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   ¿Qué debe de saber tu empresa acerca del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?


Fuente: Yves Hayaux Du Tilly | Huffington Post México

15 mayo 2017. Como todos sabemos, el 27 de mayo de 2015 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sentando las bases para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ("SNA"). Posteriormente, en julio de 2016 fue publicada la regulación secundaria del SNA. A partir de este mes de julio, el SNA deberá estar operando.

El SNA establece mecanismos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno (federal y estatal), bases mínimas para la prevención y detección, así como para sancionar hechos de corrupción de particulares y servidores públicos, fortalecer la fiscalización y el control de los recursos públicos, y emitir políticas públicas integrales en materia de combate a la corrupción.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene un impacto directo en los particulares, tanto en las personas físicas como en las personas morales, ya que regula ciertas conductas y establece las responsabilidades que se derivan de las faltas administrativas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) contempla actos de particulares denominados como "faltas administrativas graves", que están sujetos a sanciones. Estos incluyen:

  • Soborno a servidores públicos, directamente o a través de terceros.
  • Participación ilícita en actos administrativos.
  • Tráfico de influencias.
  • Utilización de información falsa en procedimientos administrativos.
  • Obstrucción de investigaciones.
  • Colusión o arreglos con competidores.
  • Uso indebido de recursos públicos u omisión en el rendimiento de cuentas.
  • Contratación indebida de ex servidores públicos.

Las personas morales pueden incluso ser sancionadas por aquellos hechos de corrupción que lleven a cabo las personas físicas (o morales) que actúen en su nombre y representación, y que pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.

Las sanciones económicas van desde dos tantos los beneficios obtenidos y, en caso de no haberlos, hasta por aproximadamente $11 millones de pesos para personas físicas o $110 millones de pesos para personas morales; inhabilitación desde tres meses y hasta por ocho años tratándose de personas físicas y hasta diez en el caso de personas morales para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública. Y la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal. Adicionalmente, en el caso de las personas morales, estas pueden ser suspendidas para llevar a cabo actividades hasta por tres años o ser sujeto de disolución anticipada.

Es responsabilidad de los particulares determinar cuáles son las mejores prácticas aplicables a sus negocios e integrarlas adecuadamente en su política de integridad.

En la imposición de las sanciones, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción considera como agravante de responsabilidad que los órganos de administración, representación, vigilancia o los propios accionistas o socios de personas morales que hubiesen tenido conocimiento de actos de corrupción no los hayan denunciado.

En la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se tomará en cuenta si cuentan con una política de integridad, la cual debe incluir cuando menos un manual de organización y procedimientos en el que se definan las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas, los sistemas de control, monitoreo y auditoría, los sistemas de denuncia, los programas de entrenamiento y capacitación, las políticas de recursos humanos y el código de conducta.

El SNA es un paso importante para que desde el sector privado asumamos nuestra responsabilidad en el combate a la corrupción.

 

Leer nota completa: huffingtonpost.com.mx/



La información contenida en las notas recuperadas para este espacio, no necesariamente representa la postura de MUCD, pero creemos que es importante para el fomento a la participación y el debate.

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