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   El 80-50-20


Fuente: Sergio Aguayo | Reforma

11 Ene. 2017. En el incierto presente hay dos hechos verificables: el Estado es débil y navega sin rumbo y los ciudadanos estamos muy inconformes.

¿Cómo interpretar las protestas? Respondo con la fórmula 80-50-20 que elaboré con encuestas e historia. Ochenta por ciento de la población sabe que tiene derechos, 50 por ciento está dispuesta a hacer "algo" para defenderlos y 20 por ciento ha participado en organizaciones comunitarias. Esta última cifra es el tamaño del capital social positivo (dejo de lado a los organizados para quebrantar la ley, es decir, el capital social negativo).

La cartografía de la organización social es extraordinariamente diversa. Veamos a dos vecinos distantes. La capital tiene 54 organismos de la sociedad activos por cada 100 mil habitantes y el Estado de México 13, por debajo del promedio nacional (cifras de enero de 2017). Esta disparidad ayuda a entender que hasta el 5 de enero hubiera 81 saqueos a tiendas departamentales en el Estado de México por 49 de la Ciudad de México.

En un plano más general, la densidad, claridad y compromiso del tejido social existente en cada entidad y ciudad determinarán que la energía social aprenda los tres verbos del cambio: protestar, proponer y forzar modificaciones en las políticas públicas. Una segunda consecuencia es que con la distribución actual de tejido social se mantendrán las disparidades en la participación social por regiones, entidades, ciudades y hasta barrios. Los ciudadanos ahora dispersos influirán en el escenario en la medida en la que sean capaces de organizarse en torno a propuestas concretas: marchas, reuniones con diputados, peticiones de información, redes sociales, rondas ciudadanas, todo cuenta.

El escenario ideal sería que una porción de ese 20 por ciento con experiencia organizativa aproveche las condiciones que hay para crear, en este 2017, una coalición nacional de organismos civiles con liderazgos legitimados en su ética y su práctica. Una organización de este tipo acordaría agendas mínimas nacionales, coordinaría acciones, incorporaría ciudadanos dispersos y buscaría entendimientos con la parte sana de los partidos y los gobiernos (no todos son iguales).

Es evidente que los retos son enormes pero sería una irresponsabilidad cívica atrincherarse en la pasividad. Para abonar al optimismo hay precedentes como el de la Alianza Cívica de la década de los años noventa del siglo pasado. Una experiencia ciudadana exitosa que, como relataré en otra ocasión, fue ahogada y minimizada por partidos y autoridades electorales.

Esta hipotética coalición tiene márgenes amplios para el crecimiento porque paradójicamente se beneficiará de la terquedad de quienes nos dirigen. El gobierno de Enrique Peña Nieto es un barco a la deriva con un capitán ausente que desdeña el justificado enojo de la sociedad. Hemos pedido austeridad, rendición de cuentas y combate a la corrupción y su gobierno nos ha dispensado tolerancia a los corruptos, dispendio y maltrato a la ciudadanía. El cenit del cinismo fue el gasolinazo seguido del intrascendente e improvisado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Zyanya Valeria Hernández Almaguer.

@sergioaguayo

 

Leer nota completa: reforma.com/aplicacioneslibre/



La información contenida en las notas recuperadas para este espacio, no necesariamente representa la postura de MUCD, pero creemos que es importante para el fomento a la participación y el debate.

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