quieren convencer quienes ven con sospecha el disenso ante la amenaza. Hay mil maneras de defender al país. Creer que la única forma de hacerlo es respaldar al gobierno o deponerlo es abdicar de las muchas formas en que podemos hacer valer los intereses nacionales. ¿En verdad creen los promotores de la unidad que tener una sola voz frente al patán nos permitiría defendernos mejor de su amenaza? La diversidad no nos hace vulnerables. Lo que nos debilita frente al agresor son nuestros fracasos no nuestras diferencias.

Nos tienta el pensamiento bélico, ese que tacha de antipatriótico al pluralismo. Se evoca la disciplina y el sacrificio del Ejército como si fueran el gran ejemplo cívico. El soldado como el ciudadano auténtico. Tal vez podría entenderse el recurso retórico por la gravedad de las ofensas, por la seriedad de la amenaza. Pero el reflejo es torpe. No enfrentamos una invasión militar. Los retos que tenemos son muy distintos y no podrán encararse si pretendemos postergar el desacuerdo. Pensemos en los retos más graves: el de los migrantes y el del comercio. Las comunidades de mexicanos que viven allá enfrentan el odio que Trump ha cultivado y viven con miedo de la deportación. La economía mexicana se tambalea ante la incertidumbre del nuevo proteccionismo. No hay embudo que pudiera concentrar las energías mexicanas de manera eficiente para defender a los migrantes y para cuidar la economía del país. No habría representante, por lúcido y patriótico que fuera, con la capacidad de encarnar la defensa del país. En ambas tareas se requiere lo contrario de la unión: el vivo conflicto por los derechos y los intereses.

Pienso en el Tratado de Libre Comercio. El acuerdo, como es natural, ha tenido en México ganadores y perdedores. Si bien hay regiones y sectores que han obtenido enormes provechos del arreglo comercial, también es cierto que hay zonas y sectores que están lejos de ser beneficiarios de la integración. Si el acuerdo se abre a la renegociación, sería inaceptable el silencio de los damnificados. En defensa del interés nacional, la desunión es necesaria. Quiero decir que la pretensión misma de la unidad niega las complejísimas contrariedades de nuestra relación con el vecino. Apostar a la armonía es silenciar (otra vez) a los perdedores. Si el gobierno mexicano habrá de sentarse a negociar reformas al Tratado, necesitaremos mucha desunión. Visible y ruidosa desunión. No hay motivo racional para confiar en los emisarios. Es irracional creer que este gobierno pueda descubrir, en la última hora, dignidad frente al agresor.

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¿Vibrar o no?

Fuente: Denise Dresser | Reforma

13 Feb. 2017 ¿Vibrar o no vibrar? ¿Marchar o descalificar? ¿Enfrentar a Trump o denunciar a Peña Nieto? Esas fueron las preguntas hamletianas que dominaron el debate público en los últimos días, evidenciando nuestras divisiones, recalcando nuestras animadversiones, restando en vez de sumar. El debate se centró en los motivos turbios de unos y los cuestionamientos tramposos de otros. Que si la izquierda podía ir a una marcha convocada por la derecha. Que si uno debía marchar codo a codo con quienes siempre han descalificado las marchas y raras veces se paran en una. La discusión se volvió un pleito sobre quién posee el monopolio moral de las marchas: la “izquierda” purista que solo bendice a marchas cuando las convoca, o la “derecha” que las condena excepto cuando validan sus intereses.
Lo cierto es que hubo manipulación de ambas partes. Isabel Miranda de Wallace, irrumpiendo con el anuncio de que su marcha -México Unido- sería de denuncia a Trump pero de apoyo incondicional al gobierno. Televisa montándose sobre un esfuerzo que surgió de organizaciones civiles, en un obvio y contraproducente esfuerzo por revivir al Telepresidente. Figuras emblemáticas del conservadurismo intelectual, convocando a tomar las calles, cuando siempre han criticado a otros por hacerlo. Enrique Ochoa, anunciando que asistiría felizmente a marchar contra la corrupción, cuando su partido la ha hecho una marca registrada. Y finalmente, el propio Presidente felicitando al país por la unidad que las marchas demostrarían, sin entender que esa unión era en su contra. Actores que por apoyar las marchas, contribuyeron a debilitar su atractivo.

Por otro lado las izquierdas mimetizaron actitudes que tanto critican del otro bando. El sectarismo. La desacreditación socarrona, gratuita e intelectualmente deshonesta. La crítica a una movilización que catalogaron de “burguesa”, “pirrurris”, “activismo peluche”, “vedetismo intelectual”. La sorna clasista tan parecida a la que sus adversarios utilizan para trivializar las marchas por Ayotzinapa y tantos temas más, donde quienes marchan son calificados como “revoltosos”, “anarquistas”, “nacos” y “desestabilizadores”. Aquí se dio el reverso de la moneda. Nuestros auto-denominados líderes progresistas demostrando el peligro de odiar tanto a alguien, que comienzas a parecértele. Demostrando lo mismo que evidenció López Obrador cuando denunció la marcha masiva contra la inseguridad, esa de blanco, esa que detonó el impulso a los juicios orales y el nuevo sistema de justicia penal. Ayer, de nuevo, aguantamos la cruzada de la Santa Inquisición, con tuiteros pontificando sobre qué marchas son genuinas y aplaudibles, qué marchas son manipuladas y condenables.

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